Según el reporte, Baroja gestionó recursos de nueve organizaciones: La Fabril, Hidalgo & Hidalgo, Ripconciv Construcciones Civiles, Prefectura de los Ríos, Prefectura de Manabí, del Fondo de Gastos Especiales, Secretaría de Inteligencia, Servicios de Seguridad Armiled, Vip Cevipsa y Secretaría Técnica de Reconstrucción. Pabón, entonces secretaria de Gestión de la Política, recaudó fondos de Reylacteos y Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela.

Esta práctica se extendió al Gobierno Provincial de Pichincha que tenía su sistema interno de coimas. Un método generalizado que se aplicó atodos los bienes y servicios que contrató la prefectura, que estuvo, durante varios años, en manos de Gustavo Baroja.

Los funcionarios recibían dinero y a cambio entregaban contrataciones a un grupo de privilegiados proveedores. Este medio conoció que hubo proveedores que entregaron el 10% (coima) del valor del contrato una vez adjudicado. Generalmente, el monto de la coima dependía del precio del contrato; cuando eran sumas superiores a los $1.000, el pago se hacía en efectivo, cantidades menores se pagaban mediante transferencias bancarias.

Estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de Baroja, Pabón y el Sercop por un grupo de proveedores que detectaron las anomalías.

Baroja respondió, vía mensaje de texto, que investigaría “de inmediato”, Pabón pidió que “denuncien nomás” porque los supuestos actos de corrupción no ocurrieron durante su administración. El Servicio de Contratación Pública indicó que los casos estaban en revisión.

La recaudación irregular para financiar campañas políticas y otras actividades de PAIS, también se obtuvo de las partidas presupuestarias, justificadas, al igual que en “Arroz Verde”, con cruce de facturas, a través de contratos en algunos casos falsos y en otros sobre valorados.

En el piso 21 del Consejo Provincial de Pichincha, contiguo a la oficina de Gustavo Baroja, operaba una oficina donde se realizaba el registro de aportes a cargo de Elena Parra y Jeanneth Cifuentes. Uno de los responsables de entregar el dinero era Diego Espinoza, ex gerente de Hidroequinoccio. Hasta antes del 2017, el centro de operaciones políticas de AP era una amplia casa ubicada junto al ex teatro Capitol, en la ciudad de Quito, conocida como Casa Baroja. Para la campaña del binomio Moreno – Glas, el cuartel general fue una vivienda ubicada en la avenida Brasil y pasaje Lucas Majano, de donde se toma el nombre de Informe Majano.

El equipo inmediato de Gustavo Baroja, estaba integrado por Rubí Antúnez Fierro (pareja sentimental del exprefecto), Richard Tapia, Diego Flores (Policía) Fausto Cayambe (exlegislador fallecido en 2017) Priscila Pabón, Paola Pabón, Santiago García, Fausto Almeida, Alcides Llumiquinga, Luis Caiza y Patricio Beltrán, este último considerado uno de los coordinadores para la recolección de dinero durante la campaña de 2017.

El Sercop, un portal de corrupción

La Fuente revisó el sistema de contratación del Gobierno provincial ejecutado a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y encontró varias irregularidades.

El 14 de junio de este año, el presidente Lenín Moreno anunció que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) “es la primera institución en certificar su sistema de gestión anti-soborno, cumpliendo la norma internacional ISO 37001:2016, en todos sus procesos a nivel nacional!”. Moreno dijo que contar con esa certificación es una muestra de que su Gobierno “maneja con respeto, honestidad y transparencia los recursos públicos”. Sin embargo, las actuaciones de un grupo de funcionarios del Gobierno Provincial de Pichincha, a cargo del manejo de los procesos de contratación a través del Sercop, parecen contradecir sus afirmaciones.

Este medio constató que, días antes del anuncio de Moreno sobre lanorma internacional anti soborno, en varios procesos de adjudicación de contratos, hubo irregularidades que beneficiaron a un grupo de proveedores y funcionarios de la prefectura, y perjudicaron al Estado, solo en la compra de adoquines.

Según los comprobantes de las transferencias bancarias a los que este medio tuvo acceso, el 24 de octubre de 2016, Jhon Asifuela Pala, recibió $1.000 en su cuenta del banco de Guayaquil de una oferente que quería ganar contratos. El 14 de febrero y 7 de abril de 2017, recibió otros dos depósitos de la misma oferente, por $1.000 y $50, respectivamente. Era una práctica recurrente, había tanta confianza que la oferente llamaba “Jhoncito” al funcionario.

Jhon Asifuela Pala, es un funcionario de la prefectura, responsable de la administración, el procedimiento precontractual y del uso de las herramientas del portal Compras Públicas. Desde 2014, Asifuela Pala está relacionado con el manejo de contratos del sistema de compras públicas.

Una fuente, que prefirió el anonimato por temor a represalias, dijo a este medio que los depósitos se hacían por transferencias bancarias cuando eran menor a $1.000, si el monto era mayor, se entregaba en efectivo. “El valor de la coima se entregaba dependiendo del monto del contrato”, “un funcionario de la prefectura nos dijo si es que usted quiere participar tiene que darle el 10%, ofrézcale $10.000, al administrador del contrato (Jhon Asifuela)”, asegura la fuente.

El departamento de compras públicas del gobierno provincial de Pichincha está integrado por Jhon Asifuela, Kevin Espinoza, Richard Aizaga, Elena Valencia y Cristhian Mackencie.

Según datos del Sercop, entre 2016 y 2018, el Gobierno Provincial hizo compras por $48.6 millones.

Sercop: las falencias de un sistema que beneficia a proveedores y perjudica al Estado

Este medio revisó 183 contratos relacionados con la compra de adoquín y encontró varias irregularidades que fueron permitidas por funcionarios de la prefectura e inobservadas por el propio Sercop. Se explican a continuación:

El grupo privilegiado

En tres años (2016-2019), la prefectura de Pichincha adjudicó un total de 183 contratos para la compra de materiales y construcción de adoquinado en varias calles de la provincia, a un costo total de $ 5.2 millones.  Un grupo privilegiado de ocho proveedores ganó, por subasta inversa, 142 de los 183 contratos.

Para priorizar las ofertas nacionales en los procesos de contratación pública, el Sercop exige y emite una resolución, basada en la declaración del Valor Agregado Ecuatoriano (VAE), que certifica si los proveedores son “productores” nacionales o no. Bajo esta condición los proveedores pueden obtener privilegios y márgenes de preferencias al momento de licitar, por ejemplo: en la puja, un productor nacional tiene la opción de no bajar su precio, frente a una oferta menor y aun así ganar el contrato.

Los proveedores antes mencionados se han identificado como productores, cuando en realidad son intermediarios. Participaron en las pujas con una resolución errónea de la declaración del VAE, emitida en 2017.

El Sercop señala que un oferente puede declarar que es productor de bienes o servicios, solo cuando fabrica directamente dichos productos, es decir, cuando posee una línea de producción.

Este medio revisó las resoluciones administrativas del VAE 2018 y 2019 en la biblioteca digital del Sercop y no encontró certificaciones relacionadas con los proveedores señalados.

En la prefectura de Pichincha indicaron que la resolución era universal y servía para todos los procesos, incluso señalaron que conocían a los proveedores y que éstos tenían la condición de productores. El Sercop, por su parte, señala que esa resolución se la debe solicitar por cada proceso, siguiendo la metodología indicada.

La condición de productores, permitió a los proveedores no bajar sus precios en las ofertas, tal como lo evidencia el siguiente cuadro:

Según los datos del cuadro, existen procesos con bajas del 15% y en otros del 0%, aun cuando la Ley exige una baja de, por lo menos, 0,5%. Solo si es un productor nacional, la Ley avala que no baje sus precios frente a una mejor propuesta. En este caso, no hubo ahorro para el Estado, pero sí beneficio para los proveedores porque sin ser productores accedieron a esos privilegios.

Otra práctica utilizada por los funcionarios del Gobierno Provincial para favorecer a los proveedores que habían entregado coimas consistió en permitir el cambio de origen de los proveedores de nacionales a extranjeros y viceversa, sin hacer ningún tipo de observación.

Un proveedor nacional tiene ventajas sobre un proveedor extranjero (su oferta goza de prioridad así esta no sea la más conveniente económicamente para la entidad contratante), basados en esto idearon un método para asegurarse los contratos: en el proceso, dejaban a dos o tres proveedores, para que uno se identifique como nacional y los otras dos como extranjeros y viceversa, de esta forma en un proceso se favorecía al uno y en el siguiente la suerte le tocaba al otro, como se refleja en las siguientes contrataciones:

El proceso SIE-006-COG-DGDC-19, fue adjudicado el 1 de abril de 2019 a Loachamín Chano Freddy, quien para este contrato dijo ser proveedor nacional. Participaron también Andrade Parra Janneth y Solís Guevara Silvia en condición de proveedores extranjeros. Loachamín por ser nacional, según la Ley, tuvo preferencias sobre los extranjeros, pese a que su oferta era la más cara.

El proceso SIE-008-COG-DGDC-19, fue adjudicado el 4 de abril de 2019, a Andrade Parra Janneth. Esta vez cambiaron los roles: ella dijo ser proveedor nacional y él, Loachamín Chano Freddy, se identificó como proveedor extranjero.

El proceso SIE-017-COG-DGDC-19, fue adjudicado el 9 de mayo de 2019 a Loachamín Chano Freddy, como proveedor nacional. Maldonado Robalino María participó como proveedor nacional.

En el proceso SIE-016-COG-DCDG-19 Loachamín Chano aseguró ser proveedor nacional y Maldonado Robalino María proveedor extranjero, pese a que en el proceso SIE-017-COG-DGDC-19 se identificó como proveedor nacional. Loachamín ganó el contrato pese a que su oferta era mayor a la de Maldonado, porque la Ley privilegia al proveedor nacional frente al extranjero. Ninguna de estas inconsistencias fue identificada por el Sercop.

En estos procesos no pesaba la oferta de menor precio, sino el origen del proveedor. El cambio de origen lo hicieron en cuestión de días, por ejemplo, Janneth Andrade Parra el 1 de abril de 2019 era proveedora extranjera y al 4 de abril era proveedora nacional. Lo mismo ocurrió con Freddy Loachamín, el 1 de abril era proveedor nacional y el 4 de abril era proveedor extranjero.

Los proveedores participaron como personas naturales, pese a que el Sercop indica que todo proveedor de origen extranjero debe ser una persona jurídica. En estos casos, ninguno de los supuestos oferentes extranjeros tiene personería jurídica.

Otra irregularidad:

En el proceso SIE-013-COG-DGDC-19, correspondiente a la adquisición de materiales para las calles Rumiñahui, Norberto Salazar y Rosa Zárate del barrio centro de Tumbaco, también hubo irregularidades: la vinculación entre los dos únicos oferentes calificados para el proceso (Jaramillo Gómez Constructores Cía. Ltda. y Vélez Maestre María), al presentar una oferta compartida.

Los dos proveedores presentaron una misma documentación, es decir, presentaron la matrícula de una misma máquina asfaltadora. El sistema de compras públicas prohíbe compartir ofertas, o vínculos con otro proveedor. Sin embargo, Jaramillo Gómez Construcciones se adjudicó el contrato por $103.000. En ese proceso hubo una baja de $400, incumpliendo el índice de variación a la baja del 0.5% del presupuesto que equivale a $515.

Las entidades contratantes han optado por realizar compras de adoquines a través de otros procesos de contratación (subasta inversa), evadiendo el catálogo electrónico e incumpliendo las disposiciones del Sercop.

Por ejemplo, adoquines de 350kg/cm2 y 400kg/cm2 que se encuentran dentro del Catálogo Dinámico bajo los siguientes precios de adhesión determinados por el Sercop: $0,41 (350kg/cm2) y $0,44 (400kg/cm2).

En los procesos de subasta inversa electrónica, realizados por el Gobierno Provincial de Pichincha han emplazado un precio referencial de $0,42 para adoquines de 300kg/cm2 de resistencia (bien no catalogado), generando un sobre valor al bien y recibiendo un producto de mínima calidad que ha generado inconvenientes a sus beneficiarios finales, los moradores de los barrios.

Cuando se recomienda el uso de adoquines de 350kg/cm2 de resistencia para uso vehicular ligero para poder cumplir con las normas técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).