La corrupción sigue en aumento en el Ecuador, como un río que acompaña su curso, es decir, como si fuera normal, pues no hay autoridad estatal que la detenga. Entre el 2007 al 2013 la Fiscalía recibió alrededor de 1.300 informes con responsabilidad penal por parte de la Contraloría General del Estado (CGE). Ahora, según documentación entregada al asambleísta Andrés Páez, a la que tuvo acceso FOCUS, la cifra aumentó.

La Contraloría emitió 2.037 informes con responsabilidad penal de alrededor de 566 instituciones públicas. En casi tres años las cifras aumentaron: 737 informes más, esperan ser analizados.

Junto con la corrupción también está la impunidad, pues hasta ahora, nadie responde por esta lista de informes con responsabilidad penal.

Según el asambleísta Páez, el Fiscal de la nación, Galo Chiriboga, habría puesto estos casos en el congelador, porque hasta el momento no se conoce si hay indagación. En la Fiscalía, Galo Chiriboga delegó esa responsabilidad a la funcionaria de mayor confianza, Elizabeth Gaybor.

Los casos de corrupción, en este último tiempo, no fueron evidenciados por el Régimen, fueron expuestos por la prensa, ya sea por denuncias de periodistas o asambleístas, como las denuncias de actos de corrupción en varias comisarías de Guayaquil, el préstamo de USD 800.000 al argentino Gastón Duzac, la compra irregular de 115 ambulancias, el caso Resurgir, donde personas ligadas al actual régimen se encontraban, supuestamente, ligadas al narcotráfico; también los cuestionados radares chinos, el convenio de intercambio de crudo por derivados entre Petroecuador y Pdvsa, etcétera.

El presidente del Ecuador, Rafael Correa, en febrero de este año señaló que en el caso de Gastón Duzac hubo gente que cometió errores pero que fueron errores de buena fe. Y aseguró que en el gobierno central no hay actos de corrupción. A lo largo de la década revolucionaria, Rafael Correa solo reconoce cuatro casos: el del Ministro del Deporte, Caso Duzac, Caso Esperanza Galván y el de Alex Bravo, ex Gerente de Petroecuador.

EL 70% DE CASOS SON DEL GOBIERNO CENTRAL

De todos los informes remitidos a la Fiscalía, aproximadamente el 70% pertenece al poder central. Incluso se menciona a la misma Presidencia de la República, a la Vicepresidencia, a la Asamblea Nacional, como entidades que han cometido presuntamente hechos de corrupción.

Los GADS cantonales, provinciales y parroquiales, sumando entre todos, tienen 568 informes con responsabilidad penal. Instituciones del gobierno central suman 1.405 informes, los restantes que se refieren a colegios, universidades, proyectos, suman 64 informes.

Lo que sorprende es que, en algunas entidades, de manera individual, concentran varios hechos de corrupción. Este es el caso del Banco Nacional de Fomento, que tiene 75 informes con responsabilidad penal. Petroecuador 63; el IESS, 49, CNT 40.

Si se suman los informes con responsabilidad penal de la Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea, Consejo Nacional de la Judicatura, Superintendencias, Corte Nacional del Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, la misma Contraloría General del Estado y la Fiscalía, da como resultado 426 informes.

Los ministerios suman 363 informes, la Corporación Aduanera 250, la Comisión de Tránsito del Guayas 95.

Como dice un dicho popular, “donde se ponga el dedo sale pus”. Incluso hay informes con responsabilidad penal, sobre proyectos de fiscalización, uno de ellos es el proyecto Unidad de Gestión de Derecho Público del Fideicomiso AGD — CFN — No más impunidad.

YA HAY INFORMES TÉCNICOS, PERO ¿QUIÉN RESPONDE?

El dinero de todos los ecuatorianos está en juego en los actos de corrupción. Una de las excusas de las autoridades para no encausar a funcionarios públicos por peculado, es que no hay informes con responsabilidad penal, pero cuando existen, son archivados.

Con respecto a la lista de 2037 informes con responsabilidad penal, que van desde el 2007 hasta julio del 2016, aún es un misterio, se desconoce si la Fiscalía tomará cartas en el asunto.

Dentro de los casos a investigar estarían casos del IESS como el del Hospital José Carrasco, de Cuenca donde se registró un sobreprecio en compra de equipamiento y bienes. El del Hospital Teodoro Maldonado Carbo donde se registró el robo de medicinas, entre otros.

Un caso específico, que produjo un informe con responsabilidad penal sobre el IESS, se refiere a la compra de aparatos para operaciones oftalmológicas a ser instalados en algunos hospitales y centros del IESS. En enero de 2015, la Contraloría envió a la Fiscalía, para su investigación, un informe de 901 fojas útiles y cinco cuerpos, para que determine si se cometieron uno o varios delitos en esta compra, cuyo monto fue de USD 30 millones 127 mil 700.

El IESS recibió dos propuestas para la compra de los equipos, la de la Empresa Carlos Manrique por USD 30 millones 127 mil 700 y un plazo de 250 días, y la de la empresa Representaciones y Comercio por USD 24 millones 624 mil y un plazo de 150 días. La diferencia entre ambas ofertas fue de USD cinco millones, 503 mil 379 dólares.

El INCOP presentó algunas objeciones, que ratificaban las dudas sobre si se habían cumplido requisitos legales en el proceso, en diciembre de 2011.

Según un informe interno del IESS, se realizaron “sobreestimaciones” de precios al realizar el presupuesto, por ejemplo, se había determinado que un Eximer Láser, aparato para operaciones oftalmológicas, cuesta hasta USD 400 mil en el mercado, pero se lo había presupuestado en USD 620 mil.

La caja de lentes de prueba, presupuestada en USD 2900, se puede comprar por USD 800. Y un tomógrafo, de USD 128 mil, se adquiere por USD 90 mil.

La caja de lentes de prueba, presupuestada en USD 2900, se puede comprar por USD 800. Y un tomógrafo, de USD 128 mil, se adquiere por USD 90 mil.

La Contraloría determinó que solo en los costos de los equipos, la empresa adjudicada le vendió al IESS por lo menos un millón 529 mil 914 más caro que la otra empresa que participó.

Pero no solo que se le compró muy caro, la firma Carlos Manrique no cumplió con los 250 días de plazo y pidió dos prórrogas de 90 días.

En mayo de 2013, una visita de la Contraloría a las unidades de salud constató que no se había instalado los aparatos y que no estaban en uso por falta de personal médico que los operara.

Ante estas irregularidades la Contraloría insistió en que se compró una oferta demasiado cara, por lo que envió un informe a la Fiscalía porque “hay indicios de responsabilidad penal”.

CASOS ARCHIVADOS O SIN INFORMES

Como se mencionó antes, cuando ya existen informes con responsabilidad penal, la Fiscalía se encarga de archivarlos. Esto ocurrió con la importación de diésel Premium por parte de Petrocuador. En este caso se determinó responsabilidad penal en contra de las principales autoridades de Petroecuador, sin embargo, la Fiscalía determinó que no había causales para acusar y pidió que se archive el proceso.

En esta compra de diesel, según informes de Contraloría, se causó perjuicio económico al Estado ecuatoriano y la compra se hizo al margen de la Ley.

En otros casos, la misma Contraloría ha desvanecido informes en donde se indicaban irregularidades. Este es el caso de Petrochina, donde el informe de la Contraloría del Estado, emitido en marzo de 2013, en referencia a contratos de preventa y línea de crédito con Petrochina, confirmó tres aspectos centrales: la aplicación de premios de 1,25 y 1,30 USD/BL inferiores a los del mercado que a la fecha superaban los 2 dólares por barril, lo cual generó una pérdida parcial de USD 34 millones.

Los casos de corrupción no siempre tienen responsabilidad penal para la Contraloría, los deja en informes administrativos. Su página web está llena de ellos, donde se señala perjuicios económicos para el Estado, sin embargo, no hay responsabilidades penales.

Es el caso de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, su exrector Fernando Albericio denunció una serie de irregularidades donde se evidencia el despilfarro de dinero público. Por ejemplo, se contrataron docentes que recibían un salario de USD 16.300 mensuales y vivían en otros países sin conocer la realidad y el día a día de Yachay.

También indicó que se contrató una empresa de “caza talentos” para buscar en el extranjero profesores y autoridades para Yachay, a las que se invitaba al país con sus acompañantes. El Gobierno gastó en viajes, hoteles, restaurantes para los candidatos a docentes y también para sus familias.

CASOS QUE LA CONTRALORÍA Y LA FISCALÍA OLVIDÓ

Hay casos que no son tomados en cuenta por los organismos de control o se presentan informes y luego son anulados o archivados por “órdenes superiores”. Uno de ellos es el de Petrobras, el Ecuador perdió cerca de USD 2.500 millones, según un informe de la propia Fiscalía en el 2010, pero que luego quedó en el olvido, pues el Fiscal Galo Chiriboga, pidió la nulidad del caso.

Coca Codo Sinclair generó sobreprecios, pero nadie responde por qué se pagaron millones de dólares si hay fallas estructurales.

Sobreprecios en la planta de gas en tierra, en la zona de Monteverde. El monto inicial del proyecto fue de USD 263 millones. Fue adjudicada directamente a Flopec a USD 570 millones.

La construcción de la Refinería del Pacífico se inició el año 2007, hasta el momento se ha invertido más de USD 1.200 millones de dólares y aún no se obtiene el financiamiento para la mega obra. Compañías chinas se retiraron del proyecto señalando falta de reservas de petróleo.

En 2007 el costo de la obra no superaba los USD 4 mil millones, luego se incrementó a 13 mil millones. Las obras civiles de remoción de tierra y construcción de un acueducto fueron adjudicadas a la empresa Odebrecht por un monto que sobrepasa los USD 500 millones.

Y si hablamos de Odebrecht, es otro caso que no se controla ni se fiscaliza. Esta empresa está bajo investigación por corrupción en Brasil, pero en el Ecuador es premiada con millonarios contratos.

Odebrecht construyó la central hidroeléctrica San Francisco, Se tiene previsto que Odebrecht ejecute la segunda fase del Metro de Quito, por USD 1.777,8 millones. Esta obra se sumaría a otros siete proyectos comprendidos en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Azuay, Pichincha, Imbabura y Tungurahua, que la empresa tiene en marcha, por un total de USD 1.405’600.000.

PETROECUADOR: FISCALÍA Y CONTRALORÍA INTERVIENEN, TARDE Y MAL

La primera vez que se denunciaron irregularidades en los contratos firmados para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue en 2011, por parte del asambleísta por Pachakutik Cléver Jiménez y su entonces asesor, Fernando Villavicencio. Acudieron personalmente a la Fiscalía General a presentar la denuncia firmada.

Pero en esa época, todo se tapaba en el despacho del Ministerio Público. El correísmo todavía gozaba de buena salud y el nuevo fiscal de ese momento, Galo Chiriboga, venía de ser el abogado personal de Rafael Correa. Esa primera denuncia pudo haber resultado en la alerta necesaria para evitar que se cometan futuros atracos, pero no fue ni siquiera considerada.

Lo que vino después fue la persecución a Jiménez y Villavicencio, que pese a contar con medidas cautelares de la CIDH, tuvieron que ponerse a buen recaudo en territorio de los Sarayaku. Esa persecución no ha terminado hasta el día de hoy.

Pero vinieron más alertas. En febrero de este año, en Esmeraldas se presentó una denuncia particular en la Fiscalía de esa provincia, en contra de Álex Bravo. Bravo seguía siendo el joven prodigio elogiado por Jorge Glas y responsable de llevar adelante la “exitosa” repotenciación de la Refinería. Habían pasado apenas dos meses de su matrimonio eclesiástico en el que gastó a manos llenas: solo en decoración y comida para 240 invitados, más de USD 130.000.

Algunos miembros de Alianza País estuvieron en la feliz ocasión y ninguno se habrá preguntado el origen económico de tal ostentación. Hoy, han borrado de sus redes las fotos que se tomaron con los novios.

Y en mayo de este año 2016, Fernando Villavicencio acudió personalmente a la Contraloría General del Estado a dejar una ayuda memoria para el Contralor Carlos Pólit, de todos los hechos de corrupción dentro de la refinería de Esmeraldas que fueron publicados desde marzo de este año en Focus.

Desde el tema que fue titulado “Los Panamá Papers del gerente de Petroecuador”, las denuncias fueron consecutivas y dejaban en evidencia los dineros públicos desviados en beneficio de los funcionarios y contratistas involucrados. Las acciones judiciales tampoco empezaron.

Por la magnitud de los acontecimientos, finalmente, Fiscalía decidió hacer algo, con la misma parsimonia que utiliza en los casos donde están involucrados amigos o funcionarios del gobierno. El 24 de mayo pasado se pidió a la Fiscalía de Panamá la asistencia penal internacional por el caso seguido contra Álex Bravo por el delito de “tráfico de influencias”.

La respuesta de Panamá llegó tarde. Carlos Pareja Yanuzzelli, ex ministro de Hidrocarburos viajó a España el 28 de septiembre y días después se hizo pública su participación en el reparto de las comisiones que se daban por contratos en la refinería de Esmeraldas. Le detectaron cuentas en Panamá con USD 1 millón, dijo Alexis Mera, muy por debajo de los USD 14 millones que manejó en distintas cuentas el ex gerente de Petroecuador, Álex Bravo.

Con Pareja Yanuzzelli y otros 17 involucrados fuera del país, la Fiscalía aceleró los motores y empezó una campaña de limpieza de su imagen, sin resultados positivos. Lo mismo hizo el Contralor Carlos Pólit, que declaró que desde “hace seis meses” realiza auditorías a contratos que se han firmado desde hace no menos de 5 años. Y como si fuera una gran revelación, Pólit dice que ha encontrado patrimonio no justificado de Bravo por USD 500.000.

Hasta que comenzaron a salir a la luz detalles de las transferencias que se hicieron con fondos del Estado ecuatoriano. El Comercio ha publicado que Bravo hizo pagos desde cuentas en el extranjero de los gastos de su fastuosa boda -USD 130.000 en comida y decoración- pagos a escorts colombianas por USD 20.000, compra de relojes por USD 124.000, viajes USD 40.000, entre otros gustos. Aparecen también pagos donde el beneficiario es Carlos Pareja, siempre con montos menores.

No obstante lo escandaloso que resulta este despilfarro con dinero que salió del presupuesto del Estado, aún queda por establecer si en la lista enviada por Panamá están todos los involucrados en los hechos de corrupción nacidos en la refinería de Esmeraldas. Si están todas las cuentas creadas en otros paraísos fiscales y todos sus beneficiarios.

Queda por conocer si estos informes llegaron completos, sin ediciones a conveniencia y exclusión de nombres más importantes, que podrían significar el entierro definitivo de la mal llamada Revolución Ciudadana.