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El debate sobre la firma del contrato para la entrega de Sacha a un consorcio llamado Sinopetrol, de opaca procedencia, se intensificó en las últimas horas. Un aparente error en el registro de teléfonos (que coincidían) de dos empresas (El Ordeño y Amodaimi) en la Superintendencia de Compañías, desató el escándalo en redes sociales. La primera es una empresa lechera con cientos de accionistas, y la segunda es parte del consorcio al que se le adjudicó Sacha.
Como parte de la feroz pelea política, se acusó al Gobierno de querer entregar Sacha a Isabel Noboa, tía del presidente. Sin embargo, es difícil sostener esa aseveración si se toma en cuenta que Isabel Noboa tiene un mínimo porcentaje (0,13%) de acciones en la empresa lechera. El Ordeño ya descartó cualquier vinculación con Amodaimi.
En todo caso, hasta el presidente de la República, Daniel Noboa debió intervenir. En un comunicado rechazó que se intente vincular a su familia en el tema. Más allá de la reacción a un escándalo en redes, ratificó que la iniciativa de entregar el campo sigue adelante.
Sin embargo, abrió una puerta a que el tema pudiera caerse. “Siempre fui claro y frontal, dándole valor al tiempo y a las necesidades urgentes de los ecuatorianos. Si hasta el 11 de marzo, 21:00 no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato”, aseguró en el comunicado. Así, estaríamos a seis días de que se tome una decisión final.
“El motivo es simple, dijo Noboa. “Si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones”.
También felicitó la labor de Inés Manzano, José Julio Neira y Luis Alberto Jaramillo, artífices de la negociación con Sinopetrol.
Producción, bono y estado de Sacha en el tapete
Pero el debate sobre Sacha va más allá de lo político. Tiene aristas técnicas y económicas. El lunes de carnaval, la ministra Inés Manzano explicó las condiciones en las que se entrega el Campo Sacha, que ya produce 77.000 barriles diarios, con base a un contrato de participación, al consorcio Sinopetrol.
Aunque la ministra Manzano y el ministro de Economía, Luis Alberto Jaramillo, dijeron que se trataba de un acuerdo muy beneficioso para el país. Los datos y opiniones de expertos ponen en duda esta narrativa.
La ministra Manzano puso tres temas sobre el tapete, pero todos tienen puntos discutibles, según expertos entrevistados:
- Sacha no se vende, no se privatiza, no se alquila, pero se entrega a un consorcio privado para que haga la operación de manera eficiente. El Estado recibirá el 81% de la renta petrolera
- El acuerdo permite recibir dinero fresco inmediato para pagar bonos y gastos sociales
- Sacha se encuentra en malas condiciones y necesita abundante inversión
No se vende, pero el Estado se queda con el 18% de su producción
La figura con la que se entrega Sacha al consorcio Sinopetrol (Petrolia-New Stratus y Amodaimi-Sinopec) es una delegación con contrato de participación, dijo la ministra Manzano. Así, la operación se entrega a otro operador que sí será eficiente, y no como Petroecuador.
El contrato de participación que se celebrará en un mes entre Sinopetrol y el Ministerio, significa que se repartirá la producción de crudo de Sacha. Pero no solo la incremental que el nuevo consorcio ayudará a producir, sino la producción total: la ya existente y la nueva.
Luis Calero, experto en temas energéticos, ratifica que el resumen de esta mala operación para el país es que: el Estado deja de recibir el 100% de la producción para recibir el 18%. El 82% se va al consorcio.
Paralelamente hay otra cifra que el Gobierno destaca. La versión oficial indica que el Estado recibirá 81% “de la renta petrolera” y el consorcio 19%.
¿Cómo son posibles cifras tan diametralmente opuestas? ¿Alguna es falsa?
En realidad son temas distintos y las dos son verdaderas. Es que la producción son los barriles de crudo que se extraen, mientras la renta petrolera es la utilidad final, luego de todos los gastos operativos, de producción, pagos de leyes, entre otros.
Esta participación del 82% empresa-18% Estado, la ratificaron el mismo 3 de marzo, tanto el viceministro de Hidrocarburos, Guilhermo Ferreira, como New Stratus Energy (parte del consorcio), en un comunicado a nivel internacional, desde Canadá.
La empresa canadiense aseguró:
El Consorcio recibirá una participación en la producción (conocida como el “Factor X”) calculada en una escala móvil dependiendo del precio vigente del Crudo Oriente (que está correlacionado con el precio del WTI). A un precio de WTI de $ 65 por barril, se anticipa que la participación en la producción del Gobierno sea del 18%, lo que resulta en una participación en la producción del Consorcio, o Factor X, del 82%”. New Stratus Energy
Entre tanto, Ferreira ahondó en detalles y dijo que al ser un contrato de participación, lo que se define son los límites de precio: entre $30 y $120 el WTI. A partir de ello se determinan los porcentajes de participación para la empresa contratista y para el Estado.
Según esa proyección, si llegáramos a niveles de $30 o por debajo de ese precio, la contratista requiere tener más valor de participación en crudo. Esto, porque tiene que recuperar sus inversiones y gastos operativos”, explicó. Entonces si el precio es $30 el Estado recibirá 19%; y si el crudo sube a $120 sería un 26,5%. Por lo tanto el consorcio recibe entre 81% y 73,5%.
Tras el reparto de la producción, el Estado deja de percibir un gran volumen de producción. Antes se quedaba con toda la producción, es decir con el 100% (77.000 barriles diarios), pero ahora, el 82%, unos 50.000 barriles van a parar a manos del nuevo consorcio y al Estado le quedarían unos 22.000 barriles diarios. Si suben a 100.000 barriles: $82.000 irán al consorcio y 18.000 barriles diarios al Estado.
El consorcio, a su vez, pagará costos de producción, mantenimiento, inversiones, pagos previstos en la ley… y al final del día dará un resultado, que se espera sea positivo. Ese resultado es la renta petrolera, y su reparto en cambio es al revés de la producción: Estado recibirá 81% y el consorcio 19%.
¿Cómo llegan a esta cifra?
Según las actas de las mesas de negociación la renta petrolera que recibirá el Estado durante 20 años es de $4.603 millones. Este valor significa que el Estado recibirá un 60% de la renta y el consorcio 40%. Sin embargo, tomando en cuenta los $1.500 millones que se entregarán a la firma del contrato, el porcentaje sube y se cumple la relación 81%-19%.
Es importante también establecer que el Estado o la empresa pública Petroecuador tendrán un ahorro, pues ya no deberá invertir en el campo ni pagar los costos de producción. Sin embargo, tampoco recibirá esos ingresos por la producción.
¿Un regalo o una operación financiera internacional?
La ministra de Energía, Inés Manzano aseguró en su rueda de prensa que uno de los grandes beneficios de esta operación será poder recibir de manera inmediata en dinero contante y sonante $1.500 millones. Aseguró que no son deuda, y que no es reembolsable. Estos serían gastados en pagos de los bonos para madres, para los bonos de nutrición, ayuda para damnificados del invierno, entre otros gastos sociales.
Sobre el tema, el experto Luis Calero explicó que en realidad nadie regala un dólar, peor $1.500 millones se trata de una operación financiera internacional en la cual los bancos que financian a través de las empresas, colocan $1.500 millones en el Ecuador y reciben como garantía de pago la producción petrolera del campo Sacha. Ellos se cobran del 82% de la producción del bloque que ellos dicen que van a llegar a 100.000 barriles diarios, comentó.
Pero también sostiene que las empresas de Sinopetrol, como tales, no tienen el músculo financiero para ello. Explica que una de las empresas tiene $2.000 de capital. Considera que el tema de entregar los $1.500 millones al tema social significa pan para ahora y hambre para mañana.
NSE se financiará con flujos de caja de la propia operación
New Stratus confirma que el consorcio debe entregar $ 1.500 millones como prima o entrada. Además otros $ 1.700 millones como inversión de capital. Sobre este tema, New Stratus dijo en su documento que “espera financiar parte de su inversión de capital, principalmente a través de los flujos de caja de la operación, así como el financiamiento de deuda adicional”. Así, la empresa se financia con el propio crudo ecuatoriano.
El bono de entrada va a la cuenta Única del Tesoro
Por su parte, Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) explica que el tema de fondo en la entrega del campo Sacha está en la necesidad urgente de cubrir el déficit fiscal.
El déficit hasta febrero del 2025 estuvo en $ 726 millones y los atrasos en $ 1.072 millones. Sin embargo, las cuentas por pagar del año anterior fueron de $ 4.300 millones. Explica además que no hay una garantía de que esos dineros recibidos vayan a lo que la ministra dice.
Es que esos recursos entrarán a la cuenta única del Tesoro y ahí no se puede rastrear a dónde llegan. Lo que sí se puede asegurar es que irán a sueldos, bonos, gastos del Estado, para cerrar un tanto el déficit fiscal.
Carrera explica que se sabrá si fue o no un buen negocio solo luego de la concesión y cuando se pueda comparar, por ejemplo, cuánto entraba al presupuesto antes de que Sacha fuera concesionado y cuánto, ahora que ya ha sido concesionado. Recordó que el año anterior solo $ 1.800 millones llegaron al presupuesto como recursos petroleros de todos los campos.
Reconoce que el mayor perjudicado con esta decisión es Petroecuador, pues ya no recibirá el dinero para la operación.
Pero también reflexiona en que el Estado le quitó liquidez a Petroecuador, durante varios años. Así hasta el 2023 se habían generado $ 1.900 millones en préstamos de liquidez a la empresa petrolera estatal.
¿Sacha en soletas?
En su intervención, la ministra Manzano dejó clara la postura del Gobierno sobre este campo considerado, por ellos una joya de la corona, pero oxidada que debe pulirse.
“Mucho se ha dicho de Sacha que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada y que a las joyas hay que pulirlas”
También dijo que la operación se la entregará a un operador eficiente, no como lo ha sido Petroecuador.
Petroecuador se ha encargado del campo por varios años y ahora tiene una falta de mantenimiento, sistema contra incendios debajo de la norma, no se ha pasado auditorías de infraestructura y existen 1200 puntos de contaminación y pasivos ambientales.
David Almeida, secretario ejecutivo de la Asociación de Trabajadores de Empresas de Petróleo y Energía, dice que ningún campo que produzca 77.000 barriles diarios se puede decir que está en condiciones deplorables. Si estuviera en las condiciones que ha dicho la ministra, no podría producir ni hubiera incrementado la producción como se lo hizo.
Aseguró que sí se hicieron nuevas inversiones y se han cambiado los sistemas de control, se han instalado nuevos sistemas contra incendios.
Almeida dijo que más allá de cuanto produzca, Sacha tiene un número de reservas que su valor está cuantificado en $ 14.000 millones. Asegura que con los costos de producción de Petroecuador, que llegaría $ 2.000 millones, lo que le quedaría al Estado serían $ 12.000 millones.
El Gobierno maneja una cifra de entre $ 4.200 millones o $ 6.300 millones que recibiría el Estado a través de la concesión. Esto representa una pérdida de $ 7.800 y $ 5.700 millones.
Almeida considera que aún hay espacio para que el Gobierno recapacite. Esto porque la propia ministra dijo que no se ha firmado aún el contrato. También conminó a la Corte Constitucional, arena en la cual existen dos procesos pendientes, a que haga su trabajo y se pronuncie.
