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La empresa PacificTerminal S.A, del empresario ítalo-ecuatoriano José Dapelo Benites, consiguió el 8 de octubre de 2024, una autorización para la construcción de un terminal marítimo, en Monteverde. Esta infraestructura, que de acuerdo a la autorización se levantará en la provincia de Santa Elena en cinco años, servirá para la importación y almacenamiento de gas natural.
La empresa creada en 2016 y con un capital de $2.000, logró conseguir la mencionada autorización en un mes y tres días, es decir, de manera expedita, considerando que la solicitud la ingresó el 5 de septiembre pasado.
La noticia ha generado controversia, pues las cartas credenciales de Dapelo vienen manchadas de escándalos.
En Ecuador el empresario guayaquileño es recordado por haber obtenido de manera irregular una concesión del Campo Armadillo. Así como por problemas en la remediación petrolera a cargo de la empresa Ecuavital.
Además, en Panamá su nombre está envuelto en otro escándalo por la entrega de un contrato para construir una planta de gas, a dedo, la cual nunca culminó.
En 2022 otra empresa de los hermanos Dapelo estuvo involucrada en una controversia con la Corporación Financiera Nacional (CFN) pues se le quería obligar a la entidad estatal a recibir, en dación en pago, unos terrenos subvalorados.
Sobre esta autorización entregada por la ARCH, ha habido expertos que consideran importante abrir a la inversión extranjera sectores como la comercialización de hidrocarburos. Por ello han celebrado la noticia.
Aquí vale preguntarse ¿La inversión extranjera es buena, venga de dónde venga? ¿El director de la ARCH que dio el permiso conoce los antecedentes de PacificTerminal y sus líos en otros países? ¿Es necesario dar prioridad a la importación de gas, y dejar de lado proyectos como el aprovechamiento del gas de mecheros y el de Campo Amistad?
¿Qué mensaje da esta autorización de importación en tiempo récord?
Jorge Luis Hidalgo, experto en temas energéticos y gerente de Green Power, considera que el mensaje que se transmite con estas decisiones de la ARCH, es: vamos a promover la importación de gas y restringir la producción local.
Recuerda que la opción de incrementar la producción gasífera local en Campo Amistad se lo acaba de poner para una supuesta licitación internacional que durará varios años.
Esto aunque hubiese sido posible generar mayor producción con una inversión menor para el reacondicionamiento de los pozos.
Hace pocos días, La Fuente-Periodismo de Investigación también conversó con el representante de la empresa Amazon Tech, César Murgueitio. El ejecutivo alertó sobre la necesidad de aprovechar el gas de mecheros que se quema en la Amazonía, generando contaminación ambiental y afectación sanitaria a la población.
Gas de mecheros, una solución energética y ambiental ignorada
Sin embargo, el Estado no hace nada para impulsar este proyecto que en el gobierno pasado se lo declaró desierto. En el actual no hay aún ningún pronunciamiento sobre el caso.
Entre tanto, a Hidalgo le llama la atención cómo pudo esta empresa importadora conseguir de manera expedita una autorización que a ellos les costó cinco años. Considera que un factor podría ser, justamente, esta política de beneficiar a los importadores.
Además, Hidalgo indica que un mes es un tiempo demasiado corto para cumplir con toda la documentación. En este sentido se preguntó si la empresa PacificTerminal habrá presentado los estudios, diseños básicos, entre otros que pide la normativa.
El experto considera que debe ser bienvenida la importación de gas natural, siempre y cuando se deje competir en igualdad de condiciones a la producción nacional de gas.
Lamentó que en este caso se esté entregando esta autorización a una empresa con enormes problemas de corrupción, no solo en Ecuador sino también en Panamá.
‘Ecuador secuestrado por importadores de combustible’: Jorge Luis Hidalgo
Hidalgo recordó que Green Power asistió hace pocos meses a una socialización del reglamento del gas.
En dicha reunión estuvieron como invitados empresarios como Bernardo Arosemena, de PacificTerminal; del grupo Eljuri; representantes de Cámaras como Francisco Jarrín y Roberto Aspiazu.
En la reunión Green Power propuso que se dé un tratamiento igualitario a la producción nacional. Pero lamentablemente solo se consideraron elementos para los importadores.
Tras un camino de opacidad, Dapelo retorna
En el libro Ecuador Made in China, escrito por Fernando Villavicencio (+), ex candidato presidencial asesinado, aparece el nombre de José Dapelo.
En su relato, Villavicencio contó que a la par de la posesión del presidente panameño Ricardo Martinelli, en septiembre de 2009, la empresa LNG Group Panamá se inscribió en el Registro Oficial de Panamá. Esta empresa es subsidiaria Panamá NG Power.
Los accionistas eran los ecuatorianos: José Dapelo Benites, Rodolfo Barniol Zerega, ex ministro de Gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, y Bernardo Arosemena.
El periodista y activista político ecuatoriano explicó en su libro que tres meses después de constituida la sociedad, en enero de 2010, el Consejo de Gabinete de Martinelli autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a ejecutar, un contrato de arrendamiento con opción de compra de 48 hectáreas en el sector de Telfer, en Colón (Panamá), por cuarenta años.
El objetivo era desarrollar un proyecto de almacenamiento criogénico y comercialización de gas. El proyecto además incluía la construcción de una planta térmica de 250 MW.
Todo ello se llevó adelante en medio de serios cuestionamientos de corrupción por parte de sectores de oposición al gobierno de Martinelli.
Denunciaban que se lo benefició directamente pues Dapelo era cuñado de Mario Elgarresta, asesor de la campaña de Martinelli y consultor político allegado al ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
Dapelo terminó salpicado por el pago de sobornos en cuentas en Andorra vinculadas con la familia Papadimitriu.
El proyecto nunca se concretó. Y más bien, el nombre de José Dapelo volvió a sonar en 2018 pues el Gobierno de Panamá le prohibió el ingreso al país y le quitó la residencia.
Panamá y relaciones con Gunvor
En 2021, en cambio, se conoció que Panamá NG Power entregó a otro consorcio (InterEnery y AES) los derechos del proyecto, para que estos realicen un proyecto de una planta gasífera en Panamá.
Adicionalmente, la empresa de Dapelo, según Villavicencio tenía acuerdos con la corrupta empresa Gunvor para implementar la importación de gas natural licuado a Panamá.
Ahora la justicia de EEUU ha confirmado que Gunvor pagó $70 millones en sobornos a funcionarios en Ecuador para obtener contratos.
Es importante señalar que Pacific Terminal tiene como presidente y gerente a José Dapelo Benites y Bernardo Arosemena respectivamente. Ambos aparecen como socios de la controversial Panamá NG Power.
El lío de pagar con terrenos subvalorados
El 20 de julio del 2022, la Corte Constitucional resolvió en su Sentencia No. 1101-20-EP/22 otorgar una medida de protección a la Corporación Financiera Nacional (CFN) en contra de la empresa JIK S.A. de los hermanos José y Danilo Dapelo.
Esto, luego de que dicha empresa también había interpuesto una acción de protección en contra de la CFN debido a que la entidad financiera no aceptaba como pago unos terrenos subvalorados.
El proceso venía desde el 2010, cuando la empresa JIK S.A. pidió un crédito a la CFN para la construcción de una planta de tratamiento de agua industrial, que nunca terminó de operar.
También se presentó la denuncia en contra de Ecoterm S.A., empresa que fungía de garante solidario, por una presunta falsedad en su contabilidad.
Es que los terrenos que quisieron entregar a CFN, como pago, tenían un avalúo de $6,9 millones. Sin embargo, en sus estados financieros de 2021, se refleja un valor de $400.000.
Los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial de Justicia del Guayas, otorgaron la acción en favor de la empresa JIK. Ellos son: José Eduardo Coellar Punín, Adolfo Richart Gaibor Gaibor y Carlos Alberto González Abad,
Sin embargo ya fueron destituidos por este error inexcusable.
La CFN ha pedido a la Superintendencia de Compañías que se intervenga a JIK y Ecoterm.
Cinco años para la construcción del nuevo terminal
El terminal marítimo que ahora se plantea en Ecuador servirá para la importación y almacenamiento de GNL. Es decir recibirá cargamentos de GNL importado y lo almacenará en tanques del buque tanque (almacenamiento flotante) FSU.
La autorización firmada por Sergio Bolívar Araujo Villalva, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), se emitió el 8 de octubre pasado.
- El proyecto establece que se construirá un muelle para descarga de gas natural licuado (GNL). Este constará de una pasarela de acceso de aproximadamente 630 m. de largo y 10 m. de ancho. También tendrá una plataforma de maniobras. La obra se debe construir en cinco años.
- La autorización también dicta que la compañía es responsable de la legalidad y veracidad de los documentos habilitantes presentados. También debe sujetarse a las disposiciones previstas en la normativa hidrocarburífera y las normas gasíferas.
- Además indica que PacificTerminal debe contratar empresas especializadas, de reconocida trayectoria internacional con experiencia en proyectos de gas natural de características similares.
- Estas deben determinar la ubicación definitiva, diseño, construcción, mantenimiento, aspectos de seguridad, entrenamiento del personal operativo; y, realizar pruebas, emitir informes y certificados de pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha del terminal marítimo.
- Las empresas fiscalizadoras deben emitir un certificado que determine que la construcción dio cumplimiento a lo estipulado. Todo bajo las normas de la última edición de la norma NFPA 59 A (Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas).
