Una investigación de nuestro portal realizada en 2017, determinó sobreprecios del 800% y un perjuicio de casi $10 millones de dólares en el contrato de grilletes, algo que fue confirmado por el organismo de control en un informe de 2018.

¿Para justificar el radical cambio de decisión, dirá el Contralor que las evidencias y motivaciones con las que, él mismo determinó la glosa meses antes, carecían de veracidad?

Lo cierto es que, en medio de la actual tragedia sanitaria, cuando el gobierno busca dinero bajos las piedras, una vez más se nos escapan las glosas y los glosados.

Aparentemente, todo estaba claro en el examen DNA1-0049-2018 realizado al contrato firmado, en 2016, entre la empresa China Electronics Import & Export Corporation, CEIEC y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) para la compra e implementación de la plataforma informática y dispositivos de geo-posicionamiento electrónico, procedimiento que terminó en la predeterminación de una glosa civil por $ 9,5 millones a la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga Rocha, Fabián Rosas Espinoza, entonces subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares y Roberto Vaca Mejía, a la fecha cordinador General de Gestión Estratégica (estos dos últimos administradores del contrato); porque la “interoperabilidad de los sistemas del MJDHC y del SIS ECU 911, no contó con la definición de parámetros técnicos; ni cumplió con los requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia”.

De Zúñiga, Contraloría dijo que suscribió el contrato “sin contar con los documentos de lo estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, especificaciones técnicas, para verificar la real necesidad del objeto a contratar, y por no solicitar reportes de avances, ni verificar el cumplimiento de las etapas del contrato”.

De los administradores del contrato, la Contraloría dijo que “no coordinaron  acciones entre el Ministerio de Justicia, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y la contratista, con la finalidad de definir los parámetros  técnicos para el intercambio de información entre estas entidades, que garanticen la interoperabilidad entre el módulo de integración con ECU-911 y el Módulo Complementario para el Software ECU-911. Tampoco verificaron que la contratista suministre, instale y entregue debidamente funcionando dichos  módulos conforme a los requerimientos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas que son parte integrante del contrato”.

Lo que ocasionó, según la Contraloría General del Estado, que los datos de localización de las personas privadas de la libertad mostrados en el sistema del MJDHC “difieran de los que reporta el Sistema del SIS ECU 911”.

El primer informe de Contraloría (DNA1-0049-2018) también predeterminó una glosa civil por $713.047,74 por multas no impuestas a la contratista; Fabián Rosas y  Karla Benítez fueron glosados por $95.987,20  y Roberto Vaca en $617.060,54; los primeros por recomendar y autorizar una prórroga de 7 días a Ceiec para que entregue 1.500 dispositivos de vigilancia electrónica sin que existiera una situación de fuerza mayor, ocasionando que no se imponga la multa respectiva a la contratista, a Vaca la glosa le fue impuesta por suscribir el acta de entrega de recepción parcial, señalando que CEIEC cumplió con las obligaciones establecidas, “sin observar que existieron 8 días de retraso en la entrega de los producto y autorizar la modificación  del cronograma de entrega del producto lo que representó una demora de 44 días, retraso por el que tampoco se le impuso multa a Ceiec.

Las fallas en el sistema de grilletes se cuentan igual que los sobreprecios, una de las más destacadas es la fuga del exSecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, que escapó del país tras dejar abandonando el grillete al filo de una carretera, sin que se haya activado la alarma por rotura del dispositivo chino.

Los desvanecedores

Cuando en 2018 la Contraloría emitió el informe y la glosa por $9.5 millones, los medios inundaron el ambiente con la noticia, boletines oficiales del organismo de control destacaban el arduo trabajo de los auditores.

Sin embargo, en diciembre de 2019, ni una línea, peor un gran titular, menos aún un boletín. En silencio de pre cuarentena, Contraloría procedió a echar abajo la glosa y liberar de responsabilidades a los exfuncionarios del correísmo.

La resolución 17923, firmada por Luis Miño, subcontralor General del Estado, señaló que los sistemas de interoperabilidad “se encuentran funcionando”, por lo tanto, resolvió desvanecer la glosa en contra de Zúñiga, Rosas y Vaca.

En septiembre de 2019, a través de resolución 17886, Contraloría desvaneció la responsabilidad civil de $603.348,08 “en favor” de Roberto Vaca, administrador del contrato y la empresa Ceiec, por cuanto la contratista demostró “documentadamente” que no incumplió los plazos de entrega.

El documento confirmó la responsabilidad civil por $ 109.699,66 en contra de Fabián Rosas y Karla Benítez. Así de fácil, los mismos auditores que predeterminaron responsabilidades, sin ruborizarse cambiaron su posición en 180 grados.

Otras glosas ocultas

En 2016, la Contraloría General del Estado hizo un examen especial a dos contratos (045 y 017) firmados por el entonces ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, y las empresas chinas Engineering Co. Ltd. (CAMC) y China National Electronics Export & Import Corporation (CEIEC) para la puesta en marcha del sistema de comando y control del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 y determinó glosas por $33 millones y la responsabilidad penal de varios altos funcionarios del correísmo.

El contrato 045, a cargo de CAMC, tuvo como objeto la construcción de 12 centros regionales, un centro nacional y una sala de operaciones, costó USD 68.1 millones; y el 017, entregado a CEIEC por USD 38.1 millones, se firmó para concluir el contrato que antes fue adjudicado a CAMC, pues esta solo entregó siete centros, aunque cobró la totalidad del contrato.

El informe con indicios de responsabilidad penal, determinó que se pagó, injustificadamente, a las empresas chinas USD 9.544.903, 64 y USD 23.712.087,99, respectivamente. Estableció, además, que se modificaron e incrementaron rubros, cantidades y precios unitarios sin justificación y señaló a Luis Yépez Andrade, administrador de los contratos y José Simón Crespo Dávila, fiscalizador de ambas negociaciones, como los responsables de la falta de control.

Según confirmó nuestro medio hasta le fecha el sistema de vigilancia electrónica (grilletes) aun no ha sido legalmente recibido por el Estado.