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La lucha por la defensa del agua y de los páramos en Azuay tiene más de 30 años y ha sido levantada, en esencia, por la sociedad civil. Pero el 16 de septiembre esta se volvió un gran río de resistencia, básicamente en contra de una política gubernamental enfocada en desoír a la comunidad que se ha pronunciado de manera democrática en las urnas. El Gobierno no tuvo un discurso conciliador y rechazó un informe técnico.
La Fuente-Periodismo de Investigación conversó con dos ciudadanos, parte de esa lucha por el agua: Sofía Cordero, politóloga cuencana y Paúl Jarrín, defensor del agua por varios años. Ambos coinciden en que la manifestación de la marcha en Cuenca nace de una conciencia ciudadana por la defensa del agua. Jarrín cuenta cómo vivió esa marcha, entre expresiones culturales y ambientales. Mientras tanto, Cordero da una visión política, económica, de seguridad sobre lo que representa este movimiento ciudadano potente.
El quinto río se desbordó el 16 S
foto Boris Romoleroux/API.
Paúl Jarrín, defensor del agua llegó a la marcha –como otras decenas de miles de personas- el pasado 16 de septiembre a las 09:00. Sin embargo, le fue imposible acercarse a la plaza de San Roque, pues a esa hora el puente del Vado ya estaba totalmente lleno de gente. Ese puente que une el sur de Cuenca con el centro histórico unió a las personas con un propósito común:
“Cuidar la casa, la casa prestada que tenemos, cuidar el presente pero sobre todo cuidar a las futuras generaciones, las que vendrán”.
Sobre el puente se presentaron rostros, miradas, manos, cuerpos, versos, polleras y sombreros, repletos de historia. Todo sin violencia, un homenaje a la vida, una fiesta por el medio ambiente.
Por ejemplo estaban las mujeres defensoras del agua de Quimsacocha que fueron recibidas al cruzar el puente por los estudiantes, docentes, personal administrativo, ex alumnos y en general la comunidad de la Universidad Politécnica Salesiana.
Más allá había un grupo vital de quenistas, que con su música endulzaba el aire. En cada esquina, el arte tenía su escenario. Los payasos pedían al presidente Noboa dejarse de payasadas; el propio Paúl llevó una quipa, un caracol gigante que al soplarlo que parecía dar fuerza y vida a la Gran Marcha.
También estuvieron delegaciones solidarias de Sierra, Costa y Amazonía e incluso de otros países. También estuvieron los extranjeros que han hecho de Cuenca su nuevo hogar y los más importantes -los niños y jóvenes- que son el traspaso generacional de una causa común, asegura.
Para Paúl Jarrín se trató de una bella marcha de política no partidista, un verdadero homenaje a la vida. Considera además que Daniel Noboa se equivoca en su lectura, al desconocer la lucha histórica y considera que los ministros pecan de prepotencia e inmadurez al intentar desacreditar el corazón y el mensaje enviado por más de 100.000 personas.
Ratifica que si Daniel Noboa quiere continuar con su proyecto político en el sur del país, lo que mínimamente debería hacer es declarar los páramos de Quimsacocha y todos los páramos del Ecuador como áreas de protección hídrica y con ello garantizar de manera efectiva, real, lo que dice la Constitución: que la naturaleza es un sujeto de derechos.
Jarrín recordó que el concepto sobre “el quinto río” nació hace 7 años a las afueras de la Corte Provincial del Azuay, en el marco de la defensa de los páramos de Río Blanco. Ahí, quienes se habían dado cita, un aproximado de 300 personas, se colocaron debajo de una larga tela azul simbolizando el quinto río de Cuenca. Así, esta ciudad se convirtió en la capital ecológica del Ecuador y Sudamérica.
Tres consultas populares le han dicho no a la minería
Sofía Cordero, doctora en Ciencias Sociales y profesora de la Universidad Casa Grande entiende que la expresión multitudinaria, que ocurrió en Cuenca, nace como defensa de los páramos, de la comunidad de Escaleras, del Cantón de Girón. Además recuerda que se han hecho tres consultas populares, la primera en 2011, la segunda en 2019 en Girón y en 2021 en Cuenca. En todas ellas la voluntad popular se expresó en contra de la minería. Además, sentencias de la Corte Provincial de Azuay y de la Corte Constitucional dispusieron la realización de un estudio ambiental y ratificaron la validez de los pronunciamientos en consulta popular.
Sin embargo, al ser Loma Larga una concesión entregada con anterioridad, el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental en julio pasado a la empresa Dundee Precious Metals.
De acuerdo con Cordero, este hecho sí transforma al tema de Quimsacocha en un tema político porque es el Gobierno el que abre la puerta al rechazo. “Se enciende el ánimo de la gente cuando la ministra Inés Manzano cuestiona el informe que emitió Etapa, la empresa municipal que maneja el agua potable en Cuenca”, dice.
Asegura Cordero que dicho informe es muy detallado, real y catastrófico, sobre lo que podría pasar si se explota Quimsacocha. Sin embargo, la ministra indicó que dicho informe es mentira y que existen intereses políticos. Así, deslegitima sin dar opciones para el debate.
Para Cordero, el presidente Noboa terminó encendiendo la chispa cuando aseguró que si no se explota el recurso o si la licencia resulta fallida, entonces será responsabilidad del Municipio y de la Prefectura. Pero esto no es así, porque las competencias de los gobiernos locales no son sobre minería.
¿Es legal?
Cordero considera que no es legal la explotación de Loma Larga y que el Gobierno buscó algún recoveco para entregar la licencia. Dice que resulta extraño que el mismo presidente Noboa dijo que sí están cumpliendo la sentencia de la Corte, lo cual es totalmente al revés. Más bien la marcha fue justamente para exigir que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se ha pronunciado ratificando la legalidad de las consultas populares en contra de la minería.
De otro lado, al haber firmado la licencia y en caso de que se la revocara, se puede abrir una puerta a demandas y arbitrajes internacionales y tener que pagar recursos que podrían haber sido destinados al bienestar de la gente.
¿Aprovechar los recursos?
De acuerdo con Sofía Cordero, en términos generales sería racional y obvio que los países aprovechen sus recursos de la mejor manera. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta que no es posible hacer minería a gran escala sin contaminar.
Entonces se abre el debate: la explotación de los recursos versus el medio ambiente. En este dilema, “el medio ambiente pierde, pero en zonas que no están pobladas, en donde no tienes resistencia”, dice.
En Ecuador es difícil encontrar zonas de explotación minera a gran escala que no estén altamente pobladas. Sin embargo, como muestra podemos ver en la Amazonía lo que sucede con la minería: tenemos destrucción y afectación a comunidades que no tienen el poder.
Contrariamente, en Cuenca, la minería se ha encontrado con una voz ciudadana potente que no está dispuesta a aceptar la explotación.
¿Los recursos de dónde salen?
Sin embargo, si no se explotan los recursos, la pregunta que salta es de dónde se pueden compensar aquellos que quedan en el subsuelo. Por ejemplo, se puede combatir la corrupción, que es una llave abierta por donde se van los recursos.
Además se deben usar correctamente los recursos de los ecuatorianos. Pone como ejemplo el IVA que va para la seguridad. ¿Quién nos rinde cuentas? ¿A dónde se están yendo? Porque las cifras de violencia están más altas que nunca en la historia del Ecuador, asegura.
Minería ilegal, ¿un chantaje?
En muchos foros se repite el concepto de que si la minería legal y responsable no llega a los territorios, lo que sucederá es que la minería ilegal tomará posesión. Sobre este tema, Sofía Cordero considera que el gobierno debería ser el que garantice que no entre la minería ilegal y solo a partir de ahí se puede decidir qué hacer con nuestros territorios. Rechaza lo que ella denomina “chantaje” al que someten a los ciudadanos al indicar que si no explotamos el recurso a través de empresas supuestamente legales o responsables, entonces podrían entrar Los Lobos a explotar.
“No, señores. No se supone que ustedes nos están cobrando el 15% del IVA para luchar contra Los Lobos. Una de las líneas de negocio de Los Lobos, de Los Choneros, es la minería ilegal. Entonces, peleen contra eso”, dijo.
Quimsacocha, el primer fracaso del Gobierno
El tema de Quimsacocha también se constituye en un primer fracaso para el gobierno. Es un gobierno que basa toda su estrategia en pequeños triunfos. Cordero los describe: busca “dominar en la narrativa, siempre dar golpes de efecto comunicativos, es un presidente de mensajes cortos”.
Pero en este caso, lo que le queda al Gobierno es atender a la colectividad, es decir revocar la licencia. La ciudadanía le ha dicho “Quimsacocha no va y el gobierno no puede explotar. Simplemente no puede”.
¿Qué pasará ahora?
El tema de Quimsacocha está cubierto por un manto de incertidumbre. La Asamblea quiso exhortar a la ministra Manzano para que revoque dicha sentencia. Sin embargo, no hubo la votación suficiente, aunque sí se sintió un resquebrajamiento en el bloque de Gobierno cuando algunos de sus miembros votaron con la oposición. Uno de ellos, tal vez el más visible es Adrián Castro, quien ahora se halla en una situación incómoda: fue expulsado de la marcha por el agua y, a la vez, se ha separado de su bancada, al menos en este tema.
Paralelamente, Carlos Castro Riera, padre de Adrián Castro y defensor del agua de muchos años opinó en redes sociales que la gran marcha por el agua, ratificó la voluntad soberana de Cuenca de prohibir la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay. Tomebamba, Machángara y Norcay.
Para Carlos Riera, el gobierno nacional debe responder con una actitud consecuente con el respeto a la democracia, la Constitución y la sensatez, sin pretextos ni dilatorias haciendo cumplir la voluntad soberana del pueblo de Cuenca.
Además explicó que la evaluación de las jornadas de lucha por la defensa del agua de Cuenca y las acciones futuras serán analizadas y decididas democráticamente en una nueva Asamblea Ciudadana de Cuenca.
