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Daniel Salcedo Bonilla fue bautizado como el Rey Midas Millenial, entre sarcasmo y admiración, de varios de sus amigos, socios y hasta funcionarios del Estado. Porque todo lo que tocaba —campañas políticas, hospitales, eventos públicos, fundas para cadáveres, hasta ligas deportivas— lo convertía en contratos millonarios. Sin cargo público, sin título universitario registrado, sin escrúpulos… Daniel Salcedo encarnó el ideal del empresario millennial que alcanza la fama, pero a la mala y con fraude de por medio.
Fue productor, proveedor, socio de políticos, cliente de jueces, operador logístico. Fue el influencer de las mafias. Todo en uno. Un Rey Midas moderno en la vitrina de TikTok, apelando a la estética narco y con hambre de poder. Su historia no es una excepción; es un espejo incómodo del país.
Pero ese camino no lo llevó sino a tener que pagar con cárcel varios de los delitos cometidos. Ahora mismo está jugando el rol de testigo protegido de la Fiscalía en varios casos. Uno de los más importantes, el caso Magnicidio FV. En este se investiga a la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio.
Daniel Josué Salcedo Bonilla nació el 22 de diciembre de 1988, en Guayaquil. Es el hijo mayor de pastores cristianos y, según él mismo, un creyente convencido. Pero si alguna vez tuvo una vocación religiosa, pronto la reemplazó por una fe en el dinero fácil, las conexiones políticas y el poder de la imagen.
Cuasi ingeniero en redes y telecomunicaciones por la ESPOL, sin título registrado oficialmente, Salcedo construyó una red empresarial que funcionó como una sofisticada fachada para saquear al Estado.
Para 2020, Salcedo ya figuraba como administrador de siete empresas y era accionista en al menos diez compañías.
Su nombre aparecía en licitaciones estatales, fiestas institucionales, eventos oficiales, hospitales y hasta en estadios. ¿El secreto? Relacionamiento político, sobornos disfrazados de espectáculo y una creciente estructura de testaferros que lo ayudó a desviar fondos públicos durante más de una década.
De «Hijo del Creador» a la cúpula de la impunidad (2009 – 2020)
En 2009, junto con su socio Jorge Darío Sánchez Montiel, fundó H.D.C. Producciones, siglas de «Hijo del Creador». Según Sánchez, la empresa nació con intenciones religiosas: organizar campamentos y talleres para jóvenes cristianos.
Pero rápidamente se convirtió en una máquina de facturación estatal en el gobierno de Rafael Correa. En 2010, H.D.C. Producciones recibió 1,19 millones de dólares por un programa de motivación juvenil con entrevistas sobre drogas, sexualidad y valores, presentado como una especie de talk show con grupos musicales y la participación del pianista Raúl Di Blasio.
Entre 2012 y 2019, la empresa obtuvo al menos 31 contratos con el Estado ecuatoriano, sumando $7,2 millones, según el portal de Compras Públicas. Solo tres instituciones públicas concentran el 89% del total:
- La Gobernación del Guayas, bajo la gestión de Rolando Panchana (2014), le adjudicó $1,7 millones.
- La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), entre 2018 y 2019, firmó contratos por 3,5 millones de dólares.
- La Contraloría General del Estado, bajo Pablo Celi, adjudicó 1,15 millones de dólares en contratos.
Además, firmó contratos con el Ministerio de Bienestar Social en 2013, la Gobernación del Guayas en 2014 y con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) entre 2015 y 2017, durante el gobierno de Rafael Correa. La empresa organizaba desde conciertos masivos hasta talleres con jóvenes. El nombre de Salcedo se consolidaba como proveedor preferido del aparato estatal.
La conexión Bucaram y la entrada al sistema de Salud
En 2017, con la llegada de Lenín Moreno al poder, Salcedo fortaleció su alianza con la familia Bucaram. El vínculo más visible es con Dalo Bucaram Pulley, quien admitió que Salcedo financió su campaña presidencial de 2017. El respaldo incluía logística, equipos de sonido, asesoría comunicacional y dinero.
Ese mismo año, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, asumieron cargos clave dos personas vinculadas a los Bucaram: Luis Enrique Jairala Zunino como gerente y Jorge Henríques Aguilera como jefe de compras. Henríques había sido tesorero del PRE, asesor de Dalo Bucaram y asambleísta alterno de su esposa, Gabriela Pazmiño.
En 2018, Henríques aprobó compras por cerca de $5 millones en insumos médicos de manera directa, sin análisis técnico ni concurso competitivo. Ese mismo año, Salcedo declaró ante el SRI ingresos por $459.433. En 2019, esos ingresos ascendieron a $472.000. Su relación con empresas proveedoras del sistema de salud público crecía a la par.
Sabupi S.A., farándula y contratos médicos
En 2019, Daniel Salcedo, Michel Bucaram y el presentador Emilio Pinargote fundan Sabupi S.A., con un capital inicial de apenas $800. Aunque su objeto social era el rubro gastronómico, la empresa vendió insumos médicos al IESS.
También ese año, Salcedo y Jorge Sánchez crearon la importadora Sevmac, que reportó ventas por $2,6 millones y una utilidad neta de $190.000. Además, junto a su hermano Noé fundaron la constructora Paliye S.A.
Salcedo también financió actividades deportivas. En 2019, donó un total de $79.700 al club 9 de Octubre, presidido por Dalo Bucaram, a través de HDC Producciones ($49.700) y Salnoedan ($30.000). Era una red que combinaba deporte, negocios, política y salud pública.
El escándalo de las fundas para cadáveres y la caída
En mayo de 2020, Guayaquil fue epicentro de la pandemia. En ese contexto de colapso sanitario y cadáveres apilados en hospitales, el Hospital del IESS Los Ceibos compró 4.000 fundas para cadáveres a $148,5 cada una. En el mercado costaban entre $12 y $25. La empresa adjudicada fue Silverti S.A., cuyo vínculo con Salcedo se confirmó por la presencia de Sandra Ortega Romo, gerente desde 2019 y cercana a su entorno. La Fiscalía detectó un sobreprecio de hasta 300%, generando un perjuicio estimado en $500.000.
El 4 de mayo de 2020, la Fiscalía ejecutó siete allanamientos en Guayaquil y Quito. Se detuvo a 14 personas. El 8 de junio, una avioneta con cuatro ocupantes se accidentó en Tumbes, Perú. Uno de ellos era Daniel Salcedo, quien intentaba huir del país con documentos falsos a nombre de Abraham Muñoz. El piloto murió y él resultó herido. La aeronave pertenecía a Gramada S.A., propiedad del empresario Alfredo Adum, exministro de Energía del gobierno de Abdalá Bucaram.
El 9 de junio, su hermano Noé Salcedo fue detenido en un paso ilegal en Huaquillas, portando un pasaporte adulterado y $47.760 en efectivo. Alegó que el dinero era para cubrir gastos médicos, pero la Fiscalía descubrió que había sido retirado un mes antes desde una de las cuentas empresariales de Salcedo. La causa por lavado de activos fue inevitable.
En su testimonio, Noé admitió ser socio de Daniel en varias compañías, incluyendo HDC Producciones. También confesó que manejaban altas sumas de dinero en efectivo y que participaban en compras públicas bajo distintas razones sociales.
El caso creció. A Salcedo y los Bucaram se sumó el nombre de Paúl Granda, expresidente del Directorio del IESS. La Fiscalía sostenía que entre todos habrían creado una red de corrupción para saquear recursos de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos.
Parte de este entramado se pudo conocer gracias a las investigaciones de Fernando Villavicencio y su equipo en Periodismo de Investigación.
El intento de fuga frustrado, los documentos falsos, el avión privado y el dinero en efectivo dieron forma a la imagen definitiva de Daniel Salcedo: un joven sin título universitario, sin cargo público, sin trayectoria técnica, pero con acceso irrestricto a millonarios contratos estatales, y con conexiones que tejían un nudo de corrupción entre política, salud, farándula, deporte y crimen organizado.
Continuará…
En la segunda parte: el salto de Salcedo a los círculos del crimen organizado, su papel como pieza clave en la red narcopolítica, y su testimonio anticipado sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, donde salpica a altos cuadros del correísmo como José Serrano, Ronny Aleaga, Jorge Glas y Xavier Jordán.
