Hay hechos en el sector público que solo pueden entenderse bajo la óptica de la corrupción: ese es el caso del concurso público, impulsado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que buscó reponer la carpeta asfáltica de la carretera que une el valle de Catamayo y la ciudad de Loja, al sur del país, a inicios de 2019.
No hay forma de explicar porqué en la primera licitación, que inició en mayo de 2018, y que permitió a siete empresas presentar sus ofertas, sea declarada desierta. En ese entonces, el presupuesto referencial de esa obra, que requería la repavimentación de 36 kilómetros de vía, se estableció en $4,547,391.92.
La oferta más económica, presentada por la compañía Construcciones Diez y Diez por $3,077,138, de haber sido contratada representaba un ahorro de 33.77% con respecto al valor referencial.
Si por cualquier motivo esa empresa no hubiese sido la seleccionada, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hubiese podido escoger la oferta de la empresa Verdú (hoy liberada del caso Arroz Verde) por un monto de $3,829,795.14, que era 17,5% más económica frente al valor referencial.
Otro grupo llamado Consorcio Vial Loja, ofertó $3,833,969.46, que presentó una oferta 17,4% menos frente al valor referencial.
A su vez, la oferta más cara fue la presentada por Constructora Nacional: $4,574,392, es decir, rozando el valor límite del concurso. Luego de la suspensión de la licitación y la declaratoria de concurso desierto, Constructora Nacional, de Rafael Armijos Hidalgo, fue la seleccionada como única participante.
El nuevo concurso
El entonces subsecretario de infraestructura del transporte del MTOP, Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, decidió declarar desierto este concurso. Las razones de la declaratoria nunca fueron claras y fundamentadas. En los documentos precontractuales constan algunos señalamientos como el acta 007 (celebrada entre el 15 de junio y 27 de junio) que recomendó declarar desierto el proceso de licitación LO-MTOP-L-001-2018 por ser inconveniente para los intereses nacionales, tal como establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación en su artículo 33.
La resolución final, la 098-2018 del 8 de agosto de 2018 fue emitida por el vice ministro del MTOP Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, viceministro de infraestructura del transporte. En esta, en ninguna página se fundamentó las razones técnicas o económicas del funcionario para declarar desierto el concurso.
Un dato muy importante: la primera licitación otorgaba un plazo de trabajos de 180 días; en cambio, para la segunda licitación ese periodo cambió a 60 días, menos de la mitad. En las preguntas y aclaraciones solicitadas por las empresas interesadas evidenciaron que se trataba de muy poco tiempo.
La respuesta del comité de contratación fue: “El plazo de ejecución es de 60 días”
El cambio en el tiempo de ejecución y el incremento de rubros provocó que solo dos empresas concursen: Constructora General y Alvarado Ortiz Construcciones Compañía Limitada, pero esta última fue descalificada.
Por descarte, la Constructora General fue adjudicada con el contrato por un valor $3.904.420 (aproximadamente un 15% menor al valor referencial) y un plazo de 60 días que nunca llegó a cumplir.
Constructora General es dirigida por Rafael Alberto Armijos Hidalgo.
Según establecen los documentos habilitantes del contrato, el anticipo, que fue del 50% del valor de la obra, se canceló, por parte del MTOP el 21 de noviembre; a su vez, el contrato se firmó dos días después, es decir el 23 de noviembre. Por eso llama tanto la atención que la obra no se haya entregado a tiempo.
En este video de un medio televisivo de Catamayo, el gerente de Constructora Nacional aseguró que habían recibido el anticipo, pero que el dinero se iba a acabar; dijo además que el proyecto tiene problemas y justificó que carecían de acceso a materiales de una concesión minera.
El acta de entrega provisional de la obra señala que Constructora Nacional notificó al MTOP su intención de entregar el proyecto el 3 de junio de 2019, con más de cuatro meses de atraso.
El acta de entrega recepción no estableció ningún tipo de atraso y justificó la suspensión de trabajos por 164 días. De hecho, ese informe reconoce que todo se trabajó en 60 días.
La suspensión fue atribuible a la incapacidad de acceder a los materiales de una mina de libre aprovechamiento, llamada Catamayito; y a pesar de que el MTOP posee minas de materiales de construcción de libre accesibilidad en el cantón Catamayo, nadie explicó porqué se permitió la suspensión de esos trabajos.
¿Quién lo permitió? El Ministro de ese entonces, Jorge Aurelio Hidalgo Zavala. El director distrital de Transporte, Walter Rojas Cazar. La coordinadora técnica distrital Blanca Hurtado. Los miembros de la comisión Redy Altamirano, Darwin Espinosa, Miguel Loja y Xavier Maldonado.
Será por todo esto que algunos lojanos se cansaron. Y quien pagó los platos rotos fue el actual ministro de Transporte, Gabriel Martínez, quien durante su última visita a la capital lojana, el pasado 15 de enero, se llevó de experiencia una escena incómoda repleta de gritos y reclamos por parte del presidente del Colegio de Abogados de esta provincia, César Guerrero, quien a voz en cuello exigió que ya no se den más coimas en la ampliación de la misma vía Loja-Catamayo, obra ofrecida en esa reunión por Martínez.
