Decir que en Ecuador, compañías brasileñas como Odebrecht, Petrobras y Andrade Gutiérrez, se disputan puestos estelares en el manejo de contratos contaminados, no es novedad. El propio poder lo sentencia: a raíz de las graves fallas detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco, construida por Odebrecht, el presidente Correa, describió con sendos adjetivos el rostro de la constructora brasileña: “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado».
Esas fueron las expresiones del Primer Mandatario, asegurando conocer la magnitud de la corrupción y los nombres de los corruptos, aunque ocho años después, esos secretos son guardados en un cofre inexpugnable.
Ante el colapso de San Francisco, Rafael Correa, recurrió a la manida pirotecnia mediática: «Arreglen rápido lo que hicieron y arreglen rápido el resto de contratos, que son tremendamente lesivos para el país. No sólo se van del país; no descansaré hasta darle a conocer al mundo lo que han hecho en este país», dijo.
Esas expresiones cargadas de nacionalismo y un tufo populista, merecieron la inmediata respuesta del entonces presidente de Brasil, Lula Da Silva, para quien el tono de Correa tenía un matiz electoral frente a la consulta popular que se realizaba esa semana: “En Ecuador, habrá elecciones el domingo. Dejemos un poco pasar la pelota para solucionar este problema”, anunció Lula con frescura. Él sabía lo que decía.
Apasionado por llevar los temas al límite, el 23 de septiembre de 2008, Rafael Correa, con decreto ejecutivo, declaró emergencia nacional, suspendió los contratos de San Francisco, Toachi–Pilatón, Carrizal-Chone, Baba y Aeropuerto del Tena (valorados en U$ 800 millones); además, movilizó a FFAA, ordenó la requisición de los bienes de Odebrecht y suspendió los derechos constitucionales de los representantes de la constructora.
Días después, 9 de octubre de 2008, el presidente emitió otro decreto modificando el anterior, al darse cuenta de evidentes extralimitaciones legales, como la suspensión de contratos y derechos constitucionales por decreto, una medida de exclusiva responsabilidad judicial.
Hasta ese día, Marcelo Odebrecht, intentó en vano impedir la suspensión unilateral de los contratos. Pero, lo que no pudo lograr el nieto de Norberto Odebrecht, lo alcanzaría después, moviendo los hilos del poder, el presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva. Pasaron tres años (2011), y Odebrecht regresaba a Ecuador perdonada, con más bríos y más contratos. Parafraseando al Presidente: la “pus” seguía gangrenando la contratación pública.
El perdón costó USD 20 millones
Previo al retorno, la intervención de Lula logró suspender todas las acciones judiciales a nivel nacional e internacional que el gobierno instauró en contra de Odebrecht. Estos acuerdos se resumieron en un Convenio de Transacción firmado el 8 de julio de 2010, entre los representantes de Hidropastaza y Norberto Odebrecht, sin contar con la autorización del Procurador del Estado. A través de este documento, la compañía se comprometió a reparar las fallas de San Francisco; al pago de USD 20 millones por pérdidas durante la paralización de la planta, imputable a las ocho glosas que, por USD 70 millones estableció la Contraloría.
Entre tanto el gobierno se obligó a dejar insubsistentes las referidas glosas; a retirar el arbitraje de la Cámara de Comercio de Ambato; lo propio con los juicios en los tribunales de la provincia de Tungurahua; además de dejar sin efecto la demanda internacional en contra del BNDES.
El acuerdo se estableció en estos términos, pese a que la auditoría de la firma Electroconsul, concluyó que las pérdidas por paralizaciones de San Francisco ascendían a USD 83 millones, y la propia Odebrecht ofreció públicamente pagar USD 43 millones. La totalidad de las demandas de Ecuador en contra de Odebrecht bordeó la cifra de U$ 250 millones. Finalmente, el gobierno de Correa se conformó con USD 20 millones, recursos de los que no se conoce el destino.
Pacto Lula – Correa perdonó a Petrobras
En mayo de 2007, el ministro de Minas y Petróleos, Alberto Acosta, conformó una Comisión Especial de investigación de los contratos petroleros. Los primeros instrumentos en ser escrutados fueron los de Petrobras (bloques 18, 31 y campo Palo Azul). La investigación con seguridad movió el avispero, al punto que empezó a inquietar fuera y dentro del gobierno. A cinco meses de posesionado, el ministro Acosta presentó su renuncia, ese día —13 de junio de 2007— remitió al presidente Rafael Correa el informe de la Comisión y una carta recomendando la caducidad contractual de Petrobras.
En una reunión efectuada en Carondelet, en julio de 2007, el informe fue expuesto al Presidente por los miembros de la Comisión y la Secretaría de Transparencia. Cuando la decisión de caducar los contratos estuvo tomada, intervino un delegado de la Cancillería, quien leyó un documento remitido por el gobierno de Lula Da Silva, en el cual se expresaba cuestionamientos a las pretensiones de caducar los contratos de Petrobras y se recordaba el acuerdo entre los presidentes Correa y Lula.
El documento de reclamo brasileño se entregó también al ministro Alberto Acosta. La misiva hacía saber que a raíz de la visita de la “Señora Canciller María Fernanda Espinosa y posteriormente de la visita de estado realizada por el Presidente Rafael Correa, Brasil había comprendido que los propios Jefes de Estado estuvieron de acuerdo en el tema, puesto que Petrobras había cumplido con todos los trámites incluyendo el último pago para tener la licencia ambiental: “existen pequeños sectores que están alegando pretextos para no cumplir con una determinación que adoptaron los Presidentes Lula y Correa en Brasilia“, señala la carta del gobierno de Brasil.
La predisposición ecuatoriana, orientada a la caducidad contractual recibió un giro radical, privilegiando el interés del gobierno de Lula sobre el interés de Ecuador, y dejando una cadena de delitos y perjuicios económicos bajo la alfombra de la impunidad. Ese día, Lula ganó una batalla millonaria en el epicentro del poder de Correa.
Días después, la Comisión remitió el informe a la Procuraduría y la Fiscalía. Con base a esa investigación, el procurador Javier Garaicoa, solicitó al nuevo ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, la caducidad de los contratos de Petrobras, por haber realizado transferencias de participaciones a la empresa japonesa Teikoku, sin autorización del Estado; además, de haber suscrito acuerdos con una empresa no inscrita en Ecuador. Galo Chiriboga, figuraba como uno de los responsables en el informe de la Procuraduría, al haber calificado la idoneidad de la compañía japonesa cuando fue presidente de Petroecuador, el año 2006.
El 31 de julio de 2007, el fiscal Jorge German, resolvió la apertura de la indagación previa en el caso Petrobras-Palo Azul. El año 2008, el fiscal Washington Pesántez inició un proceso penal por peculado en contra de 27 ex funcionarios de varios gobiernos. El perjuicio económico al país, al que hacía referencia el expediente fiscal, era de U$ 2500 millones.
En octubre de 2008, el ministerio de Minas y Petróleos negó el pedido de caducidad realizado por la Procuraduría del Estado, basándose en un informe suscrito por el presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo Arias, en el cual se retractaban de las acusaciones en contra de Petrobras. En una entrevista publicada en la revista Vanguardia de esa fecha, Jaramillo Arias, señaló que la decisión de no caducar los contratos, fue asumida en una reunión con Rafael Correa y Petrobras.
En julio de 2011, Galo Chiriboga fue posesionado como fiscal del Estado. Uno de los primeros casos en asumir fue el de Petrobras. En un giro inédito en la historia judicial, Chiriboga cambió 180 grados el criterio y pidió el archivo del proceso penal por peculado, liberando de responsabilidad a los ex funcionarios y a la empresa brasileña. Luego de la absolución judicial, Petrobras se fue del país gracias a un acuerdo de indemnización a través del cual, el gobierno de Correa pagó a la compañía USD 219 millones adicionales.
San Francisco destapó la “pus“ de Odebrecht
Antes de que estalle el escándalo de San Francisco, el caso del contrato de riego Carrizal-Chone en la provincia de Manabí (2007), puso en alerta al gobierno de Rafael Correa, sobre los malos manejos de Odebrecht. Una investigación interna señalaba la existencia de un sobreprecio de USD 22 millones en la segunda fase del proyecto. Eso lo llegaron a conocer Ricardo Patiño, José Serrano, Jorge Glas, Fernando Cedeño y el propio Rafael Correa.
Hasta que, una investigación del periodista Christian Zurita Ron, publicada en Diario Expreso, destapó el dique de la corrupción en la central hidroeléctrica San Francisco; solo entonces, el gobierno decidió actuar. Posteriormente, el trabajo de Zurita Ron fue ampliado el año 2009 en el libro El discreto encanto de la revolución ciudadana, con el titular Odebrecht, monumento a la vergüenza.
Aquí la historia:
La voz amplificada desde el micrófono del presidente Chávez atravesó la sala de espera del lujoso hotel Tropical de Manaos, Brasil, avanzó por sus largos pasillos y retumbó como eco: “Esta empresa amiga de Venezuela se ha portado extremadamente bien! ¡Cuando se vino un embargo económico, Odebrecht importó cemento de Brasil para las obras y cuando el gobierno necesitó, le adelantó dinero demostrando un nivel de transparencia y de confianza absoluta!”. Las palabras, lejos de favorecerles, fueron problema para Odebrecht, que intentaba manejar en total sigilo y diplomacia las razones por las que fue expulsada del Ecuador el 23 de septiembre de 2008.
Era la III Cumbre Bilateral sobre asuntos energéticos de Brasil y Venezuela, celebrada el 1 de octubre de 2008, siete días después de la expulsión, suponía el marco ideal para reunir a Lula y Correa. La expectativa de este encuentro entre jefes de Estado era superar la crisis y sustentar un nuevo mega proyecto de integración física y regional, a través de la Amazonía: el eje por carretera y navegación fluvial que debía unir el Atlántico con el Pacífico, desde el puerto de Manta hasta Manaos, en el Amazonas.
Nada salió como lo planificó la constructora. La reunión Lula-Correa inició a la 17H40, hora de Ecuador, con la expectativa de toda la prensa regional. Pero terminó con una tibia declaración del entonces canciller brasilero Celso Amorim, que aseguró que entre los mandatarios hubo una conversación positiva para superar el problema.
Desde entonces nada fue igual en sus relaciones
Hasta ese día los medios de comunicación brasileños no tenían claro cómo una de sus empresas más prestigiosas afrontaba un problema regional; intentaron en vano una declaración de la corporación y su único referente comparativo era la salida violenta de Bolivia de la estatal petrolera de Brasil, Petrobras. Bajo esa premisa, pensaban los periodistas, un escenario similar de maltrato a los técnicos y funcionarios de la constructora.
¿Qué hizo Odebrecht para ser expulsada?, preguntó esa noche una periodista del diario Valor Económico, de Sao Paulo. La respuesta que Christian Zurita, entonces periodista de diario Expreso fue: Odebrecht obtuvo un crédito de carácter privado por U$ 241 millones del Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes), avalado por una garantía soberana del Ecuador, luego convirtieron el crédito privado en estatal y sobrevaloraron el costo de la obra civil. Pero también irrespetaron los estudios originales y construyeron mal la central hidroeléctrica San Francisco valorada en 600 millones pagaderos en 10 años.
Los orígenes
“Nunca entramos a un país simplemente para construir una obra. Llegamos para quedarnos” Fernando Santos Reis
Fue un hombre capaz de llegar a la Presidencia de la República y reunirse con las altas autoridades mientras vestía jean, camiseta y sandalias. Su nombre: Fernando Santos Reis, ejecutivo de Odebrecht. Desde 1999 diseñó la arquitectura que le permitió lograr los contratos para la ejecución de cuatro proyectos: el sistema de riego Carrizal- Chone; la central hidroeléctrica San Francisco; el proyecto Multipropósito Baba y la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que le fue adjudicada mediante un irregular proceso de contratación por el que fue prefecto de Pichincha y amigo íntimo de la revolución ciudadana, Ramiro González.
Con un sueldo promedio de 25 mil dólares más comisiones por contrato, Santos Reis se convirtió en uno de los asesores internacionales más influyentes en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio.
Santos Reis fue la representación de fortaleza de la constructora brasileña en Ecuador. Su proximidad a funcionarios en el gobierno de Gutiérrez era innegable, incluso desde Brasil se mencionó como posible asesor del mandatario Correa, en el inicio de su primer período. Pero el presidente no era el único Correa que tenía acercamientos con la empresa. Su hermano Fabricio, que fue contratista desde 1996, trabajó con la constructora a través de Aplitec “Yo diseñé y construí para Odebrecht el parque lago de la prensa Chongón”.
Con Reis, Odebrecht se convirtió en la principal constructora en el país, sin competencia directa alguna, después de los problemas que tuvo con el Estado la también brasileña Andrade-Gutiérrez, que fue cuestionada por la Contraloría debido a la demora en la construcción de una carretera en la amazonia ecuatoriana.
Una muestra del poder de Odebrecht fue el proyecto San Francisco. Fue un proceso lleno de vicios que arrancó en 1999, en el gobierno del presidente Jamil Mahuad Witt.
Luego de años de cabildeos la empresa impuso un sistema perfecto: Odebrecht y sus socios debían construir la obra a su propio riesgo y dinero bajo el nombre de Hidropastaza; a cambio tendrían por 30 años el control del agua y la central para recuperar su inversión y obtener utilidades. Pero, en un momento, Hidropastaza dejó de ser privada gracias al traspaso del 80% de las acciones a favor de una empresa estatal, Hidroagoyan. Se convirtió entonces en una empresa mixta pero amparada en régimen de derecho privado. Ya que el Estado tenía la mayoría de las acciones, se le obligó a que garantice el crédito (garantía soberana) con el Bndes.
Premio a la ineficiencia
El 20 de junio de 2007, Rafael Correa, que llevaba puesto un casco blanco más una alegría desbordante, recorrió cada fase de la Central San Francisco. Ese día develó una placa con las palabras: “Inaugurada por el Gobierno de la Revolución Ciudadana”. En su discurso, agradeció a la empresa por terminar la obra anticipadamente y en recompensa le reconoció U$ 13 millones de premio.
Sin importarle antecedente alguno, Correa resaltó que San Francisco le ahorraría al país unos 100 millones de dólares al año, por lo tanto, no retiraría los subsidios a la energía y anunció que proyectos similares estaban en camino. En la inauguración le acompañó el entonces amigo Alberto Acosta.
Pero la central arrancaba, al menos, con 253 problemas identificados a pocos días de la inauguración. Sin embargo, permitieron que la planta inicie la operación para ganar la prima de 13 millones de dólares.
Para el 31 de mayo de 2007, San Francisco contabilizó 287 trabajos faltantes. El 13 de junio, siete días antes de que el presidente inaugurara la planta, se estableció que los pendientes o problemas no habían sido superados.
En la constructora había tranquilidad, la solución planteada por sus autoridades nunca pasó por reconocer sus errores. Ítalo Centanaro, ingeniero geólogo, asumió la dirección de Hidropastaza al momento del colapso de la central. Recordó como los brasileros ponían las condiciones, miraban por debajo del hombro a todos los técnicos nacionales, mantenían el control de la planta e incluso pensaban que todos los arreglos serían asumidos por el Estado.
No había que alarmarse, desde marzo del 2000 en que el presidente Gustavo Noboa Bejarano firmó el Contrato de Ingeniería de Detalle Suministros y Construcción (EPC o llave en mano) del proyecto hidroeléctrico San Francisco, se consensuaron y notarizaron 10 adéndums o alcances al contrato, que blindaron jurídicamente al consorcio constructor de cualquier responsabilidad por daños futuros, eso representó al menos U$ 123 millones en perjuicio del Estado.
La cifra se obtuvo del desglose de varios rubros: obras no realizadas en la central, pero que no fueron descontadas al costo inicial de la obra; el arreglo de los topos que quedaron entrampados al excavar el túnel de 11 kilómetros, de acuerdo al contrato debía ser responsabilidad del constructor pero el costo corrió por cuenta de Hidropastaza (empresa privada que fue transferida al Fondo de Solidaridad); tres reajustes de precio; compensación por la devaluación del dólar frente al real (la moneda brasileña) y el pago, en kilovatios de energía, por aceleramiento en el plazo de ejecución del contrato en alrededor de 7 meses.
Quien se desempeñó como subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, del gobierno de Correa, Vicente Peralta León, allanó el proceso legal para la firma del quinto adéndum al contrato. Pagó U$ 15,7 millones a Odebrecht, por concepto de reajuste de precios por diferencial cambiario o aumento de la inflación, por la variación de cotización entre el dólar y el real brasileño. “No podía cambiar la naturaleza del contrato porque ya estaba dado y firmado”, dijo Peralta.
Contraloría, en su examen especial realizado a los anexos estableció que Hidropastaza canceló, entre el 8 de agosto de 2005 y el 31 de mayo de 2007, 23 facturas que sumaron U$ 17,6 millones. Significa que se cancelaron valores más altos a los que efectivamente se acordaron en los adéndums. La razón: en el cálculo de pago se utilizaron parámetros de los Estados Unidos y no los ecuatorianos.El examen de contraloría explica que el cálculo de ajuste económico del contrato EPC no procede porque “la utilización de índices obtenidos de los Estados Unidos de Norteamérica, para ajuste económico del contrato EPC, no son adecuados para el cálculo del monto del contrato EPC…resulta imposible aplicar el cálculo reclamado por el consorcio por falta de índices nacionales”.
El campanazo de la prensa
El primer campanazo llegó el 11 de julio de 2008 con la publicación en el diario Expreso “Ni un milagro salva a San Francisco”. El reportaje narró cómo en apenas 11 meses de funcionamiento, el equipo técnico ya presentaba graves deterioros, las turbinas generadoras de energía dejaron de funcionar a causa de los sedimentos arrastrados por el agua y los desprendimientos de grandes fragmentos del lecho rocoso en el túnel de 11 kilómetros, que conducen las aguas del río Pastaza, hasta el ducto de caída vertical en el que el agua adquiere una fuerza de 116 metros cúbicos por segundo.
A esa velocidad, las rocas golpearon los rodetes de las turbinas encargadas de generar supuestamente 230 megavatios cada hora. El problema se detectó con un extraño sonido en los generadores. Se abrieron las turbinas y los técnicos enfrentaron la pesadilla más grande: fisuras y erosión precoz en los álabes (paletas curvas) de las turbinas a causa de las rocas y desprendidas del túnel, que no tuvo el revestimiento de concreto adecuado.
Odebrecht, con el objetivo de bajar costos, colocó turbinas más veloces, de 327 rpm, que generan más daños, por el golpe de los sedimentos del agua en los rodetes. La mayor velocidad permitió reducir el tamaño de las turbinas y la dimensión de la casa de máquinas y con ello también los costos.
El 21 de julio Expreso reveló que la fiscalización a cargo del consorcio brasilero-ecuatoriano Furnas-Integral nunca fue independiente. Furnas-Integral fue contratado, entiéndase pagado por Odebrecht, para realizar ese trabajo. Furnas incluso era socia y compartía intereses comunes con Odebrecht en otros negocios como es el caso del desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Cachuela-Esperanza, en Bolivia, valorado en 8.400’000.000 dólares, para generar 6400 megavatios.
Furnas jamás objetó las decisiones antitécnicas del consorcio constructor. La fiscalizadora aseguró, en varias comunicaciones, que no fue su responsabilidad analizar el diseño de la obra. El gerente adjunto de esa consultora, Newton Goulart dijo: “como usted puede observar en ningún documento existe ninguna indicación de que la consultora de la fiscalización tenía la responsabilidad del diseño, así como ninguna disposición que obligue a la consultora a su revisión”, y continúa, “ejecutivos de Hidropastaza visitaron Brasil y solicitaron que revisásemos los diseños electromecánicos, bajo un segundo contrato, pero esto no fue aceptado por nuestro departamento de ingeniería”.
En su única entrevista a la prensa, el 21 de junio, la fiscalizadora aseguró haber cumplido los procedimientos administrativos y operaciones acordados por las partes, que su trabajo se sustentó en informes semanales y que el daño de la planta obedeció a negligencia de los ingenieros de Hidropastaza. “Hicieron funcionar 38 horas a la planta con 19.000 partes por millón de sedimentos, cuando la norma es de apenas 900 partes por millón, sucedió además un efecto de cavitación (vacío) que generó daños en el túnel.”
Integral, la contraparte ecuatoriana del consorcio que fiscalizó, creía que el daño de la central fue por razones operativas. Pero también aceptó considerar que el constructor ignoró “algunas sugerencias”. Dijeron que se le hizo conocer a Odebrecht que el gran problema eran los sedimentos del río Pastaza. El último informe dice que “es necesaria la construcción de un desarenador”. Además señaló que desde el 26 de abril de 2007 se detectó dificultades en el sistema de enfriamiento.
Las declaraciones de la fiscalizadora fueron de doble vía. En la primera deslindaban responsabilidades como garantes del control en el proceso de construcción, y en la segunda, lo tomaron como una forma de defensa frente al ataque del entonces ministro de Electricidad, Alexey Mosquera, quien aseguró que “existieron errores de fiscalización del proyecto por parte de la empresa brasileña”.
El despistado ministro, que conocía de memoria cada una de las acciones de Odebrecht, ya que fue funcionario del Conelec y como tal “vivió” de cerca la entrega de concesión de San Francisco, jugó el más vergonzoso de los papeles por decir lo mínimo, en todo el proceso.
En su primer acercamiento a la prensa, Mosquera minimizó los daños provocados, y aseguró que se han tomado las correspondientes medidas. Defendió a Odebrecht, dijo que los trabajos estarían listos en sesenta días, comparó los daños de San Francisco con lo que ocurrió en la central Paute, durante los años 80. Consideró que entonces fue peor, porque se desmoronó un muro en la parte frontal. “Son temas que pasan normalmente en las obras de ingeniería pero no hay por qué satanizar. Es el colmo que se satanice… la compañía Odebrecht definitivamente ya está reparando y no hay ningún problema, para que una central esté operando normalmente pasan dos o hasta tres años.”
Hechos consumados
“La central San Francisco es un real desastre” inició la crónica periodística de Expreso del 21 de agosto, luego de que los medios entraron, por primera vez, al túnel de conducción de agua. La presión mediática obligó al contralor Carlos Pólit a ingresar y verificar personalmente la situación del ducto, dijo, “En el túnel de acceso y en la chimenea de la central se encontraron piedras, latas oxidadas, lodo, zapatos viejos y sedimentos de hasta 2,5 metros de altura. Son toneladas de materiales que se acumularon por falta de limpieza. A las turbinas llegaron piedras, pedazos de hierro, pernos, placas y otros materiales. En los túneles, además, hay desprendimientos, filtraciones de agua por el techo y las paredes, y algunas fisuras.”
Lo más alarmante es la explicación del avance de los técnicos, metro a metro por el túnel. Fue cavado en una estructura donde la roca no es capaz de sostenerse por sí sola; por lo que se requería de una serie de anclajes para impedir que estas se desprendan.
La deuda
A paso acelerado el Mandatario ingresó a la sala de reuniones del Palacio, les ignoró, les negó el saludo y tajante les gritó que si no arreglaban los problemas se irían del país. Era el 18 de agosto de 2008. Gandolfo y otros funcionarios de la constructora brasileña abandonaron vapuleados la reunión.
Significó una doble bofetada, no sólo porque fueron reprendidos frente a todas las autoridades eléctricas del Ecuador, sino porque estaban presentes ejecutivos de la empresa Argentina Industria Metalmecánica Pescarmona Sociedad Anónima, IMPSA, la más grande de ese país. Su presencia, aún no aclarada del todo, respondía, aparentemente, a su alto conocimiento del proyecto Toachi-Pilatón, proyecto por el que lucharon pero no lo obtuvieron.
Mientras la discusión tomaba una clara dirección contra la empresa, los ejecutivos de Odebrecht abandonaron la Presidencia tenían una determinación: no arreglarían los daños de la planta. Su estrategia era ganar tiempo, esperar los supuestos peritajes demuestren que las fallas no fueron su responsabilidad técnica y exigir al Estado más pagos a su favor.
El Contrato, los adéndums, los informes de fiscalización, la entrega recepción y aceptación de la planta por parte del Estado los volvían invulnerables. Pero la verdadera tranquilidad de los ejecutivos de Odebrecht se sustentó sobre todo porque el 23 de junio de 2008, cuando la situación de San Francisco era un desastre en secreto, el Fondo de Solidaridad, entonces manejado por Jorge Glas, como entidad dueña de todas las acciones de las empresas del Estado, se comprometió a pagar el crédito al Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) con el que se financió San Francisco.
Lo que se configuró como delito penal en 1999, cuando el presidente Jamil Mahuad y las posterior entrega de una garantía soberana en el gobierno de Gustavo Noboa, más los adéndums de Lucio Gutiérrez), se perfeccionó como el peor de los actos de corrupción nueve años después, cuando los funcionarios del gobierno de Correa decidieron pagar la deuda al Bndes de Brasil.
Ese día la junta de accionistas de Hidroagoyán, presidida por Francisco Castelló, gerente general del Fondo de Solidaridad, realizó el canje de una nota promisoria (promesa de pago) firmada en el año 2000 por 317´900.000 de dólares, por otros 41 pagarés, valorados en 461´000.000, que se cancelarían desde el junio de 2008 hasta el 2018.
Toachi Pilatón: U$ 5 millones por romper un contrato
Los funcionarios del sector eléctrico del régimen de Correa, conocían a plenitud el funcionamiento de Odebrecht, ellos manejaron y negociaron con esa y otras empresas, varios contratos.
El suplemento Blanco y Negro del desaparecido diario Hoy, señalaba entonces: “Antes de ser ministro de Energía, Alecksey Mosquera conocía sobre los contratos de San Francisco y de Toachi-Pilatón, pues durante varios años desempeñó el cargo de jefe del Departamento de Concesiones del Conelec y al inicio de este Gobierno fue subsecretario de Electricidad del Ministerio de Energía. A su vez, el ex gerente de Hidrotoapi S.A., Byron Granda, consultor de la Dirección de Planificación del Conelec y asesor del ex prefecto Ramiro González.
Aunque en el régimen de la Revolución Ciudadana se modificó el origen del financiamiento del Proyecto Toachi-Pilatón, Rafael Correa, conocía perfectamente el rostro de Odebrecht, fue él quien, en calidad de ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacio, acordó con el gobierno de Lula y Odebrecht, el aval para un posible crédito. Esto se refleja en varias cartas oficiales, cursadas entre Correa, Fernando Reis y Amorim.
El proceso de adjudicación a Odebrecht fue realizado en la oscuridad, por parte de la Prefectura de Pichincha. Ramiro González, a esa fecha del partido Izquierda Democrática, renunció al cargo para ser binomio presidencial de León Roldós (RED), pero dejó amarrado todo a favor de Odebrecht. Primero conformó la compañía Hidrotoapi S.A, un esqueleto jurídico para burlar los procesos licitatorios. El sucesor, Gustavo Baroja, coideario de González, devenido en correísta, junto al directorio de Hidrotoapi S.A, hicieron malabares para calificar al único proponente (Odebrecht), como puede apreciarse en el acta de la sesión del 8 de diciembre de 2006.
El escándalo de San Francisco también le ayudó a Correa a descubrir “que el contrato con Toachi-Pilatón, que lo hizo la prefectura de Pichincha, en este gobierno, con esa Odebrecht tiene los mismos horrores que el contrato de San Francisco; así que lo mandamos a cortar”, dijo en una de la sabatinas. Luego de escuchar semejantes palabras, al prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, se le abrieron los ojos: “La experiencia de San Francisco nos ha abierto los ojos a todos y creo que debemos traducirlas en reformas”, precisó el Prefecto.
Finalmente, el contrato con Odebrecht para construir el proyecto Toachi Pilatón fue suspendido unilateralmente por disposición del presidente Rafael Correa, por esta razón el Estado tuvo que indemnizar a la contratista con U$ 5 millones. Meses después la obra fue adjudicada a la empresa China International Water & Electric (CWE).
Proyectos Baba y aeropuerto del Tena
Odebrecht obtuvo, durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, el contrato de construcción del aeropuerto del Tena, articulado al eje Manta-Manaos, dentro de la estrategia del IIRSA. Para continuar la obra, el Gobierno de Rafael Correa, logró un arreglo para compartir la construcción con algunas empresas locales ligadas a altos funcionarios del régimen, de esa época. Siete años después de construido el aeropuerto está abandonado.
El proyecto multipropósito Baba fue contratado originalmente con Odebrecht, por un monto de U$ 208 millones. Esta obra está situada en la provincia de Los Ríos y comprende una presa de 1099 hectáreas para regular el caudal del río Baba y evitar inundaciones, así como una central con 42MW de potencia para incrementar la generación de la hidroeléctrica Marcel Laniado. Las organizaciones campesinas y sociales locales se opusieron a la obra por los graves efectos contra la vida y el ambiente, además denunciaron la participación del hermano del Presidente, asociado a Odebrecht. Efectivamente, la compañía brasileña suscribió en enero de 2008, con Fabricio Correa Delgado, un convenio para compartir negocios en Ecuador.
Así se negoció el retorno de Odebrecht
El retorno de Odebrecht a Ecuador se materializó con la declaratoria de emergencia de la central Pucará (Pisayambo) el 14 de septiembre de 2011. La generadora hidroeléctrica más antigua del país, había sufrido un daño en un tramo de 210 metros del túnel de descarga y Odebrecht estuvo presta a reparar la falla. En octubre del 2011, sin licitación, Hidroagoyán adjudicó un contrato de USD 18 millones para la reparación del túnel.
Dos meses después, se adjudicó otro contrato a Odebrecht, la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu, para generar 62 megavatios de potencia, ubicada en la cuenca del río Guayllabamba, por un costo de U$ 124 millones, en un plazo de 32 meses. Casi cuatro años después, en marzo de 2015, los mandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, inauguraron Manduriacu. Al final el proyecto tuvo un costo de U$ 227 millones, un incremento de U$ 101 millones, frente al costo original.
Odebrecht también se adjudicó con contrato de U$ 47 millones, para construir uno de los tramos de la Ruta Viva, una autopista que une Quito con el nuevo aeropuerto de Tababela, terminal aérea construida por Andrade Gutiérrez, una obra que también acusa denuncias de sobreprecio. El tramo adjudicado a Odebrecht registró un incremento del 37% en su costo, lo que disparó el monto a U$ 68 millones.
Aunque el proyecto estrella, Refinería del Pacífico, aún no tiene financiamiento, el gobierno contrató con Odebrecht el movimiento de tierras, rellenos y compactación, en el Aromo, provincia de Manabí, por U$ 229.9 millones. Dentro del mismo mega proyecto, la constructora brasileña se adjudicó la construcción de un acueducto desde la represa La Esperanza en Calceta hasta la Refinería del Pacífico, por U$ 259,9 millones, unos U$ 91 millones más de lo originalmente presupuestado (U$ 168 millones).
Otra gran obra entregada a Odebrecht, luego de su retorno triunfal, fue la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, por un monto de U$ 440 millones, para abastecer de gasolina, diésel y gas a las provincias de Azuay, El Oro, Cañar, Loja y Zamora.
Odebrecht premia a Rigoberta Menchú
Lejos del mundo del acero, del concreto y del tráfico de influencias, Odebrecht, exhibe otro rostro al mundo. Impulsa el talento, promueve valores y principios como la ética y el desarrollo sostenible y auspicia premios internacionales. En Ecuador cada año patrocina la entrega de los premios al desarrollo sostenible.
En ese contexto, la oficina de relaciones públicas de Odebrecht – Ecuador, organizó la visita a Quito de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, con motivo de la entrega de los premios “Odebrecht 2014 Para el Desarrollo Sostenible“. Felipe Pinzón de Odebrecht, informó del hecho al asesor presidencial Edwin Jarrín y solicitó agendar una reunión con el presidente Rafael Correa, para el 20 de noviembre de 2014, como lo destacaron medios oficiales.
Realizado en la Casa del Hombre (Fundación Guayasamín), la ceremonia de premiación contó con la presencia de Menchú, quien además de ser galardonada por Odebrecht, compartió sus experiencias y recalcó la importancia del pensamiento sostenible en los jóvenes y su contribución a la comunidad. Menchú mencionó que “se debe impulsar la creatividad de los jóvenes talentosos, para vivir en armonía con el medio ambiente. Estos proyectos sin duda reflejan la misión social para dejar un buen legado a las futuras generaciones”, añadió.
Siete meses después de la invitación de Odebrecht (junio 2015), Menchú regresó a Ecuador, esta vez como parte de la campaña “La mano sucia de Chevron“ que impulsa el gobierno de Correa en contra de la multinacional petrolera, estrategia en la que han participado reconocidas estrellas del cine y de la música como Danny Govler, Mia Farrow, René Pérez, cantante del grupo Calle13, Luis Eduardo Aute, entre otras personalidades.
La olla se destapó en Brasil
El escándalo de lavado de dinero proveniente del tráfico de influencias y contratos sobre preciados en Petrobras, BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y transnacionales como Odebrecht y Andrade Gutiérrez, conocido como Lava Jato (Lavado de Autos), es etiquetado por los fiscales brasileños como la mayor confabulación de corrupción descubierta hasta ahora en Brasil. El singular nombre “Lava Jato“, surgió del uso de una red de lavanderías y estaciones de servicio de autos para mover valores de origen ilícito.
Esta crónica policial escrita en capítulos empresariales, con prólogos nacionales, espera un epílogo político regional aún impredecible. De partida tiene a uno de los ex mandatarios más populares del mundo (Luiz Ignacio Lula Da Silva), con un pie en la cárcel; a su heredera, Dilma Rousseff, fue destituida; a poderosos empresarios tras las rejas; a algunos gobernantes suscriptores del Foro del Sao Paulo mordiéndose las uñas; y, a gran parte del continente absorto e indignado.
“Tendrán que construir tres celdas más: para mí, Lula y Dilma”, expresó Emilio Odebrecht, el día en que, agentes fiscales llevaban esposado al “príncipe de los negocios“, a su hijo Marcelo, presidente de la multinacional. Sin duda, las palabras de Emilio, sacudieron los endebles cimientos de Planalto y de muchos centros del poder latinoamericano. Ese mismo día, Emilio Odebrecht, sumó algunas advertencias, alertó que, Lula Da Silva y Dilma Rousseff, estarían implicados en los actos de corrupción por coimas que habría entregado su empresa para la concesión de obras a nivel nacional e internacional.
Sin darse vueltas, Odebrecht, reconoció que tiene una “relación institucional” con Lula, y admitió que lo invitó a viajar al extranjero con ejecutivos de la empresa para hablar en varios eventos en los que se buscaba promover a compañías brasileñas y atraer inversión al país. Marcelo Odebrecht y otros 77 altos ejecutivos de la multinacional brasileña llegaron a un acuerdo con la fiscalía de ese país para rebajar sus condenas y pagar una multa —que supera los USD 2000 millones— a cambio de revelar todas las operaciones de corrupción en los contratos de la empresa en todo el mundo.
Como parte de las acciones judiciales, ocho de las diez constructoras más importantes de Brasil se encuentran intervenidas. Las cuentas de las autoridades de Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Mendes Junior, Camargo Correa, UTC-Constran, Queiroz Galvao, Engevix, IESA, y OAS, han sido allanadas y los empresarios de las mismas están bajo investigación. Según las versiones de Paulo Costa y Alberto Yousseff, los ejecutivos de estas empresas pagaron sobornos a Petrobras con el fin de asegurar contratos millonarios.
Costa y Yousseff, ya recibieron su sentencia, Costa a siete años y medio de arresto domiciliario, mientras que Yousseff, deberá cumplir con nueve años y dos meses de prisión. El ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto, los acompaña en prisión.
Según una encuesta de Datafolha, el 84% de los brasileros pensaba entonces que la presidenta Dilma Rousseff, tenía conocimiento del esquema de corrupción de Petrobras. Asimismo, más del 63% de la población apoyaba la realización de un juicio político y la destitución de la Presidenta.
Operación Zelotes
La corrupción en Brasil, no se reduce a Petrobras y Odebrecht. Existen otros casos contaminados donde se destacan millonarios perjuicios al Estado. Uno de ellos es el tráfico de influencias en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), conocido como “Operación Zelotes“, donde se indaga el tráfico de influencias dirigido por los asesores de la Junta de Apelaciones de Impuestos. El Ministerio Público, considera que los asesores del CARF habrían ofrecido a las grandes empresas, servicios como la reducción de impuestos o la cancelación de multas a cambio de pagos. La Policía Federal calcula una cuantía del esquema de corrupción por U$ 6000 millones, de los cuales U$1800 millones en pagos fraudulentos ya fueron descubiertos.
Dos temas de especial interés en la investigación, están relacionados con el financiamiento de U$ 682 millones por parte del BNDES para la construcción del Puerto Mariel en Cuba; y, una línea crediticia de U$ 5200 millones para el gobierno de Angola. En lo que va del 2015 el BNDES habría realizado préstamos por U$ 63 000 millones, casi cuatro veces más que el Banco Mundial.
Apresado el “Príncipe de los negocios“
En el marco de la operación anticorrupción, los representantes de Odebrecht y Andrade Gutiérrez, Marcelo Odebrecht y Otávio Marques de Azevedo, junto a otros directivos, fueron encarcelados y procesados por sobornos y desvíos de dinero de Petrobras, usando cuentas en Suiza, Panamá y el principado de Mónaco. Según la Fiscalía, Odebrecht y Andrade Gutiérrez, formaban parte de una veintena de constructoras que conseguían contratos en Petrobras de manera fraudulenta.
Aunque las autoridades de la estatal petrolera han reconocido un perjuicio de USD 2000 millones, el total del despojo a Petrobras a través de mecanismos corruptos, podría llegar a USD 7000 millones. La Policía sostiene que este sistema de sobornos pagados por Odebrecht, Andrade Gutiérrez y decenas de empresas a funcionarios de alto nivel de los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rouseff, se realizó con conocimiento de las cabezas del poder: «Los presidentes tenían conocimiento de todo lo que ocurría en las empresas, y la corrupción parece extendida en todas ellas», señaló el agente de la Policía Federal, Igor Romário de Paula.
El hilo conductor de la investigación fiscal es sencillo: la corrupción se sostiene en los sobrecostos de las obras: si un proyecto cuesta 20 le ponen 30, la diferencia va al bolsillo de los cabilderos (lobistas). Más de 50 políticos de renombre, vinculados a los gobiernos del PT e incluso del PSDB (Socialdemócrata) están en la mira de los investigadores. Entre ellos figuran: Lula Da Silva, los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros, el ex presidente de Brasil y actual legislador, Fernando Collor de Mello (destituido por un caso similar), entre otras estrellas de la política, sin dejar de perturbar a la presidenta Dilma Rousseff, cada vez más cerca del juicio político.
Quien inició el camino a prisión por casos relacionados, fue el ex guerrillero, ex legislador y líder del PT, José Dirceu, condenado el 2013 a siete años de cárcel por corrupción. Dirceu volvió a figurar en las recientes investigaciones fiscales, con cargos de haber cabildeado para hacer negocios en Venezuela y Perú.
Pese a los intentos de desvanecer su responsabilidad en los delitos, el ex presidente Lula fue encausado por “trafico de influencias“, un delito castigado hasta con cinco años de prisión. Sin embargo, juristas cuestionan la decisión de sindicar a Lula por un asunto menor, pues existirían evidencias de otros delitos, como lavado de dinero, peculado y cohecho.
Según la acusación de la Fiscalía, tras dejar la Presidencia, en enero de 2011, Lula realizó viajes a Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana costeados por Odebrecht. El caso fue destapado en mayo del 2015 por la revista Época, según la cual, Odebrecht recibió del BNDES, créditos por cerca de 4,1 millones de dólares para obras en varios países. La investigación involucra a diez naciones: Brasil, Argentina, Estados Unidos, Japón, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Ecuador.
A las pesquisas se sumaron profesionales de EEUU., uno de los objetivos es la captura de Bernardo Schiller Freiburghaus, operador de Odebrecht a nivel internacional, su nombre se encuentra en la lista roja de la Interpol.
La metamorfosis de Lula
«Ya no estoy en edad para ser de izquierda: cabellos blancos y responsabilidad suponen equilibrio y evolucionar significa ir desde la izquierda hacia la socialdemocracia (…) Una persona que es de izquierda tiene problemas, así como un joven que es de derecha tiene problemas». Estas fueron las palabras de Lula Da Silva, en un foro empresarial realizado en diciembre de 2006, los aplausos de los presentes eran incontenibles, en especial de algunos ex coidearios que, una vez en el poder, llevaban El Capital de Marx, en el bolsillo. Al final de su confesión, Lula se avergonzó de su pasado marxista: «Yo no soy marxista, soy metalúrgico», precisó, y siguió recibiendo aplausos.
Singular metamorfosis biológica, ideológica y económica la de Lula: el joven izquierdista, tornero metalúrgico que perdiera su dedo obrero, al sumar años mutó en socialdemócrata.
Pocos se habrán imaginado que el modesto dirigente sindical, aquel que lideró la CUT (Central Única de Trabajadores), fundó uno de los partidos obreros más grandes del continente, el PT (Partido de los Trabajadores), llegó a la presidencia del subimperio verde amarelo en nombre de los pobres y desheredados; aquel que, inspiró junto a Fidel Castro, el Foro de Sao Paulo, esa alianza mundial de las izquierdas y movimientos sociales, orientada a enfrentar al Consenso de Washington, bajo el lema “Otro mundo es posible“; ahora, mientras descansa, habla de democracia, ética y asesora a gobernantes del mundo, se encuentre procesado por la justicia en uno de los escándalos de corrupción más destacados de la historia de Brasil (Lava Jato).
Odebrecht construyó su propio sepulcro
Un apellido una empresa. La familia Odebrecht llegó a Brasil en 1856 como parte de una oleada de migrantes alemanes. Mientras la segunda guerra mundial destruía a la humanidad, Norberto Odebrecht construía en 1944 el sello de su poderío (Odebrecht).
Cuarenta años después, lo sucedió en el mando de la empresa, su hijo Emilio; el año 2008, el joven heredero de las habilidades para amasar fortuna, Marcelo Odebrecht, fue elegido presidente de la multinacional. Actualmente, el emporio constructor más poderoso del continente, con 180 mil trabajadores en 23 países del mundo, e ingresos anuales de U$ 43.000 millones, se está derrumbando corroído por el ácido de la corrupción.
Difícil de creer que, la fórmula del éxito enmarcada en oro por el fundador de la multinacional, Norberto Odebrecht, setenta años después sea su propio epitafio: “La riqueza moral es la base de la riqueza material, la riqueza sin ética no es una riqueza sana”, decía Norberto.
No hay país donde el paso de Odebrecht no haya dejado huella, no solo industrial. Sin ruborizarse reconocen lo que gran parte del mundo especula, que financian candidaturas políticas de distintos colores y sabores: “Nuestra compañía es una de las más éticas del país, contribuimos para la campaña electoral del presidente destituido”, aceptaba Norberto Odebrecht, frente a la destitución de Fernando Collor de Mello en 1992, por un delito similar al que hoy se le imputa a su eterno detractor, Lula Da Silva. “Nuestros funcionarios gozan de autonomía y cada cual ofrece apoyo al candidato con el cual más se alinea”, agregaba entonces el magnate.
Caída y nuevo resbalón de Collor de Mello
Expulsado del poder en 1992 por un escándalo de corrupción similar, el “Indiana Jones“ de Brasil, Fernando Collor de Mello, dos décadas después volvió al Senado, al parecer sin cambiar de guión. El caso Lava Jato acaba de descubrir nuevos indicios de participación en fraudulentos contratos con Petrobras: varios autos de lujo y un maletín con documentos comprometedores, fue incautado por los fiscales, además de la intervención en un canal de televisión de la familia Collor de Mello.
De adelante hacia atrás y viceversa, la trama es la misma: la caída de Collor de Mello en 1992, en gran medida se debió a la corrupción de Petrobras y Odebrecht. ¿El mecanismo?: la empresa (Odebrecht) había coimado con U$ 55 millones a Paulo César Farías a cambio de contratos, Farías era tesorero del partido de gobierno y el testaferro del presidente de la República.
En ese mismo sendero, el gobernador del Estado de Acre, Edmundo Pinto, fue acusado de desviar recursos por más de U$ 250 millones a favor de Odebrecht. Según la comisión que investigó el caso, la empresa cobró un sobreprecio superior a los 100 millones de dólares por la realización de obras públicas en Acre. Cuando Pinto se aprestaba a declarar sobre el caso, fue asesinado a balazos. El nexo clave entre Odebrecht y Collor de Melo, fue Pedro César Farías, el encargado de pasar el sombrero para financiar la campaña política.
Si en Brasil apoyaron a la derecha de Collor de Melo, también lo hicieron a la zurda de Lula Da Silva. Allende las fronteras, no podía ser de otra manera, en varios países hay enjambres de denuncias de sobreprecios, deficiencia en las obras y cooptación de funcionarios públicos. Burócratas de todo pelambre se han rendido a la tentación de Odebrecht. Está claro que, ellos (Odebrecht) no dan puntada sin nudo.
Chávez y Lula: pacto de gigantes
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), uno de los entes fiscalizadores de Brasil, apunta irregularidades en la financiación del BNDES al Gobierno de Venezuela para las obras de ampliación y remodelación del metro de Caracas. El informe del TCU indicó que el préstamo de U$ 747 millones otorgado por el estatal (BNDES) para que Odebrecht ejecutara las obras, no contó con garantías crediticias. El proyecto se concretó en mayo de 2009 en el estado de Bahía, entre los entonces presidentes Luiz Ignacio Lula Da Silva y Hugo Chávez Frías.
Los documentos reservados del TCU, indican que Odebrecht y el gobierno de Chávez recibieron más dinero del que inicialmente contemplaba la obra. El TCU vio «incompatibilidad entre los avances físicos y financieros del proyecto», el BNDES entregó dinero sin el cumplimiento del cronograma de las obras y sin garantías. Se trata de un rubro de U$ 200 millones, anticipados por el banco sin justificación técnica en el avance de la línea del metro, Los Teques.
Odebrecht señaló a la revista Época que no ofreció garantías al BNDES porque el préstamo había sido concedido al gobierno de Venezuela y que la liberación de recursos ocurrió en el plazo previsto y dentro de las reglas brasileñas. Sobre el viaje de Lula a Venezuela, la constructora manifestó que contrató a Lula para realizar conferencias en el país llanero.
Lula, de acuerdo con la investigación de Época, viajó en compañía de Alexandrino Alencar, señalado como uno de los encargados de hacer el «lobby» para la constructora, y el mismo que acompañó ese año al ex presidente a Guinea Ecuatorial, donde Odebrecht también tiene grandes negocios.
En medio del escándalo, se ha revelado que los ex presidentes, Lula Da Silva, Hugo Chávez, junto con Emilio Odebrecht y José Dirceu, se reunieron en el Palacio de Miraflores, el mes de junio de 2011, para resolver problemas de Odebrecht, en la línea 5 del metro de Caracas. La investigación sostiene que días después de la referida reunión (6 de junio de 2011), Hugo Chávez visitó a Dilma Rousseff en Brasilia, para referirle que había retrasos en los pagos de la obra.
En esa cita, presentada por la prensa como política, se resolvió el tema de los pagos, a través de la firma de un contrato entre Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht y la estatal venezolana Pdvsa, a través de un fondo para financiar el metro, una obra que empezó el 2007 y que hasta la fecha permanece inconclusa, pese a haberse incrementado los costos en un 220%. La investigación recuerda que este proyecto pudo ejecutarse gracias a una modificación de la ley realizada por Hugo Chávez.
