En diciembre de 2018, el gobierno ejecutó el incremento del precio de las gasolinas Eco, Extra y Súper. Las autoridades anunciaron que la medida fue adoptada por la situación económica del país y prometió mejorar la calidad de la gasolina Súper de 90 a 92 octanos.

El cuestionamiento de la opinión pública a la calidad de los combustibles ha sido constante porque de sus características depende el grado de contaminación ambiental y por ende del aire que se respira.

Para enfrentar este grave problema Petroecuador implementó desde 2011 el Plan de Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles, para incrementar el número de octanos en la gasolina y reducir el contenido de azufre en los combustibles.

Este plan era parte de los proyectos de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas y de construcción de la refinería del Pacífico, orientados a alcanzar la soberanía energética.

El Plan de Mejoramiento fue financiado con los impuestos verdes, el tributo ambiental que se paga por contaminación vehicular. Entre 2012 y 2018, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 843 millones por impuestos ambientales.

Pero ese tributo en nada mejoró la calidad de los combustibles y al revisar los reportes de calidad de los derivados, que se almacenan en el terminal de Pascuales, en Guayaquil, queda la sensación irremplazable de que el gobierno le mintió al país.

Los principales objetivos del cambio de la matriz productiva y la soberanía energética, eran producir combustibles para el mercado interno bajo norma Euro 5, con un nivel máximo de 10 partes por millón de azufre (ppm).  

Luego de inversiones cercanas a los $ 3800 millones de dólares en las dos refinerías, el resultado es un terraplén en el Aromo-Manabí y una repotenciada refinería de Esmeraldas que sigue generando 40% de resíduo y gasolinas con un promedio de 1400 partes por millón de azufre (ppm) y altos contenidos de benceno.

Para comercializar las gasolinas nacionales, Petroecuador importa altos volúmenes de naftas de alto octanaje y bajo nivel de azufre y aromáticos, las cuales son mezcladas con los derivados generados en Esmeraldas, obteniendo un producto de 650 ppm de azufre. Para legalizar su comercialización en el mercado interno, el Estado autorizó a través de norma INEN la venta de esa gasolina con 650 ppm de azufre.

En 2010, Petroecuador contrató con la universidad de Huelva-España, un estudio de calidad de los combustibles e impactos en la salud de los trabajadores de las refinerías.

El documento mantenido en reserva, es un grito de alerta sobre alarmantes signos de exposición a químicos letales en los trabajadores y habitantes de las áreas de influencia.

“En esta refinería se reportan 31 casos, de los cuales 12 con diagnóstico de leucemia o leucopenias, 5 con diabetes e hipertensión arterial, 3 con cáncer de próstata y seminoma, 2 con insuficiencia renal y 11 más con distintas patologías graves, algunas de naturaleza carcinogénica. Estas patologías preocupan especialmente, considerando que los diagnósticos de leucemia son compatibles con la exposición crónica al Benceno”, señala el informe.

Los informes revelan que, entre 2011 y 2013, el terminal recibió combustibles con alto contenido de productos aromáticos (benceno, tolueno y xileno) y que gasolinas, diésel y otros derivados estaban fuera de especificación.

Es decir, Petroecuador compró y produjo combustibles con índices de calidad muy por debajo a lo permitido. Por ejemplo, en mayo de 2012, recibió nafta, proveniente de la Refinería Esmeraldas, con un 42% de aromáticos, cuando la norma INEN permite un máximo de 35%. También recibió gasolina Súper importada con 39,2% de aromáticos.

Este medio, tuvo acceso a 12 reportes de calidad sobre los cargamentos con combustibles fuera de especificaciones, recibidos en el terminal Pascuales.

Los aromáticos son compuestos químicos que elevan el octanaje de un combustible.  El octanaje es la capacidad antidetonante de la gasolina cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. 

Las gasolinas de bajo octanaje, como la extra, es procesada en la Unidad de Hidrotratamiento de la Refinería Esmeraldas. En esta se produce el cambio de la estructura molecular de los componentes de la nafta y se producen los compuestos aromáticos, principalmente con Benceno, Tolueno y Xileno, que mejoran el octanaje, pero a un costo muy alto para la salud de todos, el ambiente y la vida útil de motores.

La exposición permanente a estas sustancias constituye un factor de riesgo porque están asociados con efectos mutagénicos (alteración del ADN), cancerígenos y otros trastornos neurológicos.

Estudios que marcan estándares en la calidad de vida de las personas han probado hasta la saciedad que una población expuesta a vapores de gasolina durante largos períodos tiene mayor incidencia de cáncer de esófago, ovario, testículos, colon y riñón.

La norma INEN, que controla la calidad de gasolinas en Ecuador, establece que el contenido de aromáticos no debe superar el 30% en la gasolina Extra y el 35% en la gasolina Súper.

Un informe (2012-2158), del 20 de abril de 2012, detalla que Petroecuador importó, en un primer cargamento, gasolina Súper con 39,2% de aromáticos, cuando la norma internacional (ASTM D-6730 de manejo de calidad) y la norma INEN, permiten un máximo de 35%. Dos días después (22 abril de 2012), en el segundo y tercer cargamento, recibió gasolina Súper con 39.2% de aromáticos.

El 4 de junio de 2012, el terminal Pascuales recibió nafta de alto octano importada, que no cumplía con el parámetro de “presión de vapor DVPE”. Es decir, con la especificación que regula la cantidad específica de vapor, esto es la volatilidad o tendencia a evaporarse de la gasolina.

El reporte de calidad (2012-1557) del terminal Pascuales, del 21 de marzo de 2012, revela que en ese año se recibió diésel Premium fuera de especificaciones (incumplía la norma INEN 1493) de seguridad porque incumplía las condiciones de presión, temperatura y mezcla de gases que debe tener el diésel. Es decir, los ciudadanos y los transportes públicos parece que cargaron una bomba más que un combustible.

La calidad de los combustibles nacionales tampoco cumplió las normas de calidad. El reporte de calidad del 28 de febrero de 2012, sobre el combustible de turbina de aviación Jet A1 procedente de la Refinería Esmeraldas, entregado al terminal Pascuales, señala que el combustible no cumplió con la norma internacional ASTM D3948 (que determina las características de separación de agua de los combustibles de turbina y detecta los residuos).

La especificación está fijada en un mínimo de 85, mientras que el resultado de Jet A1 arrojó 61. Tampoco cumplió el parámetro ASTM D156, que determina la coloración correcta del producto.

Esta novedad fue confirmada el 7 de junio de 2012, por Fernando Llerena, a la fecha coordinador senior de gestión y control de calidad encargado de Petroecuador, que en memorando (00215-TGC-2012) reseñó que el buque María del Carmen V procedente de la Refinería Esmeraldas transportó diésel Oil (D2) de color negro que por no existir posibilidades de recuperarlo y sin que afectara los despachos no se lo tomó en consideración, el resto era Jet Fuel contaminado”, indica el documento.

Otro reporte de mayo de 2012, reveló que la nafta, proveniente de la Refinería Esmeraldas tenía aromáticos del 42%. Cantidad mayor al límite máximo tolerable para mezclas que es del 35%.  

El 14 de noviembre de 2013, recibió gasolina de 92 octanos, que tenía el 35.7% de aromáticos. Dos días después, el 16 de noviembre, recibió la misma gasolina con un 35.4% de aromáticos. Ese día, también recibió diésel Premium que incumplía la norma INEN 1493, relacionada con el punto de inflamación, fijado en un mínimo de 51, el combustible local alcanzó 49.

Estas irregularidades fueron denunciadas por Luis Calero y Francisco Flores, extrabajadores del terminal Pascuales a las autoridades de Petroecuador, al expresidente Rafael Correa y a la Fiscalía General del Estado. De Correa no recibieron respuestas y de Petroecuador recibieron “hostigamiento laboral”, aseguran.

Calero, que se desempeñó como técnico líder de GLP, señala que la exposición permanente a los contaminantes químicos afectó su salud y la de varios compañeros.  Él asegura que “estaba sano antes de entrar a Petroecuador”.

“El médico del terminal me llamó a consulta y me dijo que tenía más de 300, que me tranquilizara, que problema de cáncer sería con 500 en adelante. Me dijo que vaya a seguir trabajando. Me sentí burlado”, relata.

Flores, por su parte, indica que ha solicitado, en dos ocasiones, los resultados de sus exámenes a Petroecuador. Hasta el momento la estatal no se los entrega.

“Como trabajador, yo sentía que cada vez que venían los productos, en buques tanques que algunos son de la compañía de Mariano Zambrano exprefecto de Manabí, tantos los buques grandes como los buques de alije, traían estos productos de mala calidad, lo primero que percibía el trabajador era irritación en los ojos, te llamaba muy rápidamente al baño, te dañaba el estómago, había una sensación de que algo andaba mal. Empecé a investigar y me di cuenta, dentro de los documentos que llegaban a la empresa que todos estos parámetros estaban siendo violados”, dice Calero

En agosto de 2016, en la gerencia general de Pedro Merizalde, Luis Calero y Francisco Flores fueron despedidos. Ellos aseguran que fue en represalia por sus denuncias.

Calero denunció a la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión otras irregularidades relacionadas con el sistema contra incendios del terminal y con la contratación de personal en Petroecuador.

La Secretaría de Transparencia investigó las denuncias y en un informe de 2013. Ante el hermetismo total del terminal de Pascuales esa secretaría preguntó por el combustible contaminado para avión al grupo Wong, cliente de Petroecuador, sobre las “novedades relacionadas al combustible contaminado y entregado por Petrocomercial desde el 28 de febrero hasta mayo del 2012”.

La Secretaría hizo referencia a un percance ocurrido, en mayo de 2012, con una de las avionetas de fumigación del grupo WONG causado por combustible JET A1 que compró a Petroecuador.

En un correo electrónico, el grupo Wong informó a la Secretaría sobre los problemas que tuvo por el “mal carburante”: el “14 de junio de 2012 por la presencia turbia y muy oscura del combustible se dispuso a todos los mecánicos limpiar el filtro de combustibles de la pared corta fuego cada 25 horas y cambiar el filtro de combustible de la turbina cada 50 horas. En esta semana el mecánico de pista Fumisa (provincia de Los Ríos) informa que el avión HC-CLK comenzó a encender la turbina, casi terminando el arranque se apagó. Fue a inspeccionar el filtro de combustible y estaba demasiado contaminado de color negro. Esto es un alto riesgo para las operaciones de las aeronaves…”.

Por esa razón el Cuerpo de Bomberos inspeccionó, en 2012, el terminal y descubrió que el sistema hidráulico automático contra incendios no operaba en su totalidad, así como el sistema de rociadores de agua para enfriamiento de los tanques y el anillo de rociadores en varios tanques estaba incompleto. “Debemos informar que las fallas de este sistema representan un grave riesgo para la operación en la terminal al no contar con Sistema de protección contra incendios que funcione de manera óptima y que pueda prevenir o controlar de manera inmediata algún posible siniestro”, dijeron los bomberos.

En 2015, la Secretaría Técnica de Transparencia, confirmó otra denuncia de Calero, al concluir que en 2010 hubo irregularidades en la contratación de personal en el terminal Pascuales, al contratar personas que no cumplían con los requisitos para acceder a las vacantes, “en Petroecuador EP se habrían omitido las formalidades legales necesarias para cubrir vacantes en sus diferentes cargos, sin considerar estudios previos y perfiles requeridos (…) generando en ambos casos un gasto alto para pago de nómina que contiene en gran medida un personal poco apto en el desempeño de las funciones”. “Se ha podido corroborar varios casos de contrataciones irregulares, lo que, a su vez, haría presumir un deficiente proceso de reclutamiento y selección personal; y un posible encubrimiento o negligencia manifiesta de hechos no transparentes en la administración de talento humano de EP Petroecuador, susceptible de responsabilidad administrativa y de ser el caso, penal por un delito contra la administración pública”, señala el informe.

En 2012, Luis Calero y Francisco Flores pusieron la denuncia en la Fiscalía General del Estado, el caso recayó en manos del fiscal de delitos contra la administración pública, Enry Bazurto. El denunciante indica que, en su momento, el fiscal le dijo que “no ve ningún delito”, dos años después, la fiscal Ana Ramos asumió el caso; ella encontró tres delitos (asociación ilícita, enriquecimiento privado injustificado y tráfico de influencias), e identificó a seis sospechosos, “todos obreros, pero a ninguna autoridad de cargos altos”, dice Calero.

Bazurto volvió al caso, en diciembre de 2017 y solicitó el archivo definitivo de la denuncia en agosto de 2018, alegando que no existe un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado en contra de los acusados.

Calero asegura que Bazurto lo amenazó, me dijo que “nosotros somos unos hombres que le estamos haciendo daño a Petroecuador porque, según él, no ve ningún delito, que ellos son inocentes, que me vaya buscando dinero para pagarle los daños y perjuicios porque yo estoy atentando contra la honra de ellos, que me va a calificar de maliciosa y temeraria la denuncia”.  El pide archivo definitivo sobre dos temas en particular, cuando el tema de mi denuncia abarca alrededor de 10 ítems, de los otros ocho ítems él no dice nada, por ejemplo, él, hace dos años y medio, debió haber sabido que Marzán (empresa de Mariano Zambrano, destituido del cargo de prefecto de Manabí por irregularidades durante su gestión) no podía contratar con Petroecuador, sin embargo, yo le demuestro que el buque Farallón y Amazonas son de Zambrano y han traído productos para Petroecuador”.

En septiembre de 2018, Calero y Flores presentaron un impulso procesal para evitar el archivo de la denuncia y pedir el cambio de fiscal. El caso recayó en manos de la jueza Ruth Quevedo.

*Este medio hizo un pedido formal de información a Petroecuador sobre la calidad de los combustibles en los últimos 10 años. Hasta el momento no hemos recibido respuesta.