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En Ecuador, el acoso escolar dejó de ser un problema marginal hace tiempo. Lo que ocurre dentro de las aulas ya no puede leerse solo como conflictos entre estudiantes o episodios aislados. Hay entornos donde la violencia se organiza, se normaliza y se sostiene en el tiempo bajo la mirada —y muchas veces con la omisión e incluso complicidad— de quienes deberían intervenir.
Cuando el sistema no actúa, el acoso no se detiene: escala. La historia de Rick Marcus, de 16 años, se quitó la vida el 1 de febrero de 2025, y esta no es una excepción. Es una secuencia, un proceso, una cadena de hechos que, según el testimonio de su madre, nunca fue interrumpida.
“No fue de un día para otro”, dice Roxana Ramos Aguirre. Sí hubo señales, sí hubo advertencias, sí hubo pedidos de ayuda. Lo que no hubo fue respuesta institucional.
Rick había cambiado de colegio en 2024. En la Unidad Educativa Calicuchima encontró algo más que dificultades académicas. Encontró un entorno hostil, donde la exclusión, la burla y la violencia física no eran hechos aislados, sino prácticas repetidas.
Pero hay un elemento que desplaza la lectura tradicional del bullying hacia algo más grave. Un estudiante —según los testimonios— intimidaba a otros diciendo pertenecer a una banda delincuencial. Esto rebasa el acoso, se convierte en poder ejercido desde el miedo.
En ese contexto, la violencia deja de ser interpersonal y se convierte en una forma de control. Se instala una lógica: quién puede agredir, quién debe callar, quién no tiene a quién acudir.
La violencia que no se vio: redes sociales, lenguaje criminal y el cerco alrededor de Rick
Antes del 1 de febrero de 2025, la violencia que rodeaba a Rick Marcus no estaba confinada al aula. También circulaba en pantallas. En cuentas anónimas, publicaciones efímeras y mensajes que, lejos de ser simples “confesiones estudiantiles”, reproducían un lenguaje cada vez más cercano al de las organizaciones criminales que hoy atraviesan el país.
Una de estas plataformas fue la cuenta de Instagram “confiesate.calicuchima_”, un espacio de publicaciones anónimas que funcionaba como buzón de mensajes entre estudiantes. En ese entorno, Rick no solo pudo ser objeto de burlas, sino que también otros estudiantes eran expuestos. En dicha cuenta incluso se identificaba directamente a un estudiante de la institución.
En una de las publicaciones —identificada como “Confesión #523”— aparece su imagen acompañada de un mensaje explícito: “Confieso que ese man me cae vrg” y, aún más grave, “ya estoy hablando con ñetas para hacerle la vuelta”.
No es una frase menor. En el contexto local, “hacerle la vuelta” no es jerga inocente: es una amenaza. Implica la posibilidad de una agresión física organizada. La mención a “napas” sugiere intermediación, coordinación. Es decir, la violencia deja de ser espontánea y empieza a insinuar estructura.
En otra publicación de la misma cuenta, el tono escala aún más. El mensaje, atribuido a un grupo autodenominado “los águilas”, advierte: “hay gente de los tiguerones que quieren tocar a nuestros hermanos… si no quieren la paz comenzaremos con la guerra”. La referencia directa a Los Tiguerones introduce un elemento crítico: la incorporación del lenguaje de bandas criminales dentro del discurso cotidiano de estudiantes.
No hay evidencia de que quienes escriben estos mensajes pertenezcan realmente a esa organización. Pero ese no es el punto central. El dato relevante es que el nombre de una estructura criminal se utiliza como herramienta de intimidación. Como símbolo de poder. Como mecanismo para generar miedo.
El fenómeno no se limita a Instagram. En Facebook, una publicación atribuida a un usuario identificado como “Luis Robadillo” advierte sobre supuestos atentados en la “escuela Ruperto Arteta Montes” y el “colegio Calicuchima de Sauces 8”, mencionando a varias agrupaciones: “Los Lobos”, “Tiguerones”, “Águilas” y “Fatales”. El mensaje concluye con una advertencia: “vamos con todo directo a esos establecimientos están advertidos”.
Este tipo de contenido cumple una función específica: amplificar el miedo colectivo. Aunque no exista una acción concreta posterior, el efecto ya está logrado. El miedo circula. Se instala. Modifica comportamientos.
Ese es el punto donde las redes sociales dejan de ser un canal de expresión para convertirse en un espacio operativo de violencia. En este entorno, las agresiones no empiezan ni terminan en el aula. Se expanden. Se repiten. Se intensifican.
Rick enfrentaba agresiones físicas, exclusión y humillación dentro del colegio. También estaba expuesto a un entorno donde su imagen circulaba sin control, su identidad de género era objeto de burla pública y su integridad podía ser amenazada.
Ese entorno construye un cerco. Un espacio donde no hay pausa. Donde la violencia no se apaga al salir de clases. Lo más inquietante no es solo la existencia de estos mensajes, sino su visibilidad.
Eso abre una pregunta inevitable: ¿quién vio esto? Y, más importante aún: ¿quién actuó? Hasta ahora, no hay evidencia de una intervención institucional frente a este tipo de contenido previo al 1 de febrero de 2025. La violencia estaba ahí. Visible. Documentada. Circulando.
“Estas alertas y preocupaciones fueron comunicadas oportunamente. Sin embargo, no se adoptaron las medidas necesarias…”, dice Roxana. Lo que falló no fue la detección del problema. Fue la decisión de ignorarlo.
El infierno cotidiano
La violencia que describe Roxana no tiene un solo rostro. Tiene varios. Y eso la vuelve más difícil de desactivar. Hay compañeros que golpean, que empujan, que humillan en público. Hay dinámicas grupales donde la agresión se vuelve espectáculo. Hay silencios que funcionan como permiso.
Pero también hay adultos. Roxana menciona a docentes. Habla de tareas no revisadas, de indiferencia en el aula, de exclusión sistemática. Recuerda una frase que su hijo le repitió en casa, dicha por una profesora de Educación Física: “mira hijo de tu madre, hijo de padre, hijo de tu abuelo , de tu vecino “ “ párese como hombre”
“Yo iba, hablaba, insistía pero sin saber la gravedad que lo rodeaba “. Fue al colegio varias veces. Se sentó frente a profesores. Firmó actas. Guardó evidencia. Confió en la institución. “La actitud de los funcionarios de la institución fue minimizar de manera sistemática mis quejas…”, afirma.
En septiembre de 2024, durante una reunión de padres, decidí hablar frente a todos. “La tutora dijo que los chicos exageran y mienten”. Ese momento marca un quiebre. Después de eso, Rick dejó de contarle muchas cosas. El miedo no aparece de la nada. Se construye. Nadie lo detuvo
Una semana antes de su muerte, una compañera le dijo a Roxana: “ayúdelo, señora la profesora de matemática se le carga mucho y eso lo tiene mal”. El 31 de enero de 2025 fue al colegio. Enfrentó a la tutora y a la docente de matemática pero, para desviar el problema Le dijeron que faltaba un trabajo. Meses después, un peritaje establecería que ese trabajo sí había sido enviado.
Al día siguiente, Rick se quitó la vida.
Sin embargo la violencia no se detuvo. Días después de la muerte de Rick los mensajes que se compartían entre sus compañeros de aula exhibian el problema que se ha normalizado. «Sí. El mariconcito se suicidó» fue uno de los textos enviados por whatsapp en uno de los grupos del colegio.
“Nadie lo ayudó dentro de esa institución por eso tomó la decisión de quitarse la vida”, dice Roxana. Pero no se trata de una decisión aislada. Se trata de una acumulación de negligencias institucionales.
Del duelo a la persecución
Después de la muerte de su hijo, Roxana hizo lo que el sistema no espera: alzó su voz. Pero la violencia no se detuvo. Cambió de escenario. Según su testimonio, desde febrero de 2025 comenzó una campaña sostenida de hostigamiento digital en su contra y contra la memoria de su hijo.
“Se desató una campaña de ataque sistemático en redes sociales dirigida contra mi persona y la memoria de mi hijo”. Esta ofensiva se desplegó principalmente en TikTok, donde múltiples cuentas replicaron narrativas orientadas a desacreditar su denuncia.
Uno de los episodios más claros ocurrió el 18 de mayo de 2025, cuando la abogada de la docente de matemática la Sra. Erika Yahira Macías López publicó un video afirmando: “ella fue responsable de la decisión que tomó el hijo”. A este contenido se sumaron perfiles como @Universoparalelo, @juntossabremoslaverdad y @soyfrank.vlogs, reforzando una narrativa que buscaba desviar la atención de las denuncias sobre negligencia institucional.
El patrón, según la documentación presentada por Roxana, incluye el uso de cuentas falsas. Entre los nombres identificados consta Emmanuel Salazar Huayamave ex alumno de la docente de matemáticas, quien habría operado múltiples perfiles para intensificar el acoso.
Esta dinámica no fue espontánea. Coincidió con momentos clave del proceso: la escalada del caso a instancias ministeriales en abril de 2026 y la posterior denuncia penal en su contra. “Existe una red de apoyo… dedicada exclusivamente a invalidar el testimonio de una madre”.
El 16 de abril de 2025, el Ministerio de Educación la denunció ante la Junta Cantonal, atribuyendo la muerte de su hijo a una supuesta violencia intrafamiliar. El 1 de abril de 2026, el caso escaló a nivel ministerial. El 6 de abril, un funcionario presentó una denuncia penal en su contra. El 22 de abril, la Fiscalía notificó la apertura de una investigación por “violación a la intimidad”.
“En tres días pasé de madre a investigada”.
Roxana denuncia desaparición de evidencia, inconsistencias documentales y acceso restringido al expediente. Mientras tanto, persiste el silencio. “Esto no puede quedar así”.
La denuncia ha salido del expediente y se traslada al espacio público. El martes 28 de abril de 2026, a las 10:00 de la mañana, en las oficinas de la Asociación Silueta X en Guayaquil (Carchi 309 y Padre Solano), se realizará una rueda de prensa híbrida convocada por la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ y colectivos aliados.
La organización Silueta X menciona que: «La instrumentalización del aparato judicial para silenciar la búsqueda de justicia es una táctica de revictimización inadmisible.»
No hay cierre posible para una historia así. Pero sí hay una pregunta que queda abierta, suspendida, incómoda:
“¿Es delito pedir justicia por mi hijo?” El grito de Roxana no es estridente. No necesita serlo. Es persistente. Es incómodo. Y, sobre todo, revela algo que el sistema todavía intenta silenciar: Que lo que ocurrió con Rick no fue un accidente. Fue una cadena de violencia, miedo y omisiones que nadie quiso detener a tiempo.
“Lo que el país debe entender es que no estoy peleando contra una persona; estoy enfrentando una alianza institucional de abuso de poder. El Ministerio de Educación, a través de sus representantes, ha formado un frente unido para atacar a una madre que solo pide respuestas.” dice Roxana.
