Es el abogado de la multinacional Odebrecht, Juan Falconí Puig, quien lo demanda por supuesta difamación y la jueza que ha seguido tramitando la causa, a pesar de que esta ha caducado, es Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal de Quito.

Lo que motivó la demanda de Falconí Puig fue un reportaje, publicado el primero de agosto de 2019 en el portal Periodismo de Investigación, de coautoría de Fernando Villavicencio y Christian Zurita, titulado “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”, y varios mensajes publicados por Villavicencio en la red social twitter.

En este trabajo se detalla cómo se pactó y construyó el acuerdo con el Gobierno de Rafael Correa para permitir el retorno de Odebrecht, dejándola exenta de sus responsabilidades civiles y penales, derivadas de varios incumplimientos contractuales.

Para ello se archivaron glosas por $80 millones y una demanda internacional de $250 millones por el crédito otorgado por el BNDES. La contrapartida para el Estado fue una indemnización de apenas $20 millones.

En la investigación periodística se revela que gran parte del lobby político, previo a la firma del Convenio, se habría manejado desde Odebrecht y desde el estudio jurídico de Juan Falconí Puig, abogado contratado por el conglomerado brasilero.

Esto se confirma con la serie de correos electrónicos intercambiados entre Falconí Puig; el ex vicepresidente, Jorge Glas; el ex secretario jurídico de la presidencia durante el correísmo, Alexis Mera; el ex procurador del Estado, Diego García; y el ejecutivo del Odebrecht, José C. Santos Filho.

Por sus servicios Falconí Puig, habría recibido $1,3 millones.

La reacción del abogado de Odebrecht a esta publicación fue una acción penal en contra de Villavicencio por supuesta difamación, figura que consta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como una contravención de 4ta clase.

Según esta norma, a partir del supuesto cometimiento del delito (1 de agosto de 2019 día de la publicación) el demandante tenía 3 meses para notificar a Villavicencio. El 2 de septiembre de 2019 Falconí Puig presentó la demanda (designada con el número 17294201901337) ante la jueza Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal de Quito; el 25 de ese mismo mes la jueza convocó a audiencia de juzgamiento para el 21 de noviembre, pero Villavicencio no había sido notificado.

Al no concretarse este trámite al demandado, el 8 de enero de 2020 la jueza señala que si la causa prescribe no será responsabilidad de los operadores de justicia, pues debe tomarse en cuenta el plazo que existe para la sustanciación de la causa.

A partir de esa observación Falconí pidió que se notifique a Villavicencio mediante su cuenta de twitter y una cuenta de correo electrónico.

En un video difundido por redes sociales Falconí Puig ha destacado que el 23 de enero pasado se notificó a Villavicencio, es decir cuando ya pasó el plazo previsto en el COIP.

No es sino hasta este 9 de julio en que Fernando Villavicencio conoció que tiene un juicio en su contra. Tras publicar en su cuenta de twitter que Juan Falconí Puig tiene carné de discapacidad este respondió que se enfrentarán en los tribunales. Y a día seguido el ex presidente Rafael Correa hizo mención al juicio, respaldando a Falconí Puig.

Al verificar en la página web de la función judicial que la audiencia de juzgamiento de la demanda interpuesta por Falconí Puig ha sido fijada para este 13 de julio, Villavicencio solicitó a la jueza Proaño su diferimiento para preparar su defensa, así una copia de la demanda para conocer los detalles del proceso. La nueva fecha para la audiencia es el 21 de julio.

“Soy el más interesado en defenderme”, dijo el periodista, quien observó también que “luego de que Correa calificara de mafiosa a Odebrecht y cuestionara por qué la Fiscalía no demanda a esta empresa, ahora salga a respaldar al abogado de esa empresa mafiosa por haberme demandado”.

Hay que recordar que Falconí Puig, asesoró al gobierno de Correa en la incautación de los bienes del grupo Isaías y fue embajador en Reino Unido, durante el correato.

En un escrito presentado por Villavicencio ante la jueza Proaño anunció que presentará una serie de pruebas que requerirán de varias pericias, las cuales dejarán en evidencia lo que se expone en la investigación periodística titulada “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”.

Para ello pidió que comparezcan a la audiencia: Jorge Glas Espinel, Alexis Mera Giler, Ciro Moran Maridueña, Sergio Ruiz Giraldo, José Conceicao Dos Santos Filho, y el periodista y coautor del reportaje mencionado, Christian Zurita Ron, con el fin de receptar sus testimonios.

El experto penalista, Ramiro García, considera que este accionar de la justicia constituye una forma de criminalización de la actividad periodística, “es volver a lo que se vivió en 10 años de persecución correísta, pues se está utilizando el sistema penal para aspectos que están expresamente proscritos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante varias resoluciones”.

Lo de fondo es que los operadores judiciales están actuando en contravía a lo resuelto por el organismo internacional de derechos humanos en materia de respeto a la libertad de expresión, opinó García.

Villavicencio agrega que es impresentable y vergonzoso para la justicia ecuatoriana que Odebrecht no tenga un solo juicio por parte del Estado ecuatoriano por una serie de delitos de sobreprecios y sobornos y sea más bien esta empresa, a través de su abogado, la que demanda a uno de los periodistas que ha develado los mayores escándalos de corrupción de Odebrecht, siendo el principal el caso ‘Arroz verde’ donde se confirma por parte de la propia versión del cooperador eficaz, José Santos Filho, que Odebrecht entregó $5,5 millones para la campaña electoral de Rafael Correa.  

“Aquí hay una suerte de confabulación de la justicia con Odebrecht y sus abogados para atacar al periodismo”, cuestionó.

El periodista anunció que elevará una denuncia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas para que se observe el comportamiento de la justicia de Ecuador en este caso, pues se está vulnerando el derecho del periodismo a investigar hechos de corrupción.