Casos Nuevos archivos - LA FUENTE: Periodismo de Investigación

Debatir y opinar sobre lo que pasa en los puertos costeros del Ecuador, la penetración del narco en los contenedores y la violencia generada desde los GDO, no debe ser un tema tabú en el país. Cada día las voces que analizan el problema del narco en Ecuador se multiplican. El silencio no es una opción.

Por años fue un rumor de pasillo, que todo el mundo conocía y que a la vez prefería ignorar. "En la Corte del Guayas existía una red criminal que movía los hilos de la justicia a su conveniencia".

Durante un período de 12 años, entre 2007 y 2018, se desconocen las circunstancias exactas de muerte de aproximadamente 7,379 ecuatorianos, lo que equivale a un promedio alarmante de 615 muertes por año, o 1.7 ecuatorianos cada día. Estas cifras revelan una posible violación sistemática de los derechos humanos y una situación de impunidad generalizada en Ecuador. Cada una de estas muertes violentas sin esclarecer representa potencialmente un crimen sin resolver y una violación flagrante del derecho fundamental a la vida. La acumulación de miles de estos casos socava el Estado de Derecho y pone en tela de juicio el cumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

La evidencia indica que tras el cierre de la Base de Manta en 2009, las provincias claves en rutas de narcotráfico, especialmente en la costa, experimentaron un aumento del 75,48% en las tasas de muertes violentas de intención indeterminada en 2010. Este efecto se invierte en el tiempo, lo que sugiere la apertura y/o consolidación de rutas logísticas en provincias amazónicas como Sucumbíos y Napo. La metodología se basa en un estudio de eventos aplicado a un modelo de Diferencia-en-Diferencias (DiD), utilizando 252 observaciones anuales a nivel provincial entre 2007 y 2018.

En poco menos de cinco años, la relación entre Andersson Boscán, dueño de La Posta, y Naín Massuh, considerado líder de una red de corrupción -que acaba de ser detenido en Colombia-, se volvió simbiótica. Empezó con un acercamiento de un periodista a una fuente. Pero pronto se hizo una relación “paternal”, atravesada por el ‘blindaje mediático’ y jugosos beneficios económicos.

Un sentenciado por tráfico de drogas y otros procesados por estafa, traspaso de acciones sin consentimiento o daño de bienes patrimoniales constan entre los candidatos. El camino hacia la Asamblea Nacional tiene claroscuros en el distrito 4 de Guayas, donde se escogerá a seis asambleístas. Un análisis detallado de los datos públicos revela que quince de los 90 candidatos de esa zona han acumulado procesos penales. Y, aunque varios casos han sido archivados y muchas inocencias ratificadas, entre los cargos más graves figuran peculado, estafa, tráfico de drogas y falsificación de firmas.

La mitad de los postulantes a la legislatura han ejercido anteriormente cargos públicos y algunos han incrementado su patrimonio siendo funcionarios. En las elecciones del próximo 9 de febrero, la circunscripción 2 de la provincia de Manabí elegirá a cinco asambleístas de un total de 75 postulantes. De estos, 14 han enfrentado procesos penales, entre los que se cuentan los presuntos delitos de estafa y peculado.

Naín Massuh, protagonista del caso Encuentro, y el ex presidente Rafael Correa, prófugo de la justicia, hicieron un pacto. Así lo contó a sus amigos el propio Massuh, dentro de las conversaciones del caso Encuentro que investiga el delito de delincuencia organizada para contratos y tráfico de cargos públicos en el Gobierno de Guillermo Lasso. El pacto habría sido que el correísmo no afectaría los intereses del presunto operador del sector eléctrico y aduanero. Pero ¿a cambio de qué?

Un tercio de los postulantes ha sido funcionario público y hay 10 candidatos que han enfrentado procesos penales. La situación tributaria es opaca en 34 de los 85 candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Pichincha, pues no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta. Sin embargo, ninguno registra deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Por otro lado, diez aspirantes han enfrentado denuncias penales.

¿Dónde está David Romo? ¿Quién lo desapareció y por qué durante varios años se le puso una reserva al caso? ¿Cómo avanzan las investigaciones por desaparición y desaparición forzada en Fiscalía? Alexandra Córdova, guerrera defensora de los derechos humanos y madre de David Romo, se encarga todos los días de hacer resonar estas preguntas a los agentes estatales del país, y exige sus respuestas. Esta segura que solo así, su caso, no quedará en la impunidad.

Categoría: Casos Nuevos

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