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Este 13 de abril, el pueblo ecuatoriano eligió a Daniel Noboa Azín para dirigir los destinos del país. Esta elección constituye la tercera derrota consecutiva del correísmo, una organización política con numerosos cuadros procesados por la justicia y vinculada a grupos delincuenciales. Además, problemas estructurales —como la calidad de sus líderes y los casos de corrupción— explican su aparatosa caída.

Cada 8 de abril, Ecuador se ve obligado a recordar una herida que no cierra. Ese día, en 2018, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados tras haber sido secuestrados por disidencias armadas en la frontera norte, mientras ejercían su trabajo como equipo periodístico de El Comercio.

En un fallo que refuerza la protección contra el abuso del sistema judicial, la jueza Vivianne Del Rio, del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, denegó la petición de Xavier Jordán, investigado en el caso Metástasis, de obligar a declarar a Tamia y Amanda Villavicencio. La magistrada determinó que la solicitud carecía de sustento suficiente y podría constituir un intento de acoso judicial.

El informe de fiscalización de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presentado el pasado 25 de marzo, confirma una verdad oculta por más de una década: la manipulación sistemática de las cifras de homicidios en Ecuador. Con un llamado claro y urgente, se exige la comparecencia de exautoridades clave del correísmo, como José Serrano, exministro del Interior y Galo Chiriboga, Fiscal General, en ese tiempo, para que expliquen su papel en este encubrimiento.

El debate presidencial 2025 entre el candidato-presidente Daniel Noboa (ADN) y la candidata del correísmo, Luisa González, fue una suerte de ring de box, pero en el que los golpes que se asestaban eran sobre la corrupción y las mafias. Los ciudadanos miramos asombrados cómo decenas de acusaciones, unas con bases y otras sin pruebas, se impusieron antes que las propuestas.

La Ley de Puertos es una deuda que por 15 años mantiene el poder político en Ecuador. Así, al momento existe un limbo jurídico. Además, se registran pérdidas para el fisco por la falta de una normativa clara. Estos dos aspectos hacen que los actores de este mercado, es decir los puertos, jueguen con cancha inclinada. Este modelo favorece a los privados, en detrimento de los puertos públicos o concesionados.

La publicación de los chats periciados de Augusto Verduga, alias “Mónica Ertl” muestra cómo funcionaron los engranajes de una asociación ilícita entre los miembros del CPCCS (Consejo de Paticipación Ciudadana y Control Social) y las cabezas más altas de la Revolución Ciudadana: Correa, Arauz, Glas y Luisa González.

Enrique Cadena Marín, el zar de la intermediación petrolera, fue visto en estos días en una ciudadela de Samborondón, provincia del Guayas, en Ecuador. De lo que se conoce Cadena Marín vive en España y la última vez que tuvo una presencia pública fue cuando rindió versión libre y voluntaria en el caso Petrochina. Ahora al parecer está de vuelta en Ecuador.

El Carihuairazo, uno de los siete glaciares de Ecuador, ya no existe. Este coloso blanco, que alguna vez desafió los cielos andinos, ha desaparecido bajo el peso del cambio climático.

El debate sobre la firma del contrato para la entrega de Sacha a un consorcio llamado Sinopetrol, de opaca procedencia, se intensificó en las últimas horas. Un aparente error en el registro de teléfonos (que coincidían) de dos empresas (El Ordeño y Amodaimi) en la Superintendencia de Compañías, desató el escándalo en redes sociales. La primera es una empresa lechera con cientos de accionistas, y la segunda es parte del consorcio al que se le adjudicó Sacha.

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