Share This Article
Una alianza periodística liderada por Fundamedios analizó los registros públicos de 2.089 candidatos a asambleístas. 733 tienen declaraciones tributarias pendientes con el SRI en los últimos siete años, en tanto que 153 aspirantes mantienen deudas con el fisco.
Desde estafa, concusión, venta de cargos públicos, usurpación y simulación de funciones públicas, abuso de confianza, calumnia, paralización de servicios públicos, robo de combustible hasta violencia intrafamiliar, delincuencia organizada y asesinato. Estos son algunos de los supuestos delitos por los que han sido procesados 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional.
Es decir, el once por ciento de los aspirantes a asambleístas registran denuncias penales desde el 2014, cuando entró en vigor el nuevo Código Integral Penal (COIP), y que es el periodo analizado por esta alianza periodística con miras a las elecciones generales del 9 de febrero próximo.
En su mayoría, estos procesos han sido archivados por distintos motivos y son muy pocos los que han culminado con sentencia condenatoria. Sin embargo, en algunos casos activos los ahora candidatos hicieron constar ante los jueces que ya habían sido calificados como tales para suspender los procesos en su contra.
De acuerdo con lo que dispone el Código de la Democracia, el proceso penal sólo podrá retomarse una vez que se proclamen los resultados; y de ser ganadores, los asambleístas gozarán de fuero de corte nacional.
El artículo 108 indica: “las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar”.
De estos 2.089 candidatos que compiten para asambleístas nacionales y provinciales (sin contar las curules del exterior), 733 candidatos no han presentado sus declaraciones de impuesto a la renta al menos una vez, entre el 2017 y 2023, y 153 han registrado deudas con el fisco, según el Servicio de Rentas Internas.
Una radiografía gris de la clase política ecuatoriana que aspira a ocupar una curul en la Asamblea Nacional, que este año estará compuesta por 15 diputados nacionales, 130 provinciales (con Guayas, Manabí y Pichincha divididas en circunscripciones) y seis de las circunscripciones del exterior.
Es en la Asamblea donde se propone, se debate y se consensúa el marco legal que nos rige a todos los ecuatorianos, y donde se fiscaliza a los otros poderes del Estado. Junto con las seccionales, los comicios legislativos son el pulso democrático en el que partidos y movimientos políticos nacionales y locales miden sus fuerzas y donde se supone que presentarán a sus mejores líderes y competidores.
El proceso electoral de 2025 marcará un récord histórico desde el retorno a la democracia en Ecuador por el alto número de candidatos a asambleístas para ocupar las 151 curules del Legislativo.
Denuncias y procesos penales
De acuerdo con los archivos de la Función Judicial, 236 candidatos han enfrentado procesos penales desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en 2014. En al menos seis casos, según las consultas realizadas en la página web, los candidatos han detenido el avance del proceso por su postulación electoral.
El primero en hacerse público fue el del caso conocido como Metástasis, pues Armando Flor Izaguirre (PID) fue llamado a juicio pero no pudo ser juzgado por ser candidato en la lista nacional de asambleístas. El ahora aspirante a legislador estaba acusado de ser el supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero.
Otro proceso es el de Laura Guato Yupanqui (PSC), aspirante a asambleísta en Chimborazo, quien fue detenidaen flagrancia en diciembre de 2024 por una supuesta perforación del poliducto de Petroecuador en el sector de Las Lajas, cantón Mocha (Tungurahua). La Fiscalía solicitó una audiencia para formular cargos en su contra, pero no pudo hacerlo por su condición de candidata. El caso quedó suspendido, en investigación previa.
En Manabí se registra el caso del exalcalde de Montecristi, Wilver Arteaga Palacios, de la alianza Camino Manabita (PSC y Cambio), que enfrenta un proceso por presunto peculado. La Fiscalía ha asegurado que el perjuicio fue de 687.726 dólares. Ya se le levantó la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad debido a su participación en el actual proceso electoral.
También se cuentan dos candidatos procesados del caso conocido como Depuración I, en el que se realizaron allanamientos a mediados de 2022 contra una supuesta red que operaba en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, cometiendo presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Ambos se han postulado por el PID para asambleístas de Cotopaxi: Pablo Naranjo Cruz como principal, y Pablo Albán Roura como suplente.
En Morona Santiago se suspendió la audiencia de juzgamiento que estaba prevista para el 27 de enero en un proceso por presunto asesinato debido a que el sospechoso, Elvis Nantip Kajekai, es candidato provincial por la Izquierda Democrática (ID).
El aspirante que más procesos acumula es Dick Borja Quiñónez, candidato en Esmeraldas por RETO. En el historial de la Función Judicial aparecen 29 denuncias en los últimos diez años, la mayoría por supuesta estafa relacionada con el proyecto habitacional Tecnipetrol. Aunque ha sido concejal de Esmeraldas y representante del sindicato de trabajadores de Petroecuador, en la Contraloría General del Estado sólo consta su declaración de bienes como funcionario técnico de Petroecuador desde diciembre de 2023 y otra periódica en 2024.
Esta alianza periodística buscó la versión de estos candidatos, pero no respondieron.
Otros que acumulan varios procesos son el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Otto Vera Palacios, de la Alianza Únete Santa Elena, con 19 procesos; el exalcalde de Loja José Bolívar Castillo Vivanco, del Movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), con siete casos; y el exalcalde de Flavio Alfaro y asambleísta Jaminton Intriago Alcívar, de Unidos por el Desarrollo (Manabí), también con siete.
De acuerdo con la información de la Función Judicial, la mayoría de los procesos ha sido archivado.
La organización política nacional con mayor número de candidatos que han enfrentado procesos penales es la Revolución Ciudadana (RC), con 24 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen Sociedad Unida Más Acción (SUMA), con 23; Acción Democrática Nacional (ADN), con 20; Amigo, con 19; y Renovación Total (RETO) y el Partido Social Cristiano (PSC), con 17 cada una.
Existen provincias donde el número de candidatos con procesos penales es importante. En Zamora Chinchipe, el 36% de los aspirantes ha enfrentado ese tipo de causas; en Pastaza, el 28%; en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 23%; en la circunscripción 1 de Manabí, el 22%; y en Morona Santiago, 21%.
Entre el 19% y 15% están la circunscripción 2 de Manabí, la circunscripción 4 de Guayas, así como las provincias de Imbabura y Chimborazo.
En la otra orilla, con el 5 por ciento de los candidatos con procesos penales, están las circunscripciones 2 y 3 de Guayas, Sucumbíos, Napo y Azuay.
Bajo pago de impuestos
Sin mucha sorpresa, la investigación realizada por esta alianza periodística también constató que muchos candidatos a asambleístas no han presentado su declaración de impuesto a la renta al menos una vez en el período analizado, que va entre 2017 y 2023. Son 733 del total de 2.089 analizados, es decir el 35%.
La organización política nacional con mayor número de aspirantes con declaraciones tributarias pendientes es Amigo, con 57 candidatos, entre propios y en alianza. Le siguen CREO y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), con 56; ADN, con 53; y el Partido Sociedad Patriótica (PSP), con 51.
Los aspirantes con más declaraciones de impuesto a la renta pendientes son: la madre del actual presidente de la República, Daniel Noboa, Annabella Azín Arce (lista nacional de ADN), Ignacio Alfonso Crespo (PSP, Cañar), Doménica Vásconez Miranda (Avanza, Tungurahua). Ellos no han presentado ninguna declaración en el periodo analizado, que va del 2017 al 2023.
El SRI explica en su sitio web que no están obligados a declarar el impuesto a la renta quienes estén domiciliados en el exterior o tengan ingresos bajos.
Por otro lado, 320 aspirantes no están registrados en la base de datos de declaraciones de impuesto a la renta del SRI, es decir que no han tributado nunca. De estos, 175 personas, el 54 por ciento, son mayores de 25 años.
Con respecto a las deudas tributarias, 153 candidatos mantienen saldos pendientes con el fisco. De ellos, 27 superan los 300 dólares de deuda, según una consulta realizada el 17 de enero pasado.
La organización política nacional con más candidatos que han registrado deudas tributarias es la RC, con 16 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen el PSC, con catorce; Centro Democrático y Pueblo Igualdad y Democracia (PID), con doce cada una; y CREO, SUMA y PSE, con once cada una.
Los candidatos con mayores deudas tributarias hasta el 17 de enero son: el exjugador de fútbol Frickson Erazo Vivero (Construye, Esmeraldas) por 42.092 dólares, pero el monto está en impugnación.
En cambio, ya constan con facilidades de pago las deudas tributarias del exconcejal de Guayaquil Raúl Chávez Núñez del Arco (lista nacional de RC-RETO) por 19.775 dólares y del exministro de Lenín Moreno, Gabriel Martínez Castro (SUMA, Guayas circunscripción 2) por 7.209 dólares.
El pago de impuestos no siempre se relaciona con el ejercicio de un cargo público ni con el patrimonio declarado ante la Contraloría. De los 2.089 aspirantes a asambleístas en las listas nacionales y provinciales, 955 ya tienen experiencia en el sector público.
Ellos deben declarar su patrimonio al iniciar y al finalizar su gestión, y en ocasiones también a medio periodo. Existen casos en los que a pesar de tener un patrimonio considerable, la declaración de impuesto ha sido baja.
Así, la candidata Margarita Pico Meléndez (Centro Democrático, Tungurahua) registró un patrimonio de 2,9 millones en su última declaración presentada como directora médica del Hospital de Píllaro en marzo del 2019. Tres años antes, como vocal de la Junta Parroquial de Picaihua, había señalado bienes por 15,6 millones. No obstante, en su declaración de IR, Pico Meléndez reportó 227 dólares en el año 2023, 51 dólares en 2022 y cero dólares entre 2021 y 2020.
Otro caso es el de María Dolores Aray Yanzaguano (Pachakutik, Azuay) cuyo patrimonio creció en más de 8 millones de dólares en apenas dos años. Cuando Aray culminó su gestión de asesora legal del Municipio de Cuenca, en junio de 2022, declaró 18.144 dólares de patrimonio. En julio del siguiente año entró a trabajar en la delegación azuaya del Consejo Nacional Electoral, funciones que terminó en abril de 2024. En su declaración registró 8,4 millones de dólares.
“Así es y así consta, ya que trabajé, no con relación de dependencia, sino como abogada en libre ejercicio”, confirmó Aray a esta alianza periodística. A su vez, declaró 213 dólares de impuesto a la renta entre 2017 y 2023.
La organización política nacional con más candidatos con experiencia en el sector público es la RC, con 98 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen ADN, con 79; CREO, con 78; SUMA, con 77 y PSC, con 75.
Un nuevo reacomodo
Es indudable que el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha logrado ampliar su presencia a casi todo el país para estas elecciones de 2025, tal como en su época lo hizo, también desde el Palacio de Carondelet, Alianza PAIS, ahora reconvertido en Revolución Ciudadana (RC).
ADN presentó listas en 31 de las 32 jurisdicciones del país, en la única provincia que no postuló fue en Morona Santiago y va en alianza solamente en Pastaza.
La RC sigue manteniendo presencia en las 32 jurisdicciones pero con nueve alianzas concretadas en la lista de asambleístas nacionales así como en Cañar, Carchi, Cotopaxi, Galápagos, Morona Santiago, Napo, Pastaza y la circunscripción 1 de Manabí.
Para el analista Javier Rodríguez Sandoval, estaríamos viviendo el inicio de un nuevo ciclo en el que un partido político acumula presencia desde el poder porque funciona como una maquinaria con operadores políticos profesionales que tienen los contactos y canales para llegar, y que no necesariamente son los candidatos. Lo vivimos en el 2014, por ejemplo, acotó.
Sin embargo, explicó el analista, el futuro es aún incierto. No sabemos si se repetirá lo ocurrido con Alianza PAIS, un fenómeno que implosionó dando nacimiento a otros movimientos y cuya corriente fiel se ha reagrupado ahora en la Revolución Ciudadana.
Las encuestas anuncian una polarización entre ADN y RC para la elección presidencial, por lo que seguramente estos serán los mayores bloques de la Asamblea Nacional.
Al igual que la RC, el movimiento Creando Oportunidades (CREO), del expresidente Guillemo Lasso, presentó candidatos en 32 jurisdicciones, ya sea con candidatos propios o en alianza. Después de la muerte cruzada, CREO no participó en las elecciones generales de agosto de 2023.
El movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, Amigo (lista 16), estará presente en 31 jurisdicciones, sea solo o en alianza. Le siguen SUMA, el Partido Social Cristiano (PSC) y Unidad Popular (UP), con listas en 30 jurisdicciones. En cambio, los menos presentes son Avanza con 19 jurisdicciones y Democracia Sí, con 20.
De estas organizaciones, SUMA es el que más alianzas ha establecido para competir en catorce de las 30 jurisdicciones donde se ha postulado. En cambio, la Izquierda Democrática (ID) es la única organización nacional que no concretó ninguna alianza.
En muchos de los casos, estas alianzas son entre una organización nacional y otra local.
¿Qué queda de los partidos considerados tradicionales desde el retorno democrático de 1979? En realidad solo cuatro se mantienen como jugadores importantes: el PSC y la UP (ex Movimiento Popular Democrático) con participación en 30 jurisdicciones; el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) con 27 y la ID con 22.
En el cambio de siglo, entre 1995 y 2006, irrumpieron Pachakutik (PK), el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Alianza PAIS. Desde entonces, el panorama se ha atomizado con partidos y movimientos de distintas tendencias ideológicas y donde predominan los personalismos: ADN, Democracia Sí, SUMA, Avanza, Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Amigo; sin contar con otros movimientos locales que hacen valer su presencia en provincias.
El desborde de participantes para esta elección se ha dado en Tungurahua, Santa Elena y Loja, donde se medirán 19 listas. En Azuay y El Oro competirán 18 listas y en Chimborazo y en la circunscripción 1 de Pichincha, 17.
En contraste, en Galápagos y Morona Santiago se han inscrito seis listas, y en Pastaza, nueve.
Llama la atención el caso de Manabí, dividida en dos circunscripciones con cinco curules cada una. En la circunscripción 1, el norte de la provincia, competirán diez listas; mientras que en la circunscripción 2, el sur, se han inscrito 15.
La suerte de estos 2.089 aspirantes se jugará el domingo 9 de febrero próximo.
