Para entender la distribución de la enfermedad en un territorio es necesario recurrir a medidas que nos permitan hacer comparaciones, como las tasas (incidencia, mortalidad, letalidad). No es lo mismo tener 100 casos de una enfermedad (p. ej., COVID-19) en una población de mil personas que tener 100 casos de la misma enfermedad en una población de diez mil.

El número de casos sirve para construir las tasas y es insuficiente para comprender la distribución de los eventos en salud. Las tasas, al igual que el número de casos, pueden ser mostradas en mapas como aquellos elaborados por las instituciones del Estado. Mapas como el que se muestra a continuación ocultan la verdad.

Los casos (incidencia)

Las cifras oficiales publicadas hasta el 10 de junio del 2020, muestran 44440 casos confirmados y 3720 fallecidos a causa de la COVID más 2462 fallecidos probables a nivel nacional (Total 6182). El mapa contenido en la infografía del 10 de junio no muestra esta distribución de la enfermedad:

Las provincias más afectadas en relación a su población son Guayas, Pastaza, Santo Domingo Napo y Zamora Chinchipe.

La letalidad

No es lo mismo enfermarse por coronavirus en Galápagos que Santa Elena. En esta última provincia de 836 casos fallecieron 288; es decir que allí murieron 1 de cada 3 personas infectadas por el SARS-CoV-2. Por otro lado, Guayas y Pichincha, pese a que acumulan el mayor número de casos, tienen tasas de letalidad relativamente bajas. Esto pone en evidencia la falta de conocimiento científico, capacidad de gestión y planificación. Además pone en manifiesto la profunda inequidad que existe en el acceso a los servicios en salud; si hubiera equidad, al menos en el acceso, todos tendríamos la misma probabilidad de morir ante la infección.

La “epidemia de muertes”

El número de muertes, a causa de la COVID-19 es aún desconocido. Sin embargo, podemos usar un método epidemiológico simple para tener una idea: el canal endémico (usando los cuartiles).

Un canal endémico es una representación gráfica del comportamiento de una enfermedad o situación en salud en los últimos 5 a 7 años. Estos datos permiten construir zonas de: éxito, seguridad, alarma y epidemia y se los compara con el año en curso. Este método sirve para advertir que nos encontramos ante una “situación inusual” que podría ser clasificada como un brote o epidemia de una enfermedad (no necesariamente de una infección).

Usando los datos sobre los fallecidos inscritos entre enero y mayo de 2020 (48395 defunciones), proporcionados por la Dirección Nacional de Registro Civil Identificación y Cedulación (DNRCIC)  y los datos del Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sobre las defunciones desde 2015 a 2019, tenemos información suficiente para construir el canal.

Con esta información, la “epidemia de muertes” ocurrida en el Ecuador entre los meses enero y mayo de 2020 se ve así:

Hasta junio de 2020, provincias como Guayas y Santa Elena duplicaron su tasa de mortalidad general comparada con 2019. Otras como Manabí , Santo Domingo de los Tsáchilas, El oro, Los Ríos, Tungurahua y Pichincha no llegaron a duplicar su tasa, pero es evidente el incremento de la mortalidad.

Las pruebas

Dependiendo de cada enfermedad y del contexto, una prueba puede ser más o menos útil. En el contexto del Covid-19, existen pruebas que detectan: la presencia del material genético del virus en ese momento (rt PCR) y otras dan cuenta de que el virus estuvo hace poco tiempo (pruebas rápidas como IgM o IgG). Dicho de otro modo. Las pruebas de inmunoglobulinas sirven para saber que tuvo una infección, pero no permiten saber exactamente cuándo.

Si sus síntomas han iniciado recientemente y se hace una prueba rápida (inmunoglobulinas) el resultado siempre será negativo porque pese a que usted este infectado/a, ha transcurrido muy poco tiempo como para que el cuerpo genere anticuerpos y puedan ser detectados por este tipo de pruebas.

Las pruebas rápidas sirven para determinar qué cantidad de la población se infectó en un período de tiempo (estudios de seroprevalencia). No sirven para confirmar o descartar un caso de Covid-19. Tampoco sirven como argumento para retornar o no al trabajo, tal como menciona la guía para el uso de las pruebas emitida por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), entidad en la que el ministro actual menciona que fue entrenado por décadas.

Sobre el uso de las pruebas rápidas, el Protocolo de Uso de Pruebas Rápidas para Detección de Anticuerpos Contra SARS- Cov-2/Covid-19” emitido por el Ministerio de Salud pública menciona: “Este tipo de pruebas hasta el momento no se recomiendan para el diagnóstico, dado el amplio período de ventana (7-10 días), estas pruebas pueden servir de cribado o tamizaje a personas sintomáticas con antecedentes de contacto y para levantar el perfil de seroprevalencia de la población”.

Pese a lo establecido en el protocolo que la misma institución elaboró, esta cartera de Estado reporta que hasta el 10 de junio de 2020 usó 11616 pruebas para descartar casos. Tal irresponsabilidad conduce a que un gran porcentaje de pruebas usadas para descartar estos casos, sean falsos negativos. Dicho de otro modo, la prueba no fue capaz de detectar que alguien estaba enfermo porque el mismo MSP las usó de manera inadecuada.

Hasta el 23 de abril de 2020, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) emitió 83 autorizaciones para la comercialización de pruebas rápidas por distintas empresas. La procedencia de las pruebas comercializadas por las empresas se muestra en la tabla 2.

Las pruebas diagnósticas han sido mal utilizadas por la Red Pública de Salud, pero también por los prestadores privados (red Complementaria Privada), todos han hecho negocio con ellas.

La mala gestión de la emergencia ha sido consecuencia del robo, despilfarro y del uso inadecuado de la ciencia para resolver los problemas de la sociedad.

El discurso oficial y el manejo inadecuado de la información ha tenido consecuencias devastadoras sobre la población.