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No se conocen las condiciones de los acuerdos y convenios que el gobierno de Lenín Moreno ha aceptado ante los proveedores de vacunas contra la COVID-19. El Ministerio de Salud ecuatoriano no responde las solicitudes de acceso a la información pública para acceder a los contratos. Tampoco informa sobre cuál es realmente el plan de vacunación del país. Llegan dosis a cuentagotas y apenas se inmunizó al 1% de la población.
El presidente Lenín Moreno anunció, el 24 de marzo último, que Ecuador no contaba con un plan de vacunación, mientras en el país los ancianos esperaban por una vacuna.
En términos estrictos, el presidente Moreno no había mentido porque a finales de diciembre de 2020 el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció su plan de vacunación en un escueto comunicado de prensa de apenas siete párrafos, en el que no explicaba procesos, no informaba datos de la logística; y no hablaba de control de conservación de las vacunas. Menos aún, de un sistema de registro de inmunizados. Nada.
Horas después de su declaración, el Presidente se vio obligado a desdecirse: que sí había un plan, ya que era un requisito de las farmacéuticas para vender las vacunas, pero que no estaba estructurado.
En la búsqueda de los detalles de las contrataciones de vacunas, GK y Periodismo de Investigación (PI) presentaron dos solicitudes de acceso a la información pública el 24 y 25 de febrero último, pero el Ministerio de Salud nunca respondió. En Ecuador, no se conocen datos sobre las condiciones de los contratos y convenios que el Estado ha aceptado ante los proveedores de vacunas.
La misma solicitud de información ha sido presentada por medios de Perú, Colombia, Venezuela, México, Panamá y Argentina en el marco de la alianza Vigila la Pandemia*, que integran Periodismo de Investigación (PI) y GK.
En algunos casos, las autoridades de esos países se negaron a informar las condiciones de contratación de vacunas para la COVID-19, amparándose en las cláusulas de confidencialidad de los contratos; y en otros, ni siquiera respondieron las consultas realizadas por esta alianza de medios y ONGs, en el marco de leyes y derecho al acceso a información pública.
Las primeras dosis de la farmacéutica Pfizer llegaron a Ecuador a cuentagotas, a partir del 20 de enero último. Hubo un acto de recepción que no estuvo exento de histrionismo. Un container cubierto por la bandera tricolor fue recibido por la vicepresidenta, María Alejandra Muñoz; el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos; y otros funcionarios. Al pie del avión, hacían la señal de victoria.
Dosis en remojo
Las vacunas recibidas ni siquiera se acercaban a la expectativa creada por el propio ministro de Salud, quien el 5 de enero había anunciado que llegarían 86.000 dosis.
La esperanza se quebró con los primeros incumplimientos de la fase piloto, denominada Cero, que debía vacunar a 35.541 personas, con prioridad al personal sanitario que trabaja en la primera línea contra la COVID-19.
Después había que pasar a la Fase Uno, en la que vacunarían al resto de los trabajadores de la salud, profesores, policías, militares, bomberos, el personal de recolección de basura y personas más vulnerables al virus por comorbilidades preexistentes.
En lo que va del año, Ecuador recibió 11 lotes, por un total de 1.498.410 de dosis que deberían servir para llegar al 8.6% de la población, pero menos del 1% ha sido inmunizado.
Las últimas vacunas que llegaron al país son de marca Sinovac, de China.
Precios bajo siete llaves
Los costos de este proceso no se han hecho públicos. Las autoridades no han transparentado los contratos firmados con las empresas farmacéuticas ni los valores de logística y de operación del plan.
Lo poco que trascendió fue el anuncio de una alianza público-privada, en la que participarían cadenas de supermercados o farmacias; empresas de logística y transporte, entre otros. El detalle de esta alianza fue solicitado por GK al Ministerio de Salud, con dos pedidos de acceso a la información, el 24 y el 25 de febrero. Nadie respondió.
En una comparecencia en la Fiscalía General del Estado, el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que los costos de las vacunas son confidenciales. Aseguró también que la (vacuna) de Pfizer oscila entre 15 y 20 dólares, mientras que la de AstraZeneca es más barata. La empresa Johnson & Johnson no va a cobrar por la vacuna sino por los costos de operación.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó en un comunicado que en el año 2020 se asignaron 20.000.000 de dólares para las primeras entregas y para el 2021 pretendemos invertir 88.000.000 de dólares que ya están presupuestados para el financiamiento de las vacunas de las distintas farmacéuticas. En ese documento también dice que Ecuador ha recibido alrededor de 350.000.000 de dólares de parte de organismos multilaterales.
El 11 de marzo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que aprobó el financiamiento de dos proyectos para Ecuador. El primero es una garantía de 63.000.000 de dólares, que servirá para adquirir vacunas de la iniciativa Covax. El segundo préstamo será de 200.000.000 de dólares para implementar programas sociales.
Por otro lado, el Banco Mundial (BM) aprobó el financiamiento de 150.000.000 de dólares para la compra de vacunas y cubrir los gastos que implica el manejo de las cadenas de suministro y de la logística para el almacenamiento y la manipulación de las vacunas.
No ha habido una información detallada sobre el uso que se ha dado a esos desembolsos. Lo que se sabe es que hasta el 10 de abril, 274.160 personas recibieron la primera dosis y 183.300, la segunda, según información oficial.
Lenín Moreno terminará sus funciones el 24 de mayo y entregará el mando al nuevo presidente, Guillermo Lasso, electo en segunda vuelta el domingo 11 de abril. Durante su campaña, Lasso se comprometió a vacunar a nueve millones de personas en cien días, si era electo presidente de Ecuador.
*La alianza Vigila la Pandemia es liderada por Convoca.pe e integrada por Runrunes y El Pitazo (Venezuela), Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador), Consejo de Redacción (Colombia), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, México) y la participación de elDiarioAR (Argentina) y La Prensa (Panamá).
