Cuatro ministros del Gobierno de Daniel Noboa: Sade Fritshi, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional; Niels Olsen, ministro de Turismo; y, Mónica Palencia, ministra del Interior, podrían ser enjuiciados políticamente “por incumplimiento de funciones constitucionales y legales y por la falta de atención o atención incompleta de los pedidos de información realizados en el marco del proceso de fiscalización e investigación” dentro de este caso.
Esto, tras la aprobación del “Informe de Fiscalización e Investigación sobre la situación de la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de Santa Elena, con énfasis en los actos y hechos que afecten a la comuna de Olón y que han generado conmoción social en todo el país por el proyecto inmobiliario ECHO OLÓN, en el área del bosque protector Esterillo Oloncito”.
Alrededor de las 10:21 de la mañana, durante la sesión virtual N. 951, el pleno de la Asamblea aprobó con 91 votos a favor esta iniciativa. Que se discutió en primera instancia en la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados.
El informe aprobado solicita a la Contraloría General del Estado tres puntos relevantes.
Realizar un examen especial al proceso de otorgamiento de Registro Ambiental a favor de la empresa VINAZIN S.A.
Adicionalmente, la Asamblea remitirá el informe a la Fiscalía General del Estado “a fin de que investigue la posible concurrencia de varias infracciones en el proceso de otorgamiento de Registro Ambiental”.
El documento también recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional, iniciar el juicio político en contra de cuatro ministros del Gobierno de Daniel Noboa antes mencionados.
Escándalo en Olón
El caso de Oloncito se convirtió en escándalo por posible tráfico de influencias desde las más altas esferas, conflicto de intereses e impacto ambiental. Donde pese a ser declarada, mediante Acuerdo Ministerial 072, del 30 de noviembre del 2001, como “Área de bosque y vegetación protectora». En 2.25 hectáreas que conforman el área del bosque en ese sitio, se pretendía construir un proyecto inmobiliario.
Conflicto en Olón: Intereses Privados Vs. Conservación Ambiental
El martes 28 de mayo, la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, compareció ante el Pleno de la Asamblea para explicar el registro ambiental otorgado al proyecto inmobiliario de la primera dama, Lavinia Valbonesi, en Olón, provincia de Santa Elena.
La representante de la cartera de Ambiente, que ha sido criticada duramente por su falta de experiencia , defendió una vez más el actuar de su Ministerio ante este caso, sosteniendo que el proyecto Echo Olón presentaba un bajo impacto ambiental, por lo que no era necesario obtener una licencia o realizar una consulta ambiental.
Y aunque insistió en que el área destinada para el proyecto no era una zona protegida y no albergaba manglares, la resistencia de los comuneros al proyecto de la empresa VINAZIN S.A, llevó a que la empresa desistiera de sus planes de construcción.
Además, Franklin Vega, periodista y activista ambiental del medio Bitácora Ambiental, denuncia el tráfico descarado de influencias en casos como el de Olón, donde afirma que «no sólo se irrespeta un bosque protector y la legislación que lo ampara, sino que hay un tráfico descarado de influencias con varios ahora Ministros, antes funcionarios de las empresas allegadas al señor Presidente, que han impulsado este proceso en tiempo récord».
La historia se repite, ahora en Bototito
Lo sucedido en Olón, no es el único caso de tráfico de influencias, conflicto de intereses e impacto ambiental.
En Santa Elena, a 8 km de Olón, se encuentra Bototito, una comunidad dónde ya se ha talado el mangle y están rellenando el estero, supuestamente para dar paso a proyectos impulsados por intereses particulares.
Detrás de estas acciones en Bototito está la empresa Sweetcity S.A., propiedad de Esteban Leopoldo Quirola Burgos, ex prefecto de El Oro, ex candidato por el Movimiento ADN (del presidente Daniel Noboa) y nieto de un prominente exportador de banano. Según denuncias públicas del activista ambiental Xavier Lombieda, a pesar de las irregularidades y la ausencia de permisos adecuados, la construcción avanza, ignorando los derechos y las preocupaciones de los habitantes locales y de los defensores del medio ambiente.
Sweetcity S.A, según la información que reposa en la Superintendencia de Compañías, es una empresa de alimentos y está en liquidación, por lo que no parece lógico que esta se encargue de negocios de construcción. Estas y varias inconsistencias, guiaron a los comuneros a solicitar una investigación del caso.
Los trabajos de esta empresa comenzaron en el 2013, sin contar con los permisos correspondientes, y se suspendieron por oposición de los comuneros. No obstante, entre el 2022 y el 2024 se evidenció, nuevamente, trabajos en esta área y, según declaraciones de los comuneros han recibido amenazas por intentar oponerse.
Actualmente, según Miriam Chancay, presidenta de la comunidad Las Núñez, el proceso se encuentra en fase investigativa, como respuesta a las varias denuncias presentadas por los comuneros.
Sin embargo, durante el último fin de semana de junio de este año, se registraron camiones lanzando tierra para rellenar el estero del río Bototito. Los videos fueron enviados por el colectivo Bitácora Ambiental.
Escrituras: otra arista sin sentido
Otra de las irregularidades denunciadas por Lombeida, es una alteración de la extensión del terreno adquirido por Quirola. En la escritura madre, se especifica que la extensión total del terreno es de 700 m2. Mientras que en el Registro de la Propiedad de Santa Elena, refleja una extensión total de 1.853,59 m2, adjudicándose partes del río Bototito.
En una entrevista para La Fuente-Periodismo de Investigación, Franklin Vega, periodista y activista ambiental del medio Bitácora Ambiental, comenta «lo ocurrido en Bototito y Olón son sólo una muestra pequeña de lo que sucede en el resto del país», evidenciando la magnitud del problema de la degradación ambiental en Ecuador.
Vega señala que «las áreas con alguna categoría de protección son vulneradas a diario», resaltando la urgente necesidad de proteger estos espacios naturales amenazados por actividades ilegales y negligencia gubernamental.
Lo que sucede en Bototito y Olón, es una evidencia palpable, de la brecha entre las promesas de un Estado que “respeta” su normativa ambiental; y, la realidad de comunidades. Las cuales ven cómo su entorno natural y su forma de vida son sacrificados en aras del beneficio económico de unos pocos.
Plan de manglares es una normativa fantasma
Pese a tener un “Plan Nacional y un Programa de Conservación y Manejo Sostenible de Manglares” que debería ser implementado por el Ministerio del Ambiente, este no se ejecuta. Lo que sí ha sucedido, es la entrega de licencias ambientales para actividades extractivistas, de agronegocio e infraestructuras en áreas protegidas. Entre ellas esteros y manglares (ecosistemas frágiles según la Constitución).
La Constitución ecuatoriana fue una de las primeras en el mundo en reconocer los Derechos de la Naturaleza (art.71), prohíbe las actividades extractivas en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles (art. 407). Además incluye la protección de los ecosistemas frágiles – como los esteros y manglares – dentro de la política de soberanía alimentaria (art. 281) y dispone que el Estado adopte medidas de protección y establezca responsabilidad por daños ambientales (art. 396).
La realidad desmiente las palabras escritas en papel. Mientras la minería ilegal y el tráfico indiscriminado de especies protegidas devastan los ecosistemas, la explotación desenfrenada de zonas protegidas despoja al país de su invaluable patrimonio natural. Los manglares, pilares esenciales para la salud social y ambiental del país, no están a salvo de la voracidad del desarrollo descontrolado.
Los ecosistemas en Ecuador están en peligro. Y sí, suena alarmista. Pero es el abismo al que nos dirigimos. Sobre todo por la vista gorda de quienes están en la obligación de hacer respetar los derechos del medio ambiente.
Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad de proteger y respetar la forma de vida de estas comunidades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales y la protección efectiva de los manglares. La defensa de estos ecosistemas no es solo una cuestión ambiental, sino también un acto de justicia social y un compromiso con el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
El manglar un agente climático
Ahora bien, ¿Por qué los manglares cumplen un papel fundamental en la conservación del medio ambiente? y ¿Por qué hasta la Constitución de nuestro país lo reconoce como una zona de protección?
Los manglares son barreras naturales que protegen las costas y las comunidades costeras de eventos climáticos cada vez más fuertes, como mareas, tormentas o el fenómeno de El Niño. La organización Acción Ecológica indica que los manglares reducen la erosión costera y purifican el agua, lo que beneficia al ecosistema marino y a las comunidades que dependen de ella.
Adicionalmente, World Wide Fund for Nature indica que los manglares almacenan 5 veces más carbono (CO2) que los bosques tropicales terrestres. Sin embargo, la clave es mantenerlos sanos, pues de esta manera el carbono se queda atrapado y encerrado bajo tierra. Pero, si llegamos a destruir un manglar, ese dióxido de carbono es liberado y acelera el cambio climático.
En una entrevista para La Fuente – Periodismo de Investigación, Aurora Donoso, vocera de Acción Ecológica indica la importancia social que tienen los manglares. “Muchas comunidades dependen de los manglares para su subsistencia, alimentación y nutrición a través de la pesca y la recolección de mariscos. Además, de obtener madera y otros productos forestales”. También subraya la «relación y coexistencia de las comunidades con los manglares que marcan su cultura, tradiciones y espiritualidad».
Por otro lado, en Ecuador, a pesar de la importancia de estos ecosistemas. La industria del camarón ha destruido un 70% de los manglares entre 1970 y 1990, afectando gravemente a las familias recolectoras de conchas y cangrejos; y, a los pescadores artesanales.
Donoso afirma que «la expansión de la acuacultura de camarones es la principal causa de deforestación de manglares en el Ecuador». Junto con la urbanización y la contaminación de las aguas.
