La audiencia fue mixta (presencial y virtual). Antes del diferimiento, la Fiscalía General del Estado anunció que el Consejo de la Judicatura había priorizado las audiencias telemáticas, debido a la crisis de inseguridad que vive el país. En este contexto, la jueza que conoce el proceso, concedió el enlace a los sujetos procesales para comparecen a la audiencia preparatoria de juicio. También la fiscal del caso acudió de manera telemática.

Es la tercera vez que se difiere, y con el mismo argumento: cambio de abogado. La audiencia originalmente estaba programada para el 29 de noviembre, pero se la cambió al 19 de diciembre, luego para el 6 de febrero.

Ahora en un nuevo episodio de dilaciones y artimañas legales desde los acusados, la jueza Irene Pérez aceptó aplazar nuevamente la audiencia del caso Fernando Villavicencio, otorgando un diferimiento hasta el 27 de febrero.

Esta decisión, tomada a solicitud de los abogados de los acusados, que fue rechazada desde la Fiscalía y los abogados de las víctimas, la viuda y sus hijas, también causó revuelo en la opinión pública, pues se considera evidente que con estas argucias legales se busca obstaculizar el avance del proceso judicial.

Las tácticas dilatorias han sido protagonizadas por los defensores de los acusados, quienes, bajo la dirección del abogado Ramiro Paredes, han logrado posponer la diligencia. En esta ocasión, Paredes, defensor de los acusados E. Ramírez y V. Flores, alegó la necesidad de tiempo adicional para prepararse. El argumento fue rechazado por la fiscal Ana Hidalgo, quien destacó que ya había tenido tiempo suficiente ya que desde el 8 de noviembre de 2023 el abogado Paredes había asumido la representación de C. Angulo  y tuvo acceso a la información del caso. 

Para la fiscal, aunque apenas el día de ayer presentó en la Unidad Judicial un escrito donde asumió la defensa de los acusados E. Ramírez y V. Flores, habría tenido todo el tiempo antes mencionado para empaparse del caso.

Entre tanto, el abogado Gastón Toro, representante de C. Angulo, quien está acusado en el caso, respaldó la petición de diferimiento, generando la indignación de aquellos que exigen justicia pronta y efectiva. La estrategia de cambiar de abogados en el último momento para retrasar la audiencia fue señalada por el abogado Ramiro García como perjudicial para la actividad procesal, destacando la gravedad de esta práctica que ha venido repitiéndose.

El caso del magnicidio  de Fernando Villavicencio, ha estado marcado por la negligencia y la inoperancia, pues además del deceso del periodista y político, 7 de los 13 detenidos fueron asesinados y silenciados en las cárceles del país, a pesar de estar bajo custodia del Estado. Entre los seis sobrevivientes, la líder de Los Lobos, L. Castillo, ya había solicitado dos diferimientos previos, y ahora es el abogado Ramiro Paredes quien alega haber sido nombrado ayer como defensor de Ramirez y Flores .

Antonio Lopez, abogado defensor de las hijas de Villavicencio, recordó a la jueza que en diciembre de 2023 se había manifestado que no se diferiría la audiencia, y en caso de que los procesados no cuenten con su abogado patrocinador, serían asistidos por un defensor público. Sin embargo, las argucias legales parecen estar prevaleciendo sobre la premura de la justicia.

El crimen de asesinato por el cual los acusados están siendo procesados, podría ser sancionado con sentencias de entre 22 y 26 años de reclusión, con la posibilidad de incrementarse en presencia de circunstancias agravantes, de acuerdo con las disposiciones del COIP. La sociedad demanda respuestas y medidas concretas que aseguren un desarrollo judicial claro y eficiente en el caso Fernando Villavicencio.