Luego de 10 meses y 16 días del asesinato de Fernando Villavicencio, lo que era solamente un rumor se ha convertido en un hecho judicial. El testigo protegido, AMPJ señaló a una persona del gobierno de Correa como la mente detrás del magnicidio. Además confirmó que el precio por la ejecución habría sido de 200.000 dólares.