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Empezamos con una afirmación contra intuitiva: José Suing debe quedarse. En el momento más frágil de la Corte Nacional de Justicia, la salida de Suing de la presidencia no significaría una renovación institucional, sino una cesión total del control a las redes que han tratado a la justicia como botín.
De lo que se ha visto, Suing ha manejado la Corte, cumpliendo sus funciones: representando a la Función Judicial y moviendo -aunque a paso lento- las extradiciones. Ha mantenido a flote la Corte, aunque en ese periplo ganó apoyos y resistencias
La consideración de la permanencia no proviene de una defensa personalista; sino de una esperanza de contención “democrática”… (si aún se puede usar esa palabra).
Quien escribe no lo hace desde el conocimiento de los procesos judiciales, sino desde la angustia de ver al país en zozobra, mientras los socios de los delincuentes actúan sin consecuencias.
Suing debe quedarse a pesar de la injustificable presentación que hizo del nombre de Mario Godoy en la terna para presidente del Consejo de la Judicatura. Suing lo ha defendido en un derroche de torpeza de niveles épicos, con lo cual hasta su toga ha resultado salpicada.
A Godoy lo asocian en el caso de supuestas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano para favorecer a un narcotraficante serbio; se le critica por ser defensor de narcotraficantes (y tener una cónyuge también jurisconsulta señalada por lo mismo).. Claro que el escándalo salió luego de que un jurista (amigo de Boscán, el ñaño de Norero) lo hiciese público. Esto solo para ilustrar que la pureza en lo judicial no existe y que -como en la vida- uno es lo que hace, no lo que dice.
Sí, todos los abogados pueden defender a quien les plazca, pero los ciudadanos deberíamos poder exigir que no dirijan las instituciones de justicia, si tienen esos clientes.
Cabe preguntarse cómo llegó el nombre de Godoy al despacho de Suing ¿Sería una orden desde la Presidencia de la República Aeronáutica del Ecuador como le dice Arduino Tomasi al Ecuador actual? Solo el universo o algún audio (grabado a escondidas) lo revelará.
Suing respondió que no verificó los antecedentes de Godoy. En ese nivel jerárquico lo común es encargar a su equipo de confianza esas minucias y aquí entranlos actores que han pasado “de agache” en toda la trama judicial: los estudios jurídicos.
En la Justicia hay puertas giratorias: de las Cortes a los estudios jurídicos y viceversa. Esto es similar al baile de las sillas que hay entre los funcionarios y exministros del Ambiente, que luego de su gestión en el Ministerio, pasan a ser lobistas de empresas verdes o pasan a ser funcionarios de ONGs. ¿Dónde trabajan los ex asesores de Suing? ¿Fue ingenuo o también recibe recomendaciones de esa maraña de despachos jurídicos amueblados con sofás hechos de cuero de reno finlandés?
¿Puede la Corte Nacional y la justicia en general, ser independiente mientras los grandes estudios jurídicos tengan acceso privilegiado al poder judicial? Esa pregunta es para Suing, sus defensores y detractores. En la justicia ecuatoriana, muchas veces, la corrupción no solo opera con sobres llenos de dinero, sino con favores, contactos, acceso al despacho o silencios.
El mismo Suing convocó a una sesión extraordinaria del Pleno de la Corte para este 12 de enero, a las 16:30, con un único punto del orden del día: su continuidad o no en el cargo. Esta convocatoria también tiene cola… ¿Cuál es la condición de los convocados? Algunos jueces exigen que sean los magistrados titulares y no temporales, quienes participen en el proceso.
Sin embargo, la propia Judicatura ha reconocido que, desde el 2019, una parte significativa de la Corte funciona con jueces temporales.
Suing no representa una figura mesiánica ni un proyecto sin fisuras. Pero, en el contexto actual, no aparece vinculado a las tramas de corrupción, ni a los clanes familiares que buscan reposicionarse dentro del sistema.
Suing en otras palabras es el menos malo. Forzar su salida hoy —con jueces encargados, concursos inconclusos y presiones cruzadas— abre la puerta a una captura institucional, no a una reforma. Ahora que estamos cerca de las apelaciones de Metástasis (el caso que expuso el manejo de la justicia por parte del narco Leandro Norero, a través de operadores como Wilman Terán, alias El Diablo) y todos los procesos que se derivan, la salida de Suing tiene implicaciones que no vemos. ¿Será por eso que sus amigos buscan que los cercanos al círculo de Terán, aquel que decía que venía de las estrellas, regresen al edificio del extinto Filanbanco (el de la Corte para los más jóvenes)?.
El verdadero botín es la Judicatura. La disputa no gira solo en torno a la Presidencia de la Corte. El objetivo central es la terna que la Corte envía para presidir el Consejo de la Judicatura y allí Suing es incómodo para para unos y necesario para otros. La Judicatura no es un órgano menor: controla nombramientos, evaluaciones, sanciones y concursos. En términos reales, decide quién entra, quién asciende (Escuela Judicial) y quién cae dentro de la Función Judicial. Cambiar al presidente de la Corte en este punto crítico no es neutral: altera la correlación de fuerzas y redefine quién controla el futuro de la justicia.
En esta pugna hay nombres que no siempre aparecen en primer plano, pero que se repiten en los relatos internos de la Corte. Uno de ellos es Emma Tapia, exsubrogante del tristemente célebre Diablo Wilman Terán y señalada como una operadora clave en el reacomodo del poder judicial.
Ella es descrita -en los pasillos judiciales y hasta entre periodistas-como quien mueve los hilos: articula apoyos, influencia en espacios estratégicos con un objetivo claro: desplazar a Suing para retomar el control de la Corte; y, por extensión, el de la Judicatura.
No se trata solo de ambición personal. Lo que está en juego es la restauración de un modelo de poder donde los cargos judiciales funcionan como nodos de influencia: control de concursos, manejo de ternas y retorno de prácticas que los jueces de carrera señalan como “negocios” interrumpidos.
La gravedad del momento fue reconocida por Diana Salazar, exfiscal general del Estado, al admitir públicamente la penetración del crimen organizado en la justicia ecuatoriana.
Una muestra de la manipulación es el uso reiterado del habeas corpus en favor de personas vinculadas a corrupción o al crimen organizado. Esto ha erosionado la confianza ciudadana; una muestra fue el habeas corpus dado por Tapia a favor de Terán y el cual está en investigación.
Cuando dentro de la Corte se habla de “tarifas”, “negocios” y “listas que deben anularse”, no se trata de rumores. Se trata de una crisis de legitimidad. Y sin legitimidad, no hay justicia posible.
La Corte Nacional no necesita un golpe de timón oportunista: necesita tiempo, transparencia y ruptura real con las redes de poder que han hecho de la justicia un espacio en disputa, no de servicio público. El Ecuador necesita poder elegir entre lo recto y no entre lo corrupto y lo menos corrupto. En eso estamos fallando.
- Este texto ha sido publicado también en Bitácora Ambiental.
