Porque, a diferencia del extenso periodo de tiempo en el que el Ejecutivo se encontró encabezado por miembros del Movimiento Alianza País, importa el fondo, y no solo la forma sobre el manejo de la inteligencia en Ecuador. 

Hace más de trece años y, como consecuencia del bombardeo de Angostura, el pasado 1 de marzo de 2008, la función de inteligencia de Estado ecuatoriana se insertó en el debate público. Pese a ello aún no resolvemos como sociedad la interrogante sobre cómo manejar adecuadamente el Sistema Nacional de Inteligencia.

Tras el bombardeo, el centro del debate se ubicó en los ajustes necesarios para que el funcionamiento de las distintas instancias de inteligencia correspondiera a los intereses del Estado. Hoy, con otros actores como protagonistas y, siendo de conocimiento público el financiamiento de la campaña política de Lenín Moreno con dinero de gastos reservados, la pregunta se mantiene vigente.

El nuevo Gobierno inició funciones hace dos meses  y su pronunciamiento es claro frente a la antigua SENAIN, hoy conocida como CIES:  se requiere realizar una reingeniería del sistema. En la región se llevó a cabo la tarea de modificación institucional a través de decretos ejecutivos, o reformas legales. Pero eso no es suficiente: no basta con plasmar en el papel un sistema de inteligencia casi perfecto que, en teoría, cuenta con prohibiciones para levantar información sobre personas con base únicamente en su afiliación política o ejercicio ideológico. Tampoco con establecer supuestos controles horizontales, que no producen resultados concretos. 

De hecho, hacerlo no implica necesariamente riesgos a la seguridad, en el contexto actual existen mecanismos técnicos probados que pueden evitar la infiltración de elementos vinculados con estructuras de delincuencia organizada en la discusión.  Porque el considerar únicamente el criterio de pocos e imponerlo sin tomar en cuenta las voces del resto de la sociedad ecuatoriana, se parece más a un estilo de gobierno autoritario que a uno democrático. 

El costo de no incorporar a todos en la tarea de rediseño de la actividad nos volverá a entregar el resultado que ya tenemos: un sistema de inteligencia débil, que hace de todo menos actuar en coherencia con lo que implica garantizar la seguridad de la ciudadanía ecuatoriana.

Es necesario señalar, cuáles fueron los errores que ya se cometieron en los procesos de reforma previos a la institucionalidad estatal de inteligencia. Esto se puede resumir en pocos puntos. 

En primera instancia, arrancar en árbol de raíz: cuando se disolvió la Dirección Nacional de Inteligencia, bajo el argumento de “renovación”, se facilitaron los procesos de jubilación de los pocos funcionarios con nombramiento. El resultado final fue que, en el momento de discutir las definiciones y objetivo central institucional, e inclusive al realizar el trabajo, los nuevos funcionarios se hallaban desorientados sobre sus tareas; toda la experiencia inicial acumulada fue eliminada.   

Otro error consiste en perennizar la creencia de que la inteligencia es un tema exclusivo del debate de funcionarios, activos o pasivos, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

Más allá del perjuicio, inclusive en 2008, antes de Angostura, y de la expedición del Decreto Ejecutivo 1798, en FLACSO ya se trataba a la inteligencia como parte de los contenidos de los cursos de Seguridad. A la fecha muchos civiles ecuatorianos forman parte del cuerpo docente de la Academia de Guerra del Ejército y han generado conocimiento al respecto. Lo que implicó la publicación de libros y realización de análisis en los ámbitos de inteligencia táctica, estratégica o incluso la institucionalidad de inteligencia en Ecuador y sus fallas en la elaboración de productos. 

Dejar fuera este componente, por considerarlo poco calificado, constituye un error que ya generó problemas en el pasado, y que tiene el potencial de continuar haciéndolo. 

En tercer lugar reside el asumir apresuradamente verdades sobre el sistema de inteligencia, sin generar un amplio proceso de debate como respaldo, que incluya a una diversidad de actores y que esté basado en hechos reales. 

Con esto me refiero a dos hechos concretos: por un lado los procesos de diseño del Plan Nacional de Inteligencia, que en los últimos diez años dejaron de lado a una serie de actores relevantes como medios de comunicación, movimientos sociales, e incluso personas cuyos derechos hayan sido vulnerados por instancias directas o derivadas de inteligencia. 

Y por otro los informes generados por comisiones evaluadoras de la inteligencia ecuatoriana, que contaron una versión específica de los hechos sin exponer testimonios, y documentos base de sus aseveraciones. 

Inclusive la CIA realiza procesos de desclasificación controlada de sus documentos. Ecuador no cuenta con un solo proceso de desclasificación masiva de documentos, y esto ha dejado huella sobre la reflexión acerca del funcionamiento de esta actividad.

Identificadas las necesidades del presente y los errores del pasado, queda accionar el factor capaz de procurar el cambio requerido: la voluntad política en manos de quién hoy por hoy lleva en sus manos el Poder Ejecutivo y la decisión de qué camino tomar por el bienestar del país.