Durante más de una década, la Fiscalía General del Estado no solo fracasó en encontrar a David, sino omitió investigar pruebas clave, sembró versiones falsas, encubrió a funcionarios involucrados y permitió que el caso se desvíe hacia narrativas sin sustento y callejones jurídicos sin salida.
El 19 de noviembre de 2024, Alexandra Córdova, a través de su abogado Alex Bonifaz, presentó una solicitud formal de diligencias ante la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, dirigida al fiscal Polivio Meneses. El documento planteaba 13 líneas de investigación ignoradas durante más de una década, con pruebas concretas, contradicciones verificadas y omisiones flagrantes. Ninguna línea de investigación fue contestada.
Ahora, Fiscalía pretende cerrar el caso. Este miércoles 28 de mayo, a las 10:30, en el Colegio de Abogados de Pichincha se convocó a una rueda de prensa para denunciar justamente, el cierre de la investigación.
¿Cuáles son las preguntas que Fiscalía no ha respondido?
1. ¿Asistió David Romo a clases el día de su desaparición?
La Fiscalía nunca solicitó que se certifique la asistencia oficial de David del 16 de mayo de 2013 a la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. Un dato elemental, pero clave para verificar su última ubicación con vida. En cambio, se permitió que circulen versiones ambiguas para debilitar su condición de víctima. ¿Por qué no hay un requerimiento fiscal a la universidad? ¿A quién le incomoda confirmar que David sí estaba cumpliendo con su rutina de estudiante?
2. ¿Dónde estuvo David después de las 21h00?
Los registros de celdas base del teléfono de David nunca fueron solicitados por la Fiscalía a Movistar, a pesar de que en ese horario recibió varias llamadas, incluida una de Diana López, su compañera.
La localización de esas celdas permitiría trazar su ruta exacta desde la universidad hasta el momento de su desaparición. La falta de esta pericia evidencia una decisión deliberada de no ubicar a David, como si se quisiera borrar el rastro desde el principio.
3. ¿David tomó el bus desde la universidad hacia la Ofelia?
David solía tomar un bus desde el sector universitario hasta la terminal de La Ofelia. Hay testigos que indican haberlo visto esa noche en la parada. Sin embargo, la Fiscalía jamás solicitó videos de cámaras públicas en el trayecto, ni entrevistó a los conductores.
El silencio sobre este tramo es clave: todo indica que fue interceptado en tránsito, lo que reforzaría la hipótesis de una retención arbitraria por agentes estatales.
4. ¿Dónde estaba David a las 22h22 cuando llamó a su madre?
En esa llamada, David dijo con tono preocupado y temeroso que iba en un bus y que dos personas “que parecen policías” querían bajarlo. Esa conversación, registrada y entregada, debería haber sido acompañada por una pericia técnica sobre la ubicación de su teléfono en tiempo real. Pero no fue así.
La Fiscalía, al no solicitar la celda base activa en ese momento, eliminó cualquier posibilidad de comprobar si fue subido a un patrullero o interceptado por la fuerza pública.
5. ¿Por qué la Policía no activó los protocolos de búsqueda esa noche?
La denuncia fue interpuesta por la madre la misma noche del 16 de mayo, pero la Policía no activó ningún protocolo de desaparición. Los oficiales más bien minimizaron el hecho y sugirieron que “seguro regresaría”.
El entonces ministro del Interior, José Serrano, nunca ordenó una investigación interna ni se pronunció. La Fiscalía tampoco lo llamó a rendir versión.
Esta omisión es un patrón clásico de desaparición forzada, donde el aparato estatal abandona deliberadamente la búsqueda.
6. ¿Quién desvió el caso de “desaparición forzada” a “asociación ilícita”?
El policía Jorge Padilla y el fiscal Jorge Nogales cambiaron arbitrariamente la figura penal de desaparición forzada a “asociación ilícita”, reorientando la investigación hacia una supuesta red de trata.
¿El resultado? Fueron encarceldas personas, sin pruebas reales. Hubo un montaje con una clínica de rehabilitación y se ocultó la responsabilidad policial.
¿Quién les ordenó alterar la calificación penal? ¿Por qué la Fiscalía actual no ha investigado esa decisión?
7. ¿Dónde estaba realmente el teléfono de David?
El 26 de mayo de 2013, la Policía allanó la casa de Edgar Mendoza Maldonado (controlador de bus en el que supuestamente viajó David Romo) y dijo haber encontrado el teléfono de David. Sin embargo, informes posteriores indican que el dispositivo en realidad estaba en manos de José Luis Mendoza Maldonado, lo que anula toda la cadena de custodia 854-13. Esto probaría siembra de evidencia y manipulación fiscal. ¿Por qué no se ha judicializado este hecho gravísimo?
8. ¿Cómo es que el teléfono “robado” seguía recibiendo llamadas?
Edgar Mendoza declaró que encontró el teléfono en un bus. Pero este seguía recibiendo llamadas de los amigos de David, y sus contactos lo seguían marcando días después.
La contradicción es tan evidente que debería haber anulado toda la versión policial inicial. En vez de eso, la Fiscalía profundizó en esta mentira para justificar la detención de inocentes.
9. ¿Fue manipulado el caso contra José Luis Mendoza con el IMEI del teléfono?
Se utilizó el mismo IMEI del teléfono de David para acusar a José Luis Mendoza de ocultamiento. Pero nadie verificó cuántas veces se abrió la cadena de custodia 854-13, ni si se hizo en presencia de abogado defensor o veedores.
Este acto puede constituir fabricación de prueba falsa, delito sancionado por el COIP. ¿Por qué no se investiga a los policías y fiscales que manipularon esta evidencia?
10. ¿De dónde salió el segundo teléfono atribuido a David?
El policía Juan Pablo Caiza declaró que un segundo teléfono, con IMEI 357123041287870, también pertenecía a David.
Nadie ha demostrado cómo llegó a sus manos ni cuál fue su cadena de custodia (1375-13). Esta maniobra fue usada para crear vínculos falsos con supuestos implicados. ¿Por qué la Fiscalía mantiene este teléfono como evidencia válida?
11. ¿Quién ordenó que el caso se mantuviera en reserva?
El fiscal Jorge Flores Moreno decretó la reserva total del caso, impidiendo a la familia acceder al expediente. Esto violenta el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
Además, Flores Moreno acusó sin fundamento a terceros, construyendo un relato de trata que jamás fue comprobado. ¿Quién le dio la orden? ¿Por qué continúa impune?
12. ¿Por qué se vinculó falsamente a la clínica “Unión y Esperanza”?
El mismo fiscal Flores Moreno señaló a Carlos Londoño, director de la clínica “Unión y Esperanza”, de ser parte de una red de trata de personas.
Nunca se hallaron pruebas. La acusación fue desmentida por pericias y testimonios, pero ya había servido para desviar la atención. Londoño jamás fue llamado a comparecer por la Fiscalía. ¿Por qué?
13. ¿Quién fabricó la versión de asesinato e incineración para los medios?
En 2015, el fiscal Andrés Cuasapaz y varios policías difundieron en televisión nacional (programa 360 de Ecuavisa) la narrativa de que David fue asesinado e incinerado en una finca.
El problema: no hay cuerpo, no hay ADN, no hay prueba forense. En plena audiencia, Cuasapaz recibió una llamada alertando que el cuerpo estaba enterrado en Calderón, y pidió suspender la diligencia. ¿Quién lo llamó? ¿Por qué nunca se excavó el lugar?
Un caso sin justicia: la voz persistente de una madre
En una entrevista con La Fuente – Periodismo de Investigación, Alexandra Córdova dice con la voz firme, aunque cargada de dolor: “El caso de mi hijo no está cerrado porque David sigue desaparecido”. La fuerza con la que lo dice, en un país donde la impunidad se pasea con cinismo por las instituciones, es inspiradora. Hace doce años, su hijo desapareció cuando iba a su casa ubicada en la Mitad del Mundo. Estudiaba periodismo en la Universidad Central del Ecuador. Era un joven con sueños, ideales y un futuro. Desde entonces, nada.
Y aunque el Estado debería haber movilizado todo su aparato para encontrarlo, lo que ha hecho es revictimizar, mentir, desviar la investigación, encubrir, archivar. Alexandra, en cambio, ha caminado por una senda de barro, piedra y fuego para mantener viva la búsqueda y exigir justicia. Doce años después, el Estado parece tener prisa por cerrar este crimen. Pero ella no lo permitirá.
El 16 de mayo de 2025, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central se llenó. Estudiantes, docentes, activistas, periodistas. Todos con una sola consigna: David Romo, presente. El aula donde David estudió fue rebautizada como Aula 61 David Romo, en un acto simbólico de memoria y resistencia.
El mural colectivo, construido para esa jornada, lleva los rostros de los desaparecidos, como un grito contra la impunidad.
Pero en el mismo país en el que profesores, estudiantes y ciudadanos bautizan aulas para honrar su memoria; ciertos fiscales ignoran la ley.
Un informe que abrió la herida… y dio esperanza
El 25 de marzo de 2025, un informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional reveló un hecho alarmante: durante más de una década, se manipularon sistemáticamente las cifras de homicidios en el país. Este informe no solo sacó a la luz ese encubrimiento; también exigió la comparecencia de altos funcionarios del correísmo, como el exministro del Interior José Serrano y el exfiscal general Galo Chiriboga, y propuso la reapertura de casos emblemáticos.
Uno de esos casos fue el de David Romo.
Encubrimiento estadístico en el correísmo: Serrano y Chiriboga llamados a comparecer
Para Alexandra, fue un momento de esperanza. El eco de su voz en los muros de una Asamblea que por años le había dado la espalda sonó distinto. Esa esperanza duró poco. Solo semanas después, la Fiscalía pidió archivar la causa. “Es como si hubieran esperado a que el informe saliera para intentar sepultar el caso en el silencio”, dice Bonifaz.
Tanto Alexandra como su abogado detallaron una lista extensa y dolorosa de violaciones a los derechos humanos:
- Ocultamiento de información clave durante las primeras etapas de la investigación.
- Uso indebido de la “reserva fiscal” para limitar el acceso de la familia al expediente.
- Desvío de las líneas investigativas hacia escenarios sin fundamento.
- Intentos anteriores de archivo por parte del exministro José Serrano, frenados entonces por la fiscal Gina Gómez de la Torre, quien se negó a cerrar el caso.
“Este no es un delito común. Es una violación gravísima a los derechos humanos, posiblemente ejecutada con participación o aquiescencia estatal. No puede tratarse como un robo de celular,” sostuvo Gómez en su momento.
Y sin embargo, doce años después, ese mismo robo —el del celular de David— es uno de los pocos aspectos del caso que ha tenido una sentencia. La desaparición forzada de un ser humano sigue sin respuesta.
La amenaza de archivo: ¿violación al COIP?
El pasado 19 de mayo de 2025, el fiscal Polivio Meneses, de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, solicitó el archivo de la causa por desaparición forzada de David Romo. Se amparó en los artículos 586.3 y 587 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permiten el archivo de un caso cuando existe un “obstáculo legal insubsanable”.
Sin embargo, como recuerda Alexandra:
“El Art. 585.3 del COIP y el Art. 80 de la Constitución son clarísimos. Las desapariciones forzadas no pueden ser archivadas hasta que la persona aparezca o existan elementos suficientes para formular una imputación. Y además, son delitos imprescriptibles.”
La madre de David no está sola. Además de su familia, la acompaña su abogado, Alex Bonifaz, quien afirma que esta solicitud es jurídicamente inviable. “Lo que hace el fiscal Meneses es ignorar la norma expresa. No puede archivar el caso cuando hay una persona desaparecida, cuando no hay procesados, y cuando el delito es considerado crimen de lesa humanidad.”
En un comunicado difundido en redes sociales, la Fiscalía aseguró que el caso “no se ha cerrado”. Se explica que existen tres causas distintas: una por el robo del celular, otra por la desaparición, y una tercera, abierta en 2018, por desaparición forzada con posible participación de funcionarios públicos. Sobre esta última, se solicitó el archivo.
El comunicado afirma que “no se ha podido establecer la privación de la libertad por parte de agentes estatales”, y que por tanto “no se han verificado los elementos objetivos del tipo penal”.
Sin embargo, como recuerda Bonifaz:
“No hace falta tener una confesión del victimario para abrir una línea de investigación. La desaparición sigue vigente. No se puede cerrar una causa abierta por desaparición forzada solo porque ‘no hay pruebas suficientes’. La obligación de buscar esas pruebas es del fiscal.”
El comunicado de la Fiscalía, aunque lleno de palabras técnicas, evade el fondo del asunto: Doce años después, David sigue desaparecido y no hay imputados.
El caso de David Romo no es único, pero sí emblemático. Revela las grietas del sistema judicial y la indiferencia del Estado. La falta de voluntad, la manipulación de cifras, la desatención a normas internacionales, el desprecio por las víctimas. Todo forma parte de una estructura de impunidad que sigue operando con eficacia.
Según datos del mismo informe legislativo, decenas de casos similares han sido archivados o están paralizados. El crimen no acaba cuando la víctima desaparece; continúa cada día que el Estado no actúa.
La dimensión internacional del caso David Romo
Luego de conocer el archivo del caso por desaparición forzada de David Romo, una posibilidad se mantiene viva en el plano internacional: la denuncia presentada en 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), patrocinada por el abogado Juan Pablo Albán.
Jurista incansable que ha seguido de cerca el caso desde hace casi una década, primero desde el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad San Francisco de Quito y luego desde la Clínica Jurídica de Interés Público.
“La desaparición de David Romo —nos dice Albán— no es un caso aislado, es una herida abierta del Estado de derecho en el Ecuador. Y desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, se trata de una desaparición forzada. Involucra agentes del Estado que actuaron abusando de su investidura”.
Desde 2017, la denuncia presentada ante la CIDH ha sido una esperanza para la familia Romo Córdova. En ella se argumenta que el Estado ecuatoriano ha incumplido con su deber de investigar de forma seria, diligente y efectiva la desaparición de David. En su momento, el Estado respondió que aún no se habían agotado los recursos internos, argumento que podría perder validez ahora que la Fiscalía ha pedido el archivo del proceso, sin haber concluido una investigación integral.
Según Albán, si el archivo se consuma, se acabará cualquier posibilidad real de avanzar dentro de la jurisdicción nacional: “La víctima no tiene legitimación procesal para continuar si la Fiscalía decide no investigar. La acción penal depende exclusivamente del Ministerio Público. Esto refuerza nuestro caso ante la CIDH, donde ya no hay recursos internos que agotar. La Comisión debería, entonces, emitir su informe de fondo”.
La simulación grotesca y la verdad a medias
No se puede hablar del caso Romo sin mencionar uno de los episodios más macabros y simbólicos de la manipulación judicial: el intento de simular la incineración del cuerpo de David utilizando un cerdo. Así, sobre la base de testimonios obtenidos bajo presión, y sin ninguna evidencia forense concreta, se construyó un relato para llegar a juicio en un proceso penal que luego fue declarado nulo.
“Lo que ocurrió fue una puesta en escena grotesca. En lugar de buscar la verdad, el sistema se dedicó a fabricar culpables. Hoy, la Fiscalía de Participación Ciudadana y Derechos Humanos —paradójicamente creada para investigar violaciones graves a los derechos humanos— ha solicitado el archivo del caso sin haber agotado ni siquiera las diligencias básicas”, afirma Albán con indignación.
En medio de este entramado aparece el exministro del Interior José Serrano. Fue él quien, en una conversación privada con la madre de David, reveló conocer los nombres de los policías implicados en la detención de su hijo. Según Serrano, esos agentes fallaron una prueba de polígrafo y fueron quienes entregaron a David a un centro clandestino disfrazado de clínica de rehabilitación.
Esa declaración, que nunca fue profundizada por la Fiscalía, motivó el primer recurso de hábeas corpus presentado por el equipo de Albán contra la Policía Nacional. “Pedimos que Serrano rindiera versión. La Fiscalía lo convocó una vez, pero nunca insistió, y él no volvió a aparecer”, señala el abogado.
¿Encubrimiento? ¿Complicidad? ¿Negligencia? Las preguntas se acumulan, y las respuestas siguen sin llegar.
La CIDH y el principio de no repetición
Mientras la justicia ecuatoriana camina en círculos, la CIDH tiene la oportunidad de marcar un precedente. La desaparición de David Romo no es solo una tragedia individual, es el reflejo de un sistema que permite que agentes del Estado actúen con impunidad y luego se oculten tras estructuras institucionales que los protegen.
Para Albán, “la intervención de la CIDH no es solo un acto de justicia para David y su madre. Es un paso crucial para impedir que estos crímenes sigan repitiéndose. El principio de no repetición debe hacerse realidad”.
La Comisión ya tiene todos los elementos para emitir su informe. El Estado ecuatoriano ha dejado vencer los tiempos, ha cerrado rutas, y ahora, busca archivar el caso en medio del renovado interés de la Asamblea Nacional por esclarecer lo ocurrido. Es un “timing” sospechoso, como lo llama el propio Albán.
Este no es un caso más. Es una interpelación directa al sistema interamericano. La desaparición de David Romo y su impunidad sistemática demuestran cómo las estructuras estatales pueden convertirse en cómplices silenciosos de crímenes atroces.
La CIDH tiene ante sí una responsabilidad histórica. Y el Ecuador, un deber impostergable: decir la verdad, hacer justicia, y reparar a una familia que ha vivido más de una década en la incertidumbre, el dolor y la resistencia.
El clamor que no cesa: exigencias de la familia Romo Córdova
Alexandra y su familia han exigido de forma clara:
- Que se revoque el intento de archivo del caso.
- Que se nombre un equipo especializado e independiente para llevar la causa.
- Que se implemente la Comisión Parlamentaria por la Verdad.
- Que se tipifique como delito la manipulación de cifras oficiales.
- Que se garantice el derecho a la verdad de las familias de personas desaparecidas.
“El tiempo no ha borrado la herida. La ha profundizado”, afirma Alexandra. “Aún espero a mi hijo. Aún exijo saber la verdad.” La desaparición de David Romo no es un recuerdo del pasado. Es una herida abierta. Es un crimen en curso. Archivar el caso sería una forma de impunidad institucionalizada. De negar la humanidad de un joven desaparecido y de callar la lucha de una madre que ha enfrentado al Estado, a las burocracias, al olvido.
No se puede archivar lo que sigue ocurriendo.
No se puede archivar la memoria.
No se puede archivar a David Romo.
Doce años sin David. Doce años sin justicia.
Pero también: doce años de lucha, de memoria, de dignidad.
Y una madre que no se rinde. Porque como dice ella misma:
“No me van a cansar. Me van a tener aquí, hasta que me digan dónde está mi hijo.”
