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Por años fue un rumor de pasillo, que todo el mundo conocía y que a la vez prefería ignorar. «En la Corte del Guayas existía una red criminal que movía los hilos de la justicia a su conveniencia».
Sin embargo, el Caso Purga -en el cual la Fiscalía considera como líder a Pablo Muentes, hombre fuerte del Partido Social Cristiano (PSC)- es la prueba de la existencia de dicha red, en la que participaban jueces, asambleístas y servidores públicos.
Así lo expuso este jueves 20 de febrero, el fiscal general Wilson Toainga. Él hizo su alegato final en el caso que ha conmocionado las altas esferas de la justicia del Guayas. El caso debe cerrarse el 4 de marzo próximo y, de acuerdo a como va, terminará a tiempo.
El fiscal Toainga describió una a una las pruebas, entre testimonios, conversaciones telefónicas, audios, en las cuales, según sus palabras, se ha demostrado la convergencia de acciones que se tipifican como delincuencia organizada.
Aseveró que esta estructura manejaba los hilos de la justicia de la provincia del Guayas. “Las directrices salían desde una casa en Mocolí”, dijo.
Esto en relación a las constantes visitas que hacían jueces y otros funcionarios públicos a la residencia de Pablo Muentes ubicada en la urbanización Mocolí Golf Club, en la misma vecindad del líder socialcristiano Jaime Nebot.
No hay ‘caso creado’
El caso expuesto por Fiscalía se basa en las conversaciones que mantuvo Mayra Salazar con Pablo Muentes, ex asambleísta del PSC; Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte del Guayas y Johan Marfetan, juez provincial, y otros vinculados en el caso Purga.
Estas fueron obtenidas del celular de Salazar y de los otros dispositivos de los implicados. Pero además hay testimonios, documentos y hechos que los corroboran.
El fiscal Toainga insistió en que el caso se ha logrado probar su responsabilidad.
También comentó que están alejadas de la verdad aseveraciones de los acusados que plantean la posibilidad de un “caso creado” en su contra.
Pena máxima de 13 años y 4 meses pide Fiscalía
- Toainga pidió 13 años y 4 meses para los líderes de la red (Muentes, Gallardo y Marfetán). Esta es la pena máxima en caso de delincuencia organizada, tomando en cuenta agravantes, al haber sido servidores públicos.
- En cambio para los colaboradores pidió 9 años y cuatro meses, también con agravantes. Estos son: Henry Taylor, Guillermo Valarezo, Nelson Mesías Ponce, Reinaldo Cevallos, Saúl Mero, Andrea Patiño, Juan Xavier Riofrío (ex comandante del Colegio de Ingenieros del Ejército) y Andrea Patiño.
- Para Fausto Alarcón, primo de Muentes, la Fiscalía pide 7 años, máxima pena privativa de libertad sin agravantes.
- Lino Ramos Tumbaco, juez, y Ruth Catalina Solano, procuradora del Colegio de Ingenieros del Ejército participan en colaboración eficaz y para ellos se les pide un año y 4 meses de cárcel.
Mayra Salazar, una pieza clave del engranaje
La pieza clave que une a Pablo Muentes mencionado en la red como “el amigo” y a quien también se lo denominaba “Jeremy Morton”, es Mayra Salazar.
Ella, una mujer oscura que mantuvo relacionas con gente de la farándula y narcos (según el caso Metástasis), cumplía un rol que fue mucho más allá que el de una comunicadora social. Tras su colaboración en los casos Metástasis y Purga, saldrá pronto en libertad.
Sus servicios eran pagados por el asambleísta social cristiano, Pablo Muentes.
Según una de las conversaciones que mantuvo Mayra Salazar con Johan Marfetán, Muentes le cancelaba $ 2.500 mensuales para que ella apoye en mejorar su imagen y para el manejo de medios en favor de la presidenta de la Corte, Fabiola Gallardo.
El objetivo general era que Salazar se convirtiera en mano derecha de Gallardo y, a la vez, le vaya reportando a Muentes cada uno de sus movimientos.
Jeremy Morton como se hacía llamar Pablo Muentes y Mayra Salazar hablaron de manera clara sobre los pagos que tenía que hacerle e incluso de un atraso que tenía. Salazar jugó un papel importante, al llevar adelante una campaña de desprestigio en contra del equipo de la defensa del Banco del Pacífico, en una pugna que mantenían con Pablo Muentes.
Ella también condujo al juez Lino Ramos Tumbaco a la casa en Mocolí. Este juez fue clave en el caso en contra del Banco del Pacífico y a favor de Muentes. El caso del Banco ha sido difundido ampliamente en medios. Pero, para recordar, se trata de la utilización de la justicia para desvanecer deudas que tenía Muentes y buscar que el Banco le indemnice con $ 4 millones.
Sobornos y sentencias, en el caso del Colegio de Ingenieros del Ejército
El fiscal habla de una evidencia escandalosa de actos de corrupción entre jueces y miembros del Consejo de la Judicatura, en la cual se ofertaban sobornos a cambio de sentencias.
El caso, como ya es conocido, nace cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército es declarado como contratista incumplido por parte la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito. Pero el Cuerpo de Ingenieros interpone una acción de protección que termina en manos de Fabiola Gallardo.
En esta trama, Gallardo consigue que los ingenieros del Ejército remodelen el piso del Salón de Presidentes, supuestamente a cambio de “nada”.
De este caso existe incluso una ayuda memoria para una reunión de “trabajo” con la jueza Fabiola Gallardo. En las conversaciones se indicaba que era importante tener contenta a la jueza ponente del caso, con el tema del piso para el salón de Presidentes.
La idea era que desechara o respondiera a conveniencia del Cuerpo de Ingenieros, la aclaración que había presentado la empresa Metropolitana. Ruth Solano del Cuerpo de Ingenieros habla de concretar la oferta del piso para “ayudar en el proceso”.
El caso tierras que involucra al primo de Muentes
El caso tierras, que involucra al primo de Muentes, Fausto Alarcón, también fue expuesto por el fiscal Toainga. A través de un hábeas data se logró modificar una carta catastral y casi mágicamente pasó un terreno cuyo precio sería de 200.000 a manos de Alarcón. También se indicó que Muentes influyó para encarcelar a una mujer dueña de un terreno. Los beneficiarios final de las tierras serían Muentes y sus hijos.
Gallardo también tuvo a su cargo el caso de traslado de cárcel, solicitado por Alias Fito. Ella buscó acercarse a él con la finalidad de beneficiarle, y a la vez obtener algún pago de su parte. Se contó un episodio en el que habría recibido algunos obsequios, entre los un ramo de flores. Tras la detención de Mayra Salazar, el 14 de diciembre, en el marco de Metástasis, Salazar advirtió a su amiga que había entregado su teléfono. Entonces Gallardo no habría proseguido con el plan.
A esta hora, la defensa técnica de los acusados también da sus alegatos finales. La mayoría se basa en que Mayra Salazar miente y que Fiscalía ha creado un caso.
La sentencia del caso Purga se conocerá en los próximos días.
