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Más de 260 ha. de terrenos, ubicados en el cantón Durán, provincia del Guayas, y cuyo avalúo supera el millón doscientos mil dólares, pasaron a manos del socialcristiano Pablo Muentes, su familia y algunos presuntos testaferros, a través de un ilegal y mafioso sistema de apropiación de tierras.
Decenas y hasta cientos de miembros de asociaciones de productores agrícolas, e incluso propietarios de terrenos particulares, son las víctimas visibles de este modus operandi que contaba con el respaldo de notarios y jueces de la provincia.
Luego de que la trama de delincuencia organizada del caso Purga revelara que Muentes lideraba una organización delictiva que utilizaba el sistema de justicia de Guayas en su propio beneficio (como en el caso de la sentencia en contra de Banco del Pacífico para obtener una millonaria indemnización) salen a la luz, al menos, tres casos que evidencian los primeros indicios de cómo su red de influencias funcionaba al más alto nivel también para el tráfico de tierras.
Una parte se pudo conocer durante la audiencia de formulación de cargos del caso Purga, en la cual la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso cómo esta estructura criminal obtenía fallos favorables en la Corte Provincial de Justicia de Guayas y se beneficiaba de actos notariales para la adulteración de los títulos de propiedad.
Así, la fiscal general, Diana Salazar, citó el caso de Fausto Alarcón Gómez, primo y testaferro de Muentes, que se apropió de un terreno de 12 hectáreas, ubicado en Durán, y que le pertenecía a la familia Ramírez Nieto. El lote estaba valorado en $200.000.
La misma dinámica se ha replicado en otros escenarios como la apropiación ilegítima de tierras, en donde el factor común, además de la ya replicada modalidad delictiva, es la familia: el dúo Muentes-Alarcón, explicó la fiscal.
Este mafioso sistema confiscatorio se replicó, al menos, en otros dos predios en los que también intervinieron testaferros de Muentes e incluso sus propios hijos. Destapada la olla de grillos, le corresponde a la Fiscalía identificar a todas las cabezas de esta supuesta red criminal de traficantes de tierras; todo ello en un territorio azotado por la violencia de las bandas narcocriminales.
Apropiación de tierras para piscinas de camarón, el legado de Muentes a sus hijos
La Fuente Periodismo de Investigación accedió a la información registral, las escrituras públicas y el expediente fiscal derivado de un caso de supuesto tráfico de tierras en Durán, provincia del Guayas.
Trece miembros de la asociación de productores agrícolas Patria Nueva -fundada el 10 de enero de 2006- fueron demandados el 15 de noviembre del 2022 por supuesta ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras por Andrés Stalin Benítez Pazmiño, gerente general de la Empresa PREMIUMCAMARON S.A., cuya actividad económica es la explotación de criaderos de camarones.
El demandante alegaba la supuesta invasión del lote de 207 hectáreas, ubicado en el kilómetro 15 de la vía Durán-Boliche, parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán, por parte de los campesinos, aun después de haber concretado la cesión de sus derechos a favor de Elsa Santos, presidente encargada de la asociación Patria Nueva, y su pareja sentimental, Elías Castillo. Ambos eran supuestos adjudicatarios del terreno a través del Ministerio de Agricultura.
En las escrituras públicas suscritas en la Notaría Vigésimo Segunda del cantón Guayaquil consta la venta de estos derechos a cambio de valores que oscilan entre los $6.000 y $7.000 a cada campesino.
Estos pagos, sorpresivamente, fueron realizados directamente por la cuenta del Banco Guayaquil de la empresa AGROCAMARON S.A., compañía camaronera de propiedad de Nicole Muentes Alvarado y Óscar Muentes Alvarado, hijos de Pablo Muentes, procesado por delincuencia organizada en el caso Purga.
En esta compañía camaronera, además, Pablo Andrés Muentes Alvarado y Denisse Valeria Muentes Alvarado -también hijos de Pablo Muentes- son accionistas.
Así, los cheques con los valores consignados fueron firmados por Nicole Muentes en representación de la empresa familiar.
La audiencia de formulación de cargos contra los trece campesinos acusados de tráfico de tierras sufrió cinco diferimientos hasta que, el 2 de marzo de 2023, finalmente se instaló. En la diligencia, tanto la Fiscalía de Durán como los acusadores particulares, coincidieron en que los imputados tenían un plazo de desalojo y que lo incumplieron al colocar candados en las puertas de acceso, ocupar ilegalmente el terreno y organizar acciones de impedimento.
En tal virtud, además del dominio del terreno, los abogados de Andrés Benítez, gerente de PREMIUMCAMARON S.A. solicitaron el pago de $15.000 por los daños ocasionados, mientras que el fiscal Martín Almeida Villegas solicitó la prisión preventiva para 10 de los procesados y la imposición de medidas sustitutivas para los tres restantes por ser adultos mayores.
La defensa de los campesinos alegó, no obstante, que no tiene sentido que los representantes de la compañía camaronera reclamen la titularidad del predio basados en la cesión de derechos de suelo que los campesinos acordaron con Elsa Santos y Elías Castillo, -y quienes, a su vez, vendieron esos derechos a PREMIUMCAMARON S.A. por $621.000 pagados por la empresa AGROCAMARON S.A. de los hijos de Muentes- según consta en la ficha registral del 27 de enero de 2022.
No es posible que si los señores fueron adjudicados (por el Ministerio de Agricultura) dependan de una Declaración Juramentada supuestamente de cesión de derechos. Y aun en el caso de ser así, el artículo 57 de la Ley Orgánica de Tierras lo impide, reza un fragmento de la transcripción de los alegatos de la defensa.
Sin embargo, el juez Giovanni Aycart, de la Unidad Judicial Penal de Durán, acogió el pedido de ambas partes y dictó prisión preventiva para 10 campesinos y la presentación periódica para los otros tres.
En la solicitud de revisión de medidas cautelares, los agricultores aducen haber sido engañados por Elsa Santos, también miembro de su asociación de agricultores y presidente encargada, para firmar una declaración juramentada en la que aprueban la cesión de sus derechos posesorios sobre el lote de 207 hectáreas.
Una fuente cercana a la asociación Patria Nueva, que pidió la reserva, contó que la gente de Muentes logró llegar a los dirigentes corruptos para negociar la tierra.
Tengo entendido que a muchos compañeros campesinos no les llegó ni un centavo del dinero que ellos habían cogido por la posesión de las tierras. Hay una complicidad con el Ministerio de Agricultura que, de igual manera, nos está afectando, contó.
De igual manera, explicó que un contingente de lo que él identificó como policías corruptos habría agredido a los agricultores para forzar su salida de los terrenos.
En las asociaciones hay grupos que no recibieron ningún beneficio y que están prácticamente en la calle porque los amedrentaron con unas 300 o 400 personas armadas, encapuchados y los desalojaron de sus propiedades, les desbarataron las casas, concluyó.
Tras esto, según narran los campesinos perjudicados en su solicitud de revisión de medidas, Elsa Santos fue acompañada de un grupo de hombres armados para desalojarlos y quemaron varias de sus viviendas y cultivos.
De acuerdo con el expediente fiscal, la audiencia de revisión de medidas no se instaló por excusa del fiscal Almeida y, hasta la fecha, la diligencia no se ha reinstalado.
El vía crucis de Eric Ramírez para recuperar su propiedad
Eric Ramírez, ciudadano con doble nacionalidad (ecuatoriana y estadounidense) y parte de la Asociación Ataulfo Cruz, era propietario, desde el año 2000, de un terreno de 12 hectáreas, ubicado en la vía Durán-Tambo, y que estaba valorado en $200.000.
Su propiedad fue confiscada por la red de testaferros de Muentes, a través de una acción de habeas data con la que se inscribió una nueva ficha catastral en el Registro Catastral de Durán. El origen de esta sagaz maniobra se remonta a 2005, cuando en la Notaría 30 de Guayaquil se legalizó la supuesta compra-venta del predio, por $50.000, entre Eric Ramírez y el ciudadano Fausto Liborio Rivera.
Sin embargo, Fausto Liborio Rivera también vendió el terreno a Flor María Vélez, su pareja sentimental, el 29 de diciembre de 2021 (16 años después) también por $50.000. Pese a estar casados, en la escritura pública de la Notaría Tercera de Daule el estado civil de ambos es de soltero.
Flor Vélez era el último eslabón en esta cadena de testaferros. El 21 de enero de 2023 la mujer vendió el terreno a Fausto Alarcón Gómez, por los mismos $50.000, pese a que el avalúo catastral del predio era de $200.000.
Ramírez, según ha contado a varios medios de comunicación, ni siquiera se encontraba en el país cuando se dieron estos traspasos. La propia Notaría 30 le informó que en sus registros no constaba la escritura pública de compra-venta de la propiedad en el certificado de historia de dominio que posee el Registro de la Propiedad.
Ramírez se enteró de lo ocurrido por una llamada que recibió de la Asociación Ataulfo Cruz, el 22 de abril de 2022.
Tres meses después, el 31 de julio de 2022, Ramírez y los demás miembros de la asociación recibieron la visita de Patricia Sánchez, entonces asambleísta de Pachakutik.
La ex legisladora alertó que a la asociación de campesinos les adjudicaron 400 hectáreas de suelo en 2020, pero que los representantes del MAGAP, la Alcaldía de Durán y la Secretaría de Suelos desconocieron esa decisión.
Al igual que muchas otras asociaciones, comunas y pueblos ancestrales son víctimas del tráfico de tierras y de forma ilegítima e ilegal les quieren arrebatar lo que por ley les corresponde. (2) 🧵 pic.twitter.com/ho3ivJtjVa
— Patricia Sánchez 🇪🇨 (@PatySanchezPK) July 31, 2022
La Fuente Periodismo de Investigación contactó a Sánchez, quien dijo que para entonces ya existía el rumor de que el denominador común detrás de esta trama de traficantes de tierras en Durán era Pablo Muentes.
En la vía Durán-Boliche hubo uno de los desalojos más violentos. Llegaron dos buses llenos de mafiosos, perdidos en la droga, armados hasta los dientes, a sacar a los campesinos. Esas tierras fueron adjudicadas por el Plan Tierras en el gobierno de Correa, contó Sánchez.
Esto, para la ex legisladora, demostraría que existe un combo de poderes locales para quitarle las tierras a los campesinos y montar sobre sus predios nuevos títulos en la Registraduría de la Propiedad.
Por ello, Ramírez emprendió una batalla legal para recuperar su terreno. Primero interpuso una denuncia por tráfico de tierras, sin embargo, la causa fue archivada. En represalia, la Fiscalía de Durán abrió una investigación previa en su contra por daño a bien ajeno.
En esta revancha también fue vinculado Juan Pablo Paz, empresario al que Muentes persiguió tras las revelaciones de tráfico de tierras. Paz y el periodista Guillermo Lizarzuburo fueron sentenciados en primera instancia a 2 años de prisión por el delito de calumnias y al pago de $80.000 como reparación por el juez de Samborondón, Carlos López Vulgarín.
Ramírez, asimismo, concurrió a la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio para develar las maniobras de Muentes.
Una fuente cercana al otrora Frente Parlamentario Anticorrupción que lideró el excandidato presidencial asesinado en un mitin político, el 9 de agosto de 2023, contó que, luego de la visita de Ramírez a la Asamblea, la actitud de Muentes hacia Villavicencio se volvió extremadamente agresiva, al punto en que ambos protagonizaron un altercado en el Pleno.
Otro evento que exhibió la animadversión de Muentes hacia Villavicencio se produjo en la sesión No. 2021-2023-143 de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que se llevó a cabo de manera telemática y presencial, el 10 de abril de 2023.
La sesión tenía por objeto la calificación de pruebas de cargo y de descargo en la primera etapa del trámite de juicio político en contra del expresidente, Guillermo Lasso.
En ese marco, Pablo Muentes propuso desconocer dos providencias firmadas por Villavicencio: una para singularizar, de acuerdo al propio dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, la acusación contra Lasso; y otra que incluía la notificación de inicio del proceso.
Villavicencio, entonces presidente de esa mesa lesgislativa, durante la votación dijo: «A favor y la próxima hacemos en Durán, colega Muentes»
-El socialcristiano salió al paso y respondió:
«Donde usted quiera. Si quiere en Alausí también Presidente para que haga proselitismo político en su tierra natal».
-A lo que Villavicencio respondió:
«Así será. En sus propiedades», en alusión a los terrenos que ilegalmente confiscó a las asociaciones de productores agrícolas.
-Pablo Muentes, ahora detenido por delincuencia organizada, contestó visiblemente molesto:
«Trabajadas y ganadas, no a nombre de mis hermanos», intentando desviar la atención.
Luego de la formulación de cargos del caso Purga se develó que, efectivamente, la familia de Muentes era parte de esta red de tráfico de tierras.
Incluso, Villavicencio denunció, el 13 de abril de 2023, a Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez, Ronny Aleaga y Pablo Muentes (estos últimos vinculados a los casos Metástasis y Purga, respectivamente) por tramar un atentado en su contra bajo la modalidad de sicariato.
Tiempo después, tras la insistencia de Ramírez, el Municipio de Durán finalmente le restituyó el código catastral original -N° 401- y con ello recuperó la titularidad de su propiedad.
Sin embargo, Fausto Alarcón, primo y testaferro de Muentes, presentó una acción de habeas data para revertir la decisión de la Municipalidad de Durán. La jueza Andrea Patiño Manosalvas falló a su favor y dispuso al Registrador de la Propiedad que anule la ficha catastral N° 401, ordenó ratificar la titularidad de Fausto Alarcón sobre el terreno, además de eliminar toda la información de la ficha original y exigir disculpas públicas de Ramírez, sin que Alarcón pague un solo centavo.
En medio del caso, algunos medios de comunicación han reportado que en el terreno de Ramírez se construyó una cabaña que sirvió de refugió para los miembros del grupo terrorista de Los Tiguerones que organizaron la incursión armada en TC Televisión. Sin embargo La Fuente-Periodismo de Investigación confirmó que no se trata del mismo terreno.
La cadena de televisión internacional, CNN, cubrió la redada policial que acabó con la captura de dos delincuentes y la incautación de un revólver, cartuchos y pequeñas dosis de drogas, en el mismo sector.
La rústica vivienda, incluso, contaba con un sistema de vigilancia instalado en cada esquina para prever el arribo de las autoridades.
La pugna legal de Ramírez para recuperar su propiedad no termina, sin embargo, la detención de los delincuentes que confiscaron con argucias su terreno, en el caso Purga, abre una nueva posibilidad para que finalmente obtenga justicia.
La misma mecánica mafiosa aplicada contra los vecinos de Ramírez
El mismo día en que el terreno de Ramírez fue ilegalmente confiscado, Fausto Alarcón compró otro predio de 40 hectáreas en una zona aledaña, en el kilómetro 12 de la vía Durán-Tambo, en la Notaría Tercera de Daule. El avalúo catastral del lote era $400.000, sin embargo, Alarcón sólo pagó $100.000; es decir, una cuarta parte del valor real del terreno.
Para el traspaso de estas tierras, al igual que en el caso de Ramírez, participaron Fausto Rivera y Flor Vélez. Así, el 28 de diciembre de 2021, Rivera simuló la venta de la propiedad a su conviviente por un valor de $100.000 pagados de contado.
Bajo el mismo esquema previo, un mes después, el 21 de enero de 2022, Vélez vendió finalmente el terreno a Alarcón por los mismos $100.000. En otras palabras, el primo y testaferro de Muentes pagó nada más y nada menos que $150.000 ($50 mil por el terreno de Ramírez y $100 mil adicionales por el predio colindante) el mismo día por dos terrenos contiguos.
En ambas operaciones intervinieron los notarios Luis Eduardo Cruz Ramos y Juan Pablo Haz Villagrán, Notarios Segundo y Tercero del cantón Durán. Ambos favorecieron con sus decisiones los intereses de Muentes y su primo.
¿El Plan Tierras de Correa facilitó el testaferrismo?
Para rastrear el origen de esta trama es necesario retrotraerse al 22 de agosto de 2012. En esa fecha se puso en marcha el Plan Tierras, mediante Resolución N° 295 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con la que se resolvió declarar de interés social y de ocupación inmediata el predio denominado Hacienda Ayalán, en una superficie de 4.137,40 hectáreas en la parroquia rural El Morro, cantón Guayaquil, provincia de Guayas.
La política fue implementada por Javier Ponce, exministro de Agricultura del gobierno de Rafael Correa. La intención, según explicaban las autoridades, era regularizar las tierras para declararlas de utilidad pública y transferir los títulos de propiedad a asociaciones de campesinos y así asegurar la soberanía alimentaria de todos los sectores del país.
Estas asociaciones de agricultores, a cambio de un precio accesible y a plazos razonables, adquirían los predios para su vinculación a la matriz productiva del país y obtenían el sustento diario de la tierra.
Freddy Hidalgo, asesor parlamentario de la asambleísta Gissella Molina, explica que Pablo Muentes aprovechó este escenario por dos vías. La primera, dice Hidalgo, funcionaba de modo tal que miembros de las propias asociaciones de agricultores intercedían por Muentes para obtener los títulos de propiedad de la tierra, para después venderlos a compañías cuyos accionistas eran sus testaferros y así revestir de legalidad el precio de compra y el valor de la tierra.
Además, recuerda que, en el caso de las empresas camaroneras, todo acto de compra y venta de propiedades que pase 100 salarios básicos debe tener la aprobación de toda la junta de accionistas y es la Superintendencia de Compañías la que realiza el control.
Al no ser estas compañías inmobiliarias, solo presentan la aprobación de la junta de accionistas ante la Superintendencia de Compañías y burlan los controles de la UAFE, explicó.
El otro método implementado por Muentes contemplaba la adjudicación de tierras directamente al Ministerio de Agricultura para que sus empresas tomaran posesión de lotes estratégicos y allí colocaran piscinas de camarón valoradas entre $50.000 y $70.000.
Lizarzaburo comenta que otros dos eslabones de esta red delincuencial, además de la Corte de Guayas, las Notarías y el Registro de la Propiedad, son los Municipios y el propio MAGAP.
Fue el exministro Pedro Álava el que le entregó la adjudicación a Nicole Muentes en el sector de Las Mercedes. El Municipio propiciaba que los agricultores vendan las tierras a las compañías de testaferros de Muentes y el MAGAP adjudicaba directamente las tierras a esas empresas. Ambos tienen muchísimo que ver.
Además, el periodista también mencionó que la apropiación de tierras en Durán es tal, que sólo en Las Mercedes abarca una extensión aproximada de 500 hectáreas; 207 de aquellas habrían beneficiado a Nicole Muentes en la alcaldía de Dalton Narváez.
El 28 de octubre de 2023, Narváez fue atacado por sicarios a la salida de las instalaciones deportivas del Club de Abogados de Guayas. Producto del atentado, una persona encargada de la seguridad del exalcalde fue asesinada a tiros.
Narváez es hijo de Mariana Mendieta, quien también fue alcaldesa de Durán y fue secuestrada el 5 de octubre de 2023. Mendieta fue liberada tres días después, en una zona periférica de Milagro, sin embargo, su casa fue baleada la noche del 11 de octubre sin que ella se encontrara en el lugar. Madre e hijo representaron a Durán por el Partido Social Cristiano (PSC).
Esta sinergia institucional, convertida en una perversa confabulación, ha perjudicado severamente a los agricultores y campesinos que diariamente trabajan por su sustento. Expuesto el caso Purga, la Fiscalía deberá seguir la pista de estas y otras redes de delincuencia conexas a Pablo Muentes, el socialcristiano que traficaba tierras y sentencias.