Cuando se habla de contratación pública en Ecuador, es muy difícil marcar diferencias en la última década y media. Todos los procesos están atravesados por una línea de discrecionalidad, ventajas y privilegios para las empresas de los amigos de los huéspedes de Carondelet. En esta nueva investigación conjunta de La Historia y Periodismo de Investigación, resaltan figuras como Nasib Neme, amigo personal de Rafael Correa y Eduardo Jurado, hombre de confianza de Lenín Moreno. Esta nueva historia está llena de cifras, ventajas, sobreprecios e incumplimientos, ingredientes básicos de la Revolución Ciudadana.

Todo empezó hace casi una década. En el año 2012, Carlos Julio Jaramillo estaba al frente de la empresa municipal ETAPA de Cuenca, por un lado, y por el otro estaba Eduardo Jurado Béjar, quien ya era un prominente empresario guayaquileño vinculado con obras de infraestructura sanitaria, redes de agua y tratamiento de desechos. El alcalde de Cuenca de ese momento era el entonces convencido militante del correísmo, Paúl Granda.

Fue entonces que los dos –Jaramillo y Jurado- llegaron a lo que sería el primero de muchos acuerdos. Era el gobierno de Rafael Correa y con el financiamiento del Banco del Estado se decidió otorgar un crédito en diciembre de ese año para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Guangarcucho, mediante la tecnología de la flotación con aire disuelto. Eso costaría 22 millones y medio de dólares y el consorcio al que pertenecía Jurado Béjar sería el encargado de ejecutarlo. Se trataba del Consorcio ecuatoriano-suizo SEM-KWI.

Todo parecía marchar viento en popa. Hubo concurso, se dio la licitación. Un procedimiento hecho con el estilo marcado de la Revolución Ciudadana.

Pero en 2014 hubo elecciones de gobiernos locales y en Cuenca ganó un nuevo alcalde, Marcelo Cabrera. Y esta obra, pese a haber sido adjudicada, no había arrancado aún en su construcción. Cabrera ordenó una revisión integral de todo el proceso.

Fue así que en agosto de 2014 apareció el primer informe de la nueva administración y las novedades no se hicieron esperar. El ingeniero Omar Cueva presentó un informe técnico estableciendo que en ninguna parte aparecían los justificativos documentales para llegar a establecer el costo de 22 millones y medio de dólares, puestos como presupuesto referencial de la obra. Luego, el oferente que ganó la licitación tampoco acreditó ninguna experiencia en la construcción de plantas similares hechas con la tecnología ofrecida.

Un informe de la Contraloría General del Estado hecho un año después, en agosto de 2015, sobre este mismo tema, concluye que el Gerente de ETAPA se decidió por esta clase de planta “sin contar con un estudio o justificativo técnico, que demuestre la efectividad de esta alternativa en la remoción de los parámetros requeridos, sino con base en un análisis de tipo financiero”. Además, se dejaron de lado los estudios de prefactibilidad hechos con anticipación. En definitiva, dice la Contraloría, la Comisión Técnica encargada “no revisó en debida forma los pliegos que aprobó el Gerente General, que no contaban con estudios previos; con un presupuesto referencial que no estuvo debidamente obtenido; y que no contenían el estudio de desagregación tecnológica o compra de inclusión”.

¿Qué hizo el alcalde Marcelo Cabrera ante estas contundentes conclusiones?

“Eché abajo el proceso”, recuerda. Y lo hizo porque todo se lo había hecho mal. Pero entonces recibió una llamada del señor Carlos Jurado Vinueza, hijo de Eduardo Jurado Béjar, quien lo invitó a conversar con más tiempo, con tranquilidad, navegando por el mar en el velero de su padre.

“Yo le contesté que no tenía nada que conversar con él, dice ahora Cabrera, quien fue alcalde de Cuenca hasta 2019 y acaba de ganar una curul como Asambleísta de Azuay, en el próximo parlamento que se instalará en mayo.

Eduardo Jurado Béjar, por su lado, más adelante tuvo el cargo político más importante en su vida. Y el velerismo lo siguió cultivando como su mayor pasión: “Es en el mar donde se aprovecha el silencio y se enfrentan los miedos. Porque allí puede pasar cualquier cosa”, dijo en una entrevista.

Pero este solo es el primer capítulo en el que participan juntos Carlos Julio Jaramillo, amigo personal de Paúl Granda, y Eduardo Jurado Béjar, quien también tiene un amigo personal especial y común con Granda: Lenín Moreno.

UN GOBIERNO DE AMIGOS

El 16 de mayo de 2018, en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet nuevas caras se posesionaron al interior del Gabinete de Lenin Moreno. Hizo su aparición el empresario Eduardo Jurado Béjar como Secretario General de la Presidencia de la República, Richard Martínez era el nuevo Ministro de Finanzas y Paúl Granda pasó de ser Ministro de Obras Públicas a Secretario Nacional de Gestión Política. La depuración del correísmo se aceleró: en ese momento quedaron afuera del Gobierno María Elsa Viteri, Andrés Mideros y Miguel Carvajal.

Apenas una semana después, y por decreto, el presidente Lenín Moreno designaba con rango de Ministro a Santiago Cuesta Caputi como consejero presidencial “para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado”, como decía su nombramiento. Cuesta tiene una relación familiar con Jurado Béjar: las esposas de ambos son primas hermanas. Y en el gobierno fueron parte del mismo bando que se enfrentó en esas pujas por el poder con el no menos poderoso bando de los Ex Ruptura, con María Paula Romo y Sebastián Roldán a la cabeza.

Carlos Julio Jaramillo Vintimilla, ex Gerente de la Empresa de Agua Potable del Municipio de Cuenca durante la alcaldía de Paúl Granda, llegó como Gerente del Banco del Estado en septiembre de 2018. Y allí estuvo hasta febrero de este año, 2021, cuando renunció al cargo. Mientras que la permanencia de Jurado Béjar en el gobierno de Moreno fue interrumpida debido al escándalo generado a raíz de la denuncia hecha por el periodista del canal TC Televisión, controlado por el gobierno, Mauricio Ayora: el cobro por parte de los bancos a sus clientes de un seguro de provisión de servicios, que ni siquiera había sido previamente aceptado por ellos. Fue el caso GEA. Y con los seguros de GEA estaba vinculado Jurado Béjar, por medio de una empresa de la que era accionista. Debido a este hecho, Jurado abandonó el gobierno en noviembre de 2018. Pero sus negocios siguieron en marcha y con el gobierno de Moreno, les fue bastante bien.

LOS BUENOS NEGOCIOS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE

En mayo de 2019, la Corporación Andina de Fomento, hoy CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, aprobó la entrega de $100 millones al Banco de Desarrollo del Estado (BDE), para financiar proyectos de construcción y rehabilitación de los servicios de agua potable, saneamiento básico, drenaje urbano y manejo de residuos sólidos, en varias provincias del país.

Los recursos debían ser  repartidos por el BDE a los municipios de Chone (Manabí), Machala, Pasaje y El Guabo (El Oro). Y lo hizo, con fondos del gobierno, porque la CAF se arrepintió de financiar los proyectos y se retiró de los procesos. Varias quejas, acciones judiciales y denuncias de direccionamientos en los concursos, habrían desanimado al financista multilateral, aunque esto no se ha dicho oficialmente. Para este reportaje se pidió la versión del representante de la CAF en Ecuador, pero no se obtuvo respuesta.

En Chone se anunció la construcción del plan maestro hidrosanitario, en El Oro la construcción de la nueva línea de conducción de agua potable de la mancomunidad La Esperanza y en Machala la construcción del anillo perimetral de agua y la sustitución de tuberías de asbesto.

En medio de reclamos y denuncias por supuestas irregularidades en los procesos de licitación, los consorcios Hidrochone, La Esperanza 2020 y Anillo Machala ganaron los contratos para construir las obras, que juntas suman más de $61.5 millones.

Quienes participaron en las licitaciones señalan que las adjudicaciones no cumplieron las normas y principios de la contratación pública y acusan a los municipios de direccionar las condiciones de los concursos para favorecer a determinadas empresas. Estos direccionamientos cuestan dinero: las preferencias por determinados contratistas han traído costos más elevados al escoger determinados materiales –tuberías en este caso- que cuestan más que otras opciones que pudieron servir de la misma manera.

Inclusive se ha documentado que existen calificaciones exageradas a favor de ingenieros que no reúnen la experiencia necesaria que aseguraron tener y que gracias a las cuales, sumaron puntos que finalmente les permitió ganar los concursos.

Todas las quejas fueron desechadas y los procesos siguieron adelante, se adjudicaron y ya están en ejecución.

Detrás de los consorcios ganadores están las empresas de Eduardo Jurado Béjar y Nassib Neme Machiavello. Consorconstru, DWC-Grupe, Netibuk, y Negib S.A. son algunas de las firmas vinculadas a los empresarios y administradas por terceros.

Jorge Domínguez, delegado del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador y Diplomado en Anticorrupción ISO37001 en Sistemas de Gestión Antisoborno, dice que uno de los problemas más graves que atraviesa la contratación pública en el país es la discrecionalidad con la que se presentan las licitaciones de obra, resultando en adjudicaciones recurrentes a un grupo reducido de empresas constructoras. “Y en el segmento de agua potable, vinculadas entre ellas. Creando monopolios que deberían ser investigados porque podrían existir indicios de corrupción”. Pone un ejemplo: “De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Contratación Pública (LOSNCP), cuando un organismo internacional de crédito da el financiamiento, se elude el cumplimiento de las normas de adjudicación (fase precontractual) obligatorias en la ley; sin embargo, luego de adjudicada la licitación, este organismo desiste del financiamiento y los procesos continúan con financiamiento nacional, con el mismo adjudicado, habiendo eludido las normas obligatorias que garantizan los principios de la contratación”.

Por esta razón, Domínguez ahora participa activamente en la discusión de las reformas a la LOSNCP, que se tramita en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional:

Para romper estos monopolios de empresas contratistas privilegiadas, transmitimos y fomentamos el principio de democratización de obras, y apoyamos la propuesta de la Comisión, que establece una obra a la vez, sea en participación individual o asociación, hasta la recepción provisional; de esta manera se abre oportunidades para la inmensa mayoría de los 28.000 colegas y constructores, que actualmente vemos como pocos grupos se benefician, algunos de ellos, con el único mérito de ser amigos del círculo obscuro de las autoridades o funcionarios de turno. Estos procesos los hemos denunciado al Sercop, a la Contraloría, Asamblea y a la ex Secretaría Anticorrupción, pero la gran mayoría quedaron durmiendo el sueño de los justos. Aunque felicito el trabajo de la Comisión de Régimen Económico por considerar en la nueva Ley la mayoría de las propuestas del Colegio de Ingenieros Civiles, sin embargo, algunos artículos mantienen los intereses de grupos poderosos de la industria de la construcción”.

Esa es la propuesta de los ingenieros. Pero la realidad es otra.

LOS CONTRATOS EN MANABÍ

En junio de 2020, el alcalde Leonardo Rodríguez adjudicó la construcción del Plan maestro hidrosanitario de Chone al Consorcio Hidrochone. La obra comprende alcantarillado sanitario y pluvial, la reparación de la red de agua potable en el centro de la ciudad y los sectores San Felipe, El Paraíso y Tacheve. Costó $18.068.377,48.

Las denuncias por supuestas irregularidades en la adjudicación del plan hidrosanitario no se hicieron esperar. Varios representantes de las firmas participantes reclamaron ante la CAF, el BDE, Servicio Nacional de Contratación Pública y la Contraloría General del Estado la falta de cumplimiento de las normas y principios de la contratación pública que, como consecuencia, vulneró los principios de trato justo, igualdad y legalidad al exigir condiciones que se encuentran prohibidas en la normativa.

El Consorcio Hidrochone está conformado por las empresas: Construcciones Dragado y Arena S.A., Condraiarsa (30% de participación), Consorconstru S.A. (30%) y Napoleón Junco Salguero (40%), procurador común.

Una veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), del 12 agosto de 2020, reveló que el consorcio ganador no justificó la experiencia necesaria establecida en los pliegos de la obra y que la empresa Condraiarsa tenía obligaciones pendientes con la Superintendencia de Compañías al momento de la adjudicación.

El Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, también se pronunció sobre el proceso de adjudicación, señalando que “adolece de inobservancia a la normativa de contratación pública”. El informe del 5 de agosto de 2020 concluyó que en el proceso se vulneraron los principios de trato justo, igualdad y legalidad al exigir condiciones que “se encuentran prohibidas en la normativa de contratación pública”.

LAS EMPRESAS DETRÁS DE HIDROCHONE

A primera vista: Condraiarsa, Consorconstru S.A. y Napoleón Junco, pero detrás está el Grupo de la familia Neme.

Construcciones Dragado y Arena S.A., Condraiarsa, es una empresa guayaquileña constituida en 1998 por los hermanos Juan, Carla, María e Isabel Ojeda Calderón. Sus accionistas actuales son Juan Carlos Ojeda y su esposa Karina Caminer Lavanda.  La compañía se dedica a la “extracción y comercialización de arena construcción y comercialización de bloques tubos y ductos”. Actualmente es administrada por Juan Carlos Ojeda e Israel Muñoz Ruiz.

Condraiarsa S.A. no es nueva haciendo negocios con el Estado. En 2017 se asoció con la empresa Servicios Técnicos Especializados en Electricidad Sercoel y formaron los Consorcios AP2 y AP3. El Servicio de Contratación de Obras, Secob, les adjudicó, mediante régimen especial, la construcción de dos escuelas del milenio en Guayaquil por $ 5.4 millones.

El contrato lo firmaron Juan Carlos Ojeda, como procurador del consorcio y Virgilio Tandazo Rodríguez, entonces director subrogante del Secob. Ambos son administradores de la empresa Laensa S.A. desde el 2015.

Tres años después Condraiarsa fue declarada contratista incumplida. El 5 de junio de 2020, Luis Portalanza Cali, coordinador zonal 5 del Secob, dispuso la terminación unilateral del contrato y pidió se le suspenda el Registro Único de Proveedores por las “graves anomalías encontradas dentro de los procesos de contratación”, pues se dieron de forma arbitraria, por cuanto Tandazo Rodríguez entregó los contratos siendo parte de esa compañía. El Secob entregó $ 5 millones de anticipo a los consorcios AP2 y AP3.

19 días llevaba Condraiarsa como contratista incumplida cuando el Consorcio Hidrochone firmó el contrato para la construcción del Plan hidrosanitario.

Antes, en 2013, tuvo otro problema con un contrato que firmó con el Municipio de Santa Cruz, Galápagos, para la construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado de Puerto Ayora, una obra por la que terminó cobrando $ 22.9 millones, $4 millones más de lo acordado en el contrato inicial. En 2014, la Procuraduría General del Estado presentó una acción de nulidad del contrato por presuntas irregularidades dentro del proceso de licitación y no cumplir con los procedimientos requeridos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. “falta de firma y nombramiento del Procurador Común, inconsistencias entre la oferta y los pliegos en cuanto a los plazos de entrega para terminar la obra, falta de presentación de garantía técnica Norma ISO17025 e incumplimiento de patrimonio mínimo de una de las empresas integrantes del consorcio”, fueron algunas de las observaciones de la Procuraduría.

La otra integrante del Consorcio Hidrochone es Consorconstru S.A., creada en 2004 en Guayaquil.

Se dedica a la construcción de obras de ingeniería civil. Sus accionistas son Eduardo Zamora Urquiza y sus hijos Stalyn y Jessef Zamora Bravo, los dos últimos también la administran.

Stalyn Zamora, de 36 años, administra cinco empresas y es accionista en otras siete, según la Superintendencia de Compañías.

En 2015, fue parte de Plastiquim S.A., de propiedad de Mauricio Neme Macchiavello. Gerenció y fue accionista de las compañías DWC- Grupe S.A. y M.R.F. Trade S.A.

En DWC- Grupe ocupó el cargo de gerente general entre agosto de 2017 y octubre de 2018. Los accionistas de esta compañía son Rafael Rodríguez Iturralde, empleado de Tuberías Pacifico y Dolores Zambrano Loor, vinculada a Conpacífico, anteriormente administrada por Nassib y Mauricio Neme Macchiavello y Juan Carlos Gómez Baquero.

En M.R.F. Trade, Stalyn Bravo estuvo como gerente desde septiembre de 2017 a junio de 2018. Esa empresa también registra como antiguos administradores a Luis, Mauricio y Yolanda Neme Macchiavello.

El actual accionista de M.R.F. Trade es Juan Carlos Gómez Baquero, vinculado a las empresas Explotadora de Sal Peninsular Exposal S.A. y Tuberías Pacifico S.A. Tupasa, que registra como accionistas a Electrocables C.A., Jorge Neme Antón, Chemel, Luis y Nassib Neme Macchiavello y a Pharmacaps del Ecuador S.A.

Tuberías Pacífico S.A. inició sus operaciones en el 2009, se dedica a la fabricación, comercialización, y distribución de tubos plásticos de PVC; mantiene vinculación por administración con la empresa Exposal S.A

Jessef Zamora, de 32 años, además de Consorconstru, es accionista en siete empresas y administra dos: Consorconstru S.A. y Diszazu Cía. Ltda. También administró Dwc-Grupe.

Napoleón Junco Salguero 40% de participación en el Consorcio Hidrochone

Es ingeniero civil, tiene 49 años y es procurador del consorcio Hidrochone.

Es accionista y administrador de Empresas del Oriente – Emdelo S.A. una compañía creada en 2012, cuyo objeto social es la construcción de edificios, urbanizaciones y viviendas familiares.

Fue accionista de Ferregom S.A., empresa de la que fue gerente general entre julio de 2019 y febrero de 2021. Ferregom se dedica a la comercialización de materiales de construcción.

Al igual que Napoleón Junco, Juan Carlos Gómez Baquero, de Tuberías Pacífico, también fue accionista y gerente general de Ferregom, cargo que desempeñó desde 2009 a 2016.

LOS NEGOCIOS EN EL ORO

La construcción de la nueva línea de conducción de agua potable desde la captación en Casacay, Planta La Esperanza, tanque de reserva El Vergel-El Cambio, en la provincia de El Oro, fue adjudicada el 11 de septiembre al consorcio La Esperanza 2020, integrado por las firmas Netibuk, el contratista Helios Cedeño, DWC-Grupe y Consorconstru.

El proyecto, cuyo plazo es de 15 meses, fue adjudicado por $ 29,8 millones. El 75 % ($ 22,3 millones) proviene de un crédito no reembolsable y el restante 25% ($ 7,4 millones) lo cubrirán los tres municipios (Pasaje-Machala-El Guabo) que conforman la Mancomunidad La Esperanza.

Netibuk S.A. fue creada por 2013 por Jairo Vera Lino y Alberto Estrada Bracco. Actualmente, es administrada por Juan Piana García, procurador del Consorcio La Esperanza. La Superintendencia de Compañías registra como antiguos administradores a Eduardo Jurado Vinueza, Giovanni Ginatta Higgins, Eduardo Jurado Béjar. Los accionistas actuales de la compañía son Carlos Jurado, hijo de Eduardo Jurado Béjar, y la compañía Semholding S.A.

Los registros de la Superintendencia señalan que Semholding fue constituida en 2014, en Guayaquil. Esta sociedad financiera registra como subsidiarias a Arco-Estrategias Consultora Cía. Ltda., Netibuk S.A., Oletnat S.A., Controlearning S.A., Beta-Creative Agency S.A., Industrias Biosem Indbiosem S.A. y Almixa S.A., Pacificsoft S.A.

Los accionistas de Semholding son María Verónica Jurado Béjar y sus sobrinos Carlos y Eduardo Jurado Vinueza. Los administradores son María Verónica Jurado y José Plaza González.

Helios Cedeño Párraga es un joven ingeniero de 33 años, que trabajó como profesional JR para Odebrecht en la construcción del acueducto de la represa La Esperanza, en Manabí. Un cargo sin responsabilidades de jefatura, pero aún así eso lo sirvió para calificar con los mejores puntajes en estos procesos que revisamos, superando a ingenieros con más experiencia que él. Poco después de ganar con el Consorcio la Esperanza el proyecto de construcción de la nueva línea de conducción de agua potable de la Mancomunidad La Esperanza, Cedeño se asoció con las empresas South Ecuameridian S.A., de Eduardo Jurado, y Consorconstru S.A. para licitar por otra obra: el mejoramiento del sistema de agua potable de Machala. No ganó.

Las otras dos integrantes del Consorcio La Esperanza 2020 son DWC-Grupe y Consorconstru y como se explicó en líneas anteriores, están vinculadas entre sí y relacionadas con los Neme.

A finales de octubre 2020, la Comisión Técnica del Municipio de Machala, conformada por Darwin Rodas, Robert Carrera, Edison Herrera, Christian Sánchez y Vicente Rodríguez, calificó las ofertas que se presentaron para la “Construcción de mediano plazo para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Machala, (construcción de anillo perimetral de agua potable para la ciudad de Machala y sustitución de tuberías de asbesto cemento por PVC)”. La ganadora fue la propuesta del “Consorcio Anillo Machala”. El Municipio le adjudicó la obra por $13.853.341,66, y le dio en plazo de 365 días para entregarla. Como procurador del consorcio se presentó el abogado Jaime Belles Solórzano, gerente general de la empresa Negib S.A.

El “Consorcio Anillo Machala” está conformado por Industrias Tecnológicas Álvarez Intal Cía. Ltda. y Negib S.A.

Intal es una compañía cuencana, constituida en 2007 por Arnando Álvarez Torres y su hijo Pablo Álvarez Willches. Según su objeto social, se dedica a la “gestión integral del agua” y a tareas de importación, producción y comercialización de productos químicos para el tratamiento de aguas.

Negib fue creada en 2011 por Jairo Vera Lino (la misma persona que creó Netibuk S.A.) y José Naula Quiridumbay. Vera es agricultor, tiene 37 años y vive en Los Ríos.

La Superintendencia de Compañías señala que Jairo Vera constituyó más de mil empresas y, desde 2006 hasta 2014, ocupó el cargo de gerente general en más de 895. Actualmente es accionista en ocho compañías, todas en proceso de liquidación.

El otro creador de Negib S.A., José Naula, tiene 63 años. Ha creado más de 675 empresas. Hoy solo es accionista de Maupasant S.A., una empresa creada en 2009, para realizar actividades inmobiliarias y que actualmente está en disolución.

El 22 de agosto de 2011, Jairo Vera y José Naula transfirieron sus acciones a Gloria Yance Huesquel y Dower Parrales Soledispa, entonces empleados de la compañía Justicecompany Tecnica Industrial S.A., que se dedica a la prestación de servicios y trabajos de control ambiental. Yance se desempeñaba como secretaria y Parrales como conserje.

Actualmente, Gloria Yance es accionista de Lengiel S.A., creada en 2010 por José Naula y Jairo Vera. El representante legal de ambas compañías es Luis Chungata, el contador.

Manuel Botero Jaramillo y Marcos Viteri Miranda son los accionistas de Justicecompany. Esta empresa ha obtenido contratos en Petroecuador, en 2011, por ejemplo, firmó uno por $ 8.5 millones para alquiler de equipos para generación de energía eléctrica en la estación Lago Agrio en la Amazonia.  Estuvo relacionada con Oil Services & Solutions, también contratista de Petroecuador y procesada en Estados Unidos por corrupción.  A quien subcontrató para el servicio de alquiler y mantenimiento de generación eléctrica de las estaciones Campo Sacha y Shushufindi.

El 28 de septiembre de 2020, cuando Negib licitaba por el contrato para construir el anillo perimetral de agua potable de Machala, Dower Parrales y Gloria Yance, transfirieron sus acciones a Billy Jiménez Orlando y Jaime Belles Solórzano, actuales accionistas de Negib S.A.

Los registros de la Superintendencia de Compañías señalan que Jaime Belles es accionista en 13 empresas, además de gerente general en Costaobras S.A., Solocorp S.A., Autofragance S.A., Bursina S.A., Belsol S.A. y presidente en Compañía Exportadora Panamericana S.A. Coexpanasa y Vathisamos S.A.

El otro accionista de Negib, Billy Jiménez, administra cuatro empresas: Prefiero Ecuador S.A. Prefesa, Wnetdev S.A., Naboa y Novosolut. Las dos últimas están en proceso de liquidación.

Prefiero Ecuador S.A. Prefesa fue constituida en 2003, en Guayaquil, por la empresa Controldata S.A. y Ernesto Ortega. Actualmente, Prefesa tramita ante la Superintendencia de Compañías la cancelación de su inscripción.

Controldata fue creada en el 2000 por Eduardo Jurado y Andrés Jácome. Es administrada por Carlos Jurado y su abuelo Enrique Jurado Game. Sus accionistas son Eduardo Jurado y su cuñado Eric Gumbs Begué.

En Wnetdev S.A. Billy Jiménez ocupa el cargo de gerente general desde octubre de 2019. Fue creada el 20 de febrero de 2018 por Eduardo Jurado Vinueza, hijo de Eduardo Jurado Béjar y South Ecuameridian S.A. Sus accionistas son Eduardo Jurado Vinueza y Semholding S.A.

South Ecuameridian, empresa que ha ganado contratos en El Guabo y Manta para el mejoramiento del sistema de agua potable, nació en 2018. Sus creadores son Jorge Montoya Sánchez y Elsy Campoverde.

Según la Superintendencia de Compañías, Montoya fue accionista en más de 750 empresas y administró 173. Campoverde fue accionista en 858.

Los actuales accionistas de South Ecuameridian son Eduardo y María Verónica Jurado Béjar, Carlos y Eduardo Jurado Vinueza.

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN: ALGO NO HUELE BIEN

La Comisión Anticorrupción, con su coordinador y vocero Germán Rodas Cháves a la cabeza, ya investiga este tema. Y tiene sus primeras conclusiones: “Se trata de tres procesos de contratación de obras públicas, cuyo financiamiento proviene de fuentes de organismos internacionales, contratados en el segundo semestre del año 2020 y cuyo trámite estuvo a cargo de los municipios de Chone, Pasaje, El Guabo y Machala, que fueron tramitados con una serie de anomalías, irregularidades, ilegalidades, inobservancia a disposiciones y a la normativa vigente en el país en materia de contratación pública, lo cual habría provocado graves perjuicios económicos al Estado en beneficio de intereses particulares”.

Por esa razón, la Comisión Anticorrupción decidió preparar una denuncia para ser presentada en la Fiscalía.

“Se ha recopilado todos los documentos que sustentan la denuncia, como son:  actas, resoluciones, informes, solicitudes, acuerdos, etc., lo que permite concluir sobre la ilegalidad de los procedimientos.  Sin embargo lo que llama la atención es que esta situación que en esta ocasión se denuncia en tres municipios, podría estar repitiéndose en otros y con los mismos actores.   De ahí que es imprescindible que se investigue los posibles nexos entre estos procesos y otros que podrían estar ocurriendo en el país, bajo la misma figura de contratación”, indicó Rodas.

EDUARDO JURADO BÉJAR: “SON ESPECULACIONES QUE VIENEN DE TODAS PARTES”

P: En los procesos de licitación en Machala y La Mancomunidad Esperanza ganó el Consorcio la Esperanza, del que forma parte una empresa suya, Netibuk…

No, yo no soy accionista de Netibuk, yo soy accionista de una compañía, de un holding que es una aceleradora e incubadora de empresas, acreditada por la Senescyt. Una incubadora y aceleradora de empresas en donde se acogen emprendimientos, empresas que se dedican a distintas actividades económicas. ¿Cómo se las acelera, cómo se les incuba? Se les proporciona tecnología, se les proporciona know how, se les proporciona facilidades administrativas, físicas, se les hace promoción de marketing, relaciones institucionales, etc. Y una de las empresas, de las 22 empresas que se han venido incubando en esta aceleradora, una de las empresas es Netibuk.

 P: ¿Ni usted ni su hijo tienen relación con esta empresa?

Le repito. Es la compañía holding la que invierte en las empresas que se aceleran o se incuban en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Hay 22 empresas desde donde se incuban los emprendimientos. ¿Qué tipo de empresas? Empresas que están en el negocio de infraestructura, diseño, construcción para agua potable, para saneamiento, para tratamiento de aguas residuales, para infraestructura de distribución eléctrica de media y alta tensión, para proyectos tecnológicos como inteligencia artificial, sistemas informáticos, etc. Toda esa gama de actividades las desarrollan las distintas compañías, las 22 empresas que se incuban en este ecosistema.

P: ¿Usted no tiene ningún tipo de decisión al momento de licitar de ninguna de estas empresas?

No, absolutamente.

P: ¿Cuál es su relación con la empresa Negib, que entiendo, según la Superintendencia de Compañías, aparece relacionada a su nombre? Es la empresa que licitó con el Consorcio Anillo Machala.

¿Qué empresa? No, mi nombre no puede estar ahí, de ninguna manera. No me suena el nombre de esa compañía.

P: Se sugiere que usted en las licitaciones pudo haber obtenido ventajas como contratista respecto a sus competidores, gracias a la cercanía con el Gobierno, ya que usted fue alto funcionario.

Absolutamente ninguna, porque yo fui funcionario del Gobierno Nacional en el año 2018 hasta el mes de noviembre de 2018 y lo que usted menciona son contratos de infraestructura de Gobiernos seccionales que no tienen absolutamente nada que ver con el Gobierno Nacional. La respuesta es que no tengo absolutamente ninguna posibilidad de injerencia ni directa ni indirecta por los dos motivos que le acabo de mencionar.

P: ¿Cuál es su relación con la empresa South Ecuameridian que también ha ganado obras en El Guabo y en Manta?

Esa es una compañía muy seria, que tiene muchos años y ha ganado mucho proyectos públicos y privados a lo largo del tiempo, no solamente en Manta, sino en otras localidades y no solamente en saneamiento de agua potable, también es lo tecnológico…

P: ¿Esa es de su propiedad?

Esa compañía pertenece al Holding que se llama Semholding que tiene varios accionistas y uno de esos accionistas fundadores soy yo.

P: En ese escenario y por los contratos que se ha adjudicado al menos en obras para El Guabo y Manta también hay acusaciones de que los Municipios habrían direccionado las condiciones del concurso para que ciertas empresas ganen…

Esas son especulaciones que vienen de todas partes, en todo tipo de negocios. Yo le recomiendo que se remita a los procedimientos legales, la ley permite hacer cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de denuncia, permite hacerlo a través de los canales legales y no a través de la opinión de lo que alguien dijo. Las personas que están diciendo eso tendrán que responder en su momento por esas acusaciones, por las cosas que se están diciendo, por el prestigio de compañías que son conocidas. South Ecuameridian es una compañía calificada triple A, calificada por los mejores calificadores de riesgo. Es una empresa conocida en el mercado de valores de hace muchos años, una empresa súper cumplidora de sus obligaciones, una empresa prestigiosa. Todo transparente, no se hace absolutamente nada que no sea a través de un concurso público. Hay muchos concursos en los que se licitan y se pierden porque simplemente hay demasiada influencia, demasiado manoseo en todos estos procesos, pero South Ecuameridian es una compañía completamente pulcra.

P: ¿Cuál es su relación con el exgerente del BDE, Carlos Julio Jaramillo?

A Carlos Julio Jaramillo lo conozco desde hace 10 o 12 años. Le ayudé a que sus hijos se matriculen en un colegio de Guayaquil. Hasta allí conozco a Carlos Julio Jaramillo. Yo no estoy al tanto, ni familiarizado con ninguno de los negocios que usted menciona porque como como le digo el hecho de que uno sea accionista de una empresa no significa que uno está al tanto de los múltiples negocios que tiene cada una de las empresas.

P: Detrás de estos consorcios están algunas empresas que están vinculadas al grupo familiar Neme. ¿Tiene usted alguna relación o relación empresarial, está asociado con él en algún proyecto?

En ninguno. Lo conozco al señor Neme, es el presidente de Emelec, equipo al que yo quiero mucho, pero es la única relación que tengo yo con el señor Neme. Ninguna relación de negocios.

CARLOS JULIO JARAMILLO: “UN CONTRATISTA PUEDE TENER UNA O CIEN OBRAS A LA VEZ, ESE ES SU GIRO DE NEGOCIO”

 P: ¿Por qué hay tantas denuncias de irregularidades en los créditos para agua potable concedidos por el Banco del Estado?

En la mayoría de los proyectos de Promadec IV, las quejas vinieron de la misma empresa. Terminó siendo la misma empresa la que denunciaba en los proyectos donde participaba. Se repite el denunciante. El rol del Banco es el que ha tenido siempre en el país, que es el de cofinanciar proyectos. Nada más. No tiene nada que ver con el proceso de contratación ni adjudicación ni interviene en lo más mínimo. Nunca ha intervenido en ningún proyecto, menos en estos. La CAF aprobó los pliegos en todos los procesos a los que usted se refiere y el BDE no ha hecho absolutamente nada. El manejo de la contratación de cada uno de los procesos es rol de los Gobiernos Autónomos.

P: ¿Cómo se despachó las denuncias presentadas? Se alega que existe direccionamiento para beneficiar a constructoras vinculadas.

Denuncias hubo varias y se puede ver que siempre se repitieron desde los oferentes interesados. Es una sola empresa la que está haciendo en todo el país reclamos de los diferentes procesos. En todos los proyectos que superan los dos millones de dólares del programa agua segura, hubo denuncias del mismo grupo empresarial. Yo no he advertido lo que usted me dice que supuestamente los adjudicatarios en todos los contratos son las mismas empresas, más bien lo que sí he visto es que el denunciante es la misma empresa y que es concursante también en todos los proyectos. Las denuncias salen de la parte interesada.

P: Usted refiere que a una misma empresa hace las denuncias, pero hemos hallado que en los Consorcios ganadores de los proyectos hay un par de nombres recurrentes, de empresas que están relacionadas al señor Eduardo Jurado y al señor Nassib Neme.

Los contratistas desconozco quiénes son.

P: ¿Ustedes no tienen conocimiento de quiénes conformaban los consorcios?

 No, no tengo conocimiento de los consorcios a nivel de todas las empresas. La verdad desconozco quiénes son los contratistas de todas las empresas que han estado ofertando, pero lo que le puedo dar referencia más bien es de lo que es en líneas generales, lo de conocimiento público. Los consorcios están ahí, están estructurados, me imagino que hay garantías firmadas, representantes legales y es fácil identificar quiénes son los empresarios que están ejecutando los contratos. Ahora, más allá de las personas, lo que es interesante es ver la legalidad de los procesos: si fueron las ofertas más baratas, más caras, si fueron ofertas con problemas…

P: Usted dice que el rol del Banco del Estado es el de cofinanciar estos proyectos. ¿Hasta dónde llega ese rol?

 Es un financista puro y duro, nada más, como lo ha hecho en todos los procesos.

P: ¿No había conocimiento sobre quiénes ofertaban, de quiénes eran las constructoras?

 Para nada, no ha habido nunca en el Banco de Desarrollo, en ningún proceso, acción sobre la contratación; esa es responsabilidad absoluta de las empresas que ofertan, de las empresas que firman los contratos, y el Banco, en tal virtud, cuando ya existe la adjudicación recibe la misma. Luego, cuando llega el contrato, hace un desembolso y hace un seguimiento, sí, pero ya a la ejecución del proyecto.

P: ¿Por qué la CAF desistió de financiar los proyectos de agua?

 Esa es una pregunta que debería hacerle a la CAF. Lo que le puedo decir es que la misión Agua Segura le pidió a la CAF que se pronuncie porqué se abrió en cada proyecto y respondió diciendo que los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) han adjudicado esos proyectos antes de tener la satisfacción de la CAF. Ese es el argumento.

P: ¿En qué consistía la satisfacción de la CAF?

 Aquí es clave leer el manual operativo, que es el que da las reglas de cómo se manejaban los proyectos entre las dos multilaterales y el cliente. En ese documento dice claramente que los gerentes zonales del Banco de cada región enviarán la adjudicación a la CAF, previo a la firma del contrato para tener la satisfacción de ellos, que es un pronunciamiento. La CAF en su momento indica que no autoriza porque se adjudicó antes de tener la satisfacción. Valdría preguntar a la CAF por qué si esto está en su manual operativo, se termina conflictuando al interior de ellos. Ellos indican ahí que su política de contratación implica que la satisfacción debe ser previa a la adjudicación. Ahí tienen un conflicto interno ellos.

P: Esa es la respuesta oficial de la CAF. ¿Pero hay otras razones por las que se dejó de financiar esos proyectos?

Darle un juicio de valor, puedo pecar…luego tener problemas con la gente que de una u otra manera pudo tener conflictos de interés para parar esa contratación pública… yo entiendo que puede haber quejas en un proceso, en dos procesos, pero hablar de esto en todos los procesos, sí me resulta difícil de entender. Tengo mis dudas sobre el mapa de actores que redundan alrededor de algo que sí veo recurrente, que fue siempre la misma empresa que reclamó en varios procesos.

P: ¿No existe un círculo privilegiado de contratistas beneficiados con los créditos para obras que otorga el Banco del Estado?

No quiero herir ninguna susceptibilidad a nadie.  Un empresario gana o pierde en la contratación pública y su giro de negocio es ganar o perder con la oferta más barata. Puede tener un contrato como puede tener 100 a la vez. Las empresas constructoras se dedican a eso, a construir. Creo que el análisis de que cualquier constructora tenga uno o dos, cinco, diez contratos firmados, debe ser si fue lícito o no el tema, cómo lo consiguió. Le insisto, lo primero que hay que ver de cualquier contratista que puede estar este rato construyendo una vía en Pichincha, otra en Azuay, otra en Manabí, es en qué condiciones ganaron. Y honestamente le digo yo no conozco las condiciones con las que ganaron los contratistas de las obras a las que usted se refiere.

Cuando yo fui gerente del Banco, en 2019-2020, habrá financiado cerca de 1.800 millones de dólares, de los cuales se desprenderán unos 1500 contratos de obras. De ahí se podría hacer un análisis de quiénes son los contratistas.