En el área administrativa de la Asamblea Nacional hay un exceso de 518 funcionarios que fueron contratados a discreción por la Presidencia de la Asamblea y repartidos en diferentes oficinas. En la nómina de personal de marzo del 2021 de la institución constan 570 administrativos a contrato, pero el 90% de ellos no son imprescindibles.
Según la Ley de la Función Legislativa y el Reglamento de Talento Humano de la Asamblea, al sumar el número de asesores y asistentes que permite la norma a los asambleístas, a las comisiones, a los miembros del CAL, asesores de presidencia, en total hay 617 trabajadores legislativos a contrato. Esta cifra varía poco porque la ley manda un número específico de asesores y asistentes legislativos.
El restante de funcionarios son administrativos: 702, de los cuales, según el directorio telefónico de la Asamblea, en donde se puede filtrar los datos por la modalidad de vinculación, hay 132 personas con nombramiento; el resto, 570 son contratados. En total, 1319 personas trabajan en la Asamblea, según la nómina de marzo del 2021.
Ser presidente de la Asamblea se parece a manejar un ministerio entero. César Litardo por ejemplo fue responsable de la contratación de esos 570 funcionarios administrativos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa lo permite en su Art.12: “nombrar y remover al personal de la Función Legislativa”. Es así que la nueva presidenta de la Asamblea podría colocar a medio millar de funcionarios nuevos.
En la Asamblea Nacional se infló la nómina del área administrativa, cuando la disposición iba en la vía contraria. En junio del 2020 la Asamblea Nacional planteó un proyecto de optimización de personal, cuando entonces existían 1216 funcionarios en toda la institución. Como efecto, se desvinculó a 40 trabajadores con nombramiento. El objetivo de mejorar los procesos de selección del personal y de optimizar quedó guardado en un archivador de acero en alguna oficina; para marzo del 2021 la nómina se infló a 1319 trabajadores.
Una fuente del área administrativa que conversó con PI y planteó una propuesta para que el área administrativa opere con lo estrictamente necesario: entre 10 y 20 funcionarios por cada unidad. Según esta fuente, el área administrativa podría operar perfecta y holgadamente con 184 funcionarios, en sus cinco secretarías con 14 unidades. Si hay 132 personas con nombramiento, solo se necesitaría contratar a 52 personas más. Pero en la nómina de personal de marzo del 2021, constan 570 administrativos a contrato, es decir, hay 518 funcionarios en exceso.
Sin norma que lo regule, la burocracia se incrementó al punto de convertir a la administración en el área de mayor peso en nómina, son el 53,22% de los servidores. Un absurdo. La Asamblea Nacional tiene menos de la mitad del personal de la institución dedicado netamente al trabajo legislativo: el 46,78%, 617 servidores legislativos. Sólo los equipos de cuatro personas que por ley tiene cada asambleísta (dos asesores y dos asistentes) más el sueldo de los 137 representan un gasto total de $23.675.758,60
En la Asamblea Nacional, en vez de que el área administrativa se lleve más del 53,22% de los puestos (702 trabajadores) debería representar el 22,97% (184 trabajadores) porque son personal de apoyo y el personal legislativo debería ocupar el 77,03% de la nómina.
Si lo que existe en la Asamblea es un exceso de 518 contratados administrativos, y si cada uno de ellos tiene un salario promedio de $2000, el ahorro que produciría al Estado sería de al menos $12.432.00,00 millones de dólares al año. Todo esto, si se contratara en la planta administrativa lo estrictamente necesario: 52 funcionarios, más 132 servidores con nombramiento. El área administrativa funcionaría de forma eficiente solo con 184 plazas.
En la ley y los reglamentos internos de la Asamblea no se establecen techos o restricciones claras para la contratación de personal de apoyo, más bien la regla es el libre albedrío del presidente. El exceso de contrataciones requiere en paralelo esclarecer el grado de eficiencia de los nuevos funcionarios. Esta práctica de la contratación sin mesura en la administración deviene en una merma en la eficiencia de los equipos de las unidades por la alta rotación del personal.
Esta es una de las formas para aumentar el número de cargos administrativos, según nuestra fuente. A los funcionarios con nombramiento, que cuentan con años de experiencia, los tienen de tumbo en tumbo, de unidad en unidad, y en esas vacantes que dejan se contrata a personal nuevo y en exceso. Un ejemplo (como este hay muchos más) en una unidad de planificación hay tres personas con nombramiento, de las cuales solo uno trabaja en su sitio original, los otros dos fueron movidos a otras oficinas. Como quedan dos “vacantes libres”, mejor contrataron a cuatro nuevos empleados sin experiencia. En la Asamblea aún no se realiza una auditoría interna que examine las funciones exactas y la eficiencia de los funcionarios en la Asamblea; se abre una caja de pandora.
En síntesis, y con la propuesta del funcionario administrativo de la Asamblea, la institución funcionaría de forma óptima con solo 801 funcionaros: 184 administrativos y 617 servidores legislativos (esta cifra no cambia). Pero hoy trabajan en toda la Asamblea Nacional 1319 funcionarios. 518 contratos son la yapa del presidente.
ASESORES
Pese a que el objetivo de la propuesta de optimización de personal apunta a lo lógico que implica tener un 77% de la nómina con personal legislativo, incluso en este grupo hay algunos excesos.
José Serrano rompió el récord, llegó a tener 25 asesores nivel 2, más dos asesores presidenciales. Elizabeth Cabezas, tuvo seis. César Litardo tuvo 12 asesores, más una oficinista. El Reglamento Interno de Talento Humano de la Asamblea en su Art. 244 manifiesta que “el Presidente de la Asamblea podrá designar al personal de apoyo y asesoría de la Presidencia de acuerdo sus necesidades”. No existe un componente técnico en la disposición, pueden ser 10 como 30 asesores.
El reglamento interno de Talento Humano de la Asamblea Nacional también permite que cualquier legislador sume asesores y asistentes, según los altos cargos que ocupen. Por ejemplo: Un asambleísta tiene derecho a dos asistentes y dos asesores (1 y 2). Al año, el legislador y su equipo de cuatro cuesta $172.377,80. Pero si ese asambleísta además es presidente de una comisión, puede contratar a dos asesores 1 ($3.014,00 cada uno) y un asistente ($1.394,00). Ese nuevo equipo costaría al año $97.685,88.
Si ese mismo legislador además forma parte del CAL, la ley le permite contratar a otros cuatro servidores más: un asesor 1 ($3.014,00), un técnico administrativo ($2.308,00) y dos asistentes del asambleísta ($1.394,00 cada uno); este nuevo equipo representa 107 mil dólares al año. Si se afina la suerte de ese asambleísta y logra acumular hasta 11 asesores, ese personal costaría $377.093,52 al año, incluyendo el sueldo del legislador.
Los cuatro vocales del CAL suman 16 asesores y asistentes adicionales y los dos vicepresidentes ocho más. En los equipos de los asambleístas del CAL Cesar Solórzano, Patricio Donoso, Carlos Campaña, Cristina Reyes, Rina Campain y Ana Belén Marín, se gastó cada año $660.534,96. Los seis asambleístas del CAL cuentan con 24 funcionarios adicionales, un gasto anual de $660.534,96 ($428.119,36 en sueldos para los equipos de los cuatro vocales del CAL y $232.415,6 de los equipos equipo de los dos vicepresidentes).
En el mundo de las asesorías también se pasean algunos del área administrativa. La normativa permite que cada unidad contrate un asesor nivel 2. Con 14 unidades, y el sueldo mensual del asesor por $2.545, cada año se gasta en los 14 asesores $427.560.
