El 24 de agosto de 2015, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps) anunció el cierre de la Cooperativa Acción Rural de Riobamba. Lo hizo luego de que un informe de auditoría determinara que la cooperativa tenía ingresos sin sustento por $ 3,7 millones en gastos no registrados, bienes inmuebles sobrevalorados en cuatro millones de dólares, entre otras irregularidades. Según las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cooperativa tuvo pérdidas por $ 9,6 millones y ocultó su verdadera situación financiera.

Kléber Mejía, entonces intendente General Técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dijo que los responsables fueron los administradores y el Consejo de Administración y que la Fiscalía de Chimborazo debía determinar los delitos.

Luego de un polémico juicio, el 1 de agosto de 2017 la corte de Chimborazo dictaminó la existencia del delito de peculado y condenó a 17 años y tres meses de cárcel al gerente, contador, tesorera, presidente del Consejo de Administración, secretaria de ese Consejo, dos fiscalizadores y una contratista de la cooperativa.

También fueron condenados, por el mismo delito a ochos años y medio de prisión, otras 10 personas entre miembros del Consejo de Administración, el jefe informático y el auditor externo de la institución.

La condena en el caso Acción Rural no solo es parte de una historia de quiebras y liquidaciones al granel que sacudió el mundo cooperativo desde 2012. También significó una serie de vacíos procesales que, por un lado, beneficiaron a muchos responsables, que ni siquiera fueron investigados, y por el otro condenaron de forma desproporcionada a una exfuncionaria de la cooperativa.  Es el caso de la secretaria de los Consejos de Administración y Vigilancia, Tania Real Rivera, sentenciada a 17 años, tres meses de prisión por peculado.

Cuando inició el proceso judicial por la liquidación forzosa de la cooperativa, la fiscal que lideró la investigación, Esmeralda Correa, se abstuvo de acusarla “porque no encontró ninguna prueba que determine alguna responsabilidad o participación de mi persona en el cierre de la cooperativa”, cuenta Tania Real.  Ella asegura que las presiones de altos funcionarios del Consejo de la Judicatura hicieron que la fiscal provincial de Chimborazo nombrara a otro fiscal, para que en audiencia ante el Juez de Garantías Penales apele el dictamen abstentivo; “el juez me llamó a juicio movido por las presiones políticas que había”, indica.

En esa ocasión el Tribunal Penal la declaró inocente de peculado. Posteriormente, la decisión fue apelada por la Fiscalía y en 2017 fue hallada culpable.

Su historia empezó el 11 de agosto de 2015. Ese día la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps) emitió el informe de supervisión SEPS-IZ3-DZFPS-2015-0074, que contenía “hallazgos” detallados en 29 observaciones. Su nombre aparecía en dos de ellos.

A Tania Real, la Seps la mencionó porque no registró en los reportes de caja un retiro de $20.000 que habían hecho el día anterior (domingo, 22 de febrero de 2015) la cajera y tesorera de la cooperativa sin informarle. “La transacción fue procesada en el sistema en la tarde del lunes, 23 de febrero de 2015” y según la Superintendencia era una muestra de “la falta de control y el riesgo operativo al que se encuentra expuesta la cooperativa”, dice la Seps en su informe.

La otra observación señala que Real recibió $ 35.979, 56 en el año 2014, por comisiones por haber captado dinero a plazo fijo.

Tania Real afirma que se enteró de las observaciones el día que fue llamada a rendir versión a la Fiscalía de Chimborazo. “Nosotros como empleados nunca tuvimos conocimiento de que la cooperativa había estado ilíquida, a nosotros nos daban reportes buenos. Yo asistía a las sesiones del Consejo de Administración, el señor gerente nunca informó de que talvez estamos mal económicamente”, asegura.

Del primer hallazgo dice “mi tarea no era contar dinero, ni tener acceso a bóvedas, ni claves que esta área manejaba, yo únicamente registraba en el sistema interno de la entidad desde mi escritorio ¿Cómo iba yo a informar algo del cuál desconocía y no tenía por qué, ni cómo saberlo? En el proceso de la auditoría dentro de la cooperativa, los señores de la Superintendencia, nunca me preguntaron nada al respecto, ni tuvieron ningún acercamiento con mi persona, como para poder aclarar el trabajo que se hacía internamente”, explica.

Un peritaje contable, realizado a la cooperativa a partir de las observaciones de la Seps, a pedido de la Fiscalía de Chimborazo y entregado a la fiscal Esmeralda Correa el 6 de noviembre de 2015, ratificó que ella no tomó el dinero.  Señaló que las personas que intervinieron en el retiro de los $20.000 de la bóveda fueron el gerente, el contador, la secretaria de gerencia, la poseedora de claves, la tesorera, la cajera y el beneficiario de ese dinero.

Sobre las comisiones que recibió por captaciones de dinero a plazo fijo, explica que realizábamos esta actividad, percibíamos una comisión de acuerdo al monto y tiempo de negociación, basándose en el cuadro de porcentajes aprobados por la Gerencia General, el Consejo de Administración y Reglamento de Captaciones.  “Yo no era la única empleada de la cooperativa que recibía comisiones, sin embargo, solo a mí se me señala”. Y esa fue una de las razones por la que fue sentenciada.

Sobre el pago de comisiones a Real, el peritaje de la Fiscalía indicó que “los empleados de la Cooperativa lo que hacían es cumplir órdenes dispuestas por los miembros de los Consejos, siendo obedientes en su trabajo para conservar sus ingresos económicos”.

La Corte Provincial de Justicia de Chimborazo además abrió una investigación en contra de Real por enriquecimiento ilícito, “investigaron hasta la saciedad por medio de peritajes a cuentas propias, sin encontrar nada fuera de lo común”, dice la exejecutiva.

Ella asegura que, desde enero de 2014, el jefe del equipo auditor de la Seps, Luis Lascano” se venía a sentar en mi escritorio a ver cómo trabajaba. Si él sabía que la cooperativa estaba mal, como auditor de la Seps, por qué no nos pudieron alertar y decirnos ya no capten dinero, la cooperativa está mal. Nosotros seguíamos trabajando normalmente y no teníamos idea de que iban a cerrar la institución”, explica Real.

“Me sentenciaron como autora del delito de peculado ¿por qué?, si yo no era parte de la directiva, no tomaba decisiones, no tenía ni voz ni voto. A todos nos metieron en el mismo saco, nos juzgaron por igual”.

Real afirma que las presiones de funcionarios del Consejo de la Judicatura hicieron que se encuentren culpables a como diera lugar. Y menciona directamente al conjuez de la Corte Nacional, Richard Villagómez que, según ella, estuvo relacionado con el caso a través de sus hermanas Lorena y Caty, que prestaron servicios de asesoría legal y contable a la cooperativa, y también el suegro Carlos Ponce Jiménez, presidente de los perjudicados de la cooperativa.

Cuenta que  Richard Villagómez Cabezas, Conjuez  de la Corte Nacional de Justicia, formaba parte del estudio que asesoraba directamente a la Cooperativa en las respuestas a los hallazgos a la SEPS. Esa entidad indica en la Observación 11 a Lorena Villagómez Cabezas, hermana del Conjuez, como representante de Acción Rural y en el Acta de mediación, por un valor de $1’200.000, con el Centro Deportivo Olmedo sin ser parte legal para esta representación. “A mi persona le abrieron instrucción fiscal por un supuesto de $20.000 en los cuales no tuve nada que ver, ¿qué pasó con la Dra. Villagómez que en ningún momento fue nombrada en el caso?”, pregunta Tania Real.

Al testimonio de Real se unen los de Fabiola Ocaña y Mónica Gavilánez, familiares de dos exmiembros del Consejo de Administración –también sentenciados- que aseguran que dentro del proceso judicial hubo omisiones e irregularidades. Ellas recuerdan que la fiscal Esmeralda Correa les dijo “yo sé que sus esposos no se han cogido, no tenían nada que ver…pero por ser parte de…es que yo recibo órdenes de arriba”. Aseguran que la fiscal Correa se refería al conjuez Richard Villagómez y sus influencias para dejar el nombre de sus hermanas fuera del caso.

La mano del conjuez Villagómez

Richard Villagómez, es el conjuez de la Corte Nacional de Justicia que, en 2012, desestimó y calificó de “temeraria y maliciosa” la denuncia en contra de Rafael Correa por supuesto delito de lesa humanidad durante los hechos del 30 de septiembre de 2010, presentada por el entonces asambleísta Cléver Jiménez. El conjuez intervino en varios procesos judiciales que sentenciaron a prisión a indígenas, líderes sociales y policías por el 30 S.

Villagómez es hermano de Lorena Villagómez Cabezas, abogada externa de la cooperativa Acción Rural entre 2013 y 2015. Un documento revisado por este medio constató que Villagómez fue nombrada, el 19 de agosto de 2013, “asesora legal sobre el cumplimiento de observaciones de la Seps” de la institución para que se ocupe de entregar la información necesaria en defensa de la cooperativa, que por esos días debía presentar sus descargos frente a un examen de inspección de la Seps.

Un correo electrónico del 23 de diciembre de 2013, al que este medio tuvo acceso, da cuenta que Richard Villagómez permanecía al tanto de las funciones que su hermana desempeñaba en la cooperativa. “Envío el correo que nos envió la Seps con respecto del requerimiento del oficio de la Fiscalía. Esta respuesta ya fue despachada, mañana espero poder enviarles el escaneo del texto o el número y fecha de despacho para que se pueda hacer seguimiento en la Fiscalía”, le dice Lorena a Richard ¿Intromisión?

En otro correo electrónico del mismo 23 de diciembre de 2013, Washington Cuzco, analista de Procuraduría Judicial de la Seps responde a Daniela Gallardo, de la Corporación Assidere, empresa de asesoría legal relacionada con Lorena Villagómez evidencia su relación con el fiscal distrital de Chimborazo, George Sotomayor.

Lorena Villagómez Cabezas fue nombrada en la observación 21 del informe 074 que señalaba que “la cooperativa no consideró los valores de IVA pagado en bienes y servicios como crédito tributario, manteniéndola como una cuenta por cobrar”. Como descargo, el gerente de contabilidad de la cooperativa dijo, mediante oficio s/n de 14/04/2015, que «la Dra. Lorena Villagómez, abogada externa de la cooperativa, se encuentra analizando con un experto tributario, la utilización de esos valores como crédito tributario».

No obstante, dice la Seps, el literal b del artículo 153 de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala que se tendrá derecho a crédito tributario parcial cuando se transfieran bienes o se presten servicios que en parte estén gravados con tarifa 0% y en parte con tarifa 12%, mientras que, para establecer la proporción del IVA pagado con derecho a crédito tributario, se deberá relacionar las transferencias (servicios cobrados) con tarifa 12% respecto del total de las ventas. Esta observación no consta en el segundo informe (076).

También fue mencionada en la observación 11 porque en 2013 firmó, como representante de la cooperativa Acción Rural, un acta de mediación con el Centro Deportivo Olmedo, donde este último se comprometió a devolver $1.2 millones de un contrato de $ 2 millones firmado en 2012, por publicidad.

Lorena Villagómez entre diciembre de 2012 y octubre de 2013, recibió $15.400 por honorarios profesionales, según un reporte contable de la cooperativa.

Caty Villagómez Cabezas otra hermana del conjuez, también prestó sus servicios de asesoría contable a la cooperativa. Un reporte financiero de la institución señala que recibió entre octubre de 2013 y diciembre de 2014, $63.540 por honorarios profesionales y asesoría financiera.

El círculo familiar de Richard Villagómez dentro de la extinta cooperativa no se limitó a sus hermanas, su suegro Carlos Ponce Jiménez es el presidente de los perjudicados de la cooperativa.

“Él anda presionando en la Policía Judicial para que nos saquen en la lista de Los más Buscados, anda indicando que el juez Villagómez va a ser ratificado en su puesto por el Consejo de la Judicatura y que tienen que sacarnos como Los Más Buscados”, dice Tania Real.

Para Guido Escobar, abogado defensor de tres exmiembros del Consejo de Administración, el informe 076 no tiene valor jurídico, pero fue valorado al momento de juzgar sin contar con las hermanas Villagómez Cabezas.

En agosto de 2017, la Fiscalía apeló la decisión del Tribunal. En esa nueva sentencia la justicia condenó por peculado, a 17 años y tres meses de cárcel a ocho personas y a ochos años y medio a 10 personas. Entre ellos miembros del Consejo de Administración, gerente, contador, tesorera, fiscalizadores contratista, jefe informático, auditor externo y secretaria de los dos Consejos.

Ningún miembro del Consejo de Vigilancia de la cooperativa fue investigado. Escobar, Fabiola Ocaña y Mónica Gavilánez dicen que se protegió al Consejo de Vigilancia. Indican que “dentro del Consejo de Vigilancia estaba la señora Patricia López, amiga íntima de Esmeraldas Correa, hija de un notario. Cuando iba a las declaraciones la señora López entraba con el papá a declarar”, dice Gavilánez.

La fiscal Esmeralda Correa, por su parte, prefirió no hablar del tema con este medio.

Tania Real, por su parte, espera que la justicia revise con detenimiento su caso, “lo único que pido es que me dejen vivir con mis hijos, con mi familia, son cuatro años que hemos vivido esta pesadilla, es algo injusto. No tuve nada que ver en estos retiros de los $20.000, yo no me los he cogido, ni siquiera estuve informada de eso; en el cobro de comisiones fue algo legal aprobada por Gerencia y el Consejo de Administración, aprobado por la misma Seps”, asegura.

Esta historia se acabó de escribir cuando el Consejo de la Judicatura seleccionó a los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Entre los seleccionados no apareció el nombre de Richard Villagómez Cabezas. Con su padrino estelar en Bélgica, Villagómez debió abandonar la corte donde tantos favores promulgó al correísmo, ahora ha regresado a labrarse un destino en el libre ejercicio. Y encontró un sitio  donde podrá trabajar a su gusto.

Desde noviembre de 2019, ocupa un lujoso escritorio en el estudio jurídico del patrocinador judicial del juez acusado de haber pretendido sobornar a otro juez con dos botellas de wisky y 37 mil dólares para negar un recurso en contra de la construcción de una hidrioeléctrica que afecta territorios indígenas y biodiversidad en la Amazonía.