El 29 de octubre próximo, el fiscal César Peña y los abogados de las víctimas acudirán a la audiencia de apelación de la sentencia de 29 años de prisión en contra de dos de los profesores para que, basados en el artículo 20 del COIP, la pena se eleve a 40 años por cometer abuso sexual, violación, tortura y pornografía infantil.

A dos años de denunciado el caso, los padres de los cuatro niños que fueron torturados y agredidos sexualmente por cuatro profesores del Colegio Réplica dedican su tiempo y recursos a terapias que les permita a los menores de edad continuar con su infancia con la menor cantidad de secuelas posibles.

No solamente fueron violados y torturados. También desnudados y fotografiados por cuatro docentes que los sometieron sexualmente, los amedrentaron y humillaron. Esta aberrante práctica ocurrió en 2017 en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, donde cuatro niños de entre 7 y 8 años fueron víctimas y testigos de perversiones sexuales de profesores de entre los 31 y 47 años.

Fueron cuatro niños que en medio del miedo se arriesgaron a identificar a sus agresores, pero quedó atrás la posibilidad de investigar los casos de posibles 98 víctimas adicionales, por falta de una prolija investigación, intervención inmediata del plantel y diligencias policiales a fondo.

Dos de los agresores, Eduardo Neil Colón Bajaña Salazar y Máximo Juan Mora Montoya, fueron sentenciados a 17 años y 4 meses de prisión por el delito de tortura el 5 de octubre del 2018; y,  Egry Javier Magallanes Benítez y Bryan Leonardo Manzaba Zambrano, recibieron 29 años y 4 meses de prisión por el delito de violación, el 5 de noviembre del mismo año.

En la sentencia contra los dos últimos, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas pidió sacar copias de la resolución y entregarlas a la Fiscalía del Guayas para que “inicie instrucciones por abuso sexual a dos menores (nombres se mantienen en reserva), así como por el delito de pornografía infantil”. Pedido que a once meses de la sentencia, sigue en espera.

En una comunicación escrita a MilHojas (27 de septiembre), la Fiscalía del Guayas dijo que “hasta la presente fecha, la secretaría del mencionado Tribunal no ha remitido dichas copias para el inicio de las investigaciones por los delitos indicados. Dicho fallo se encuentra actualmente en etapa de apelación, recurso que deberá ser revisado por los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas en futura diligencia”.

Y justificó – en la misma comunicación- el por qué no actuó de oficio para investigar la pornografía infantil en contra de Magallanes y Manzaba: “Dentro del expediente fiscal no había experticia alguna donde se pueda observar fotografías de naturaleza sexual de niños, niñas y adolescentes que se hayan obtenido o que hayan estado en poder del procesado (Manzaba). El Tribunal dispuso la investigación en virtud del testimonio rendido por el Agente Investigador de la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes Dinapen, durante la audiencia de juzgamiento, quien indicó que pudieron ver –el día de la aprehensión– el celular de uno de los sentenciados que contaba con esas imágenes; sin embargo, las mismas no pudieron ser extraídas en pericia, por cuanto Criminalística a esa fecha no contaba con los equipos técnicos para extraer la información encriptada, ya que el teléfono celular del procesado era de alta gama”.

El Agente Investigador al que se refiere la Fiscalía del Guayas en su comunicación, era el mayor Ruffo Rodríguez González, quien encontró en el teléfono de Manzaba, fotografías de jóvenes desnudos. Él informó al fiscal que llevó el caso, César Peña, y el teléfono ingresó como evidencia. “No seguí revisando el teléfono”, contó. Pero esta evidencia no consta en el parte policial porque este documento se elaboró a las 00:55 en el momento de la detención de Manzaba y el celular se le incautó después, justificó Rodríguez.

Manzaba no era el único que tenía teléfono celular en el momento de su captura. Los otros dos procesados por tortura -Bajaña y Mora Montoya- también cargaban teléfonos móviles y cámaras fotográficas digitales, según el parte policial del 13 de octubre del 2017 y que fueron ingresados a cadena de custodia y hasta hoy se encuentran en las bodegas de la Policía Judicial.

Según testimonios de los infantes, Bajaña era quien se desnudaba y se tomaba fotografías junto con los niños en los baños del colegio. Por ello, los cuatro peritos psicólogos que entrevistaron e hicieron los análisis psicológicos a los menores de edad “recomendaron investigar  (a los dos sujetos Bajaña y Mora Montoya) por pornografía infantil”. Pero estas recomendaciones quedaron en el papel y la fiscal que llevó el caso, Miriam Moncayo, no insistió en lograr las pericias de los aparatos y el Tribunal de Justicia dejó atrás el pedido de investigación de pornografía.

La Fiscalía del Guayas en la consulta por escrito que requirió este Portal, respondió:  “en cuanto a este proceso (Nº 09286-2017-04430) por el delito de tortura, el Tribunal Penal conformado por los jueces Vanessa Vera, Marlon Castro y Carlos Muñoz, no se pronunció respecto de aperturas de nuevas investigaciones”. Y por ello -justificó- no iniciaron esa investigación por delito de pornografía.

Steven Reyes, abogado de las víctimas, afirma estar ‘atado de manos’ porque si la Fiscalía no inicia esa investigación de oficio, los abogados auspiciantes y defensores de los derechos de los niños no pueden hacer nada, “más que esperar hasta que se ejecutoríe la sentencia por violación para demandar por pornografía infantil a los sentenciados por ese delito (Magallanes y Manzaba)”.

Reyes contradice a la Fiscalía del Guayas porque sostiene que las evidencias de pornografía existen, pero hubo una serie de irregularidades cometidas por la Policía Judicial, que dejó pasar el tiempo y en sus investigaciones no pudo acceder al contenido de los teléfonos por estar bloqueados. “Pedí que soliciten ayuda a peritos especializados, pero la Policía no hizo una buena investigación en pornografía. Por ejemplo, el agente que detuvo a Manzaba dijo que era aprehensor no investigativo”.

Actuación de la rectora sigue impune

En similar situación y olvido, se encuentran otros dos casos por fraude procesal que se plantearon en contra de la rectora de la Unidad Réplica Aguirre Abad, Patricia Cuenca. El primero lo presentó el abogado Édgar Argüello Saltos el 16 de octubre 2017, argumentando que la rectora “nunca hizo nada ante los reclamos de los padres de los niños violentados”;  y, ocho días después, lo hizo la Fiscalía del Guayas por “ocultar, esconder y suministrar ayuda a los responsables del cometimiento de una conducta delictiva” (presunto delito previsto en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal).

Hernán Ulloa, también abogado de las familias de los cuatro niños, aseguró que ninguno de estos dos casos de fraude procesal ha avanzado. “La Fiscalía fijó su objetivo en lograr la sentencia para los responsables de delitos de tortura y violación nada más. Los otros procesos quedaron congelados. Como estudio jurídico no hemos podido asignar logística porque esto básicamente fue una obra social para estas familias. Tampoco hemos tenido ningún informe de la Fiscalía, que pese a que éste es un delito de acción pública y de instancia oficial, es decir, que merece un impulso oficial de la Fiscalía, ésta no hace nada si las partes no piden diligencias o mueven el proceso. Y estas familias se han dedicado a sus hijos porque necesitan mucha atención”.

Cuenca, integrante de la Red de Maestros, fue quien ordenó encerrar a los padres de los menores agredidos en el colegio bajo amenazas para que no denuncien los hechos en la Fiscalía, no permitió que la Policía allane el colegio para capturar a los profesores, obstruyendo una orden judicial y previno a uno de ellos, Javier Magallanes para que no vaya al colegio por la presencia de la Policía, recomendándole acudir al Distrito para solicitar apoyo.

Esta docente además, en mayo de 2017, recibió una denuncia de un alumno de bachillerato en contra de Bryan Manzaba, que detallaba cómo este docente le acosaba con invitaciones a la playa, a hoteles y a discotecas, pero Cuenca la guardó en su escritorio.

También hubo una segunda denuncia contra Manzaba, de otro estudiante a mes siguiente, el 6 de junio, pero esta se entregó a la Directora del Distrito 8, Tania González (antes coordinadora zonal 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES y militante declarada de Alianza PAIS), pero tampoco tomó medidas contra el docente.

Erika Lainez, subsecretaría de Educación, quien reemplazó en junio de 2017 a Evelyn Soria Cabrera, dijo que ella se enteró del caso por un chat interno que llegó a su teléfono el 5 de octubre de ese año y acudió al día siguiente al Réplica Aguirre Abad y convocó a días seguidos al DECE (departamentos de Consejería Estudiantil) para enterarse de detalles y recibir los informes de intimidación a estudiantes del colegio. Responsabilizó directamente a la Subsecretaria (Soria Cabrera) y a la Dirección Distrital (González), de no haber hecho nada con Manzaba que ya tenía denuncias de acoso. “Ahora nosotros hemos prestado la ayuda necesaria, como Ministerio hemos hecho las participaciones restaurativas con los niños vulnerados”, declaró la funcionaria durante la investigación.

Según Lainez, fue ella quien entregó estas denuncias a la Fiscalía el 7 de junio del 2017.

Falso espíritu de cuerpo

Actualmente, tres niños continúan con terapias psicológicas y según una de las madres “en algo han ayudado, pero mi hijo aún recuerda el daño que le hicieron”. El cuarto niño vive fuera del país. Sus familiares decidieron sacarlo de su entorno para protegerlo de las consecuencias que consideran son devastadoras y marcarán su futuro.

Aún no se conoce cuánto tiempo los cuatro niños fueron sometidos en los baños de la institución por los cuatro profesores, quienes cometían actos de degradación sexual tan aberrantes con prácticas de felaciones, tocamiento de sus genitales, orinar sobre ellos y hacerles tomar ese líquido luego de amarrarlos y golpearlos para luego fotografiarlos desnudos. Para los niños, estos ataques en los baños se convirtieron en secretos inconfesables, pero en sus hogares, sus comportamientos se transformaban en violencia con sus padres, con sus hermanos y con sus juguetes. Uno de los niños desmembraba a los muñecos y los colgaba con los cordones de sus zapatos. Otro, según sus análisis psicológicos, tenía pensamientos suicidas a su corta edad.

Durante la investigación de estas agresiones, un agente de la Dinapen entrevistó a un quinto niño que se presumía también fue violentado, pero se descartó incluirlo en el proceso porque sus respuestas eran confusas. El agente detalló que el menor tenía un 70% de discapacidad intelectual.

También abordó a la madre de una niña que presumía fue abusada, pero la investigación no prosperó porque supuestos exámenes realizados a pedido de la familia fuera de las diligencias de la fiscalía habrían confirmado su normal estado de salud físico y sicológico. El agente no insistió.

Tampoco se incluyó en el proceso el testimonio de un niño que dijo que le habían amarrado y orinado en un árbol que se encuentra dentro del colegio porque no pudo identificar al docente que supuestamente le agredió.

El fiscal César Peña aseguró a MilHojas, que en el Colegio Réplica Aguirre Abad se habló de más casos, pero luego de las investigaciones, dijo, fueron cuatro y son los que llegaron a sentencia.

Solo los cuatro niños que hablaron y encararon las agresiones fueron víctimas de una realidad que aparentemente era invisible en el colegio. Una veintena de profesores que dio su declaración a lo largo de las investigaciones, aseguró que no sabía nada. Docentes e inspectores supuestamente se enteraron de las denuncias por las noticias en los medios de comunicación. Dijeron que nunca los sentenciados mostraron conductas censurables, que nunca uno de los acusados reemplazaba a otros profesores del aula donde pertenecían los niños abusados, que nunca mandaban fuera del aula a los niños por ser indisciplinados. Que cuando los niños salían al baño regresaban a los dos o tres minutos. Pero los menores afirmaron lo contrario. Una comunidad educativa que creó un espíritu de cuerpo ante brutales delitos que se negaron a contar y denunciar.

La psicóloga Raquel García González, en la pericia del entorno social de una de las víctimas y en su informe final, concluyó que a lo largo de la investigación “se evidenció que existió el conocimiento de una profesora (no se da el nombre) que no dio aviso previo a las autoridades (del plantel) de lo que estaba pasando a los menores”.

Una estudiante contó que “vio a sus profesores en el baño con dos niños, que les tenía con un cuchillo en el cuello y con los pantalones abajo, haciendo lo que no hacen los niños; les tenía mucho miedo y cuando me veían se ponían el dedo en la boca en señal de silencio”. Otro alumno de bachillerato describió que “los profesores llevaban a los niños al baño y estaban bajándoles los pantalones (nombre en reserva) en el baño del frente de mi curso”.

La Fiscalía no vio cómplices ni omisiones de las autoridades y profesores del plantel para investigarlos y pedir sanciones como cómplices, solo se dedicó a los autores de los delitos. El Ministerio de Educación ordenó la intervención de la Unidad Educativa, pero “fue una intervención particular”, según Diego Paz, subsecretario para la Innovación y el Buen Vivir, porque se “concentraron en quienes generaron el problema, pero no en las cabezas que estaban detrás, en quienes también eran los responsables por acción y omisión como lo dice la ley”.

Una de esas responsables fue la rectora Cuenca, quien fue destituida de su cargo dos meses después de conocerse los casos de abuso y fue prohibida de ingresar al sistema educativo público del país.

Los victimarios

Ninguno de los cuatro sentenciados eran profesores de los infantes. Ellos enseñaban en bachillerato en el bloque B, separados de los estudiantes de básica, solo por las canchas de juegos.

Egry Javier Magallanes Benítez de 45 años (edad actual), ingresó al Réplica Aguirre Abad como inspector en el 2013, año de su inauguración. Fue profesor de dibujo, música e informática en la sección básica; y, entre 2016 y 2017 le asignaron la materia de cultura física en bachillerato.  Mantuvo una relación de ocho años con una mujer quien fue parte de los testimonios de apoyo de este sujeto en el proceso de investigación por el delito de violación.

Los menores abusados señalaron a Magallanes como el profesor que les bajaba los pantalones y les tocaba sus partes íntimas y les obligaba a que hagan lo mismo y otras acciones degradantes. Según el testimonio que consta en la sentencia, Magallanes se identificó como miembro de la Red de Maestros y por ello, el 6 de octubre de 2017, acudió al coordinador nacional de esta Red, Agustín Lindao para pedirle ayuda y frenar la firma de su renuncia como le exigían en el colegio luego de que fue denunciado por violencia sexual.

Lindao es un personaje cuestionado por sus conexiones con el Gobierno de Rafael Correa. Buscó la Concejalía del Distrito 3 de Guayas por Alianza PAIS en las elecciones seccionales de marzo pasado. Es rector de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes y acarrea una denuncia por delincuencia organizada desde el 27 de octubre de 2017.

Según el registro de causas de la Fiscalía General del Estado, esta denuncia fue puesta por Jorge Itúrburu, ex rector del colegio Vicente Rocafuerte, acusándolo de no denunciar a supuestos involucrados en los delitos de acoso sexual, violaciones y delincuencia organizada de varias instituciones educativas del Guayas por ser parte de la Red de Maestros. Esta denuncia tiene como sustento el Sumario Administrativo del Ministerio de Educación 008-JDRC-2016 y notificado a Lindao el 2 de junio de 2016.

Otro de los sentenciados, Bryan Leonardo Manzaba Zambrano, de 32 años, también fue docente fundador de la Réplica Aguirre Abad y trabajaba en el colegio Nobel de la ciudad de Guayaquil. Fue profesor de las materias de matemáticas y física de los estudiantes de Bachillerato. Es soltero y a sus 22 años contrajo el virus del Sida.

Los menores abusados lo conocían como el profesor de la moto y era quien según los relatos, los amarraba, orinaba en botellas u otros recipientes y los obligaba a tomar, además de otras bajezas sexuales. Él, tomaba fotos a los infantes con su celular y luego les enseñaba. Pero para Manzaba este juicio fue “un linchamiento mediático”.

Según el portal de causas de la Fiscalía General, Manzaba acumula tres denuncias por otros delitos; dos en el 2012 por falsificación de instrumentos privados y públicos, escrituras y contratos; y un tercero por abuso de confianza.

Eduardo Neil Colón Bajaña Salazar de 48 años, soltero, ingresó al colegio en 2014 y daba clases de ajedrez y cultura física. Fue designado inspector para el periodo 2016-2017.  Él, igual que todos los inspectores tenían las llaves de los baños de los estudiantes, por decisión de la rectora Patricia Cuenca para que controlen que los estudiantes no se demoren en los baños.

Los niños conocían a Bajaña como ‘el gringo’ porque también daba clases de inglés, idioma que lo perfeccionó en un posgrado en el exterior pagado por el Estado.

Máximo Juan Mora Montoya de 47 años, casado, daba cultura física a los estudiantes de Bachillerato y era inspector del Bloque A. Los niños en sus testimonios y entrevistas coinciden en que este sujeto les golpeaba (coscachos) y los amarraba para que los otros docentes abusen de ellos.

Para el abogado Steven Reyes, la sentencia para los violadores de los niños debió ser la máxima de 40 años para sentar precedente y porque existió “un concurso real de infracciones –abuso sexual, violación, tortura y pornografía infantil- tal y como lo permite el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

También acudirán a la audiencia de apelación de sentencia el 26 de este mes, solicitada por Bajaña y Mora Montoya, quienes a través de sus abogados pidieron la eliminación de la condena porque aseguran son inocentes.

Años de violencia sexual en las aulas en medio del encubrimiento oficial y la lentitud de la justicia

Más de 300 casos de violencia sexual en escuelas y colegios del país, que fueron archivados entre el 2014 y el 2019, fueron recuperados y reabiertos con recursos extraordinarios de revisión, según confirmó Diego Paz, subsecretario para la Innovación y el Buen Vivir del Ministerio de Educación.

Muchos de estos casos fueron denunciados cuando los ex ministros Augusto Espinoza y Fredy Peñafiel manejaban la cartera de Educación

Paz señaló que los casos reabiertos vienen desde el 2014 porque de años anteriores no existen datos digitalizados. “En la mayor parte de estas 300 denuncias (los responsables de los delitos sexuales) han sido sancionados con destitución (sanción administrativa) porque no podíamos permitir que esta gente siga trabajando con niños, pero además pedimos que en las resoluciones se hagan sumarios en contra de los funcionarios que estuvieron en las direcciones distritales de solución de conflictos y que archivaron los casos, evidenciando negligencia y cierta complicidad”.

Según datos del ministerio, entre 2014 y 2019 (agosto) se han reportado 8.908 casos de violencia sexual, de los cuales, 3.245 (36,4%) se registraron en instituciones educativas y los agresores no fueron solo educadores, sino también personal administrativo, de limpieza y estudiantes.

Paz asegura que ahora el Ministerio de Educación tiene una política de cero tolerancia a todo tipo de violencia sexual en las instituciones educativas y por ello, desde el 2018 funciona el REDEVI, un sistema de registro de víctimas, victimarios, casos entregados a la Fiscalía y su situación legal.

A Paz le preocupa que los casos en manos de la Fiscalía no tengan la celeridad y prioridad que se requiere por ser agresiones sexuales a menores de edad en los establecimientos educativos.

“En las Mesas de Acceso a la Justicia, de las que somos parte  (integran Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social y  Ministerio de Gobierno), se discuten los casos mal atendidos. Ahí planteamos los nudos críticos, que si bien el sistema educativo detecta los casos (de violencia sexual), establece las medidas administrativas e impulsa los procesos en la Fiscalía, sabemos que los procesos continúan ahí”, dijo.

Testimonio de la madre de una de las víctimas