Ha sido un golpe a la transparencia, un apalancamiento a la censura. Ha sido un adulo entre esferas de poder, complementándose entre ellos, forzando una simbiosis que culmina en la impunidad.

No hay otra forma de definir lo hecho por el contralor general subrogante Carlos Riofrío González: calificó a todas las glosas, las órdenes de reintegro, los exámenes especiales y los informes civiles y penales que elaboró la Contraloría General del Estado como información reservada. Secreta. Con ello blindó al menos a 32 asambleístas de la actual legislatura, que tienen cuentas pendientes en la Contraloría General del Estado.

Todo sucedió en el marco del juicio político al ex contralor Pablo Celi de la Torre. Como parte del proceso, la Comisión de Fiscalización solicitó al contralor subrogante, sentado en ese puesto por los misteriosos designios de la política ecuatoriana, que entregue los informes de los 32 asambleístas que la anterior Contralor -también subrogante y de paso- Valentina Zárate, dijo públicamente que existían.  La respuesta de Riofrío fue que se trata de información reservada, personalísima. Que entregarla vulnera los derechos de los honorables asambleístas.

El contralor Riofrío, rehén de sus peores miedos, cegajo de un grupo de asambleístas, no tiene capacidad de negar ninguna información pública y en caso de que existan informes de responsabilidad penal (IRP), la Fiscalía es la entidad que debe guardar reserva en sus investigaciones.

La censura es el rostro de la represión informativa. El contralor Riofrío, sin inocencia, ha confundido una glosa con información privada; les ha dado carácter de confidenciales y personales a todos los informes de responsabilidades y ha creado un candado de reserva por 15 años.

Para vergüenza del contralor Riofrío, parte de la información que él blindo, Periodismo de Investigación y La Historia se han encargado de agruparla para que todo el país la conozca. Sin su permiso, Contralor:

Las glosas y procesos legales de asambleístas

La ex fugaz Contralor subrogante, Valentina Zárate, en documentos entregados en el periodo de comparecencias al juicio político de Pablo Celi, dijo que 32 asambleístas tenían informes de responsabilidades. De esos 32 asambleístas, este portal confirmó que 28 tienen glosas o informes de diversa índole y 22 arrastran valores confirmados que deben devolver al Estado.

Los recursos a devolver suman en total 48,2 millones, un dineral. Prácticamente lo mismo por lo que se firmó la construcción del nuevo hospital de Chone de 120 camas, sin incluir los sobreprecios. La mayoría de casos, como era de esperarse, están en la bancada correísta ahora llamada Unión por la Esperanza, UNES; le siguen Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC), dos independientes, uno de la alianza SUMA-PSC y uno de la Izquierda Democrática.

El hombre de los 34 millones

Las glosas más altas las tiene el asambleísta Pabel Muñoz López, ideólogo e identificado como el pensador de UNES. Este portal intentó comunicarse e incluso dejó un mensaje de audio que le consultaba las razones por las que tiene que devolver esta millonaria suma de dinero. El mensaje quedó en visto.

Por dos glosas, Muñoz López debe pagar $34.094.724,10 y no tiene oportunidades de continuar con los procesos administrativos que permitan caducar o desvanecer los valores porque las solicitudes (recursos de revisión de resoluciones civiles que presentó) ya le fueron negadas. Es decir, sus deudas están en firme. Y las tiene que pagar.

¿Es justo? Eso intentó preguntarle este portal, sin embargo prefirió el silencio. ¿Persecución? Difícil, porque todo se derivó del informe de auditoría DAI-AI-0835-2016, que se elaboró cuando Alianza PAIS era gobierno. Se habla cuando todavía era presidente su máximo e histórico líder. Ese informe de auditoría fue la base para levantar la glosa DNPR-00109-80, un examen especial al arrendamiento de aeronaves que le ordenó pagar $19.001.862,62

Otra glosa (DNPR-00114-80),  que se inició en base al informe de auditoría DASE-0014-2016, por el proceso de arrendamiento del Airbus A330 con matrícula HC-COH de la quebrada aerolínea Tame, determinó y confirmó la devolución de $15.087.861,48. En otras palabras, al ideólogo de la RC se le está pasando la factura por los altos vuelos de Rafael.

Las deudas del terremoto

La asambleísta de UNES Lyne Katiuska Miranda Giler, tiene una glosa relacionada al Ministerio de Vivienda. El examen especial a los recursos entregados para la recuperación habitacional de los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 (período abril de 2016 y de agosto de 2017) predeterminó una devolución  de $4.213.431,04. No hemos podido acceder a información adicional de resoluciones que ratifiquen o desvanezcan  el valor de la glosa-DNPR-02422-80 que se emitió el 21 de mayo de 2019. Este portal llamó y envió un mensaje a la asambleísta, sin respuesta.

Caso parecido enfrenta la asambleísta María Gabriela Molina Menéndez, de UNES, que además es parte de la Comisión de Fiscalización. Su caso se origina cuando se desempeñó como directora distrital de Portoviejo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ella registra la glosa DNPR-05385-80 del 2021 que fue predeterminada el 1 de marzo de 2021 y que examinó los procesos de solicitud, calificación y entrega de recursos para operar los subsidios monetarios denominados “Bono de Acogida, alquiler y alimentación”, “Bono de Reinserción Económica y Social”; y, “Bono Emergente para la Atención Humanitaria” que se entregaron luego del terremoto del 16 de abril de 2016.

La entidad estableció un monto de $898.655,00 como responsabilidad individual de la hoy asambleísta, de un total $ 8.628.589,00 que representa la glosa y que involucra a mas funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social. No respondió al llamado de este portal.

La asambleísta Molina respondió en una carta y aseguró que la predeterminación “no está relacionada a ninguna contratación de obra o servicio sino a aspectos administrativos vinculados con el “Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación”. Añadió que “no existen cuestionamientos respecto al efectivo pago a favor de damnificiados sino a la falta, según Contraloría, de informes de seguimiento, convenios con damnificados, registro de albergues”.

Para la asambleísta Molina “los auditores de Contraloría no comprendieron al momento de hacer su análisis o incurrieron en errores de aplicación de la metodología para la selección de beneficiarios de los bonos”.

En esta lista también aparece la jefe de bancada de UNES, Raisa Irma Corral Álava, forzada por la CGE a pagar $33.000 como parte de las predeterminaciones dictaminadas en la responsabilidad DNPR-05385-80 que se emitió el pasado 1 de marzo de 2021. Corral fue directora distrital de Jama del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por problemas detectados en los procesos de solicitud, calificación y entrega de recursos para operar los subsidios monetarios en favor de las víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016.

Sobre las condición de esta asambleísta desconocemos si logró descargar las predeterminaciones y desvanecer los montos que se le imputa.

Las glosas presidenciales

En prelación de montos, la glosa que la CGE le impuso a la asambleísta manabita Luisa Magdalena González Alcívar, también de UNES, no es tan grande pero es preponderante para entender al círculo mas íntimo del ex presidente Correa. La actual asambleísta, fue glosada en base al informe de auditoría DNA1-0002-2019, que sirvió para levantar la glosa DNPR-01948-80 «Examen Especial al uso de los aviones presidenciales y vuelos presidenciales en la Presidencia de la República en el período comprendido 2012- 2017, que predeterminó un faltante total de $9.670.445,22.

De ese monto se responsabilizó a González Alcivar por el uso irregular de $880.473,47.

La asambleísta González respondió a esta inquietud en un mensaje de Whatsapp: “Ese es un caso que pasó a Fiscalía a raíz de un informe con indicios de responsabilidad penal absolutamente inmotivado, puesto que en el mismo, en ninguna de sus partes se ha establecido que mí actuación ha sido ilegal, y mucho menos que me haya beneficiado yo personalmente o se haya beneficiado a un tercero con un incremento patrimonial gracias al uso del avión presidencial, sino que por el contrario, está demostrado que su utilización se debió a eventos y causas estrictamente oficiales y cumpliendo los procedimientos determinados en la normativa”.

Concluyó que: “Estoy ejerciendo mi derecho a la defensa ante semejante injusticia”.

Lenin Lara Rivadeneira fue ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Rafael Correa y luego alcalde de Esmeraldas; hoy es parte del bloque de asambleístas de UNES y no debe recordar que una de las glosas en su contra, por $204.074,32 fue producto de una auditoría (la DPE-GADME-AI-0002-2018) que, paradójicamente, analizó las adquisiciones de ínfima cuantía. Es decir, Lara debe pagar esa cifra por irregularidades en las compras menores cuando se desempeñó como alcalde de Esmeraldas. Y tampoco respondió los mensajes.

Líos en Los Ríos 

A otro asambleísta, también de Fiscalización, Marco Stalin Troya Fuertes, se le imputan cuatro glosas. La primera se emitió el 20 de mayo de 2019 y las tres restantes el 23 de septiembre de 2019. Todas se relacionan a sus acciones como prefecto de la provincia de Los Ríos como análisis de procesos contractuales o exámenes a los ingresos, gastos y anticipos de fondos.

Las cuatro glosas contra el ex prefecto suman una responsabilidad individual de $255.497,03. Debido al bloqueo generado por el devenido Contralor Subrogante, no podemos determinar si esos valores fueron confirmados, desvanecidos o caducados.

Rosario de glosas

El ex prefecto de Zamora Chinchipe y actual asambleísta nacional, Salvador Quishpe Lozano, podría rezar un rosario por cada una de las glosas que posee y completar dos novenas. Existen al menos 20 glosas que le ordenan pagar $503.541,24 como responsabilidad individual.  Sin embargo, el ex prefecto ha desvanecido $328.622 por tanto el monto en firme a pagar que CGE determinó hasta el momento es $174.919,04.

Del número total de glosas encontradas, ocho se iniciaron por informes de auditoría que se realizaron en 2016, el último año de gobierno del economista Rafael Correa. Esas auditorías se relacionaron a procesos de contratación, liquidación de fondos de cuentas, comodatos, pagos por moras y responsabilidades patronales.

Las auditorías restantes, que se ejecutaron desde 2017, se relacionan a exámenes técnicos a procesos de contratación, gastos por combustibles y tres exámenes a la construcción de un puente vehicular en el cantón Nangaritza.

 Los pendientes de Llori

La presidenta de la Asamblea Nacional, Esperanza Guadalupe Llori Abarca, tiene terror a que se hagan públicas sus glosas y ha dicho que algunas son tan ínfimas que no superan los 300 dólares. Este portal revisó  las 4 glosas que posee: una del año 2011 y tres que corresponden al 2016 y los montos fácilmente superan los $300 de los que ella habla.

Las glosas de Llori se iniciaron por informes de auditoría en 2007 (a las operaciones Financieras y Administrativas y análisis a las adquisiciones realizadas a la Casa Comercial «Servicios Técnicos Agrícolas),  2012 (Auditoría a estados financieros, años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana), en 2014 (Examen a gastos en publicidad y propaganda entre octubre de 2013 y enero de 2014) y 2015 (Examen de Ingeniería a la construcción de puentes entre enero de 2011 y agosto de 2014).

Esos informes se convirtieron en cuatro glosas que a nivel personal significan el pago de $109.739,4. Entre varias impugnaciones que realizó la ex prefecta, logró desvanecer un valor a pagar de $30.983,34 pero la CGE le confirmado hasta el momento $78.756,07. Y allí sigue pendiente.

Las glosas del Terrateniente de Chambo

En la lista de glosados con altos montos aparece el ex prefecto de Chimborazo Mariano Curicama Guamán. Con cuatro glosas en su contra logró desvacener $250.000 pero no quiere decir que esta libre de culpa porque Contraloría  ratificó que el monto a pagar es $107.013,47 que se relaciona a examenes por irregularidades en fondos de publicidad, inversiones financieras y de bienes inmuebles.

Los pendientes de Mariano Curicama vienen desde hace 13 años. Dos informes de auditoría se elaboraron en el 2008, los DR6-0030-2008 por anticipo de fondos y DR6-0035-2008 por gastos de difusión. Estos informes dieron origen a las glosas 1457-70 y 1466-70, respectivamente.

Luego llegó la glosa 2314-70 que predeterminó, el 15 de agosto de 2012, un monto menor ($6732) que hizo un examen especial a la cuenta de bienes inmuebles de la prefectura.

El siguiente año, 2013, se emitieron las glosas 2762-70 y 2801-70, esta última fue un examen al presupuesto institucional del año 2008 y le predeterminó un valor a pagar de $60.177. Curicama, también sentenciado hace pocas semanas por cobro de diezmos cuando fue Prefecto, ni se inmuta. Allí sigue, como si nada, al frente de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Los casos de ratonera

El asambleísta Lenin Francisco Mera Cedeño, de UNES, tiene seis glosas con valores a pagar en firme de $74.995,52. Las glosas analizaron el período que fue director técnico del Ministerio de Agricultura en la Provincia de Santa Elena.

El asambleísta Hugo Benjamín Cruz Andrade, que fue alcalde del Municipio de El Carmen también es parte de una glosa que la CGE originalmente predeterminó en $5.220.243,37 pero nueve resoluciones del organismo desvanecieron 5,1 millones de dólares. El valor confirmado contra el ex alcalde es de $67.774,34.

En abril de 2021 se emitió una nueva glosa contra Cruz en su desempeño como alcalde por $10.783,88.

El asambleísta Washington Julio Varela Salazar, que fue alcalde de Tena y parte de Sociedad Patriótica, fue incluido en 9 predeterminaciones que arrojaron una responsabilidad individual de $379.474,42. El ex alcalde tiene pendientes  por anticipo de fondos, cuentas por cobrar, operaciones administrativas, convenios con el sector público, gastos de publicidad y procesos de contratación.  Varela Salazar se defendió y en al menos 19 resoluciones redujo los valores a cobrar a $159.040,57, que es el monto confirmado que debe cancelar.

El ahora asambleísta independiente Francisco Javier León Flores es parte de la glosa DNPR-05241-80 que la CGE realizó  al Municipio de Salitre con el título Examen especial a los procesos aplicados en el alquiler, venta y legalización de terrenos. El examen predeterminó que el entonces alcalde Francisco León Flores cancele $523.196,6. Pese a que es parte de la información oficial entregada por la CGE, este medio no ha podido determinar si se trata de un valor en firme, si es un valor caducado o desvanecido o si existe impugnación a la predeterminación que emitió CGE en la glosa GLOSA-DNPR-05241-80 emitida en enero de 2021.

Coactivas y otros casos

Entre los casos que más destacan, sobre todo por la cantidad de juicios coactivos, está el del asambleísta independiente por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Gruber Cesario Zambrano Azúa, quien registra 56 juicios de coactiva. Los procesos en su mayor parte (alrededor del 70%) han sido iniciados por el juzgado de coactiva del IESS de Santo Domingo. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinindé también instauró 2 procesos en su contra; la Empresa Pública Unidad de Almacenamiento de Guayaquil inició otro más y uno se tramitó en la Unidad Judicial Civil de Quito.

En la justicia civil también se le han iniciado 18 procesos legales: dos por cobro de letra de cambio; uno por pagaré a la orden, uno por letra de cambio, tres por pago de haberes e indemnizaciones laborales, uno por cobro de pagaré a la orden, dos por cobro de cheque protestado, uno por indemnización por despido intempestivo, uno por cobro de dinero, uno por contratos de venta con reserva de dominio, dos archivos de investigaciones previas iniciadas en 2018 y 2020; dos por concurso de acreedores, y una ingresada por facturas.

Antes de ser asambleísta, Zambrano Azúa (2012, 2013 y 2015) trabajó como administrador de campo de una empresa agrícola.

El asambleísta Pedro Carlos Falquez Batallas, del PSC por la provincia de El Oro, tiene 25 juicios de coactiva iniciados desde la Dirección Provincial de Machala de la Contraloría General del Estado. Tiene además un examen especial que fue remitido por el excontralor Carlos Pólit.

Falquez fue alcalde de Machala entre 2005 y 2014. A nivel judicial se le han iniciado dos procesos: uno por cobro de pagaré a la orden y otro por haberes e indemnizaciones laborales como representante legal del Municipio de Machala, por su calidad de alcalde. Es el asambleísta más veterano del pleno: llegó allí por primera vez en 1978. Y allí sigue, en pleno 2021.

Marcos Humberto Alvarado Espinel, asambleísta de UNES por Los Ríos, tiene cinco juicios de coactiva: uno del Servicio de Rentas Internas de Babahoyo; otro del juzgado de coactiva de la Dirección Provincial del IESS del Guayas; dos juicios del Municipio de Guayaquil y otra coactiva también generada desde Guayaquil.

A nivel judicial registra cinco procesos en su contra: tres de indemnización por despido intempestivo; uno de pago de haberes laborales y otro por robo.

Marcos Alvarado, hermano de los prófugos Fernando y Vinicio Alvarado, fue concejal de Quevedo de 2015 a 2016, vicealcalde de Quevedo en 2017. A nivel privado ha sido gerente de QUETEVE S.A., de FLUMIRADIO S.A., de Biogénesis, de ARKAE S.A. e INDULAC de Cotopaxi Cía Ltda.

Roberto Emilio Cuero Medina de UNES, asambleísta por Guayas, ha tenido 15 coactivas. Cinco del IESS de Guayaquil, dos de CNT de Guayaquil y otro del Municipio de Guayaquil. También hay dos exámenes especiales de la Dirección Regional de la Contraloría de Guayaquil.

Cuero fue gobernador del Guayas de 2009 a 2012, fue director nacional del Movimiento Alianza País y también se desempeñó como empleado de nivel jerárquico superior en el Servicio de Contratación de Obras SECOB en 2015. De la Gobernación salió por un escándalo de corrupción en las comisarías de Guayaquil, por denuncias de extorsiones, que le costó el puesto a nivel político pero del que judicialmente salió inocente.

La legisladora por Guayas Alexandra Manuela Arce Plúas de UNES, registra cinco procesos judiciales en su contra: uno por asociación ilícita en 2019; una impugnación de visto bueno en 2018; uno por expropiación en 2014; una acción de protección en 2014; un proceso por facturas en 2014 y una por asuntos de comercio que no tienen trámite especial.

Arce fue alcaldesa de Durán de 2014 a 2019, asambleísta provincial del Guayas desde mayo hasta noviembre de 2013 y concejal del Municipio de Durán de 2009 a 2012.

Juan Cristóbal Lloret Valdivieso de UNES por Azuay registra una coactiva iniciada por el Gobierno Autónomo Municipal de Morona en 2017.

Lenin Francisco Mera Cedeño de UNES, asambleísta por la provincia de Santa Elena, registra un proceso de coactiva, iniciado en 2013 y además consta en un proceso legal por cobro de pagaré a la orden. Mera fue director técnico de área en la Dirección Provincial Agropecuaria en el Ministerio de Agricultura de Santa Elena de 2012 a 2017.

Carlos Víctor Zambrano Landín (UNES) de la provincia de El Oro tiene un juicio de coactiva de la Contraloría. A ello se agrega un examen especial en la época del prófugo Carlos Pólit. Zambrano fue gobernador de El Oro de 2013 a 2016 y a nivel privado ha estado vinculado con el sector minero, como administrador gerencial en CAMARGOLD S.A., jefe de minas y canteras en 2018 y ayudante de facilidades de construcción en la Empresa Minera Zambrano S.A. EMINZASA en 2020; administrador gerencial en Distribuidora Minerdiesel S.A. en 2019 y 2020.

Johana Cecibel Ortiz Villavicencio de UNES, legisladora por la provincia de Loja, ha tenido dos procesos legales: uno por contravenciones de tránsito de cuarta clase en 2015 y una investigación previa iniciada en 2017 y que ya está archivada. Fue designada como Gobernadora de Loja durante el período de 2014 a 2017, asesora en la Presidencia de la República en 2014 y asesora en la Asamblea Nacional en 2020.

Vanessa Lorena Freire Vergara (UNES) por la provincia de Los Ríos no ha tenido coactivas y a nivel judicial se le abrió una investigación en 2019, pero ya consta como archivada. Freire ha trabajado en el sector público desde 2012 como asistente administrativo B del Área de Salud N-2 Quevedo y en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, directora administrativa del municipio de Montalvo, asesora ejecutiva de la Prefectura de Pichincha y coordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social en 2011, 2017 y 2018. Hace poco ya cayó en desgracia con el líder supremo del correísmo, que la tildó de ser muy ambiciosa.

Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira (UNES) de la provincia de Manabí, se le han iniciado dos procesos legales en su contra: uno por medidas cautelares y una impugnación de paternidad. De 2012 a 2015 fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue procurador de la Universidad Técnica de Manabí en 2018, 2019 y 2020; se desempeñó como asesor en el SRI en el 2011, 2017 y 2018 y asesor en el Ministerio de Defensa en 2017 y 2018.

Lenin José Lara Rivadeneira, legislador de UNES por Esmeraldas, ha tenido cinco procesos legales, uno de ellos es por contrato de mutuo o préstamo, otro de prescripción adquisitiva de dominio; una acción de acceso a la información pública; uno por delitos contra el agua y otro de partición de otros bienes indivisos. Fue gobernador de la provincia de Esmeraldas de 2010 hasta 2012, asambleísta provincial en 2013, ministro de Justicia en 2013 y alcalde de Esmeraldas de 2014 a 2019.

Paola Janeth Cabezas Castillo, asambleísta nacional de UNES no tiene coactivas, pero Contraloría le hizo un examen especial en la época de Carlos Pólit, sin novedades. Fue gobernadora de Esmeraldas de 2013 a 2016; delegada de Esmeraldas en el Comité de Reconstrucción en 2016. En 2018 y 2019 fue directora de comunicación del Parlamento Andino.

Luisa Magdalena González Alcívar (UNES), legisladora por Manabí, no tiene coactivas. A nivel judicial se le han instaurado dos procesos en su contra: una medida cautelar interpuesta por Andrés Pérez Sandoval, representante del CONSORCIO SPR cuando González fue Secretaria Nacional de Administración Pública. Otro proceso también cuando tenía este mismo cargo, por pago de haberes.

González ha sido Subsecretaria General de la Presidencia de la República (2015), secretaria general del despacho presidencial (2016); secretaria nacional del Parlamento Andino (2018 y 2019), coordinadora general de agenda presidencial de la presidencia de la República (2015), ministra consejera del Ministerio de Relaciones Exteriores (2017).

La asambleísta nacional Raisa Irina Corral Álava (UNES) no registra coactivas en su contra, pero (junto a otros funcionarios públicos) se le inició un juicio subjetivo en el Tribunal Contencioso administrativo y tributario de Portoviejo.

Corral ha sido asistente administrativa de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP de 2016 a 2017; oficial de recuperaciones en Banecuador en 2018 y 2019; directora distrital del MIESS en Jama-Pedernales en 2017; directora técnica de desarrollo en la Coordinación Zonal 4 de Educación en Manabí en 2020 y directora de asesoría técnica en el  Ministerio de Defensa en 2018.

El asambleísta por Sucumbíos, Comps Pascacio Córdova Diaz (UNES) registró un proceso judicial por conducción de vehículo en estado de embriaguez (2017); el proceso se archivó el 8 de febrero de 2018.

La presidenta de la Asamblea Nacional y legisladora por la provincia de Orellana, Esperanza Guadalupe Llori Abarca (Pachakutik) no registra procesos coactivos, no obstante se le han iniciado 10 procesos en su contra: uno en 2017 por pago de haberes laborales; uno en 2016 por intimidación; seis en 2015 por impugnación del documento de finiquito; uno iniciado en 2014 por pago de indemnizaciones laborales; y uno iniciado en 2013 por haberes e indemnizaciones laborales. Llori fue prefecta de Orellana de 2004 a 2018.

Salvador Quishpe Lozano, asambleísta nacional por Pachakutik (PK) registra un juicio de coactiva por parte del extinto Instituto de Fomento al Talento Humano de Loja. Además, consta en siete procesos judiciales en su contra: una investigación previa iniciada en 2019 y que ha sido archivada; tres investigaciones por peculado iniciados en 2015; una inspección judicial también de 2015; un juicio de alimentos en 2005 y otro por haberes e indemnizaciones laborales en 2014.

Edgar Patricio Quezada Patiño (PK), asambleísta por la provincia de Sucumbíos, tiene un proceso coactivo por parte de CNT de Nueva Loja. En la judicatura consta un proceso iniciado en su contra en 2015 por abuso de confianza y otro en 2019 por cumplimiento de contrato. Quezada fue Secretario General del Municipio de Putumayo en 2016.

Ricardo Xavier Vanegas Cortazar, asambleísta nacional por PK, registra un juicio coactivo del Ministerio de Trabajo de Cuenca de 2018. Tiene también un proceso por contravenciones de tránsito de cuarta clase.

Francisco Javier León Flores (Independiente) legislador por Guayas, ha tenido 10 procesos legales en su contra: uno por contravenciones de tránsito de cuarta clase; dos por alimentos, uno por cumplimiento de contrato, dos de indemnización por despido intempestivo, un amparo posesorio, dos de prescripción adquisitiva de dominio, uno de partición de bienes y una acción de protección. León fue alcalde Salitre (Guayas) 2014-2019

En el caso del legislador por Galápagos Pedro Aníbal Zapata Rumipamba (PSC) en la página web de la función judicial consta 17 procesos en su contra, la mayoría en su calidad de alcalde de San Cristóbal, cargo que ha desempeñado por 3 ocasiones (2004,2009 y 2014). Varias de esas causas están archivadas o solo se ha llegado al sorteo y ya no se han dado más acciones legales.