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El 20 de noviembre del 2025, Robinson Del Pezo, fue asesinado a tiros por hombres armados, en su local comercial. Aunque fue asistido por bomberos y paramédicos, al llegar a una casa de salud se confirmó su deceso. Fue el acto brutal y final, luego de varios episodios que incluyeron amenazas, atentados, encarcelamiento y tortura.
El asesinato de Robinson Eddie Del Pezo Cañarte (50 años), comunicador, esposo y padre de familia, que denunciaba presuntos hechos de corrupción en Santa Elena, expone el escenario de violencia a la que se enfrenta la provincia. Pero además, refleja lo incómodos que pueden resultar los ciudadanos que a través de la palabra evidencian estos casos, pues tanto Del Pezo en su momento, como otros de sus colegas, están siendo amenazados.
El caso genera estupor a nivel nacional. Esta semana Fundamedios (entidad que defiende la libertad de expresión) hizo un especial resumiendo la trayectoria del comunicador y los principales casos que fueron expuestos por él en su página La voz del Pueblo. Varios medios lo replicaron. Ahora la pregunta es ¿Quién tomará medidas para encontrar a los responsables y evitar otro episodio similar?
Es que en la provincia hay varios ciudadanos comunicadores que han optado por enfrentar la corrupción desde diversos espacios digitales.
Una de ellas es Mónika Silva, activista anti-corrupción y defensora de derechos, presidenta de la Fundación La Integridad. A ella la comunidad la conoce como una guerrera valiente. También está Joffre Paredes Ronquillo, apodado El Látigo peninsular.
Ambos comunicadores han recibido amenazas explícitas por sus denuncias, incluso luego de la muerte de Robinson. Pero no son solo ellos, hay muchos más.
Revisar los sitios web de todos estos comunicadores es encontrar a cada paso denuncias sobre contratos entregados a dedo, calles en pésimo estado, parques que cuestan un millón de dólares, irregularidades en universidades y venta de tierras; utilización de habeas data para desaparecer catastros, entre otros.
Crónica de la muerte de Robinson
La historia de Robinson Del Pezo, dueño de una carnicería de La Libertad y de su medio digital La voz del Pueblo, impacta porque él advirtió del riesgo que corría su vida, poniendo nombre y apellido a sus presuntos agresores. Era una situación imposible: él denunciaba a las autoridades locales y a las mafias, mientras pedía ayuda a través de sus redes al Gobierno central, el cual nunca reaccionó.
Fue la Crónica de una Muerte Anunciada, por la cantidad de banderas rojas previas que existieron.
Cinco años de denuncia, apagados a bala
La plataforma de contenidos La voz del Pueblo duró en pie un poco más de cinco años. Cuando se la revisa, se puede leer decenas de denuncias contra las autoridades seccionales, pero también opiniones contra correístas y de vez en cuando, también, mensajes de apoyo al nuevo presidente Daniel Noboa.
Durante los cinco años, solo tuvo una suspensión o bache de pocas semanas entre febrero y marzo del 2025. Esa ausencia -según cuenta su amiga y también comunicadora Mónika Silva- se dio luego de que fuera apresado y torturado.
El 10 de febrero comenzó el calvario final. Mónika Silva cuenta que fue aprehendido supuestamente en flagrancia, acusado de extorsión por la funcionaria de Contraloría, Nelly Reyes. Estuvo 18 días en la cárcel. La justicia lo condenó a cinco años, pero Mónica Silva explica que se trató de una especie de emboscada, por parte de esta funcionaria a la cual Del Pezo investigaba por enriquecimiento ilícito.
Según se puede constatar en el relato de los hechos del proceso, Robinson había ido a encontrarse con la funcionaria y ella le habría entregado un sobre con cinco billetes de $20. En ese momento fue detenido por la fuerza pública. Lo que no dice el proceso es que, en manos estatales fue torturado en la Penitenciaría del Litoral. Allanaron su casa y se llevaron la información que poseía sobre el caso de Reyes e incluso tres teléfonos celulares. Este medio tuvo acceso a las fotografías que él compartió -en su momento- a sus amigos. Muestran el cuerpo de Robinson en carne viva, especialmente la parte de su espalda baja. Son horrorosas.
El 8 de abril del 2025, Del Pezo hizo un evento virtual en el Facebook, en el cual anunciaba el regreso de su programa. Desde entonces volvió de a poco con sus múltiples denuncias. El 21 de abril sufrió un intento de secuestro y lo golpearon con un revólver.
Continuó con su labor, pero el 2 de septiembre sufrió un atentado con explosivos. Tampoco se quedó callado: “Un artefacto explosivo fue colocado en mi domicilio, sembrando pánico por alzar la voz contra la corrupción”, dijo. También pidió disculpas a su familia por el sufrimiento causado, pero dijo “es por un futuro mejor para nuestra provincia, donde la justicia y la transparencia sean la norma, no la excepción” recalcó.
El 3 de octubre del 2025, el comunicador celebró el quinto cumpleaños de su medio destacando orgulloso “el coraje de decir la verdad en una provincia marcada por la corrupción y el silencio de los medios tradicionales”. Parte de sus denuncias, que se centraban en las principales autoridades de la provincia, también se referían a que desde los GAD se entregaban ingentes cantidades de dinero a medios de comunicación para propaganda, mientras había obras vitales sin atención.
El contrato de combustibles entregado a cercanos de Tamariz
Efectivamente las denuncias del comunicador estaban centradas tanto en el prefecto de Santa Elena, José Daniel Villao; como en el alcalde de La Libertad, Francisco Eugenio Tamariz Guerrero y lo que él llamó su círculo de empresarios. Un mes antes de su asesinato, el 23 de octubre publicó una denuncia relacionada con combustibles.
Se refirió a que la alcaldía de La Libertad habría entregado un contrato de suministro de combustible a personas relacionadas con el alcalde. El beneficiario del contrato habría sido Jorge Manuel Trejo Valdez, quien además era comisario de la compañía Tarles SA. A su vez, en esta empresa, Paola Tamara Tamariz Guerrero, hermana del alcalde, sería gerente general. En esa misma empresa, la esposa del contratista (Andreína Estefanía Aquino Ortega), figuraría como contadora. Los datos pueden ser corroborados en la Superintendencia de Compañías.
La denuncia de Del Pezo decía que Trejo y Aquino aparecían también como compradores de terrenos municipales, adquiridos al contado.
Ese mismo día advirtió “temo por mi vida y la de mi familia. No es la primera vez que se intenta silenciarme”.
También responsabilizó al alcalde de La Libertad y a empresarios que le rodeaban si algo le llegara a pasar: “Hago responsables si me ocurre algo, a este servidor, o a mi familia, hago responsable al alcalde y a sus empresarios que están ligados a contratos e incluso a entrega de terrenos, de macrolotes”.
El caso Metástasis y contratos para el pupilo de Xavier Jordán
Un mensaje del 2 de noviembre, 18 días antes de su asesinato, estremece. “Don Villa cuanta razón!!”, escribía Robinson del Pezo, y replicaba el video que Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado por las mafias narcopolíticas, dedicaba justamente a la mafia política que no podía justificar sus fortunas ni sus casas en Miami. En ese video Villavicencio se refería a los ya tristemente célebres convidados a la piscina de Miami y a otros más.
Es que parte de las denuncias de Robinson Del Pezo tenían que ver con que personajes nombrados en el caso Metástasis habían obtenido contratos para obras por parte de la prefectura de Santa Elena y de la Alcaldía de Salinas y de La Libertad.
Efectivamente, dentro del caso Metástasis, hay chats periciados por la Fiscalía en los que el capo del narcotráfico Leandro Norero y Xavier Jordán, prófugo de la justicia, hablan sobre dineros entregados a las autoridades seccionales. Sin embargo, dichas autoridades no habían cumplido los “acuerdos”. El diálogo habla de “12 palos” o $ 12 millones, pero Jordán estaba molesto porque los contratos habrían sido entregados a otras personas, por lo que unos $ 600.000 (el 5%) no fueron entregados. Esto había molestado a Jordán, quien le pidió a Norero “pegarles un susto”. En ese chat, del 6 de septiembre del 2022, los nombrados son el prefecto de Santa Elena, José Daniel Villao, y Daniel Cisneros, alcalde de Salinas en ese tiempo.
La participación de Paco Alcoser
Como parte de versiones y testimonios del caso Metástasis, Hélive Angulo (operador de Norero y de Jordán) explicó que el cuñado (Frejolito) y un contratista de Xavier Jordán habrían estado en una reunión con Leandro Norero. Dicho contratista se llama Paco Junior Alcoser Serrano. En esa reunión Cisneros habría pedido $ 30 millones a Norero, pero el narco aclaró que con lo que “podría ayudar” era con $ 2 millones. Paco Alcoser habría indicado que manejaba contratos obras de repavimentación y construcción y que provenían de dineros de Xavier Jordán. Aquí el video que Robinson publicó.
Pero además, Robinson tuvo acceso varios contratos de obra pública entregados a Alcoser por parte de la Prefectura de Santa Elena, dirigida por Villao y de la alcaldía de Salinas, de Daniel Cisneros. Es importante recordar también que Paco Alcocer ha sido nombrado en el caso Magnicidio FV como la persona que le entregó en Bolivia $ 200.000 a Marcelo Lasso Saavedra para que el cambie su versión en Estados Unidos y quien pretendía entregar $ 300.000 en efectivo en Ecuador a otro testigo con el mismo fin. Esos dineros supuestamente provenían de Jordán.
Entre las obras asignadas están tres que juntas suman casi $ 4 millones:
Alquiler de maquinaria pesada para el proyecto Casa para Todos. 18 de febrero del 2020. Contrato por $ 553.000 Firmantes gobierno municipal de Salinas y Paco Alcocer Serrano.
Asfaltado de la vía Bambil Collao Loma Alta. 3 de marzo por 1’382.000 Firmantes: Prefectura de Santa Elena-Paco Alcoser Serrano
Construcción del Estadio Daring de la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas. Enero 2020, Firmantes Daniel Cisneros con Paco Junior Alcocer 2’087.000
Denuncias en contra de la UPSE
Robinson del Pezo, a lo largo dos años aproximadamente, también criticó duramente a la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena (UPSE) por una serie de contratos de obras, presuntamente irregulares. En agosto del 2024, el rector de la Universidad, Néstor Vicente Acosta Lozano, denuncia a Robinson por calumnia. Sin embargo, esta acción no prosperó. Entre tanto, el 15 de noviembre, cinco días antes de su asesinato, volvió a publicar temas referentes a obras de infraestructura con contratos opacos.
Las 93 hectáreas para Jenny Ramírez
El 20 de noviembre, el mismo día de su asesinato, en cambio, Robinson publicó un video en el que hablaba el concejal Bruno Dedé sobre el intento de venta por parte de la Alcaldía de 93 ha. de tierra a Jenny Ramírez, una joven de 24 años, de quién no se estableció de dónde iba a sacar los $ 2,7 millones para pagar dicha compra. En el video se cita al alcalde Tamariz negando responsabilidad en esa venta. Sin embargo, el concejal Dedé explicaba que sí hubo reforma de una ordenanza por parte de Tamariz y que se le había bajado el precio.
En este caso, asambleístas de la Revolución Ciudadana mencionaron que ha llegado a su conocimiento “por fuentes humanas” que la madre de Jenny Ramírez sería empleada de Cinthya Gellibert, secretaria de la Administración del Gobierno de Daniel Noboa.
El caso Bellitec que involucra a Otto Vera y a Nelly Reyes
Robinson y Mónica Silva habían puesto en el debate el caso Bellitec. Se trata de una venta de tierras en Santa Elena por parte de la Alcaldía de Otto Vera (PSC), a precios bajos a la empresa Bellitec, cuyos beneficiarios son parientes del presidente de la Asamblea Niels Olsen.
En este caso se vendieron 745 ha. a la empresa Bellitec, a un precio de 83 centavos el metro cuadrado, cuando las ordenanzas establecen un precio muy superior.
En este caso vuelve a aparecer el nombre de Nelly Reyes, pues fue esta funcionaria la que habría realizado el informe de Contraloría que no halló irregularidades en dicha venta.
Sobre el caso, Otto Vera ha asegurado en entrevistas que no hay nada ilegal. Ha explicado que estas hectáreas tenían un menor precio pues eran tierras inundables y no habitables.
La libertad de expresión en riesgo
Robinson del Pezo dijo en uno de sus últimos mensajes:
Y a los que intentaron callarnos, les recordamos que se puede silenciar un micrófono, pero nunca se podrá callar la voz de un pueblo que decidió despertar”.
La frase recuerda que aunque se mate al mensajero, el mensaje no será silenciado.
Mientras varios casos de corrupción parecen avanzar sin freno, hay un grupo de comunicadores de varios medios, especialmente digitales, o desde sus propias redes sociales, que levantan su voz para la denuncia.
Mónica Silva es uno de los rostros más visibles. Ella advierte que teme por su vida, pero que no callará. Además destaca la labor de otros valientes comunicadores.
- Por ejemplo está Gabriela Rojas, del medio Comunicación Imparcial, quien sufrió un atentado hace tres semanas..
- También, Christian Plúa, periodista del medio digital KLN.
- Además existe un Colectivo llamado Despierta Santa Elena, integrado por Alfonso Ortiz, Drino Nieto, Rubén Perrero, Milton Barzola, Italo Pincay. Entre ellos han presentado 17 denuncias, bien documentadas.
- A la lista se suman Fernando Vargas Alarcón, Luis Orrala Rodas, el periodista Dalton Yagual (Radio Peninsular- Antena 3), Ronald Quimis, ambientalista.
Frente a esta situación, resultan oportunos los pedidos que hiciera Fundamedios a las autoridades de justicia sobre el caso de Robinson Del Pezo.
- Una investigación exhaustiva, independiente y con enfoque de libertad de expresión que determine si el crimen estuvo vinculado a su labor de denuncia.
- Explicaciones sobre la violencia sufrida bajo custodia estatal.
- Protección efectiva para familiares y fuentes cercanas.
- Fortalecimiento de mecanismos de prevención y protección para comunicadores digitales.
- Garantías estructurales de no repetición.
El Estado no solo tiene la obligación de identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. También debe examinar las condiciones estructurales que precedieron al crimen: la violencia penitenciaria, la falta de mecanismos de protección y la vulnerabilidad de quienes ejercen una fiscalización ciudadana a autoridades locales. La protección de la vida y de la libertad de expresión no puede ser selectiva ni tardía sino preventiva, integral y sostenida”, dijo Fundamedios en su informe.
