Lejos de ser un órgano de control y transparencia, esta comisión se ha convertido en una plataforma para lavar la imagen de procesados en casos de corrupción como Metástasis.

El 13 de mayo y el 17 de junio pasados, la Comisión dio paso a maniobras cuestionables y comparecencias polémicas, a través de las cuales figuras clave del correísmo han intentado evadir la justicia, socavando la confianza pública en las instituciones.  

Así se pudo observar a Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, en el centro del reflector a pretexto de su enjuiciamiento político. Entre tanto, el intento de comparecencia virtual del ex latin king, Ronny Aleaga, posiblemente desde Venezuela, también dejó en mal predicamento a este órgano legislativo . ¿Aguirre violentó la norma expresa?  

El caso Wilman Terán: Lodo con ventilador

Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, es una figura central en el caso Independencia Judicial y es parte del Caso Metástasis.

En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, Terán utilizó la vieja estrategia de «lanzar lodo con ventilador», buscando crear confusión y desviar la atención de sus propios actos corruptos. 

Sus acusaciones, aunque vagas y sin fundamento sólido, tenían como objetivo enturbiar el proceso judicial en el que está involucrado y sembrar dudas en la opinión pública sobre las verdaderas dimensiones del caso.

“Se imaginan el nivel de acuerdo, por no llamarle ‘pacto de negociación’ entre este sujeto (Wilman Terán) y el correísmo para tratar de causar confusión. Más correísta y más brazo derecho de Rafael Correa no puede ser”, comentó Carlos Vera en su cuenta de X, subrayando la conexión entre Terán y el correísmo.

Terán había explicado que la fiscal Diana Salazar había presionado, a través de emisarios, para que la sentencia en el Caso Sobornos salga en contra de Correa. También asegura que no hizo caso de esas supuestas presiones. Enseguida el ex presidente Rafael Correa desde su cuenta en la red social x salió a respaldar lo dicho por Terán en la comisión de su coidearia.

Por su parte, el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, ha sido una voz crítica contra las acciones de la Comisión de Fiscalización y su aparente defensa de figuras correístas. Sobre lo sucedido con Terán comentó: “Ha sido evidente todo el espacio que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como los asambleístas de la Revolución Ciudadana, le dan al señor Terán para que pueda decir y defenderse como si esto fuera un juicio penal”, denunció Peñafiel. 

“Definitivamente queremos denunciar que lo que están haciendo es permitiendo que los criminales formen parte de la defensa penal en un juicio político.”

Sin embargo, esta estrategia resultó inútil. Al día siguiente de su comparecencia, Xavier Muñoz, el exvocal del Consejo de la Judicatura y cómplice de Terán, se declaró culpable de obstrucción a la justicia y decidió colaborar con la Fiscalía. 

La confesión de Muñoz no solo debilitó la posición de Terán, sino que también confirmó la existencia de actos ilícitos en los niveles más altos del sistema judicial ecuatoriano, durante su administración.

Cooperación eficaz de Xavier Muñoz reduce a 9 meses su pena

Muñoz optó por un procedimiento abreviado, una estrategia defensiva para minimizar su tiempo en prisión a cambio de aceptar los cargos y colaborar con la justicia. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, destacó la valiosa contribución de Muñoz para avanzar en las investigaciones y solicitó una pena reducida de 9 meses y 6 días, de los cuales solo cumpliría tres en prisión, ya que ha permanecido 6 meses con prisión preventiva.

La cooperación eficaz es un mecanismo mediante el cual el acusado proporciona información valiosa para avanzar en otras investigaciones, lo cual puede ser determinante en casos de corrupción o crimen organizado. 

Esta cooperación, aunque beneficiosa para el avance de la justicia, fue criticada por algunos sectores, incluyendo al abogado del Consejo de la Judicatura, Patricio Morales, quien argumentó que no había proporcionalidad en la solicitud de la Fiscalía.

La Fiscalía, representada por Diana Salazar, ha jugado un papel crucial en estos eventos. La decisión de Muñoz de colaborar con la justicia y la solicitud de Salazar de una pena reducida para él reflejan la estrategia de la Fiscalía para utilizar la cooperación eficaz como una herramienta para desentrañar redes delictivas. 

Dicha estrategia también puede generar críticas si se percibe como un trato demasiado indulgente hacia los implicados en corrupción. 

Fiscalía abre nueva investigación en contra de Wilman Terán y dos ex jueces más

Esta nueva investigación se deriva de la cooperación de Xavier Muñoz con la Fiscalía.

Muñoz aseguró que existía un plan, liderado por Rafael Correa para destituir a la Fiscal General y colocar a una de sus aliados, gracias a la ayuda de Alembert Vera del Consejo de Participación Ciudadana.

Los ex jueces Byron Guillén y Luis Rivera, junto con Wilman Terán eran los encargados de ejecutar el plan. El objetivo principal: facilitar el regreso de Correa al país.

En un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado, rechazó las declaraciones entregadas por Terán en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. En el cual aseguró tener chats con la Fiscal, el mismo recurso utilizado por Ronny Aleaga.

La instrumentalización de la comisión de fiscalización genera impacto 

La instrumentalización de la Comisión de Fiscalización por parte de figuras del correísmo y sus aliados ha tenido un impacto significativo en la percepción pública del sistema judicial ecuatoriano. 

La controversia no termina con Terán y Muñoz. Hay que recordar que el 13 de mayo del año en curso, Pamela Aguirre, en un acto aún más descarado, intentó permitir la participación de Ronny Aleaga, prófugo de la justicia, en una comparecencia por Zoom para enfrentar a la Fiscal General Diana Salazar. 

Aleaga, prófugo de  la justicia, acusado de corrupción, habría utilizado esta oportunidad para manipular el proceso y atacar a la Fiscalía.

“La ley Orgánica de la Función Legislativa expresamente señala que una causal de falta grave que se sanciona de conformidad a la ley es el uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y que además podrían, dice expresamente la ley, desprestigiar a la imagen de esta,” señaló José Chalco en una entrevista para La Fuente – Periodismo de Investigación. 

“Indudablemente que la Asamblea Nacional se preste para recibir a prófugos de la justicia, como es el caso de Aleaga, altera el desarrollo normal correcto del Poder Legislativo que es uno de los poderes más importantes de un estado constitucional,” continuó Chalco. 

El experto constitucionalista remarcó que “En este sentido, una persona que ha huido del respeto al orden constitucional, de respeto a las decisiones jurisdiccionales y las irrespeta, lo único que está sucediendo es burlarse del Estado constitucional.”

Chalco también criticó la falta de acción del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), que, según él, debería haber actuado con más rigor, aplicar la ley y no simplemente una llamada de atención a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, “eso es una obscena declaración porque el llamado de atención no está establecido en ninguna parte de la ley,” expresó Chalco. Las sanciones correspondientes irían desde la suspensión hasta 30 días y la pérdida de la remuneración de quien cometa una falta grave.

La Comisión de Fiscalización, bajo la dirección de Pamela Aguirre, ha demostrado ser un espacio propicio para la impunidad, permitiendo que figuras vinculadas al correísmo manipulen los procesos judiciales y legislativos a su favor. 

La aceptación de culpabilidad de Xavier Muñoz y su cooperación con la Fiscalía representan un avance en la lucha contra la corrupción, pero también subrayan la necesidad de una mayor transparencia y rigor en la administración de justicia.

Es imperativo que se tomen medidas para reformar la Comisión de Fiscalización y asegurar que sirva a los intereses de justicia, no a los de aquellos que buscan evadirla. La integridad del sistema judicial ecuatoriano y la confianza del público están en juego, y es crucial que las instituciones actúen con firmeza y transparencia para restaurar la fe en la justicia y el estado de derecho.