Un año después de la consulta popular que prohibió la minería en el Chocó Andino, el Gobierno y el Municipio de Quito aún no han implementado medidas concretas. La comunidad y activistas denuncian que las concesiones mineras permanecen en el catastro y que no se han eliminado las que afectan esta área de alta biodiversidad. A pesar de reuniones entre entidades y protestas ciudadanas, la falta de acción y la continuación de proyectos mineros y urbanísticos siguen poniendo en riesgo este ecosistema clave.