Share This Article
Giovanny Freire Coloma, juez que actualmente está encargado del caso Magnicidio FV, fue denunciado por una falta disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura, por parte de las hijas de Fernando Villavicencio. Amanda y Tamia Villavicencio también piden que se le suspenda de manera temporal a Freire por considerar que se estaría cometiendo una falta grave.
El pedido llega al Consejo de la Judicatura en medio de idas y venidas de su titular Mario Godoy quien pidió licencia tras un escándalo por supuestas presiones a jueces y que creció en relación a su pasado y el de su esposa, relacionado con defensa de narcos. Fue reemplazado por Alexandra Villacís, pero volvió a la titularidad en estos días.
Las hijas de Villavicencio, asesinado el 9 de agosto del 2023, presentan el pedido, luego de que el juez difiriera por más de un mes, la audiencia de formulación de cargos en contra de tres cabecillas de Los Lobos (Wilmer Chavarría, alias “Pipo”; Luis Arboleda alias “Gordo Luis” y Esteban Aguilar alias “Lobo Menor”), quienes estarían involucrados en el vil asesinato.
Este diferimiento, sin razones plenamente comprobables, se constituye en un segundo intento de entorpecer la vinculación de los tres cabecillas. Antes, el 12 de diciembre del 2025, el “Gordo Luis» argumentó a última hora que requería tener un abogado de confianza, pese a que se le había facilitado un abogado de la Defensoría Pública. Así, detuvo por primera vez la audiencia que no era solo para él, sino para los otros dos cabecillas.
En esta ocasión fue el juez quien decidió alargar el proceso. Con ello, deja de cumplir las funciones para las cuales fue nombrado, pero además sus maniobras permitirían coincidencialmente que la polémica jueza María Daniela Ayala, regrese a su conocer el caso. Ella es recordada por su actitud hostil frente a la fiscal Ana Hidalgo y por haber emitido unas medidas insólitas a favor de José Serrano, ex ministro del correísmo y Xavier Jordán, prófugo en Miami. Tras sus actuaciones Ayala fue finalmente suspendida y está en proceso de declaratoria jurisdiccional. Pero recuperaría su cargo en enero próximo.
En este contexto, es importante recordar que el 3 de septiembre ya se vinculó a José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán, y Daniel Salcedo. Los cuatro, de acuerdo a las investigaciones de Fiscalía, habrían cumplido papeles clave como autores intelectuales del Magnicidio en contra del ex presidente de la Comisión de Fiscalización y candidato presidencial.
Un escrito con tergiversaciones y faltas ortográficas que genera dilación
De acuerdo con la denuncia interpuesta por las hijas de Villavicencio, este 29 de diciembre, el juez Freire, en el escrito de diferimiento:
- Alteró o tergiversó la realidad del expediente. Por ejemplo, aseguró que había una supuesta vinculación de “nueve personas”, cuando Fiscalía había señalado claramente a los tres cabecillas de Los Lobos. En términos técnicos, dice la defensa, esto “afecta la racionalidad de la motivación y la fidelidad al expediente”.
- La decisión de extender por más de un mes la fecha de audiencia de vinculación, sin motivación, genera dilación y “afecta la tutela judicial efectiva” que es garantía a la que tienen derecho todas las personas para acceder a la justicia y la posibilidad de obtener una resolución justa y equitativa en la defensa de sus derechos e intereses legítimos.
- Otro detalle que llama la atención es la emisión del auto de diferimiento en vísperas de feriado y en horario nocturno, a escasas horas del acto ya ratificado, lo que desemboca en una notificación “sin oportunidad razonable”.
El pedido que hacen las hijas de Villavicencio es que se requiera o se gestione la declaración jurisdiccional previa y motivada como un primer paso para que el Consejo de la Judicatura sustancie el sumario correspondiente en contra del juez, lo que podría terminar en un caso de error inexcusable o negligencia manifiesta.
Además, se le pide al Consejo de la Judicatura que en el marco del control disciplinario, investigue y sancione conductas que constituyen “mora judicial y dilación indebida”. Además, que verifique la motivación y la oportunidad de la notificación de un auto que difirió una audiencia ya señalada y ratificada, afectando derechos constitucionales y legales de las víctimas.
Por todo lo expuesto, dejamos establecido que no se trata de una discrepancia con el contenido jurisdiccional del caso, sino de un cuestionamiento disciplinario respecto de la conducción del despacho judicial: El juez denunciado avocó conocimiento, señaló y ratificó una diligencia. Luego, sin previsión suficiente y a última hora, difirió y reprogramó la audiencia a un plazo excesivo, con fundamentos genéricos, contradictorios con su propia actuación previa y con referencias fácticas discutibles, ocasionando así una dilación procesal injustificada”, indica el escrito de la defensa de las hijas de Villavicencio.
Fiscalía pide revocar decisión judicial
La Fiscalía también presentó un recurso de revocatoria al auto de sustanciación del 24 de diciembre, a fin de dejar sin efecto el mismo. Fiscalía le pide al propio juez dictar otro auto en sustitución por el cual ratifique la convocatoria a la audiencia de vinculación y formulación de cargos y recordó que la ley del COIP obliga a dictar la convocatoria a audiencia de vinculación en un plazo no mayor a cinco días.
Se trata de un detalle importante, pues el juez está obligado a cumplir plazos, de lo contrario, estaría cayendo en una conducta que puede ser considera una negligencia manifiesta.
La Fiscalía también señaló como “extraño” que el juez motive el diferimiento de la audiencia convocada en base de hechos forzados y falsos “sin dejar de contar con los innumerables errores de ortografía y tipografía que contiene el texto señalado”, dijo.
Efectivamente, el juez pasó por alto tildes en palabras agudas y esdrújulas y varios errores de tipeo. Aquí un párrafo como evidencia.
¿Pero cuáles son los orígenes del juez Freire Coloma?
El juez Giovanny Freire Coloma llegó a la Unidad Penal de Pichincha de la mano de Gustavo Jalkh en 2015, cuando este último era presidente del Consejo de la Judicatura. En ese tiempo ganaban concursos con puntajes excelentes y buenos, jueces como el ya tristemente recordado juez Curipallo.
Previamente, el nombre de Freire también resonó en 2010, cuando se cuestionó por parte de la entonces asambleísta María Paula Romo que se le hubiese otorgado un nombramiento como asistente fiscal de la Fiscalía de Pichincha a Freire Coloma. En ese momento, se criticaba el poder del fiscal Washington Pesántez y se insinuaba que Freire Coloma habría llegado a ese puesto, por ser hijo del Fiscal Distrital de Pichincha Marco Freire.
El hábeas corpus por David Romo
El juez Freire ha tenido otros casos polémicos entre sus manos. Uno de ellos fue cuando negó el habeas corpus pedido por Alexandra Córdova, dentro del presunto delito de Desaparición Forzada que ella buscó impulsar, frente a la desaparición de su hijo David Romo.
Giovanny Freire Coloma conoció el habeas corpus y en su sentencia del 16 de noviembre del 2016 negó la acción diciendo que no podía inmiscuirse en la “reserva” que a criterio de la fiscalía debía existir. “Queda bajo criterio y responsabilidad de Fiscalía la justificación de dicha reserva, razón por la cual esta autoridad no puede romper esa reserva judicial para establecer la participación o no de agentes del Estado”.
Milton Castillo Maldonado, abogado que llevó adelante esta demanda, junto con Alexandra Córdova, dijo que en el caso de David Romo se demuestra la existencia de un engranaje que se usó durante el correísmo, para evitar que el Estado asuma sus responsabilidades. “Giovanny Freire se prestó para diluir la responsabilidad estatal”, dice.
Castillo Maldonado explica que cuando hay agentes estatales como policías, jueces o fiscales que cometen violaciones a los derechos jurisdiccionales se pueden activar casos en contra del Estado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además comenta como ejemplo, que en ciertos casos los jueces se demoran tanto, que violentan los derechos de las víctimas. Esto ha pasado claramente en el caso de David Romo y, considera que también podría suceder en el caso del Magnicidio de Fernando Villavicencio, si jueces como Freire, siguen pateando hacia adelante las decisiones.
Archivó un caso de estafa al IESS
El juez Freire Coloma también ha recibido críticas por su papel en un juicio de estafa que involucra una afectación de más de $ 100.000 por parte de beneficiaria de pensión de montepío, al IESS.
El caso se da cuando María Augusta Baquero Carvajal, quien además está involucrada en el caso de cohecho de Sinohydro, cobra por 14 años pensión de montepío, de manera indebida, pues había empezado una nueva relación. Alexis Murgueytio Baquero, hijo de la mujer la denunció por estafa.
Murgueytio Baquero indica que el tema no avanzó porque el juez Coloma aceptó el pedido de Fiscalía de archivar el caso, solo cinco meses después de haber sido presentada la denuncia, argumentando que hab´´ia transcurrido el plazo máximo para una investigación previa, lo cual era por decir lo menos, un error. También asegura que la mujer habría tenido una protección del ex presidente Lenín Moreno.
Un fallo a favor de los acusados de Odebrecht
El juez Freire fue también quien ordenó levantar una reserva que existía en el caso Odebrecht para terceras personas. Era 2017 y en ese momento la fiscal Diana Salazar había pedido la reserva argumentando que era un caso en el que se le investigaba al Estado. El expediente sobre el cual Freire dio la orden era uno que provenía de la fiscalía brasileña y que involucraba al tío del ex vicepresidente, Jorge Glas.
El juez Freire también hizo noticia cuando llamó a juicio al zar de la propaganda del correísmo, Fernando Alvarado, luego de que este huyera del país tras deshacerse de su grillete electrónico. Sin embargo, le retiró la medida de prisión preventiva siempre y cuando pagara $10.000.
Falta de independencia en caso 30 S
En todo caso, Freire también consta en el informe final de la Mesa de Justicia que en 2018 evaluó el comportamiento de jueces y su funcionalidad frente al correísmo. En este informe aparece en el caso 30S y se establece que tuvo falta de independencia, imparcialidad, objetividad. También se habla de injerencia política en la investigación pre procesal y procesal penal, posterior acusación y fundamentación del dictamen fiscal que le correspondía realizar a Fiscalía.
Se observó el accionar de este organismo del Estado “como un brazo ejecutor del poder Ejecutivo”, dice el informe.
El caso del Magnicidio de Fernando Villavicencio se encuentra reiteradamente con obstáculos como las dilaciones o jueces comprometidos al tener vínculos con una tienda política o que cometen faltas disciplinarias. Lo que sucede es parte de una crisis institucional en la cual los ciudadanos nos sentimos en indefensión al no poder confiar en el sistema de justicia.
Sin embargo, en este caso, las hijas de Fernando Villavicencio están acudiendo a las medidas que la ley permite para buscar hallar al menos verdad y combatir la impunidad.
