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La carrera por controlar todos los poderes del Estado, la construcción social de un enemigo, gestionar respaldos espontáneos u obligados en marchas a favor del Gobierno… Así son las prácticas del populismo autoritario. En estos días, el noboísmo parece reflejarse en ese espejo, tal como antes lo hacía el correato. Hay preocupantes similitudes.
El pasado 12 de agosto, Ecuador revivió las prácticas del correísmo, a propósito de la marcha liderada por el presidente Daniel Noboa hasta la Corte Constitucional.
El presidente Daniel Noboa convocó a una marcha hacia la Corte Constitucional luego de que este organismo declarara inconstitucionales -de manera temporal- 17 artículos de las tres leyes que fueron enviadas por el presidente y aprobadas por la Asamblea: Ley de Integridad Pública, Ley de Inteligencia y Ley de Solidaridad Nacional.
Una imagen dijo más que mil palabras. Los nueve jueces de la Corte fueron expuestos en carteles gigantes, con la leyenda: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”. Ese acto causó honda preocupación. Ahora, nadie sabe quién mandó a poner esas imágenes gigantescas, el Municipio no otorgó permisos, dicen. La vocera de Carondelet deslinda responsabilidad de su gobierno.
También hubo amedrentamiento. La Corte Constitucional en un comunicado describió cómo el vallado perimetral instalado de manera habitual en los exteriores de la Corte Constitucional fue retirado sin notificación previa el día lunes 11 de agosto en horas de la tarde.
Además, el perímetro de la institución fue militarizado, con un despliegue inusual de Fuerzas Armadas, con cientos de efectivos, dijeron.
En todo caso, hacia las 10:30 del martes 12 de agosto, la escolta institucional, tras varias insistencias, logró vallar nuevamente el perímetro institucional, relató el organismo.
También comentó que en el recorrido de la marcha se colocaron las famosas vallas publicitarias con los rostros de juezas y jueces de la Corte Constitucional, “lo que constituye una estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y afecta directamente a la independencia de este Organismo”.
“Ya lo tuvimos antes, y no aprendimos nada”
Arturo Moscoso politólogo director de la escuela de Ciencias Políticas de la UIDE se muestra preocupado por la “deriva autoritaria que ha tomado el Gobierno”.
Para el experto, lo que se busca es presentar al gobernante como el único representante del pueblo y que por ende puede tomar las decisiones sin ningún tipo de cortapisa.
“Ya lo tuvimos antes y parece que no se aprendió nada”, afirma. En el correísmo estas eran las mecánicas que se utilizaban, esta era la tónica con la que gobernaba, la de buscar un enemigo, esa forma maniquea de presentar la realidad entre buenos y malos.
“Seguramente estamos siendo el hazme reír a nivel internacional en cuanto a la presión a la que se quiere someter a los jueces”, explicó.
Los riesgos de la construcción social del enemigo
Hace varios años un militante de izquierda, entre orgulloso y pícaro, contaba que el Gobierno de Correa había decidido construir a sus enemigos para fortalecer el proyecto político.
Estos enemigos iban a ser los medios de comunicación y la banca. Y así lo vivimos: incluso la lista se amplió a sindicatos, sector indígena, entre otros. Cualquiera que pudiera disentir con el modelo del Socialismo del Siglo XXI que desembocó en un gran aparataje de corrupción e impunidad, se convirtió en enemigo.
Han pasado al menos 15 años de esa conversación. Hoy, en el gobierno de Noboa, son los jueces los afectados; aunque también ha recibido “sopa de su propio chocolate” el mismísimo correísmo.
De acuerdo con Arturo Moscoso, los populismos justamente surgen y se mantienen a través de la búsqueda o de la división entre “buenos y malos”. En esta narrativa los buenos están del lado del gobernante, porque él es el “verdadero” representante del pueblo, y los malos son todos los que no le dan gusto.
Los populismos terminan transformándose en autoritarismos. “Como ejemplos tenemos a Chávez en Venezuela, a Evo Morales en Bolivia y, por supuesto, a Rafael Correa aquí en el Ecuador”, explica.
Así, no hace falta mucho esfuerzo para recordar que en el correato también se mostraba en cada sabatina a nivel nacional el rostro de quienes, según el entonces presidente, causaba problemas a su régimen. Recordamos cómo Correa denostaba y perseguía a Fernando Villavicencio y a otros periodistas. Rompía periódicos… En el enlace 276 de junio del 2012, presentó la foto del entonces editor de El Universo, Gustavo Cortés, “para que el país lo conozca”.
¿Pero cuál es el peligro de construir, así, artificialmente un enemigo? De acuerdo a los estudios sociológicos, la construcción del enemigo deja a su paso polarización, represión, violencia política y desinstitucionalización. Y como consecuencia, un gran caldo de cultivo para el crimen organizado.
¿Acumulación de poderes a la vista?
Era 2011, y ahí estaba Correa diciendo: “Escúchenme bien ¡ah! El presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano es: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría, todo eso es el Estado ecuatoriano”.
La dictadura anunciada sin pudor. En el desarrollo del correato, tuvo varios fiscales de bolsillo y por supuesto que controló al poder legislativo y judicial. Mucho de lo que ahora vivimos en casos como Metástasis y Purga, devienen de jueces nombrados por el correato.
En estos días, en cambio, ha habido “movidas extrañas”, dice Arturo Moscoso, con respecto a lo que ha pasado en el Consejo de Participación Ciudadana y Social, Judicatura, Fiscalía. La Asamblea está controlada por el noboísmo y hasta su presidente, Niels Olsen, estuvo en primera fila, marchando a la Corte.
De acuerdo con el experto, lo que buscan los populismos es controlar todos los poderes para no tener cortapisas y gobernar sin ningún tipo de restricción. Esto sucede porque en Latinoamérica, excepto Uruguay, se entiende la política desde una perspectiva caudillista, de liderazgos fuertes, en donde el líder es el que tiene que tomar las riendas del país, sin ningún tipo de freno.
Salimos de un autoritarismo que duró 10 años aproximadamente, un autoritarismo en donde la gente protestaba contra las medidas autoritarias de Correa y ahora estamos entrando a un nuevo autoritarismo en donde la misma gente que protestaba en contra de Correa la apoya ahora a Noboa”, dice Arturo Moscoso.
Lamentablemente se ve que en Ecuador «no es que no guste el autoritarismo, les gusta el autoritarismo del color al que apoyan». Así se ve a gente que antes justamente criticaba estos atropellos de la institucionalidad, apoyando las mismas prácticas.
En cambio, lo deseable para ciudadanos que quieren construir una democracia robusta es que las instituciones y las reglas de juego están establecidas para cualquier gobernante.
Buses, marchas y contramarchas
Durante la marcha a la Corte se vio a muchas personas que alababan al presidente Noboa y lo apoyaban en su nueva cruzada en contra de los altos jueces. Se tomaron fotos frente a las vallas donde lucían los rostros de los nueve jueces con una leyenda que decía: “Estos son los nueve jueces que nos roban la paz”.
Pero también hubo personas que no sabían a qué fueron. Algunos funcionarios públicos contaron que una semana antes del evento se les pidió que estuvieran preparados para salir ese día: que llevaran ropa cómoda, gorro, protector solar.
Entre las personas que marchaban también estaban artesanos que buscan obtener su calificación profesional. Según una ciudadana que prefirió no identificarse por temor a alguna retaliación, a ella se le indicó que para poder tener acceso a la calificación debía asistir de manera obligatoria. Incluso al final se les tomó lista.
En tiempos de Correa también se vio cómo se traían apoyos de provincias en buses. Se hizo típico el pago de dinero y de un sánduche y de ahí provino el apodo: «borregos sanducheros». Las similitudes abundan.
¿Qué hacer para no caer en populismos y sí combatir el crimen organizado?
Arturo Moscoso considera que se deben abordar dos aristas.
Desde la línea del combate directo considera que sí existen herramientas. Por ejemplo: Invertir en seguridad, traer inversión en seguridad, hacer acuerdos con otros países. Esto último considerando que el crimen transnacional opera transnacionalmente y así mismo se lo debe combatir. En este sentido considera positivo que vengan fuerzas extranjeras a instalarse en bases ecuatorianas.
Pero por el otro lado no hay que descuidar el tema de lo social: darle oportunidades a la gente para que trabaje y se desarrolle. “Quienes hacen parte de los GDO son personas que no han encontrado una salida a esa falta de oportunidades que le está dando o que le está negando el país”, asegura.
De acuerdo a la mirada de Moscoso, al momento no se está atacando el fondo del problema. Es que en realidad el problema no termina solo con matar a delincuentes o perseguirlos o meterlos presos. “Porque el problema del narcotráfico, del crimen internacional es que es como una hidra. Usted le corta la cabeza y salen dos más”, explicó.
Sí hay vías para controlar a los jueces de la Corte Constitucional
Entre tanto, Ramiro Rivera, ex legislador y analista político, consideró que los jueces de esta Corte Constitucional no deben actuar como “partisanos del neocostitucionalismo del Sur, ni como insurgentes del socialismo del siglo XXI”.
Para el ex legislador y analista político, los jueces no pueden ignorar las amenazas que acechan y conspiran contra el Estado, su institucionalidad y la cohesión social. “No pueden alzarse de hombros ante la ferocidad del crimen organizado y el narcotráfico”. Para Rivera, este momento tan complejo debería enfrentarse con instrumentos normativos también de excepción.
Pero por el otro lado, considera que el gobierno en vez de presentar un arsenal de razonamientos, de lógica que justifique los preceptos presentados y aceptados por la legislatura, ha reaccionado de una manera “que huele a despotismo”.
Forzar a través de una movilización callejera las instituciones corresponde a la emoción, al tumulto y no a los canales institucionales”, dice Ramiro Rivera.
Recordó también que con marchas se puede derrochar violencia, como lo hacía Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie.
Considera que en caso de tener observaciones a la actuación de los jueces de la Corte se debe acudir a la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de control constitucional, artículo 185-186, donde se establece la cesación por destitución, por error inexcusable, por develar algo reservado, por responsabilidad penal. También se los puede destituir por abandono injustificado del cargo o por ignorar la prohibición de la consulta del 2017, que es no tener capitales de ninguna naturaleza paraísos fiscales. Los jueces no son inmunes a responsabilidad civil y penal, ni están eximidos de ser denunciados ya sea por la Fiscalía General del Estado o por cualquier persona que acuse y adjunta pruebas. Rivera aconseja no arruinar un pilar de la institucionalidad.
¿Qué viene ahora?
La Corte Constitucional (CC) tiene previsto iniciar el 18 de agosto de 2025 las audiencias públicas sobre las 38 demandas de inconstitucionalidad en contra de las tres leyes urgentes. Sin embargo, la Asamblea y el Ejecutivo pidieron un diferimiento a dichas audiencias. Hace pocos minutos, el Gobierno dio marcha atrás y dijo que no se difiera.
Para Moscoso, lo único que ha hecho la Corte Constitucional es pronunciarse sobre unas leyes -que ya se advirtió desde el principio- eran violatorias de la Constitución y a los derechos humanos. La suspensión es enteramente responsabilidad del Ejecutivo y de la mayoría en la Asamblea porque eran leyes mal hechas.
Las leyes estaban mal hechas y contienen artículos violatorios de la Constitución de los Derechos Humanos: “es responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo, no de la Corte”.
El Gobierno tenía 15 días para sustentar la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, es una tarea cuesta arriba para el Gobierno. De acuerdo con Moscoso, dado que el Gobierno no ha sabe cómo justificar dicha constitucionalidad, llama a estas movilizaciones.
Entre tanto, la Corte ha dicho que los espacios apropiados para el debate sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas que están siendo convocadas y que iniciarán con fecha 18 de agosto de 2025. La Corte también aclaró que no ha tomado ninguna decisión de fondo respecto a las leyes impugnadas, y que se las está tratando “con la máxima celeridad, objetividad y apego a la Constitución”.
También hizo un llamado a respetar su independencia y autonomía, pilares esenciales de la democracia ecuatoriana.
Arturo Moscoso explica que por ahora la Corte solo decidió la suspensión temporal de ciertos artículos. Pero advierte que las leyes pueden ser observadas en su totalidad. “Es muy probable que los artículos que ahora han sido suspendidos temporalmente sean vetados y sean eliminados de la ley, declarados inconstitucionales. Esa es una probabilidad muy alta”, comenta.
