Lo llaman “el milagro ecuatoriano”. Casa adentro se imprime en ruidosas campañas publicitarias, como soberanía petrolera. Allende las fronteras, en conferencias “magistrales”, es posicionado como eslogan de eficiencia económica, nacionalismo creativo y positivismo socialista. La proeza se realizó el año 2010 cuando, a través de una reforma sin debate, se cambiaron los contratos de participación y campos marginales a prestación de servicios. Y, como todo milagro tiene su santo, aparecen como autores de la maravilla: Rafael Correa, Jorge Glas y Wilson Pastor, este último considerado el maestro del maquillaje contractual.
A cuatro años de vigencia del revolucionario modelo, la realidad es distinta. Entre los secretos oficiales, el principal autor del “milagro”, Wilson Pastor, reconoce el fracaso y hace un mea culpa. A través de una carta remitida a Rafael Correa, Jorge Glas y Alexis Mera, el actual embajador en Viena, reconoce que “… el modelo de contrato de prestación de servicios con tarifa, no es el más competitivo para atraer inversión petrolera de riesgo…”.
¿Cuál es la diferencia entre el contrato de participación y el de prestación de servicios? En el primero (neoliberal), la compañía recibe una participación en la producción de crudo, mientras con el segundo (socialista), el Estado paga una tarifa a la compañía por barril extraído. Aunque literalmente el 100% del petróleo sea de propiedad del Estado, en la práctica las tarifas se cancelan con petróleo.
Cuatro fueron los beneficios que se pensaba alcanzar con los nuevos contratos: 1) mejorar la participación del Estado en la renta petrolera; 2) atraer inversión extranjera para actividades de riesgo exploratorio; 3) incrementar las reservas de petróleo, y 4) subir la producción de los bloques privados. En la práctica, los objetivos 2, 3 y 4, resultaron un rotundo fracaso, y el primero tuvo un relativo éxito debido a los altos precios del petróleo, que permitieron al gobierno obtener mayores ingresos fiscales por exportación.
Durante casi 4 años de vigencia de los contratos, las reservas de los bloques operados por las transnacionales no se incrementaron, la producción cayó hasta ubicarse en mayo del 2014 en 120 000 barriles diarios. Los yacimientos operados por las compañías extranjeras están prácticamente agotados.
El contrato de prestación de servicios con tarifa garantiza a la contratista un ingreso fijo, no así al país, cuyos ingresos dependen del precio internacional del hidrocarburo. Por ejemplo, si los precios cayeran a niveles registrados hasta el año 2006 (40 US/Bl), considerando las tarifas negociadas, de 35 o 41 dólares a favor de las compañías, el país hubiera recibido en algunos casos apenas 5 dólares por barril, y en otros, como el caso de Andes Petroleum, hubiésemos quedado debiendo a la compañía. Aquí la suerte hizo lo que el talento no pudo.
Partiendo de la información oficial, lo que ganó el país con el cambio de contratos de participación y campos marginales a prestación de servicios, fue 0,34 (US/Bl) centavos de dólar por barril. Una cifra insignificante, como se expresa en el cuadro.
Las tarifas reconocidas a las compañías extranjeras difieren radicalmente de los costos de producción de EP Petroecuador y EP Petroamazonas, que oscilan entre 8,00 y 12,00 (US/Bl) dólares por barril. Incluso la tarifa de Petroamazonas para el desarrollo de un bloque nuevo, como el ITT, no supera los 12,00 US/Bl.
El caso Repsol
En el área de mayor producción privada, como es el Bloque 16 de Repsol, el país perdió 2,27 US/Bl, con la nueva tarifa. Además se amplió el contrato por 6 años, en circunstancias que desde el 2012, el 100% de las reservas, infraestructura y producción debieron pasar gratuitamente al Estado. Con la nueva tarifa de USD 35,95, el gobierno paga a la multinacional española US 524 millones anuales, aproximadamente, partiendo de una producción diaria de 40 mil barriles, la cual está en franca caída al 2014 con 33 mil barriles.
A más del 25% del “margen de soberanía“, considerando un precio promedio del barril de petróleo de 90 dólares, el Estado recibe por cada barril de Repsol 52,54 (US/Bl), descontando la tarifa de 35,95, y 1,51 US/Bl por transporte a través del oleoducto privado OCP, rubro que según el contrato corre ahora por cuenta del Estado. Los ingresos netos para el país serían de US 767 millones al año.
Andes y Agip
Por el contrario, si el gobierno hubiese dejado que termine el contrato el 2012 y entregado la operación a la empresa pública, aplicando una tarifa de 8,00 US/Bl, más 1,51 US/Bl por transporte, la operación del bloque 16 le hubiese costado al Estado, apenas US 138 millones anuales, una cifra muy inferior a los US 524 millones anuales que Correa reconoce a la multinacional Repsol. En este escenario, considerando el precio promedio de 90 dólares el barril, descontando 9,51 US/Bl (Tarifa + OCP), el ingreso líquido al fisco sería de 80,49 US/Bl, equivalente a US 1175 millones anuales.
Es decir, el no haber permitido que el plazo contractual concluya, y por el contrario haber ampliado el plazo y elevado la tarifa, significó al país un perjuicio de US 408 millones anuales. En buen romance, con la renegociación petrolera del bloque 16, el país dejó de recibir durante los tres años, una cifra de US 1200 millones. La corona española le debe mucho a la revolución ciudadana.
En el caso del bloque Tarapoa de la empresa china Andes Petroleum, con la renegociación se anexó el campo unificado Fanny 18B, cuyo 70% de reservas es de propiedad de Petroecuador. En ninguna parte de la disposición transitoria para cambiar los contratos, se dice nada sobre los campos unificados, sin embargo se los integró a los bloques privados.
A la compañía italiana Agip (Bloque 10) se anexó los campos Lumbiquiti y Oglan, este último descubierto por Petroecuador, con reservas probadas de 60 millones de barriles, cuya extracción hoy cuesta al país 35,00 US/Bl, frente al costo de producción de la empresa pública, que es de 8,00 US/Bl.
Indemnizaciones millonarias
Cuando Rafael Correa era ministro de Finanzas de Alfredo Palacio, fue uno de los impulsores de la caducidad contractual de Occidental, pero al convertirse en Presidente, la receta no fue de su agrado.
La misma reforma legal que dispuso la migración de los contratos, obligó al Estado a liquidar (indemnizar) aquellos en que las compañías no llegaron a un acuerdo. Entre los principales se destacan: bloque 18 y Palo Azul con Petrobras; bloque 3 EDC; bloque 23 CGC; entre otros.
En el caso de Petrobras, existió un proceso de caducidad desde el 2008 y una acción penal por presunto fraude técnico y peculado. Sin embargo, el Ministerio de Recursos Naturales falló a favor de la compañía. Simultáneamente, el fiscal Galo Chiriboga pidió a la Corte de Justicia la nulidad del proceso penal. El mismo día que la Corte cumplió el pedido del Fiscal, Rafael Correa anunciaba un acuerdo para indemnizar a Petrobras con US 217 millones, por el bloque 18 y el campo Palo Azul.
En relación con el bloque 31, en el Parque Yasuní, el gobierno afirmó que Petrobras abandonaba el área, sin indemnización del Estado. Sin embargo, ocultó la firma de un convenio en el cual se obligaba a Petroecuador a transportar su petróleo por el oleoducto privado OCP, en el cual Petrobras tiene un cupo de 70 mil barriles diarios, con una tarifa de 1,51 US/Bl, en circunstancias que el costo de transporte por el oleoducto estatal SOTE, es de 0,40 US/Bl. Durante los 10 años del acuerdo el país reconocerá a Petrobras US 242 millones. Es decir, de una forma encubierta Ecuador acabó cubriendo las inversiones del bloque 31 que ascienden a US 260 millones, pese a que el citado bloque jamás entró a la fase de desarrollo.
Otro proceso de caducidad iniciado por Petroecuador, fue contra la compañía norteamericana EDC, contratista del bloque 3, por graves violaciones contractuales. El proceso estuvo en manos del Ministerio de Recursos Naturales casi un año, pero, faltando tres días para que venza el plazo de renegociación de los contratos, Wilson Pastor sacó el documento de su escritorio y perdonó a la transnacional. Simultáneamente, anunció un acuerdo para indemnizar a EDC con US 80 millones.
Lo propio ocurrió con la Compañía General de Combustibles CGC de Argentina, contratista del bloque 23, sobre la cual existió una demanda ante la Corte IDH por violación a los derechos humanos del pueblo Sarayaku. Pese a que la compañía incumplió el contrato al no haber realizado consulta previa a los indígenas; instalado pentolita en su territorio ancestral, y al encontrarse en una situación de quiebra económica en Argentina, el ministro Pastor, faltando pocos días para que venza el plazo de renegociación contractual, acordó indemnizar a CGC con US 20 millones, a pesar de que la compañía apenas ejecutó el 30% del plan exploratorio. El año 2012, la Corte IDH emitió sentencia a favor del pueblo Sarayaku, disponiendo al Estado el pago de una indemnización de apenas US 1,3 millones a las víctimas. Es decir, el incumplimiento contractual de CGC le costó al país US 21,3 millones. Un auténtico milagro.
El caso Perenco/Burlington
Un caso paradigmático es el ocurrido con los contratos del consorcio Perenco/Burlington, operador de los bloques 7, 21 y Coca Payamino. Las compañías tienen una deuda con el Estado de US 440 millones por la Ley 042. En julio del 2009 –súbitamente– las contratistas abandonaron el país, el gobierno tomó a su cargo la operación, pero en lugar de aplicar la Ley, extinguir los contratos y revertir las áreas, siguió reconociendo derechos contractuales por más de 1 año, y garantizando al consorcio el porcentaje de participación en la producción de petróleo. Petroecuador vendió ese volumen de petróleo de los bloques abandonados por Perenco/Burlington, y con esos recursos, literalmente, le “dio pagando“ US 327 millones de los US 440 millones que le debían al país. Es decir, el Estado cubrió con su petróleo una deuda de dos transnacionales que abandonaron el país paralizando operaciones. Pese a la generosidad ecuatoriana, Perenco y Burlington demandaron al Estado ante el CIADI, el cual falló en primera instancia en contra del Ecuador, disponiendo el pago de US 500 millones adicionales. Sencillamente revolucionario.
La cifra gruesa de indemnizaciones con las que el gobierno de Rafael Correa ha beneficiado a compañías petroleras extranjeras, asciende a US 886 millones, sin considerar los rubros por los arbitrajes internacionales que están pendientes de resolución en el CIADI y la UNCITRAL: US 2300 millones a Occidental, US 500 millones a Perenco, y lo que se resuelva en el litigio Chevron-Texaco. Así, la versión revolucionaria del “milagro ecuatoriano“ en el manejo petrolero, sabe a publicidad engañosa.
