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Al menos dos millonarios contratos para la Reconstrucción de Manabí, cuestionados por la Fiscalía están atados irremediablemente al caso Sobornos (Arroz Verde). El nombre de Ramiro Galarza, sentenciado a ocho años por el caso Sobornos apareció en el juicio por peculado que se sigue, en estos días, en contra del ex vicepresidente Jorge Glas y de Carlos Bernal, ex secretario del Comité de Reconstrucción.
Esa fue una de las revelaciones en la segunda jornada de la audiencia de juzgamiento del pasado miércoles 17 de junio.
Tanto el Consorcio de Puertos Pesqueros Artesanales como la empresa Eseico recibieron los contratos para construir facilidades pesqueras y para remoción de escombros, respectivamente. Ambas empresas tienen relación con Galarza.
Es que entre los 584 proyectos para la Reconstrucción de Manabí (priorizados en una sesión del 22 de mayo del 2017), la construcción de facilidades pesqueras artesanales para Chamanga, Puerto López, Crucita y Cojimíes era uno de los más importantes. Este fue muy publicitado, tanto en el Gobierno de Rafael Correa como en el de Lenín Moreno. Sin embargo, en la actualidad estas facilidades no tienen ninguna utilidad para los pobladores de Manabí y Esmeraldas.
La información fue presentada por uno de los testigos y peritos que fue convocado por parte del fiscal Wilson Toainga. Daniel Alquinga, policía investigador, apoyado en el material gráfico que había recopilado durante varios meses de investigación tanto en Manabí como en Esmeraldas, retrató la situación de esas obras.
La situación de las obras
Alquinga describe a la facilidad de Chamanga como una obra totalmente terminada con una importante infraestructura (cuartos fríos, data center, cámaras de video, estación de Petroecuador). Sin embargo, todo está abandonado. Hay parte de la infraestructura oxidada. Un hombre de nacionalidad venezolana cuida el sitio.
En Crucita, el proyecto quedó en obra gris. Se encuentra abandonada y aunque no está en funcionamiento, tiene letreros publicitarios.
Asegura haber realizado una serie de entrevistas a pescadores de la zona. Ellos han calificado a esas obras como “inservibles”. Lo que sucede es que la comunidad entiende que lo que se requería era alcantarillado, agua potable y no obras que no estaban acorde con la realidad de la comunidad.
¿Pero cuál es la explicación para que obras construidas con millonarios recursos no sean funcionales? El ejemplo de Cojimíes es muy ilustrativo. Ahí los propios pescadores explicaron que esas facilidades servirían si se hiciera pesca a gran escala y de gran calado. Pero en estas zonas nunca se ha hecho pesca de este tipo. Siempre ha sido artesanal y de camarón, no de pescado. El producto se vende a granel. Por ello, la obra no es funcional. Si tuvieran que usar esos servicios deberían pagar por el servicio de pelar el camarón, que ahora lo hacen ellos mismos.
Galarza, del caso Sobornos al caso Reconstrucción
La Fuente-Periodismo de Investigación constató que en diciembre de 2016 este proyecto fue entregado al Consorcio de Puertos Artesanales cuyo representante es el ya conocido sentenciado por el caso Sobornos, Ramiro Galarza Andrade. El costo habría sido de $50 millones. Sin embargo, en el caso de Fiscalía se ha mencionado un costo de $32 millones.
En esa fecha (diciembre 2016) el SECOB (Servicio de Contratación de Obras) firma un convenio de dación en pago para la construcción de las facilidades pesqueras artesanales de Crucita, Puerto López, Chamanga y Cojimíes, con la empresa Eseico, de Ramiro Galarza. A la vez la empresa era parte del Consorcio Puertos Pesqueros Artesanales.
Quien firma el convenio por el consorcio es Saúl Velasco Logroño. Él también es recordado por haber sido ministro de Obras Públicas en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y haber obtenido jugosos contratos en el correísmo al ser subcontratista para la construcción de la Plataforma Gubernamental, así como por haber obtenido el jugoso contrato de las facilidades pesqueras.
Galarza Andrade fue sentenciado a ocho años de prisión el 23 de abril de 2020, por ser parte de una red delictiva en el Caso Sobornos 2012-2016 (Arroz Verde). De acuerdo a los datos de la época, esta empresa obtuvo millonarios contratos por $539 millones. La Fuente-Periodismo de Investigación siguió el caso denunciado, en su momento, por Fernando Villavicencio.
Testimonios de prefecto y viceprefecta también fueron recabados
Más temprano, acudieron al llamado de Fiscalía Clara Zambrano Espinel y Mariano Zambrano, vice prefecta y prefecto de Manabí respectivamente, en los años en los que ocurrieron los hechos. Ellos recordaron el funcionamiento del Comité de Reconstrucción.
Tanto Fiscalía como las defensas técnicas se centraron en la discusión de qué paso el 22 de mayo del 2017, dos días antes de que terminara el mandato en el que Jorge Glas ejercía la vicepresidencia, cuando Rafael Correa era presidente.
Clara Zambrano Espinel, ex prefecta de Manabí, aseguró que participó en la sesión del 22 de mayo del 2017. Recordó que esta fue presidida por Jorge Glas Espinel y que estaban presente el secretario Técnico, Carlos Bernal.
Sin embargo, aseguró que ella solamente estuvo al final de la sesión porque fue convocada ese mismo día y no tuvo el tiempo suficiente para llegar. Ella debió subrogar al prefecto. En todo caso indica que ella no participó en el punto de aprobación sobre la priorización de los proyectos.
Ella habla de un audio en el que se puede escuchar todo lo sucedido en esta reunión. Ante una serie de preguntas de las defensas técnicas, dijo no recordar detalles. “Yo no estuve preparada para esta reunión”, aseguró.
El prefecto Zambrano, quien también mostró que no recordaba varios detalles, sí indicó que cuando se recibían los pedidos de los proyectos, estos se entregaban a la secretaría del Comité de Reconstrucción. Es decir a la entidad que era liderada por Carlos Bernal. También dijo que quienes suscribían las actas eran el secretario técnico y el presidente del Comité (Glas).
Defensa de Glas dice que el caso va bien
La abogada defensora de Jorge Glas evaluó los dos días de audiencias como positivos para su defendido. Dijo que no se ha logrado demostrar por parte de la Fiscalía que Glas haya cometido peculado, que es una malversación de fondos. No hay una cuenta a la que se hubiesen depositado dineros, ni han ejecutado ni firmado contratos.
Adicionalmente, dijo que no hay contratistas a los cuales se hubiese beneficiado con los supuestos contratos irregulares, de lo contrario deberían haber algún contratista involucrado.
También dijo que en los próximos días insistirán en realizar una nueva pericia psiquiátrica al ex vicepresidente.
La audiencia, en la que se debe decidir la culpabilidad o no de los implicados, continuará en los siguientes días.
