La actual asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri, imputados por cohecho en el caso Sobornos, dicen no haber cocinado ni un poco de la receta de Arroz Verde.

“En mi caso no gestioné ni manejé recursos, ni tampoco conocía, porque no estaba a mi alcance conocer de dónde provenía el financiamiento de la campaña”, ha repetido la legisladora en cada aparición pública.

Pero un informe de la Superintendencia de Compañías acaba de identificar transferencias de recursos no justificados de empresas, relacionadas al caso Arroz Verde, a compañías manejadas por Gustavo Mora, esposo de Viviana Bonilla, que posee una clara vinculación empresarial con Christian Viteri desde 2012.

Gustavo Mora aparece como gerente general de la compañía Quevedo Corp en el año 2013, así también comparte la administración de la empresa Zambilsa junto a Christian Viteri durante el 2013.

Ambas empresas recibieron dinero de Equitesa, además Gustavo Mora, es socio de Viteri en su Estudio Jurídico; ambos aparecen relacionados como administradores de la empresa desde 2012, aunque hoy no consten en los registros de la Superintendencia de Compañías como accionistas.

Desde 2019, la esposa de Christian Viteri, María Pía Egas, posee el cargo de gerente general del estudio jurídico.

El manejo económico de esas empresas también fue punto de cuestionamiento del informe de la Superintendencia de Compañías. En el Estudio Jurídico Viteri existe una cuenta de gastos administrativos llamada “Asesorías” que para el 31 de diciembre del 2017 contaba con $125.750. La institución requirió la entrega de registros contables y soportes de esos recursos, así que el Estudio Jurídico remitió facturas y comprobantes de retención de las compañías Aliados Management Solutios, Thiagocorp, Zambilsa, Humbervit, Crisvilop, Aserguayas, Quevedocorp, varias de ellas manejadas por familiares de Christian Viteri, por el mismo exasambleísta y por Gustavo Mora.

Sin embargo, la compañía de Viteri no remitió a la Superintendencia ningún sustento que verifique los servicios prestados a dichas empresas. La falta de información o documentos inconsistentes presentados por María Pía Egas, representante de la empresa de Viteri, fueron las consideraciones para intervenir ese estudio Jurídico.

Cronología

El 27 de junio del 2019, Alison Villacis, especialista de control societario, de la Subsecretaría de Inspección y Control de la Super de Compañías, solicitó información contable al representante legal de Estudio Jurídico Viteri para una inspección de control. La compañía entregó la información de descargo el 22 y 23 de julio del 2019.

El abogado Boris Alvarado Benites, Intendente Nacional de Compañías, finalmente emitió un informe de control al citado estudio el 15 de octubre de 2019. Como conclusión, advierte que no pudo verificar la naturaleza de varias transacciones y operaciones entre el 2013 y 2019, pues sus registros contables no coinciden con los estados financieros presentados a la Superintendencia de Compañías.

El registro llevado por la compañía en las cuentas internas del despacho jurídico, llamadas efectivo y equivalente al efectivo de los años 2013, 2014, y 2017 y 2018 mantiene inconsistencia e irregularidades”, dice el informe.

La empresa no presentó la información requerida, ocultó sus activos y no justificó las inconsistencias detectadas en su contabilidad. La Superintendencia, acogiéndose al artículo 354 de la Ley de Compañías, resolvió intervenirla y sobrevigilar la marcha económica y financiera de la empresa.

El 27 de junio del 2019, la Superintendencia notificó un control de oficio a la representante legal de Estudio Jurídico Viteri y Asociados S. A. CHVL., María Pía Egas. La institución solicitó información de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013 al 2018, y a la fecha más próxima al 2019, pero después de una solicitud de prórroga, la empresa de Viteri entregó información incompleta, lo que impidió a la institución determinar el estado real de la compañía.

La bitácora de irregularidades de la empresa de Christian Viteri pasa por inconsistencias en los libros de contabilidad, transacciones y cheques injustificados, cuentas bancarias no registradas y facturas cuyos servicios prestados, el Estudio Jurídico Viteri no logró comprobar.

El informe de la Superintendencia apalanca la vinculación de empresas investigadas por el caso Arroz Verde como Semaica y Equitesa, con el Estudio Jurídico Viteri y Asociados, por la existencia de facturas por servicios de asesoría jurídica. Pedro Verduga, que aparece en el Informe Arroz Verde 502, con el código V5, fue cliente de Christian Viteri.

Un informe realizado por este portal reveló que el grupo Verduga de Equitesa entregó un millón de dólares para campañas de Alianza PAIS a finales del año 2013, durante las elecciones seccionales donde participó Viviana Bonilla. Los recursos fueron gestionados por el Líder 3: Walter Solís y el mecanismo de pago fue el cruce de facturas.

El informe Arroz Verde 502 muestra con detalle, en cuadros de Excel, que parte del millón donado a AP por Equitesa, se gestionó a través de empresas como Zambilsa S.A., Quevedocorp S.A, ambas administradas por Gustavo Mora y el Estudio Jurídico Viteri, compañía de Christian Viteri. Según el informe, este entramado de empresas recibió: $16.800 a favor de Zambilsa por “asesoría contable; $16.800 para Quevedocorp por “servicios de corretaje para exhibición de equipos”; y 48.382,88 depositados en cuentas del Estudio Jurídico Viteri por “asesoría legal tributaria”.

El informe de control de la Superintendencia de Compañías al Estudio Jurídico Viteri se convierte en un nuevo complemento de Arroz Verde y desnuda la operación del mecanismo de operación del llamado caso Sobornos: el cruce de facturas.

En palabras didácticas el dinero de Equitesa se blanqueó a través del puente de las empresas de Viteri y Mora y su destino fue la campaña de Viviana Bonilla.

En la revisión de facturas de Equitesa y Semaica se verifica que el Estudio Jurídico de Christian Viteri recibió pagos por $43.199 y por $16.472, respectivamente, por asesoría legal y tributaria. Esos valores fueron depositados en una cuenta del banco DEL BANK y Banco Pichincha. Pero el estudio jurídico no remitió al ente de control los sustentos que permitan verificar la existencia de los servicios prestados; solo presentaron comprobantes de retención.

Un punto central del informe de la Superintendencia es que varias facturas del ejercicio económico del 2014 no pudieron justificarse. No se presentó un soporte de pagos del asiento contable, sino solo comprobantes de egreso.

Los otros enredos del Estudio Jurídico Viteri

El Estudio Jurídico de Christian Viteri conserva en sus libros contables y estados financieros un mar de inconsistencias en el manejo de cuentas, futuras injustificadas, operaciones no registradas. La Superintendencia emitió el informe de control SCVS-INC-DNICAI-SIC-19-214 del 5 de septiembre del 2019, en vista de la no presentación de la información requerida.

El informe concluye lo siguiente: en la compañía existe inconsistencia entre la información de los estados financiero remitidos a la Superintendencia, con los remitidos en julio del 2019, entre los ejercicios económicos 2013, 2014, 2015 y 2016. En general los registros de Estudio Jurídico Viteri no coinciden con los estados financieros que conserva la Superintendencia de Compañías.

Además de no presentar la información requerida, existe un movimiento financiero del 30 de abril del 2014 que llama la atención. El Estudio Jurídico recibió una transferencia de $70.260 en la cuenta panameña BANISI, que registró un saldo conciliado bancario de 260 dólares. Existe el registro de una transferencia de 70 mil dólares, realizado el 30 de diciembre del 2014, pero no se encuentra registrada en los asientos contables.

El ente de control verificó que en los estados financieros de la compañía no existe una cuenta denomina BANISI, solo una cuenta llamada CAJA MUTUA donde sí coinciden los 260 dólares que quedaron en la cuenta panameña. Pero, ¿los 70 mil dólares? La cuenta panameña del Estudio de Viteri registra en 2014 varios movimientos financieros que no fueron apuntados en sus libros contables.

De la cuenta BANCO PICHI PANAMA (sic), dice el informe de la Super que la compañía no presentó estados de cuenta bancario del 2017 y 2018. Además, sobre la constitución de la sociedad española Humbervit, en donde Estudio Jurídico Viteri invirtió 100 mil dólares, presentó irregularidades en la transacción. La compañía reconoció la inversión de los 100 mil, pero no se tiene evidencia que ese dinero haya llegado realmente a la sociedad española Humbervit.

Tambien, la institución solicitó justificar el saldo registrado el 31 de diciembre del 2017 en la cuenta patrimonial “Aportes de accionistas para futura capitalización”, que registra un valor de $127.232, 55, pero María Pía Egas no logró justificar estados de cuenta bancarios.

Negocios y parentelas

Pedro Verduga, es padre de Kepler Verduga, acusado de manejar millonarios sobornos de Odebrecht, y de mantener contratos sobrecosteados a través de su empresa Equitransa. Pedro Verduga, mantenía una antigua y cercana relación de negocios con la constructora Odebrecht y de paso con el excontralor Carlos Pólit, acusado de recibir sobornos de la firma brasileña . Así lo confesó a nuestro medio un excolaborador de las empresas de Verduga. “Ellos, (Verduga y Pólit) se reunían al menos cada 15 días en la mansión de Puerto Azul (Guayaquil), donde compartían los conocidos desayunos manabitas y hacían negocios”, informó.

Kepler Verduga, es hermano de padre de Tamar Verduga, excónyuge de Tomislav Topic, también vinculado a la trama de corrupción de Odebrecht. El excuñado de Topic, trabajó para Odebrecht y otras compañías en los proyectos: Daule-Vinces (Dauvín), las hidroeléctricas Manduriacu y Mazar; la represa Chongón, el Multipropósito Baba, el sistema de riego Carrizal-Chone y la Refinería del Pacífico (RDP). Además, Verduga en su confesión judicial reconoció que Odebrecht le pedía porcentajes a cambio de contratar con Equitransa. En esos contratos Verduga facturaba con sobrecostos y luego devolvía la diferencia a Odebrecht. Aclaró que entregó a la multinacional $3,8 millones, entre efectivo y transferencias. Luego acusó al brasileño Ricardo Vieira, director del proyecto Dauvin, de pedirle entregara un mensaje especial a Walter Solís, entonces director de Senagua: “voy a darle una gratificación económica”, ese era el mensaje. Misteriosamente, Solís salió bien librado del proceso penal, lo propio ocurrió con Carlos Bernal.

En el marco de la primera audiencia de juzgamiento del caso sobornos 2012 – 2016, realizada el 10 de febrero, la abogada de Pedro Verduga, alborotó el ambiente al afirmar que su defendido recibió presiones de Pamela Martínez para el pago de facturas. Además, refirió que esas presiones se presentaron hasta horas antes de la audiencia por parte de uno de los procesados. Este medio conoció que esas presiones serían de Christian Viteri.