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Días antes, el Contralor Pablo Celi, en su oficina le había dicho a Cumandá Guevara: “Jaime Guevara está ejerciendo ilegalmente la Prefectura, ya están preparando el documento”. Cumandá Guevara, Vice prefecta de Pastaza, está hasta ahora, un año y pico después, esperando el informe de la Contraloría que nunca llega.
La pandemia de la Contraloría es el soborno
En la Contraloría General del Estado (CGE) también se cocina Arroz Verde. Existe una estructura de sobornos que no es nueva, que alcanza a directores y mandos medios, tiene emisarios sin poder de decisión que son quienes cotizan ofertas.
Christian Emilio Aguilera Carillo es el hombre rana de la Contraloría, se reunió al menos dos veces, acompañado de su padre, con amigos de la Vice prefecta de Pastaza. Nunca habló a nombre propio sino de “5 directores”, en la certeza de entregar informes que ratifiquen la doble destitución que fuera objeto Jaime Guevara en el año 2013.
Christian Aguilera, el funcionario de los contactos en Contraloría
– ¿Pero de cuánto hablaríamos?, le preguntaron al diligente Christian aquel 3 de septiembre de 2019.
– “Ellos ven sus intereses. Yo creo que no menos de 200 (mil), para los 5”, respondió. La cotización del soborno da por hecho que los recursos que se manejan en la prefectura de Pastaza, permitirán recuperar la “inversión”. Christian les dijo: “Ellos calculan lo que puede generar una prefectura” y agrega “por uno o dos meses del sueldo de ellos, no les va a interesar”.
Christian Aguilera, en la reunión de contactos
Quien sí tenía conciencia de “cuanto se maneja en la Prefectura”, según Christian Aguilera, fue el actual Prefecto Jaime Guevara. Primero confiesa haber “participado directamente en este tema…” y continúa, “por ejemplo, para Jaime fue más complicado, porque él estaba con niveles medios, estaba con operativos.
Por eso el tema para él fue más complicado, porque tuvo que repartir dinero a más personas, es más fácil darle un monto a un director que darle un monto más bajo a 10 operativos, es totalmente entendible”. El emisario ofreció certezas, “un director es un director, la palabra de un director sobre los operativos es ley y tiene que acatar.
Por ejemplo, si Jaime estaba atacando con los mandos medios, uno ataca con los mandos altos y ya no va a tener cabida”. Con los “200”, Cumandá Guevara sería Prefecta en un mes y diez días ofreció, “ellos dicen que eso tiene que salir, y así se aprueba”, el resto… “se anula definitivamente”.
Ratificación de la Contraloría, era el último paso
Desde su triunfo electoral en 2019, el Prefecto de Pastaza, Jaime Guevara Blaschke, duerme con un ojo abierto. Cumandá Guevara, como viceprefecta y consejera, fiscaliza los actos del ejecutivo provincial.
Decenas de oficios llegaron a la Procuraduría, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Gobierno y hasta al Presidente Lenin Moreno, solicitando respuesta del Estado sobre la aplicación del Art. 15 de la LOSEP, que prohíbe a cualquier funcionario público que haya sido destituido regresar jamás a la institución de la cual fue destituido.
El Contralor Pablo Celi conoce las multas y destituciones del Ing. Jaime Guevara; la primera con el número 3056 de 13 de noviembre de 2013, por nepotismo. Guevara contrató como asesor de la Prefectura al hermano de una consejera provincial.
La segunda destitución fue a través de la resolución 3096 de 20 de noviembre de 2013; por haber celebrado contratos con una consejera provincial en funciones y por haber desviado recursos provenientes del 25% del impuesto a la renta transferido como aporte voluntario desde las empresas para obras específicas de infraestructura, que fueron desviados para pago de dietas, inseminación de ganado y hasta para presentaciones artísticas.
La multa en ambos casos de destitución fue de 20 salarios mínimo vitales vigentes a la fecha.’
En razón del Art. 15 de la LOSEP, Jaime Guevara Blaschke en 2017, no pudo trabajar como asesor de Raúl Tello, su coideario asambleísta, porque aún no cumplía la primera parte del mismo artículo, es decir, el impedimento de trabajar en el sector público por dos años.
Gestiones de la Viceprefecta
Para que el Contralor Pablo Celi obligue a cumplir las resoluciones de destitución dictadas en 2013, le llovieron los oficios: de Cumandá Guevara en dos oportunidades, de Henry Moreno, Asambleísta de Pastaza en varias oportunidades y de delegaciones ciudadanas que incluso lo visitaron personalmente, hasta el día en que decidió prácticamente echarlos de su oficina, en noviembre de 2019.
En esa audiencia a la que asistieron dirigentes políticos y gremiales invitados por la viceprefecta, le comunicaron a Pablo Celi que ahí trabaja en la dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría, un ciudadano que pretendió sobornarlos para que la Contraloría General del Estado aplique la ley: Christian Emilio Aguilera Carillo.
“Yo lo puedo encarar al señor Contralor” nos dijo uno de los asistentes que por el momento prefiere el anonimato. Pablo Celi aseguró en esa reunión que Aguilera “no trabaja más en la contraloría”. Es por ello que nosotros podemos afirmar que el Contralor sí sabía del tráfico de informes, sabía de la reunión con Aguilera, confirmó Marco Vargas, esposo de la Vice prefecta, también asistente a dicha reunión.
Celi conoce de la operación de una red de sobornos dentro de su institución, pero Christian Aguilera Carillo continúa siendo funcionario de la Contraloría, hasta la fecha. Hubo altercados en esa cita de la cual fue testigo también Marlon Santi, director Nacional de Pachakutik.
El mecanismo
En ese sinuoso trajinar, el Prefecto aún no se sienta tranquilo en el escritorio de la Prefectura, lo único que le sostiene es su endeble mayoría y el silencio de la Contraloría. Desde cuando Christian Aguilera no logró “cuadrar” con la delegación de Pastaza que buscaba la ratificación de la sanción que ya pesaba sobre Jaime Guevara, la Contraloría refundió más los documentos del caso.
Ellos, los Directores, según persuadía Christian Aguilera, estaban dispuestos a sacar de la veda, los documentos del caso Jaime Guevara: “Si se dice que se va a hacer tal cosa, ese es un tema que se debe cuadrar”.
Christian Emilio Aguilera Carillo debía conseguir una mejor oferta que la pagada por Jaime Guevara entre los mandos medios de la Contraloría para que Cumandá Guevara asumiera la Prefectura. Aguilera debía dar todas las garantías:
“No es la primera vez que se maneja así”, insistía al referirse a una persona de altísima jerarquía en el ente de control: “realmente, él no se apersona, tiene tanta carga, y tantos temas. Es por eso que existen las direcciones. Como Contralor no lo va a hacer. No va a suceder. Por eso hay cada dirección, y cada una presta su contingente”.
En aquella reunión de septiembre del 2019, el emisario Christian Aguilera reveló con detalle cómo opera una especie de tráfico de informes en la Contraloría. Aquí, el mecanismo:
“Lo que pasa es que de todos modos previo a la reunión con el Consejo ya se fijan plazos. De este día a este día llega una contestación de la dirección provincial de Pastaza. De aquí a acá mandamos el equipo de control. Sabemos qué va a buscar el equipo de control, no va tener que revisar miles de procesos, ya sabe lo que tiene que ir a buscar en específico.
Regresa con el IRP, se legaliza, procede la Fiscalía y ya no hay más. O sea, una vez que se entrega la consignación, se entrega el compromiso de la situación culminada. No es que se va a ir 6 meses 8 meses, una vez que ellos ya sacaron la situación, ellos no dan largas, ellos ejecutan. Sabes hay que hacer esto, y mandan uno de tu unidad, uno de tu unidad y una de la tuya, vayan allá y hagan lo que tienen que hacer, vuelvan y le aprobamos.
Lo que pasa es que ellos tampoco tienen ninguna garantía de que cuando se ejecute, y legalmente ellos no pueden recuperar valores. Está clarísimo para ellos. Yo puedo tener otra apreciación de la situación a futuro, yo puedo decir bueno a futuro ver qué situación podemos hacer. Ellos hacen un trabajo por cada cosa, no por todo”.
El objetivo de Aguilera era cotizar el pago que Cumandá Guevara debía hacer si quería llegar a ser prefecta de Pastaza. Ella debía pagar mínimo 200 mil dólares, no podía regatear ni dar en partes, porque los 5 directores de la contraloría están acostumbrados a este tipo de exportaciones y cobran bien:
“Tengo que agregar que ellos están acostumbrados a eso”.
Pasó entonces a relatar un caso ocurrido en Petroecuador
“Entró una comitiva de Petroecuador, hace un año, pedían cada 3 meses con 9 informes de responsabilidad penal. ¿Cuánto pagaban por informe? 500 mil, traían de 9 de 7 informes. O sea, son directores acostumbrados a temas de ese tipo. Por ejemplo, realmente es jugar con ellos, decirles ese tipo de situaciones. No lo aceptan, realmente”.
Y prosigue, “Yo no quiero engañarles, ellos trabajan de ese modo. Vuelvo y repito, yo nada más soy un emisario, yo vengo a recabar información, a recabar propuestas, a recabar todo lo que sea pertinente para este tema. Pero ellos no trabajan así. Ellos dicen: es tanto, entonces que sea tanto y lo ejecuta.
Una vez que los explicó todo, Christian fue concluyente:
“A ellos les da un poco igual que sea un tema de legalidad, ellos lo que piensan es cuánto genera una prefectura, en el período. En base a eso cuantifican. Ellos cuantifican. A ellos no les importa mucho que sea legítimo”.
“Ellos ven sus intereses”. (Por eso:) “Yo creo que no menos de 200, para los 5”.
Cumandá Guevara y su comitiva comprobaron, en las entrañas de la Contraloría que una Prefectura pequeña como la de Pastaza está cotizada en “mínimo 200”. Christian Emilio Aguilera Carillo, sigue ahí, del pasillo al ascensor con los resultados de las conversas realizadas en cualquier restaurant de Quito o Ambato; es el hombre que cotiza, negocia, tranza y acuerda lo que le dicen sus jefes…
Guevara siempre estuvo enredado, incluso antes de ser candidato
Con el impedimento legal de por medio, el primer escollo que pasó el Ing. Jaime Guevara fue mentir en el documento que el CNE obligaba a los candidatos a declarar bajo juramento que no posee impedimento legal.
Guevara no tuvo ningún problema, porque su aliado de partido y asambleísta, Raúl Tello, se había adelantado ante los cuestionamientos de ciudadanos locales, que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, que “todo se definirá en el Tribunal Contencioso Electoral”.
Y así fue, Jaime Guevara se inscribió como candidato a la Prefectura de Pastaza en 2019 y lo impugnaron. La Junta Provincial Electoral, resolvió en votación 4 a 1, que Jaime Guevara no puede ser candidato arguyendo que si gana, no podrá ejercer la dignidad por el impedimento legal del art. 15 de la LOSEP. Pasó al CNE por apelación y luego al Tribunal Contencioso Electoral, donde decidieron “como jueces ideológicos y no legales”, calificar la candidatura del Ing. Jaime Guevara.
Luego del triunfo electoral, Jaime Guevara fue conminado ante la Fiscalía a responder por el perjurio en la inscripción de su candidatura y por ejercer la Prefectura estando impedido por el Art. 15 de la LOSEP.
Se interpuso acción legal en contra de los Consejeros Provinciales, al inicio de la administración Guevara. Lamentablemente, nunca se dio seguimiento a esta denuncia que también duerme en algún escritorio del aparato de justicia.
A una solicitud de Cumandá Guevara, el Ministerio de Relaciones Laborales, con fecha 13 de agosto de 2019, se ratifica en la resolución de 8 de noviembre de 2018, donde se concluye que el citado Ing. Jaime Guevara, por así disponer el Art. 15 de la LOSEP, y los artículos 13, 89 y 100 del Reglamento General de la misma Ley, no podrá regresar a la misma institución del Estado de la que fue destituido.
Cumandá Guevara buscó en la Contraloría la ratificación de la destitución de Jaime Guevara, en la Procuraduría General del Estado un pronunciamiento legal; y, en el BDE que se aplique la Ley. Todos al final la hicieron largas, las nuevas fechas dadas por las propias instituciones, también se han cumplido y no hay respuesta posible.
En principio, el Contralor Pablo Celi, dispuso al director Provincial de la Contraloría de Pastaza, Ec. Marco Tulio Restrepo, con fecha 26 de junio de 2019 que haga una “verificación preliminar”, en el segundo semestre de 2019, en torno a la solicitud realizada por Henry Moreno, quien había pedido que se verifique la acción u omisión de los consejeros porque a su criterio, no cumplían con la tarea de fiscalizar y hacer cumplir el status de destituido que tiene Jaime Guevara.
Esta disposición del Contralor fue semanas antes de la reunión con Christian Aguilera, (3-9-19). El ente de control no tenía ningún apresuramiento en dar respuesta a Cumandá Guevara, hasta hoy. Entre tanto, el prefecto se hizo de una mayoría de consejeros provinciales, hoy demandados ante la contraloría y ante la fiscalía de la provincia de Pastaza.
Nepotismo continúa en GADPPz
Una de las dos destituciones del Prefecto en 2013 fue por nepotismo. Jervis Arboleda, Alcalde del Cantón santa Clara, ha firmado con su cuñado el Prefecto algunos acuerdos que incluyen inversiones.
A Jervis Arboleda, lo han cuestionado por dos razones; la primera, no podría actuar como consejero provincial puesto que es pariente en primer grado de afinidad con el prefecto, (cuñado); y otra, su concejo cantonal no respetó la equidad de género al elegir como vicealcalde a Nicolás López cuando esa dignidad le correspondía a Rosa Alexandra Cali Palacios.
La Defensoría del Pueblo de Pastaza interpuso una Acción de Protección para que se respete el derecho de Rosa Alexandra Cali. Luego del trámite, los jueces ordenaron al Concejo Cantonal nuevas elecciones de vicealcalde donde se respete la paridad de género. Arboleda decidió ponerle faldas a Nicolás López, a quien volvieron a elegirlo, por encima de la disposición judicial, (sin el perderían la mayoría en el Consejo Provincial).
Nuevo resbalón del Prefecto
El Prefecto Jaime Guevara necesita de un asambleísta para sostenerse en el puesto. La disposición legal que impide a las instituciones públicas participar en campaña electoral, no le llegó a esta autoridad.
Utiliza todo el aparato de la Prefectura: Patronato Provincial y Brigadas médicas, personal del GADPPz, eventos deportivos e inauguración de obras para promocionar a Elías Jachero, su candidato. El mismo recorre la provincia y se pronuncia abiertamente como prefectura en favor de dicha candidatura.
En 2019, el Prefecto Provincial de Sucumbíos, Guido Vargas fue destituido por algo mucho menor de lo que ahora hace el Prefecto Jaime Guevara; lo destituyó el Tribunal Contencioso Electoral, en aplicación del artículo 276, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.
Ese artículo hace referencia a las infracciones electorales, particularmente a la prohibición que autoridades o servidores públicos usen bienes o recursos públicos con fines electorales, según una información publicada en Diario El Comercio.
El Prefecto de Pastaza, Jaime Guevara, siempre necesitó donde arrimarse: para ser candidato, para legalizar su candidatura, para posesionarse como Prefecto, para ocultar documentos o retardarlos, para todo.
Al político intocable, invencible, que está por sobre la Ley y tiene a Pastaza a sus pies, ahora lo “pescaron” infraganti. En un discurso de 12 minutos en la Parroquia San José, Cantón santa Clara, Guevara llegó a ofrecer “caramelitos para los niños y zapatitos para los adultos mayores; serán regalos de navidad del organismo provincial.
Es el cariño del Patronato, (Provincial de Pastaza), del alcalde (Santa Clara), de doña Narcisa (Arboleda, Presidenta del Patronato Provincial), y de toda la gente de la 61. La Prefectura apoya solo a Elías Jachero, Carolina Villegas, nuestros futuros asambleístas”.
Como se puede testificar en el video, El Prefecto ofrece entregar, (minuto 8 con 30 segundos), «zapatitos y caramelos». Tanta diligencia del señor Prefecto para entregar ahora, en campaña electoral, una donación que fue hecha, en abril de 2019 a la prefectura por parte del Miss World Ecuador.
La Prefectura de Pastaza, sin explicación alguna, guardó estos donativos durante un año y nueve meses, hasta este 14 de enero de 2021 en que, la ya mentada en su discurso, doña Narcisa Arboleda, Presidenta del Patronato, comenzó la entrega de las bicicletas y los «bultos» que fueron recibidos en abril de 2019. Justo en campaña electoral.
La comunicación está firmada por la Lic. Angélica Mejía, Jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Prefectura de Pastaza, dirigida a los Jefes Departamentales y Directores. Les dice: «Está prohibido publicar fotografías de las actividades que ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en las redes sociales, (facebook, instagram, wasap, twitter). El único filtro de comunicación es la dirección de Comunicación Social…», etc. Solo se permite reproducir de la página oficial, una vez que ya sean publicadas.
Esta cernidera de información, lo hacía justamente, cuando empezaron a llover las denuncias de actividades del Consejo Provincial en beneficio de su candidato el Ing. Elías Jachero Robalino.
Por estos evidentes motivos, aunque siempre interpretados por la prefectura como legales y posibles, se han presentado varias demandas de ciudadanos de Pastaza ante del Tribunal Contencioso Electoral, entidad que sentó jurisprudencia con el Caso de Sucumbíos, (diario El Comercio). Ahora, se conoce que la audiencia será el 1 de febrero y que ahí prevalecerá una de las 4 denuncias, la que esté mejor fundamentada.
Publicado originalmente en ninaradio.com
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