«Nada sin ellos“ se decía en Carondelet, cuando de negociar proyectos estratégicos se trataba. ¿Quiénes son ellos? Se trata de la consultora Hogan Lovells LLC (HL), de Miami- EUA, la tienda de cabildeo que asesoró durante casi una década los grandes negocios del gobierno de Alianza País, bajo la tutela de Jorge Glas Espinel. Según varias investigaciones e informes oficiales, muchos de esos contratos aparecen tiznados por huellas de corrupción.

Al decir “nada sin ellos“, se entiende “todo con ellos“, hasta los asuntos de mayor sigilo gubernamental. Como lo ocurrido en mayo de 2017, cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) acreditó ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a la firma Hogan Lovells, como su patrocinadora judicial.

Esta designación, realizada por el director de UAFE, Carlos Paúl Villarreal Velásquez, coincide con una investigación abierta por el Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) -por petición del Departamento de Estado de los Estados Unidos- para determinar la veracidad y licitud de una serie de presuntas transferencias originadas en el Pacific National Bank, por $4.8 millones cada una, en las que aparecen como posibles beneficiarios, el exfiscal General, Galo Chiriboga, el excontralor del Estado, Carlos Pólit, entre otros.

De la mano de Jorge Glas, Rafael Poveda, Patricio Rivera, Fausto Herrera, William Vásconez y Nilsen Arias, los expertos de Hogan Lovells, se movilizaban entre Miami (su centro de operaciones) Beijing, Quito, Teherán, Singapur, Caracas, o donde las necesidades de un régimen sediento de dinero fresco para fondear la caja fiscal, lo requiriera. Para sellar los acuerdos -líneas de crédito o las mal llamadas preventas- tenían una sola garantía: el pago con petróleo a largo plazo y a precio descontado.

Para Lovells el tiempo es oro: una hora de trabajo lo facturaban hasta en 730 dólares, unos 12 dólares el minuto; es decir, mientras usted tararea la canción “despacito“, estos artistas del lobby internacional se llevaron al bolsillo la nada despreciable suma de 48 dólares por 4 minutos.

Focus accedió a varios de esos contratos de consultoría en los ministerios de Hidrocarburos, Electricidad y Finanzas, y otros suscritos por las principales empresas públicas. Aunque la reserva de la información impide tener una cifra total de lo contratado durante el período correísta, fuentes confiables estiman en $90 millones lo pagado a Lovells y a bufetes vinculados.

Como apoderado de la consultora gringa en Ecuador aparece el abogado Jorge Cevallos Carrera, socio principal del estudio Lexim, en el que también sobresale, Rodrigo Borja Calisto, hijo del ex presidente Rodrigo Borja Cevallos.

Entre los principales asesores de Lovells en el gobierno de Rafael Correa, se destacan Miguel Zaldívar y Gastón Fernández. Zaldívar es ciudadano venezolano — estadounidense, de ahí se presume su vinculación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a quienes ha asesorado en los grandes contratos petroleros y líneas de crédito, con empresas y bancos chinos; mientras, la experiencia de Fernández es por haber trabajado años en China, asesorando la extensión de los negocios del gigante asiático hacia América Latina.

Quienes han compartido la cancha con algunos de los consejeros de esta firma, sostienen que su gestión se asemeja a la de un “consigliere moderno“, obtienen productos a la medida de las exigencias: representan, negocian y aprueban operaciones y contratos, en el mayor de los secretos, solo que en estos casos, no fueron negocios de una familia, sino del Estado ecuatoriano.

El trabajo de negociación, redacción de minutas, acuerdos, convenios, contratos, así como la elaboración de fórmulas para la valoración del petróleo ecuatoriano, o los términos financieros para las líneas de crédito, pasaron por las manos de Hogan Lovells. En esencia, actúan como un gobierno en la sombra.

Este cartel de asesoría, con énfasis en los negocios en China, tenía la denominación anterior de Hogan & Hartson, con la que empezaron a trabajar en Ecuador desde el 2009, asesorando al entonces Fondo de Solidaridad, presidido por Jorge Glas. Con ese mismo nombre también asesoraron al ministerio de Minas y Petróleos, en la modificación de contratos de Participación a Prestación de Servicios.

Un informe de la Unidad de Investigación de la Fiscalía, solicitó en 2012 iniciar una indagación previa por presunto peculado en contra de los responsables de la renegociación de los contratos. El nombre de Hogan &Hartson, consta entre los imputados.

En el caso específico de la definición de la política de comercialización de hidrocarburos, Petroecuador, a más de Hogan Lovells, contó con el aporte de la consultora, también extranjera, Arthur D´ Lettle.

Validaron fórmulas delictivas

Una investigación publicada en Focus el primer trimestre de 2015, alertó respecto al rol de HL en los negocios con China. Sin embargo, se debió esperar hasta diciembre de 2016 para que la Contraloría del Estado, en un informe que impone responsabilidades culposas por el manejo de los contratos con Petrochina, Unipec y PTT Tailandia, incluyera graves acusaciones a la gestión de Hogan Lovells y Arthur D Litlle.

El resultado final del examen especial determinó un perjuicio al país cercano a los $400 millones, en los tres contratos auditados, y esas pérdidas en gran medida se basan en actuaciones de las dos consultoras.

Contraloría acusó a Lovells de ocultar información y de asumir facultades ajenas al objeto de su contrato, como haber validado, junto con Arthur D Little, las fórmulas de fijación de precios del crudo ecuatoriano, presentadas por la empresa compradora, Petrochina, en un acto que los entendidos califican como un delito de peculado.

No es broma, la acusación de Contraloría es real: el gobierno de Ecuador permitió que el comprador estableciera el precio del petróleo, obviamente, un precio inferior al del mercado, lo que le permitía a Petrochina y a su red de intermediarios, obtener jugosas ganancias en la reventa del hidrocarburo.

La trama de corrupción había quedado al descubierto: las fórmulas calificadas por las consultoras y luego aprobadas por Petroecuador y su Directorio, establecían un precio FOB (puerto de Esmeraldas) muy por debajo del precio real del mercado, dejando una tajada de entre 2 y 4 dólares por barril a favor de los intermediarios, en diferenciales (castigo) fuera de mercado.

Parte de las maniobras de las consultoras fue crear una fórmula de fijación del diferencial para el crudo de Ecuador frente al West Texas Intermediate (WTI), donde el premio fue inferior al del mercado y los fletes de buques fueron inflados en casi 2 dólares a favor de los intermediarios.

Así se hizo la trampa: modelaron un flete promedio de 3 dólares por barril en buques Panamax (360 mil barriles) con destino Houston o California, pero, el 70% del crudo fue cargado en buques de hasta 2 millones de barriles, cuyo costo oscila en 1 dólar por barril. Esa diferencia de 2 dólares fue a los bolsillos de los intermediarios, una cifra colosal, considerando 350 mil barriles diarios de exportación: 700 mil dólares diarios, unos $255 millones anuales, solo por fletes.

El gobierno de Rafael Correa comprometió 1.204 millones de barriles al pago de créditos, es decir, con solo 2 dólares de diferencia por barril, Ecuador pudo haber perdido una cifra de $2.400 millones en los negocios con China y Tailandia. Esa suma fue a manos de los intermediarios y a alimentar una red de sobornos.

¿Y quiénes son los intermediarios? No muy extraños a las autoridades responsables del sector. En el caso de Taurus Petroleum y Gunvor, aparecen vinculadas al empresario ecuatoriano radicado en Miami, Enrique Cadena Marín. En el lobby internacional también se resalta el nombre de otro empresario ecuatoriano, Antonio Peré, relacionado con varias empresas offshore. La otra cuerda de relación con el régimen lo ostenta el abogado Bayardo Poveda Camacho, apoderado de Taurus en Ecuador.

Bayardo Poveda pertenece al estudio jurídico Bustamante & Bustamante, es primo directo de Rafael Poveda Bonilla, quien dirigió las negociaciones con el Banco de Desarrollo de China, Petrochina, Unipec y PTT, en su condición de ministro de Sectores Estratégicos. Es decir, dos familiares atados a un mismo negocio, el uno desde el lado público (socializando las pérdidas) y el otro desde el privado (privatizando las ganancias).

Las pérdidas no solo se originan en premios y fletes, también en las tasas de interés de las líneas de crédito, las cuales son muy superiores a las del mercado. Otra de las observaciones del organismo de control es el haber firmado los contratos con Unipec, pese a que el convenio de Alianza Estratégica ya había vencido, lo cual dejó a los contratos sin respaldo legal. Todo ello se pudo ejecutar con pleno conocimiento y aprobación del Directorio de Petroecuador.

Nada se hacía sin su visto bueno

Como se ha dicho, casi nada se movía en los sectores estratégicos, sin la decisión de Hogan Lovells. La obtención del crédito del Eximbank de China para financiar el proyecto Coca Codo Sinclair, así como asesorías permanentes en temas contractuales y operativos de la mega obra hidroeléctrica, estuvieron bajo la tutela de ejecutivos de HL.

En diciembre de 2012, Hogan Lovells negoció a nombre del gobierno de Ecuador, un crédito con el Banco de Desarrollo de China (CDB) por 2 mil millones de dólares. Como contraparte del crédito, Petroecuador suscribió dos contratos de compraventa de crudo con PetroChina y Unipec ( filial de Sinopec), comprometiendo la entrega de 123 millones de barriles de petróleo hasta el año 2020.

Igualmente, en diciembre 2012, Hogan Lovells negoció un crédito de 127 millones de dólares, otorgado por el Ministerio de Comercio Exterior de Francia, para financiar el tranvía de la ciudad de Cuenca. Un mes antes, en noviembre de 2012, Hogan Lovells recomendó a la EPM (Metro de Quito), la contratación de una línea de crédito por 260 millones de dólares, con el Banco Europeo de Inversiones, para financiar el metro de Quito.

Como se señaló, Hogan Lovells, tuvo una participación central en la negociación del crédito de 509 millones dólares con el Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank), para la construcción de las líneas de transmisión del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. En total, hasta el 2014, el citado banco chino entregó al gobierno créditos por 2800 millones de dólares, que incluye el financiamiento de: Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Sopladora; además de otro crédito del mismo banco por 85 millones de dólares, para la ampliación de la autopista Simón Bolívar de Quito.

También lideró la negociación de otro crédito por 313 millones de dólares con el Eximbank, para la construcción del proyecto de generación hidroeléctrica Minas San Francisco, obra adjudicada directamente a la contratista china, Harbin Electric International.

Igualmente, los grandes contratos en los proyectos de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas y en la Refinería del Pacífico, tuvieron el visto bueno de Hogan Lovells.

En septiembre de 2014, Hogan Lovells representando a Petroecuador negoció el crédito de $1.000 millones con Noble Américas Corp., la filial estadounidense de Noble Group, domiciliada en Hong Kong. La transacción incluyó un acuerdo a través del cual, Noble Américas suministrará a Petroecuador entre el 35 y el 50 por ciento de las importaciones de diesel y nafta, en los próximos cinco años.

Lovells, además recomendó y negoció un crédito de 100 millones de dólares con el Credit Suisse AG, London Branch, para varios proyectos de infraestructura, como carreteras y campus universitarios. En marzo de 2014, Hogan Lovells aconsejó al gobierno de Ecuador, la negociación de un acuerdo con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), dirigido a actualizar los sistemas y equipos del canal y la radio del gobierno, RTV Ecuador.

La mano de Hogan Lovells también intervino directamente en la venta (privatización) de las acciones de las cementeras públicas, Guapán y Chimborazo, adjudicadas sin licitación a la empresa peruana YURA S.A. Un informe de su autoría recomendó la negociación y los términos económicos.

Otra importante factura de Hogan Lovells, fue por asesorar la construcción de la planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo en Monteverde, en particular la presencia de la compañía Shi Asia Monteverde, que incumplió con la entrega e instalación de las esferas de gas. Este proyecto considerado una de las estrellas del gobierno, se adjudicó en 263 millones de dólares el año 2008, pero fue inaugurado seis años después, en 2014, a un costo de casi 600 millones de dólares.

Uno de los contratos de asesoría que le abrió la puerta de Ecuador, a Miguel Zaldívar, fue el realizado entre el Ministerio de Minas y Petróleos y Hogan & Hartson, para la elaboración de un borrador de contrato de prestación de servicios, el modelo contractual que reemplazó el año 2010 al contrato de participación. Zaldívar suscribió un convenio de asesoría por 600 mil dólares para ese objetivo específico, aunque el texto presentado no fue utilizado en el proceso de negociación.

Existe otro puente en la relación de Hogan Lovells, la participación conjunta en 2014, con el bufete Pérez Bustamante & Ponce (Patrocinadores de Chevron- Texaco), en la negociación para la emisión de bonos por 2000 millones de dólares, un hecho que marcó el regreso de Ecuador a los mercados internacionales de “bonos soberanos”.

Los abogados vinculados a Pérez Bustamante, han sido el centro de los ataques de Rafael Correa, por su defensa jurídica de Chevron-Texaco. El mandatario ecuatoriano no ha ahorrado términos para referirse a ellos como “vende patrias”. Incluso existe un portal web con esa denominación: www.losvendepatria.com. Entre los socios de Pérez Bustamante & Ponce, se cuenta a Bruno Pineda Cordero, hermano de Michael Pineda Cordero, exasesor jurídico de la Presidencia de la República.