La coima del millón de dólares se pactó en julio de 2007. No fue ni en la oficina de Odebrecht, ni en el ministerio de Electricidad, ni siquiera en la notoria suite 156, con entrada reservada, que tenía Odebrecht en el Swisotel en Quito.

La reunión fue en la oficina privada de un importante empresario, que sirvió de intermediario para la negociación del inminente soborno y sus condiciones.

Según han confesado los hoy delatores corporativos Fábio Gandolfo y Fernando Fernandes Bessa, la reunión con el entonces ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, tuvo lugar en una casa a pocas cuadras de la oficina de Odebrecht. El anfitrión de esa reunión fue el empresario Rubén Rodríguez, concesionario de Volvo en Ecuador.

Rodríguez era amigo de Fernandes y de Mosquera y tenía importantes negocios con Odebrecht.

Cuando, después de algunos prolegómenos, hablaron sobre el proyecto Toachi Pilatón, el ministro Alecksey Mosquera dijo que él no solo podía ayudar a que se firme rápidamente el contrato que pese a haberse adjudicado el 2006 no se había firmado todavía, sino también a financiar, incluso con adelanto, el proyecto con los fondos públicos del FEISEH.

A cambio, pedía un millón de dólares de coima para él.

Fernandes Bessa, entonces director de operaciones de Odebrecht en Ecuador, aceptó en principio la oferta, incluso antes de informarle a Gandolfo.

Establecido el pacto entre sobornador y sobornado, se realizaron luego unas reuniones más entre ellos en la suite de Odebrecht en el Swisotel para precisar los detalles del proceso. En esas reuniones, Mosquera le reportó las conversaciones con el entonces presidente Rafael Correa sobre las acciones planificadas para financiar el proyecto con los fondos del FEISEH.

Mosquera cumplió con lo ofrecido. En agosto de 2007, el FEISEH aprobó financiar el proyecto. En noviembre, Hidrotoapi S.A. autorizó la firma del contrato con el nuevo financiamiento. El 27 de diciembre se firmó el contrato. Y el 5 de marzo de 2008, Odebrecht recibió $112 millones de dólares de adelanto para la realización de una obra que solo estuvo en condiciones de empezar siete meses después.

Todo ese proceso se realizó a una velocidad vertiginosa para los estándares gubernamentales en Ecuador. El plazo usual entre la firma del contrato y el desembolso del adelanto es de dos años o más. Aquí tomó dos meses.

Después del pago de $112 millones de dólares a Odebrecht, Alecksey Mosquera tuvo una reunión con Fernandes Bessa y Fábio Gandolfo, entonces Superintendente en Ecuador. Él había cumplido con todo y ahora pedía que cumplan con él.

Gandolfo entonces consultó con el jefe de Odebrecht para América Latina, Luiz Antonio Mameri, quien autorizó el pago que, a través del “Sector de Operaciones Estructuradas”, se hizo mediante varios depósitos a la cuenta de Tokyo Traders, en Andorra. La cuenta, como se sabe, perteneció a Marcelo Endara, tío de Mosquera.

Este fue, probablemente, uno de los sobornos más lucrativos realizados por Odebrecht. Encima, sin haber movido una piedra. Las autoridades estadounidenses calcularon que por cada dólar que Odebrecht pagó en sobornos ganó normalmente cuatro dólares.

En este caso, el millón pagado a Mosquera le sirvió no solo para la firma del contrato sino para recibir una inyección (más bien una inundación) de $112 millones de dólares por los que no pagó un centavo de intereses. No solo eso, cuando se fue del país, luego de ser expulsada por Rafael Correa, presentó facturas por supuestos gastos de $13 millones de dólares. Luego, en un arbitraje obtuvo $5, 6 millones adicionales por la rescisión unilateral del contrato.

Es importante recordar que ese dinero entregado con tal abandono y a cero interés (menos cero más bien) era dinero público, es decir, de todos los ecuatorianos. ¿Y qué recibieron los ecuatorianos a cambio de eso? Ni un solo kilovatio, hasta hoy. Ni para cargar un celular.

Ya se sabe qué pasó después. Expulsado Odebrecht, por graves problemas en otra central hidroeléctrica, el ex presidente Rafael Correa entregó la obra a un consorcio chino-ruso, aquí con financiación de fondos de la seguridad social (IESS) y del Eximbank de Rusia. Poco antes de terminar su mandato, Correa otra vez rescindió unilateralmente el contrato, dejando el proyecto abandonado. Lo que se pensó que iba a costar $336 millones de dólares en 2005, acabó costando más de $600 millones de dólares y no sirvió ni para prender un foco.

¿Tuvo Mosquera la autoridad, la autonomía suficiente como para poder poner a toda velocidad la firma del contrato y disponer la cuantiosa financiación de más de cien millones de adelanto a Odebrecht, sobre un total comprometido de $470, 6 millones?

Bueno, ya se sabe que la máxima autoridad del Fondo Petrolero, el FEISEH, era el presidente de la República, Rafael Correa.

Estas publicaciones contactaron al empresario Rubén Rodríguez, quien, a contramano de los delatores de Odebrecht, negó haber sido intermediario o anfitrión de la reunión entre Fernandes Bessa y Mosquera, aunque reconoció haber sido amigo de los dos.

Esta investigación fue realizada por Fernando Villavicencio V. y Cristhian Zurita R.;  publicada por Plan V el 11 de julio de 2017.

Reporte especial de Focus Ecuador, Milhojas, PlanV (Con la colaboración de IDL-Reporteros, de Perú)