Justo al cumplir su primera semana como Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso habló fuerte y claro, en Tumbaco, al presentar su proyecto insignia del gobierno para la vacunación masiva contra el Covid-19. La noticia principal en ese momento era la ratificación de la promesa de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los siguientes cien días de gestión, pero respecto a la Salud había otro tema, que al presidente era evidente le causaba molestia. Casi enojo.
Ese lunes 31 de mayo, Lasso lanzó su primera advertencia:
Que me escuchen bien algunos directores de hospitales, que luego nos decían que no funcionaban equipos nuevos, de paquete, comprados a las fábricas. Y nosotros les mandábamos técnicos para demostrar que funcionaban y funcionaban muy bien. Que se dejen de aquel juego de corrupción. Aquí ha llegado un gobierno que los va a poner en su sitio. Y el sitio de aquellos que jueguen con la salud de los ecuatorianos será la cárcel. Porque no vamos a permitir la corrupción ni tampoco la ineficiencia que esconde actos de corrupción. Señora ministra, tiene mi total respaldo. Absoluto y total, señor Vicepresidente. Mi tono de voz pretende reflejar la indignación del pueblo ecuatoriano».
En el acto también participaban el vicepresidente Alfredo Borrero y la ministra de Salud Ximena Garzón, que asintieron a las palabras del mandatario.
A veinticinco kilómetros de distancia y prácticamente a la misma hora, en el hospital del IESS Carlos Andrade Marín, en Quito, ocurría un capítulo más de lo que parece una mala escena repetida una y cien veces, con protagonistas que van cambiando con el tiempo, pero cuyo guión en su esencia sigue siendo el mismo, para el infortunio de un país que ya lleva año y medio en medio de una pandemia que no deja de sumar a diario nuevas víctimas.
El guión repetido pone las luces centrales en lo que ahora se conoce como la otra pandemia, la que no tiene ni promete ninguna vacuna ni a largo, mediano o corto plazo: la corrupción.
Lo que pasaba en el hospital Andrade Marín lo recoge el médico Carlos Figueroa:
Ya en este gobierno, en estos mismos días, a funcionarios del hospital se los presionaba para que firmen requerimientos para contratos de compras con evidentes sobreprecios».
Y el hecho no es aislado ni corresponde exclusivamente al hospital del Seguro Social más grande de la capital. Eso se replica en Ambato, en Machala, en Babahoyo, Esmeraldas, Portoviejo. Santo Domingo. Guayaquil, ni se diga. Prácticamente por todo el país.
Al día siguiente que habló Lasso, el vicepresidente Borrero Vega realizó lo que fue llamada una «visita sorpresa» al hospital Carlos Andrade Marín. Y de lo que pudo constatar, salió con el rostro compungido. En sus declaraciones, resumió que era inaceptable lo que estaba ocurriendo con los pacientes en esa casa de salud. No podía ser que a los familiares de los enfermos se los obligue a comprar las medicinas más básicas. Pero eso ha ocurrido, ocurre y quién sabe seguirá ocurriendo un tiempo que nadie puede calcular su término.
Casualidad o no, un día después de la visita de Borrero en Quito, en Portoviejo ardió el edificio de las oficinas administrativas del IESS, que puso en riesgo importante documentación de las compras realizadas por esta regional del Seguro, especialmente en tiempos de pandemia. Este incendio no parece casual y ya se investigan las circunstancias, porque quince días atrás, otro siniestro ocurrió en las bodegas del mismo IESS de Portoviejo. Son dos incendios en dos semanas, que ocurren justo después de que el pasado 26 de abril se ordenó la realización de un inventario general del hospital del IESS de la capital manabita. El gobernador Juan Francisco Núñez observa las coincidencias pero no quiere adelantar conclusiones. Espera el informe de las causas de los incendios en lo que están trabajando en estos días los Bomberos de Guayaquil, que llegaron para ayudar en las investigaciones.
Incendios sospechosos. El primero ocurrió en las bodegas del IESS de Portoviejo, luego que se decidió hacer inventario de los bienes. Y el segundo pasó la semana que concluyó, en el edificio de las oficinas administrativas del Seguro en la capital manabita. Ahora se investigan las causas de los siniestros.
Una de las metas que se ha propuesto el gobierno de Guillermo Lasso es acabar con la corrupción que se ha enquistado en el sistema de Salud del Ecuador. Ha prometido que los hospitales dejarán de ser la moneda de cambio para negociar con los asambleístas, asunto que se denunció con nombres y apellidos durante el gobierno de Lenín Moreno, pero que hasta la fecha no ha generado una investigación fiscal precisa sobre el hecho.
Pero el tema con los proveedores de insumos y medicinas es aún más complejo. Viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y con el paso de los años, las redes se han estructurado de una manera tan sólida que pensar ahora en su desmantelamiento adquiere las características de una misión casi imposible. La decisión política del gobierno es fundamental, apunta Carlos Figueroa, para evitar que las nuevas autoridades también sean cooptadas por estas redes.
EL SISTEMA
Una característica debe quedar en claro desde el principio: las redes envuelven tanto a los hospitales del Ministerio de Salud Pública como a los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Y todo empieza con la preparación de los pliegos de la contratación y la investigación de mercados. Esto viene a ser la preparación del terreno, asunto indispensable para poder beneficiar a los que finalmente resultarán adjudicados. Para eso se colocan parámetros direccionados para ser cumplidos únicamente por los afortunados.
Las investigaciones de mercados que se hacen involucran a otros proveedores previamente contactados y que presentan cotizaciones con precios muy altos, por encima de los que se encuentran en el mercado, inclusive de precios de venta al público. Lo importante en esta etapa es dejar la vara de los costos bien arriba. Aquí se fragua el primer paso del sobreprecio.
Este estudio de mercado se realizó para un proceso de contratación en el hospital del IESS de Ambato, que arrojó como resultado un presupuesto referencial de USD 473.503. Un costo totalmente inflado. Y aquello es muy sencillo de demostrar, utilizando cotizaciones presentadas en otros lugares por parte del mismo proveedor que resultó ganador el pasado 1 de junio del 2020 del contrato en el hospital de Ambato, Guido Brito Gómez, para la adquisición de medicamentos para la emergencia por el Coronavirus Covid-19 por un monto de USD 448.990, que aparenta una generosa reducción de casi 30 mil dólares respecto al presupuesto referencial del mercado realizado con anticipación.
Pero la generosidad no es tal. El mismo contratista, Guido Brito, presentó una cotización para el Centro de Salud de Zaruma, en El Oro, en un concurso que se abrió tres meses después, en septiembre de 2020. Y sus propios precios eran evidentemente menores a los que cotizó en Ambato:
Resulta que Guido Brito oferta Losartán sólido oral de 100 MG y 50 MG a 14 y 9 centavos por unidad, respectivamente, para Zaruma, pero en el hospital de Ambato vende el mismo producto más caro: a 25 centavos y O.259, el de 100 MG y 50MG, respectivamente. En Ambato compraron 500.000 tabletas de Losartan de 100MG, que dio un total de USD 125.000. Y eso que los precios ofertados por Brito en Zaruma son más elevados de los que han presentado otros proveedores, que van de 7 a 9 centavos por unidad del Losartán. Otro ejemplo: el Diclofenaco sólido oral de 50mg que a Zaruma lo ofreció por 4 centavos la unidad, en Ambato lo vendió a 14 centavos por tableta. Diez centavos más por unidad.
Las diferencias de precios en las medicinas e insumos son evidentes de un hospital a otro. La enoxaparina de 40 mg se ha comprado para el hospital Andrade Marín o IESS Quito Sur hasta en USD 3,50; pero en el IESS de Ambato se ha pagado hasta USD 7.
La lista de compras de medicinas con estas inconsistencias, por todo el país, es larga. Pasa en Ambato, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Machala, Santo Domingo, Esmeraldas, Babahoyo, Quevedo, de los que se han detectado.
Solo basta ver en el siguiente cuadro que el Amlodipino que cuesta 3 centavos en Zaruma o en Riobamba, se lo vende a 14 centavos en Guayaquil y a 24 centavos en Ambato. El mismo producto.
O el antitrombótico Enoxaparina que se ha comprado a USD 2,90 en el hospital Eugenio Espejo de Quito, mientras por lo mismo se pagó USD 7,30 en el IESS de Ambato.
¿Qué pasa con los proveedores que ofrecen precios menores o ajustados a su verdadero costo en el mercado? Si en los procesos aparecen oferentes que no estaban contactados, comienzan a surgir trabas y pretextos para descalificarlos. De manera que al final, quedan solo los dos o tres contratistas que ya están puestos de acuerdo desde el principio.
Con ellos es que se da lo que se llama la puja de precios. Que no es tal, en realidad. Solo se trata de una pantomima en la que los amigos finalistas se bajan solo el 1% o máximo el 1,50% de sus ofertas, dejando los precios finales muy por encima de los que existen en el mercado. Allí ganará al que le toque su turno de los calificados. Normalmente, todos los involucrados terminan ganando algunos de estos contratos. Y hay que decir que muchas de las empresas que llegan a estas instancias están vinculadas entre sí: gozan de los mismos accionistas o directivos, tienen las mismas direcciones y replican iguales procedimientos. Normalmente tienen muy buenos contactos políticos.
Por asuntos de ley, los procesos no deberían sobrepasar montos de USD 350.000. De esa manera se evita los filtros legales de la Contraloría General del Estado, oficina de control con la que nunca se sabe qué puede deparar.
Sobre el tema de las redes de corrupción en la Salud ya trabaja el nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien hace una firme recomendación al gobierno: No puede dejar a los mandos medios y altos de los gobiernos anteriores que siguen enquistados. Debe barrer con todos. El gobierno debe sacar a todos los de la mafia que operan desde hace quince años. Ya es el momento de ponerle fin al saqueo en la Salud.
Los afectados, en el último término, son como siempre los enfermos y sus familias. Ellos sufren las consecuencias de un sistema que ha convertido a la Salud en un cruel negocio. En la última semana en que las nuevas autoridades hicieron los recorridos por los hospitales, afuera del Abel Gilbert Pontón, en el Suburbio de Guayaquil, Ana se lamentaba de la realidad: había tenido que comprar para su mamá, que sufrió de un derrame cerebral, desde alcohol, pañales, pañitos húmedos, catéteres, jeringas y otros insumos. «Ya va a tener como un mes internada y es un gasto ya no podemos sostener por más tiempo». Y este es solo un ejemplo de los cientos de casos que se repiten en los centros de salud del país.
Y así como hay hospitales de ciudades como Ambato y Guayaquil, en donde los sobreprecios se detectan a simple vista y son escandalosos, también en ciudades como Zaruma, los procesos se realizan con relativa normalidad. Aquí sus compras se realizan convocando a distintos proveedores, la mayor cantidad posible, y de ellos se escoge la oferta más baja. El resultado es que los contratos se firman con los precios más convenientes y sin sobreprecios. Como tiene que ser en todo el país.
