Share This Article
La jueza María Daniela Ayala, con vínculos con el correísmo y con procesados del caso Sinohydro (Juan Carlos Patiño y Conto Patiño), quedó separada definitivamente del caso Magnicidio FV. Esto, luego de que el 29 de abril de 2026, el juez Máximo Ortega Vintimilla dictara sentencia dentro del proceso de recusación en su contra que había presentado la fiscal del caso Ana Hidalgo.
Pese a los múltiples intentos de la jueza de seguir “atornillada” al caso, el juez Ortega aceptó la demanda de recusación, estableciendo que la jueza habría incurrido en la causal del numeral 11 del Art. 572 del COIP («dar consejos o manifestar su opinión sobre la causa»).
El juez se refiere a la ilegal actuación de la jueza, quien entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre del 2025, en su empeño por seguir incidiendo en el caso Magnicidio FV, pese a que había sido suspendida por la Judicatura, envió una serie de comunicaciones a funcionarios de esa misma institución, intentando impedir que se desarrolle el proceso en una dirección que a ella le parecía incorrecta.
En ese momento la jueza Luz Ortiz había procedido a aceptar las medidas de prisión preventiva en contra de Jordán y Serrano.
La jueza Ayala se comunicó con Ruth Ortiz y Henry Gaibor expresando su «preocupación» por el manejo de la causa. Se quejó, cuestionó y advirtió sobre presuntas «intervenciones arbitrarias» y supuestas vulneraciones al debido proceso.
En este sentido, el juez concluyó que los correos electrónicos enviados por Ayala exteriorizaron juicios de valor y posturas técnicas sobre la causa, comprometiendo su imparcialidad y la confianza en la justicia.
De acuerdo con el abogado Patricio Rosero, quien representa a las víctimas del caso, Amanda y Tamia Villavicencio, la consecuencia inmediata de la decisión del juez Ortega es que la jueza Ayala queda separada de manera definitiva del caso Magnicidio FV y, por lo tanto, “ya no podrá emitir ninguna decisión, ni tener injerencia sobre el expediente de los autores intelectuales del caso”.
Adicionalmente, ahora viene la reasignación de la causa a otro juez. La Sala de Sorteos deberá realizar el proceso correspondiente para elegir a un “juzgador imparcial”, explicó Rosero.
Para Amanda y Tamia Villavicencio, la noticia de la separación definitiva de Ayala es un alivio, pues esta jueza, desde el inicio del proceso en agosto del 2025, tuvo actuaciones groseramente irregulares que le merecieron incluso suspensiones.
Es importante recordar que el 3 de septiembre —durante la audiencia de formulación de cargos a los cuatro presuntos autores intelectuales: Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo— Ayala tuvo una actitud hostil con la Fiscalía y con las víctimas.
Pero, además, en vez de conceder la prisión preventiva para estos personajes, dio medidas alternativas a Jordán y Serrano, permitiéndoles que se presenten en el consulado de Miami, sin garantizar que este proceso se ejecute de manera efectiva. Una de las razones que la jueza Ayala esgrimió en ese momento fue que ellos tenían que trabajar para poder pagar a sus abogados.
A lo largo de este proceso en el que las víctimas han alertado sobre las actuaciones ilegales de Ayala, la jueza se excusó de conocer el caso, e incluso admitió no poder ver a Amanda Villavicencio como una víctima, sino más bien como su agresora:
“Solamente el hecho de pensar en tenerle en frente y tener que tratarle como víctima, que es lo que corresponde, me genera ansiedad, toda vez que yo misma tengo duda de si efectivamente puedo verle como algo más que mi agresora”, afirmó.
Pese a que ella mismo se excusó, luego continuó en el caso.
Ayala también enfrenta destitución por dolo
Entre tanto, la jueza Ayala debe enfrentar otra instancia judicial, en el ámbito disciplinario, que le podría costar una destitución. Es decir que ya no podría ejercer su cargo en ningún caso.
De acuerdo con Rosero, el proceso disciplinario aguarda que el Pleno del Consejo de la Judicatura emita la resolución final sancionatoria (destitución), apoyada en la declaratoria de dolo jurisdiccional ya ejecutoriada.
¿Pero cómo se generó el proceso disciplinario en contra de Ayala?
Las evidentes actuaciones irregulares de la jueza Ayala en pro de los acusados llevaron a Amanda y Tamia Villavicencio, y por cuerda separada al ministro John Reimberg, a presentar una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura.
El 19 de octubre de 2025 el Consejo de la Judicatura solicitó a la Corte Provincial una declaratoria jurisdiccional previa por “presunto dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”.
En diciembre, el director General del Consejo de la Judicatura acogió el informe motivado y resolvió imponer a la jueza Ayala una sanción de suspensión del cargo por 30 días sin goce de remuneración. El 12 de diciembre, el Pleno del CJ negó la apelación de Ayala y ratificó esta sanción.
Posteriormente, el 16 de enero de 2026, el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha resuelve, por voto de mayoría, la declaratoria jurisdiccional previa. Esto significa que la jueza Ayala sí incurrió en la falta disciplinaria gravísima de dolo.
De acuerdo al análisis, Ayala se apartó de manera consciente de la finalidad normativa de las medidas cautelares. Esta declaratoria es el insumo que actualmente permitirá al Consejo de la Judicatura proceder con la destitución en los sumarios pendientes.
La jueza que ha buscado detener esta sanción, interpuso acciones constitucionales entre febrero y marzo; pero, al no tener asidero,le fueron negadas. El 19 de febrero se rechaza su Acción de Protección y el 13 de marzo, la Corte Constitucional inadmite su Acción Extraordinaria de Protección.
Ahora está en manos del Consejo de la Judicatura, con su nueva presidenta, Mercedes Caicedo, proceder con la correspondiente sanción. La lucha contra la corrupción, a la que se ha comprometido Caicedo, se ha empezado a concretar a través de la sanción a ciertos jueces. Se espera que, en los próximos días, la Judicatura trate el caso de la polémica Daniela Ayala.
