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Alex Saab —hasta hace pocos días ministro de Producción de la dictadura madurista— habría sido detenido en Venezuela y podría ser extraditado a Estados Unidos como testigo en el juicio contra Nicolás Maduro. Varios medios internacionales y periodistas, entre ellos Jaime Bayly, relataron la captura de Saab el 4 de febrero en un operativo inusual en el que habrían trabajado de la mano agentes del FBI y del Sebin. Según esas versiones, Saab y Raúl Gorrín fueron trasladados al Helicoide, en Caracas, conocido como uno de los principales centros de tortura del régimen.
En paralelo, otros medios que contactaron al abogado de Saab recogieron una versión completamente distinta: el defensor aseguró que la noticia era falsa y quesu cliente se encontraba tranquilo en su casa en Venezuela. Entre versiones cruzadas, una cosa es clara: el destino de Saab no solo es clave para Venezuela y Estados Unidos, también lo es para Ecuador.
La huella de Saab en Ecuador
Colombiano y descendiente de libaneses, Alex Saab dejó una estela de corrupción a su paso por Ecuador. Actualmente está acusado en Estados Unidos por lavado de activos en Venezuela, pero también lideró un esquema similar en territorio ecuatoriano. Este entramado fue denunciado por Fernando Villavicencio (+), tanto como periodista como en su rol de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
La Comisión emitió un informe que desnudaba un sistema de lavado de dinero entre Ecuador y Venezuela que habría blanqueado unos $2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países, mediante exportaciones ficticias. El caso llegó a juicio en 2013. La justicia ordenó la incautación de todos los activos fijos de la empresa Foglocons y la retención de $57 millones. Sin embargo, la “justicia” ecuatoriana sobreseyó a Saab y ese dinero luego fue devuelto a la empresa de los socios de Saab.
Saab tuvo una relación estrecha con Piedad Córdoba (+), la ex legisladora colombiana que viajó con Saab al Ecuador. El haber detallado este viaje le costó amenazas por parte de Córdoba a Fernando Villavicencio. “Este tipo, Villavicencio, que se tenga de las orejas, porque me lo clavo, me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea, voy con toda”, dijo.
Los fondos que fluyeron de la mano de Saab
En 2021, Villavicencio denunció que la empresaria Micaela Lehrer Alarcón recibió alrededor de $4,2 millones en su empresa Inconeg, provenientes de Foglocons. Parte de ese dinero —unos $70.000 —llegó a las arcas de la Revolución Ciudadana. Esto configuraría un posible delito de lavado de activos que apunta a los principales cuadros del correísmo en la campaña del 2013 (Rafael Correa, Luisa González, Andrés Arauz, Suad Mansur, entre otros), pero también un posible delito electoral. Ambos temas se investigan o avanzan por cuerdas separadas.
Felipe Rodríguez y la narrativa del “show”
En ese contexto, el abogado de Micaela Lehrer (aportante para la campaña del correísmo) fue Felipe Rodríguez. En ese tiempo, Villavicencio criticó duramente a Rodríguez porque consideraba antiético que se presentara como analista en medios de comunicación, mientras sostenía una narrativa funcional a los intereses de su clienta.
Rodríguez se paseaba por los medios repitiendo un discurso casi aprendido de memoria y que desestimaba el caso Saab:
“El caso Saab no es más, que recuerden mis palabras, únicamente un show, donde detuvieron a alguien en EEUU que sería el testaferro de Maduro. Lindo caso, lindo caso para el tema mediático y político, pero en lo legal, en lo penal, ya es un caso cerrado”.
Felipe Rodríguez también es conocido por haber sido defensor de Andersson Boscán, quien se “ñañeaba” con el narcotraficante Leandro Norero. Rodríguez fue su abogado en medio de confrontaciones de Boscán contra la Fiscalía. En ese caso, Boscán sostenía que la Fiscalía le había negado acceso a documentación, pero al final el propio Rodríguez no tuvo más remedio que desmentirlo y tomar distancia.
León Micheli, apoderado de Cefis
Volviendo al caso de Lehrer, Villavicencio denunció que el esposo de la empresaria, Carlos León Ponte —quien manejaba la casa de valores Cefis Panamá y Cefis Ecuador— también recibió dinero de Foglocons. En este punto entra en escena Eduardo León Micheli, como apoderado de Cefis Ecuador.
León Micheli se enfrentó con Banco Pichincha para que la entidad financiera devolviera unos dineros de Cefis, supuestamente girados sin consentimiento. Esto desembocó en una acción de protección presentada por el banco ecuatoriano en contra de Cefis. El caso llegó a la Corte Constitucional.
Coincidencialmente, la jueza ponente fue María Daniela Ayala, la misma jueza que acaba de ser señalada por haber actuado con dolo en el caso Magnicidio FV y que podría ser destituida. Ayala recomendó desestimar el pedido de Banco Pichincha en favor de Cefis; y, el pleno —con Alí Lozada a la cabeza— aprobó dicha desestimación.
El nombre de León Micheli vuelve a sonar hoy porque, junto con su esposa María del Mar Gallegos, son los abogados de José Serrano en el caso Magnicidio FV. Es decir, los mismos nombres que aparecen en la trama financiera de Saab y Cefis reaparecen ahora en uno de los casos políticos y judiciales más sensibles del país.
El sobreseimiento de Saab y la justicia capturada
Saab, hasta ahora, había tenido suerte tanto en Ecuador como en EEUU. Pese a la investigación que se abrió en la Fiscalía de Galo Chiriboga, terminó sobreseído. La acusación de la Fiscalía fue, al menos, débil. Así lo dejó entrever la propia jueza Fabiola Gallardo, quien junto con el juez Johann Marfetán sobreseyó a Saab.
Cuando tomaron esa decisión, Gallardo argumentó que la Fiscalía había sostenido que no hubo delito de lavado de activos, sino un delito aduanero. Esa interpretación permitió que Saab saliera libre del proceso ecuatoriano.
Hoy, el contexto es otro. Gallardo cumple una condena por el caso Purga, en el cual se demostró que lideraba una estructura delincuencial que impartía sentencias a cambio de pagos o favores, armando tribunales a la medida. Uno de los casos más sonados dentro de Purga fue el de una deuda al Banco del Pacífico que se desvaneció a favor de Pablo Muentes. En ese proceso, la ex jueza Gallardo fue defendida por María del Mar Gallegos.
En el tribunal que sobreseyó a Saab también estuvo el juez Johann Marfetán, quien era parte de la estructura de Gallardo y que igualmente fue sentenciado en el caso Purga. Es decir, los jueces que liberaron a Saab hoy están condenados por integrar una red de corrupción judicial.
Luego logró salir de otra situación muy compleja. En julio de 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Saab y Álvaro Enrique Pulido, por supuestamente haber lavado hasta $350 millones. Se lo acusaba de haber amasado una fortuna con los contratos vinculados al programa CLAP que habría ocultado en una red de empresas tapadera en países como Turquía, Panamá, Colombia, México y Emiratos Árabes Unidos.
Casi un año después Saab fue detenido en Cabo Verde, cuando se dirigía hacia Irán y fue llevado a EEUU donde fue condenado a cumplir una pena. Sin embargo, en diciembre del 2023, la administración Biden lo dejó en libertad. Negoció su retorno a Venezuela a cambio de la liberación de 10 estadounidenses detenidos por diversos motivos por el régimen de Maduro.
Los mismos nombres, un patrón que se repite…
Cuando se revisan los casos (sobreseimiento de Saab, posible financiamiento político a RC, Foglocons, Purga, Magnicidio FV) aparece un patrón que parece casual, pero que resulta lógico. Los nombres se repiten una y otra vez en tramas de lavado de activos, financiamiento político irregular y manejo de la justicia.
El caso Saab en Ecuador no fue un episodio aislado ni un simple “show mediático”, como intentó posicionar Felipe Rodríguez en su momento. Fue una pieza clave un entramado que se desarrolló entre expedientes, cortes, empresas y campañas políticas. Todos fueron alcanzados por la voz valiente de Fernando Villavicencio, este caso en especial con un informe de 125 páginas, 34 comparecencias y más de 10.000 fojas de anexos que lo respaldaban.
Si Saab finalmente cae y habla, no solo podría comprometer a Nicolás Maduro. También podría arrastrar a quienes, desde Ecuador, lo ayudaron a lavar dinero, a limpiar su rastro y a blindarlo con sentencias hechas a la medida.
