Desde hace 10 años, Rafael Vicente Correa Delgado, consta en la nómina de los presidentes latinoamericanos cuyos gobiernos contrataron a la multinacional de Marcelo Bahía Odebrecht, el CEO de la constructora Norberto Odebrecht, condenado a 19 años de reclusión por corrupción en una cárcel de Curitiba-Brasil. Incluso un poco antes de la asunción del Mandatario ecuatoriano, en diciembre de 2006 -el hijo de Emilio y nieto de Norberto- fue quien preparó la agenda para la primera reunión presidencial en el palacio de Planalto, entre Lula y Correa, cita en la cual se trataron también los contratos de Petrobras. Esta información consta en un email dirigido por Marcelo Odebrecht a Alexandrino Alencar, documento integrado al expediente Lava Jato.
La lista de negocios de Marcelo Odebrecht registra gobernantes de todos los colores, desde rojos hasta azules. De lo que se conoce, pocos serían los Presidentes que no sucumbieron a las ofertas de la familia Odebrecht. Los que sí contrataron son la mayoría: Ollanta Humala (OH) Ricardo Martinelli, Alan García (AG), Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Alejandro Toledo, Juan Manuel Santos, Rafael Correa, Raúl y Fidel Castro, Felipe Calderón, y un largo etcétera.
A estas alturas, algunos expresidentes se encuentran repasando expedientes judiciales, mientras otros preparan guiones en su defensa, esperando el día “D“ (1 de junio de 2017) cuando acabe la veda judicial. Así, la poderosa constructora se habrá develado ante los ojos de la sociedad como un auténtico cartel de partidos políticos latinoamericanos, algo parecido a un gobierno transnacional de las Américas, sin duda con más poder de decisión que la mismísima OEA.
Alexandrino, el ejecutivo de Braskem
Alexandrino Alencar, alto ejecutivo de la petrolera Braskem, subsidiaria de Odebrecht, es uno de los personajes centrales en los sobornos de la constructora brasileña a funcionarios públicos de Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. De acuerdo con los mails de Marcelo Odebrecht, y a una reciente declaración de Alencar difundida por la prensa de Brasil, se conoce que para ampliar los negocios de la multinacional en otros países se utilizó el nombre del expresidente Lula da Silva, registrado con el seudónimo de “amigo de su pai“ (amigo de su padre Emilio), como “su tarjeta de visita o presentación”.
Alencar dijo que pidió directamente a Lula reunir a los presidentes de otros países para defender los intereses de la compañía. Citó como ejemplos a Hugo Chávez de Venezuela, y Rafael Correa de Ecuador. “Con Rafael Correa tuvimos una gran disputa de negocios en Ecuador debido a una presa (San Francisco)”, precisó el delator.
En el caso ecuatoriano, según el informe del Departamento de Justicia de USA (diciembre de 2016), Odebrecht habría pagado sobornos por U$ 33.5 millones a funcionarios del régimen correísta (2007–2016); sin embargo nuevos datos revelados por investigaciones recientes, advierten de una cifra superior a U$ 300 millones, para un registro que superaría los 100 funcionarios públicos coimados.
La coartada organizada por Odebrecht, con el aval de los gobiernos amigos, era preparar una serie de conferencias para el expresidente de Brasil con la intención de ganar mercado en el extranjero. Por cada una de las charlas, Lula recibió 200.000 dólares, según Alencar. Parte de las visitas a Perú, Colombia y Ecuador, incluyó la entrega de doctorados Honoris Causa al expresidente. Los viajes se cumplieron durante el año 2013, de acuerdo con lo descrito en los documentos.
En Ecuador, entre el 3 y el 7 de junio de 2013, las universidades Andina y Espol, entregaron las referidas condecoraciones a Lula Da Silva. Durante ese tiempo, se encontraba en negociación la adjudicación de los contratos para la construcción del acueducto La Esperanza en la Refinería del Pacífico y el poliducto Pascuales — Cuenca, obras adjudicadas al finalizar el segundo semestre de 2013 a Odebrecht.
El Gran Hermano confiesa la amistad con Odebrecht
La cercana y temprana relación entre Rafael y Marcelo, también lo destaca el mayor de los Correa Delgado, Fabricio, en un audio no desmentido, filtrado en marzo de 2017: “Yo manejé la relación de Odebrecht al principio, porque desde que mi ñaño fue ministro se hizo pana de los manes, ellos nos ayudaron en la campaña, el que llevaba la relación era yo, que soy contratista de ellos desde el año 1996“. Más adelante, en otra grabación, Fabricio Correa, confirmaría una nueva reunión realizada entre Marcelo Odebrecht y Rafael Correa, luego de un viaje del dueño de la multinacional a Quito en su avión privado, cita en la cual habrían sellado varios acuerdos, entre otros la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.
Como en toda relación seria, la de Odebrecht con Rafael Correa, encontró tropiezos. En septiembre de 2008, luego del escándalo en la hidroeléctrica San Francisco, revelado por el periodista Christian Zurita de diario Expreso. Tras la firma de sendos decretos expulsando del país a la constructora, Correa inundaba de ácidos adjetivos a su contraparte: “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores (Odebrecht) han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado”, decía el Mandatario en tono molesto, mientras llevaba a la multinacional ante los tribunales. Pero, luego de la intervención de los padrinos, Lula Da Silva y Hugo Chávez, las aguas volverían a su cauce. El perdón y olvido se había consumado, y así las demandas por U$ 250 millones, glosas por U$ 70 millones y hasta las órdenes de prisión, solo quedarían como un feo recuerdo de unas bravatas transitorias.
Luego de la firma de un convenio en 2010, Odebrecht se comprometía a reparar las fallas en San Francisco y al pago de U$ 20 millones de indemnización, una cifra que aún nadie sabe dónde está. Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada, con cinco veces más contratos (U$ 4.100 millones) que los que tenía antes de la expulsión (U$ 800 millones).
El amargo tufo a encubrimiento
El 20 de abril de 2017, la prensa de Brasil difundió un documento del Juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal, con la confesión de dos colaboradores de Odebrecht, Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernandes Meias Bessa, sobre el soborno de $ 1 millón a un representante del Ministerio de Energía de Ecuador, relacionado con el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.
La reacción del Fiscal Galo Chiriboga fue inmediata: “Esa no es una pista“ dijo, tras agregar que esos documentos o publicaciones de prensa no son motivo para abrir una nueva indagación. Sin embargo, a día seguido (21 de abril) la fiscalía capturó al ex Ministro de Electricidad Alecksey Mosquera Rodríguez, el supuesto beneficiario del millón de dólares referido por el Juez Fachin.
La explicación del inesperado operativo, la emitió el propio Chiriboga, a través de un comunicado de prensa el 22 de abril, en el cual señaló que la Fiscalía obtuvo información por su propia gestión. “Lo publicado en los medios de comunicación de Brasil y replicado en Ecuador no aporta a lo ya recabado en este proceso iniciado el 22 de diciembre”, enfatizó.
El comunicado agrega que en la formulación de cargos, se presentó como el principal elemento de convicción la versión de Rodrigo Tacla, exabogado de Odebrecht, obtenida a través de la asistencia penal que España respondió a la Fiscalía ecuatoriana.
Según el boletín, “Tacla, en su declaración, señaló que la empresa brasileña habría entregado a Alecksey M. un millón de dólares para agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi Pilatón en su fase de ejecución“.
El pago del millón de dólares se habría realizado mediante transferencia de la empresa Klienfeld (offshore creada por Odebrecht para ejecutar los supuestos pagos) a la cuenta de Tokio Traders y esta a Percy Trading (empresas que serían de Marcelo E.)… Alecksey M. se habría beneficiado con 920.000 dólares y Marcelo E. con 80.000 dólares en cuenta que abrió en la Banca Privada de Andorra.
El comunicado de la Fiscalía precisa que, con los 920.000 dólares, Alecksey Mosquera Rodríguez, habría comprado maquinaria en Estados Unidos y China para después venderla en Ecuador a la empresa Truenergy S.A.
Correa cambia la instrucción fiscal a su conveniencia
Durante la sabatina del 30 de abril, el presidente Rafael Correa, demolió la formulación de cargos de Galo Chiriboga contra el exministro Mosquera y acusó a la Fiscalía de emitir declaraciones falsas. “En su apresuramiento. Tiene tanta presión de que no ha hecho nada que comete un error garrafal en el boletín de prensa, al publicar supuestas declaraciones de Tacla.
En su declaración señaló que la empresa brasileña habría entregado un millón de dólares para agilizar el trámite relacionado con la empresa Toachi-Pilatón en su fase de ejecución. Lo más grave, eso nunca lo dijo Tacla. Yo invito a la Fiscalía a que me refute y a la prensa a que me refute. Lo que le acabo de argumentar se ratifica con las declaraciones de Tacla”, arremetió Correa.
A día seguido del tirón de orejas de Correa, al mejor estilo de una clase inicial de escuela, la Fiscalía reconoce como un error involuntario el haber incluido en la acusación penal, que el delator Rodrigo Tacla, haya señalado que el pago del millón de dólares al exministro Mosquera esté relacionado con el contrato de Toachi-Pilatón. Entonces, el alumno (Fiscal) toma un borrador y convierte el delito en virtud y al delincuente en redentor.
¿El “error“, de ser cierta la versión del Presidente, estaría sólo en el boletín de prensa. O en el documento de formulación de cargos y en el mismo informe de asistencia penal de España con la declaración de Tacla?
Lo que no aclara el Fiscal, ni el Presidente, es que la acusación del millón de dólares entregada supuestamente a un funcionario del Ministerio de Electricidad por el contrato de Toachi-Pilatón, la hizo el Juez Edson Fachin, con base a la confesión de dos colaboradores de la constructora Odebrecht, Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernandes Meias Bessa, como consta en el documento oficial de Lava Jato.
La referencia del exabogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, imputando a Alecksey Mosquera con Toachi-Pilatón, la hizo el Fiscal Galo Chriboga, con base al informe de la asistencia penal de España.
Con esta nueva lección, Rafael Correa, insiste en negar la existencia de coimas o sobornos durante su gobierno. Él ratifica que el soborno del millón realizado en 2011 se hizo cuando Mosquera ya no era funcionario público, y que ese “pago por servicios”, es un trato entre privados.
Además, con semejante intromisión en la justicia, Correa se confiesa conocedor de información privilegiada (confidencial), sobre los escándalos de Odebrecht desde tiempo atrás, lo cual deja un tufo a ocultación y encubrimiento, justo en campaña electoral. Una vez más, tienen sentido las expresiones del Mandatario de septiembre de 2008: “Estos señores han tenido comprado a funcionarios del Estado“.
Truenergy vincula a Alecksey Mosquera con Ruta Viva
Algo tampoco aclarado por el Presidente Correa y por el Fiscal Chiriboga, es la vinculación de Alecksey Mosquera con la empresa Truenergy S.A., firma que, según el comunicado fiscal, adquirió la maquinaria comprada con los U$ 920.000 recibidos de Odebrecht.
La Fuente verificó en la Superintendencia de Compañías, que Truenergy fue creada en 2009, y entre sus administradores y accionistas constan Alecksey Mosquera Rodríguez y Santiago Játiva Ordóñez. Según información del Servicio de Rentas Internas — SRI, la compañía no registra actividad económica representativa.
Sorprende que uno de sus accionistas, Santiago Játiva, haya ejercido como gerente de la Unidad de Proyectos del Municipio de Quito, durante la administración del Alcalde de Alianza País, Augusto Barrera, justo en el período en el cual Truenergy habría adquirido la maquinaria con el dinero del soborno.
Játiva junto con el entonces gerente de Movilidad del Municipio, Germánico Pinto, manejaron la contratación y ejecución del proyecto Ruta Viva a cargo de Odebrecht en 2012. La relación de Játiva con Mosquera y el proyecto Ruta Viva, es una nueva pieza cuyo rol en la maqueta de corrupción merece ser explicado.
Alecksey Mosquera y Toachi-Pilatón una denuncia de hace 8 años
Al primer año de inaugurado el régimen de la Revolución Ciudadana (enero de 2008), el presidente Rafael Correa, puso una de las primerísimas primeras piedras de sus proyectos estratégicos. Esta vez, para el inicio de la central hidroeléctrica Toachi — Pilatón, obra adjudicada a Norberto Odebrecht.
Tras lanzar duros calificativos en contra de la “partidocracia“, acusándola de ser insignia de “atraso, ignominia e infamia“, el mandatario colmó de elogios a los gestores de la obra, al exprefecto de Pichincha, Ramiro González, y a su continuador, Gustavo Baroja, ambos asimilados del viejo partido, Izquierda Democrática.
El proyecto costeado en 2006 en USD 336 millones, finalmente se pactó en U$ 458 millones y fue concebido para generar 234 MW, el cual dejaría un supuesto ahorro al país de USD 112 millones al año, a partir de 2012, la primera fecha tentativa de inauguración. En ese entonces el financiamiento fue acordado con el Bandes (Brasil) y el Feiseh (Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero).
En septiembre de 2008, graves fallas en la hidroeléctrica San Francisco, pusieron contra la pared al gobierno, obligándolo a suspender unilateralmente todos los contratos con Odebrecht, entre ellos, Toachi-Pilatón. La decisión gubernamental implicó una serie de acciones legales que le costaron al país rubros adicionales: un fallo de julio de 2010 del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, obligó al gobierno a pagar a Odebrecht USD 5.6 millones. Además, la firma brasileña nunca reconoció al país un monto de USD 8.24 millones por intereses generados durante 11 meses, por los USD 112 millones entregados en calidad de adelanto. Odebrecht devolvió al Estado apenas USD 98.3 millones, luego de descontar USD 13.8 millones, correspondiente a avance de obras.
A partir de entonces, la empresa pública Celec Ep, a través de Hidrotoapi buscó nuevos socios para la continuidad del proyecto. En ese camino se asoció con la empresa china CWE (China International Water & Electric Corp.), y la compañía rusa Inter Rao UES, el nuevo financiamiento estuvo a cargo del Eximbank de Rusia y del Biess (Banco del IESS) de Ecuador.
Para el año 2015, el costo se disparó a USD 588,7 millones. Aunque, después de revisar la demanda de la empresa rusa INTER RAO UES, que asciende a USD 99.2 millones adicionales, el costo total de Toachi-Pilatón hasta 2016, bordeaba los USD 687,9 millones, una cifra que duplica el monto original (USD 336 millones). En la cifra final no se incluyen las pérdidas generadas por el finiquito del contrato con Odebrecht que superan los USD 13 millones.
El periodista Christian Zurita Ron, en el libro El Discreto Encanto de la Revolución Ciudadana, publicado en 2009, alertó de la participación de Alecksey Mosquera Rodríguez, en la adjudicación de Toachi-Pilatón a Odebrecht: “Las concesiones favorables a Odebrecht siempre llegaron con el visto bueno de los funcionarios de Conelec, entre ellos: Alecksey Mosquera, Byron Granda y Hernán Sánchez.
Mosquera, como flamante ministro de Electricidad y Energías Renovables de la revolución ciudadana, fue defensor de la constructora hasta el día en que fue expulsada. El segundo, Byron Granda, ocupaba nada más y nada menos que la gerencia de Hidrotoapi. El tercero, Hernán Sánchez, cercano a Odebrecht. Fuentes consultadas en ese período afirmaron que Sánchez fue considerado como posible defensor del Estado en el caso de San Francisco. Alternativa que se detuvo por su cercanía con la constructora.
A esto se suma que el doctor Pedro Freile, hijo del reconocido geólogo Pedro Freile, varias veces vicepresidente de Petroproducción y asesor petrolero en varios gobiernos, era abogado de Hidrotoapi, pero también de Alstom, socia de Odebrecht en San Francisco. Juez y parte en los hechos“, puntualiza el investigador Zurita, que destapó el escándalo de la hidroeléctrica San Francisco.
Aunque en el régimen de la Revolución Ciudadana se modificó el origen del financiamiento del Proyecto Toachi-Pilatón, Rafael Correa conocía perfectamente el modus operandi de Odebrecht. Fue él quien, en calidad de ministro de Finanzas del gobierno de Alfredo Palacio, acordó con el gobierno de Lula y Odebrecht, el aval para un posible crédito. Esto se refleja en varias cartas oficiales, cursadas entre Correa, Fernando Reis y el excanciller Celso Amorim.
Luego de casi una década, al recordar las palabras de Rafael Correa: “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores (Odebrecht) han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado”, uno concluye que, el Señor Presidente, sabía de la purulencia de Odebrecht desde el 2008, así lo confesó. Sabía que existían funcionarios públicos sobornados, así lo confesó. Pero desde entonces, durante todo su período de gobierno, no ha aportado con una sola prueba, con un solo nombre; por el contrario, se ha convertido en defensor ad-hoc para proteger a sus empleados y criminalizar a los cirujanos de la supuración.
