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La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, en voto de mayoría, declaró la existencia de “error inexcusable y dolo” en la actuación de la jueza María Daniela Ayala, dentro de la tramitación de la causa conocida como Caso Magnicidio FV, relacionada con el vil asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
La decisión acoge las denuncias presentadas por el ministro del Interior, John Reimberg, así como por Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio. En ellas los denunciantes expusieron graves irregularidades procesales que comprometieron la legalidad y transparencia del proceso judicial.
La jueza Ayala cometió una serie de “errores” fuera de norma, como el ya conocido caso de haber facilitado medidas alternativas a José Serrano y a Xavier Jordán (vinculados al caso por parte de Fiscalía) permitiéndoles presentarse en el Consultado de Miami sin siquiera haber establecido qué funcionario habilitaría el trámite.
Para los jueces “la actuación de la jueza María Daniela Ayala Álvarez no constituye una mera interpretación jurídica alternativa ni un error de juicio tolerable, dentro del margen de independencia judicial, sino un apartamiento consciente, deliberado y funcionalmente orientado a neutralizar la aplicación efectiva de la norma jurídica, configurando el elemento volitivo del dolo disciplinario”.
Además indican que la jueza denunciada, no realizó una lectura razonable de los artículos 520, 522 y 524 del COIP, sino que desnaturalizó sus contenidos, sustituyendo los criterios jurídicos exigidos por la ley, “con razonamientos abstractos, hipotéticos y carentes de conexión con los riesgos procesales reales”.
También se hace hincapié en que la jueza no valoró de manera efectiva del riesgo procesal. Es que los procesados se encuentran fuera del territorio nacional, es decir, conocía ciertamente que los procesados Jordán y Serrano se desplazaron voluntariamente de su lugar de origen.
Consecuencias jurídicas inmediatas
La declaratoria de error inexcusable y dolo constituye una falta gravísima y la sanción es la destitución de la servidora judicial responsable. Así lo establece el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
En ese marco, tras la declaratoria, el expediente deberá ser remitido al Consejo de la Judicatura, instancia a la cual le compete iniciar y ejecutar el procedimiento disciplinario correspondiente, que podría concluir con la separación definitiva de la jueza Ayala de la Función Judicial.
Un proceso marcado por presiones y amenazas
Los jueces Marco Navarrete Sotomayor y Maritza Romero Estévez, integrantes de la mayoría que adoptó esta decisión, han denunciado amenazas y actos de intimidación relacionados con su intervención en esta causa, evidenciando el alto nivel de riesgo y presión que rodea al caso. Cabe recordar que ambos magistrados sentenciaron previamente a Luis Arboleda, alias “Gordo Lucho”, uno de los llamados para ser vinculados en el entramado del Caso FV.
Hubo un voto salvado de la jueza Pacheco, quien está bajo cuestionamientos
La jueza Juana Pacheco salvó su voto. Sin embargo, su actuación también ha sido objeto de señalamientos: fue denunciada ante la Dirección de Transparencia por irregularidades y dilaciones en la causa contra Luis Arboleda “Gordo Lucho” y actualmente es investigada por presunto fraude procesal, revelación ilegal de datos y obstrucción a la justicia, en el contexto de una acción de protección.
Un fallo que reafirma la independencia judicial
Sobre el tema, Patricio Rosero, abogado de Amanda y Tamia Villavicencio consideró que la decisión de los jueces que sancionan a la jueza Ayala es jurídicamente correcta y necesaria en el contexto del magnicidio de Fernando Villavicencio, porque reafirma que la independencia judicial no ampara motivaciones deficientes ni decisiones desconectadas de la gravedad del caso.
“En un proceso de altísimo impacto institucional y social, la motivación debía ser reforzada, rigurosa y orientada a neutralizar riesgos procesales reales. La Sala acierta al marcar un límite claro: la discrecionalidad judicial no puede convertirse en arbitrariedad cuando está en juego la eficacia de la justicia frente al crimen organizado” comentó Rosero.
La jueza Ayala, desde el primer momento que conoció el caso se mostró hostil frente a Fiscalía como frente a las víctimas. En este sentido fue suspendida por su accionar. No obstante hace pocos días retomó el caso y emitió un dictamen lleno de imprecisiones y errores. Además declaró que tiene una enemistad manifiesta con Amanda Villavicencio, víctima del caso. Se excusó del caso, pero solo después de haber emitido un dictamen que cuestionable y que ya fue refutado por Fiscalía. Incluso la fiscal Ana Hidalgo pidió aclaración y ampliación de varios temas. Aquí una nota al respecto.
La jueza Ayala se despide del caso Magnicidio con dictamen ‘de Ripley’
Punto de quiebre institucional
En un momento de crisis institucional, esta resolución marca un punto de inflexión en el Caso FV y envía un mensaje contundente: las actuaciones judiciales que vulneran la ley y la ética no quedarán en la impunidad.
El país permanece atento a la decisión que adopte el Consejo de la Judicatura, en un proceso que pone a prueba la independencia judicial y la credibilidad del sistema de justicia ecuatoriano
