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Cinco militantes de la Revolución Ciudadana tenían una misión: evitar la destitución de los consejeros de la Liga Azul a través del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Para ello, crearon toda una estructura afín a sus intereses, dentro de TCE, que les permitía tener información con antelación y buscar asegurar votos a su favor. Este andamiaje consta en los audios del caso Ligados, que investiga un posible delito de asociación ilícita por parte de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo a esos audios, Andrés Arauz, secretario de RC5, les explica a los consejeros de Participación Ciudadana aliados: Augusto Verduga, Yadira Saltos, con quiénes están trabajando para que no ocurra la destitución, que se debía ventilar en el Tribunal Contencioso Electoral.
Habla de cinco personas, cinco nombres que tienen en común su lealtad a Rafael Correa y un conocimiento profundo, tanto del CPCCS, como del Tribunal Contencioso Electoral. De una u otra forma estuvieron vinculados a estos dos organismos. Pero también son parte de la plana mayor de la organización con cercanía a Correa, Jorge Glas y Viviana Veloz.
Tras el caso Metástasis, la agrupación política ha quedado al descubierto, de acuerdo a la versión de Fiscalía, por tener relaciones directas con mafias lideradas por personajes como Xavier Jordán, quien está prófugo en Miami y Leandro Norero (+)
Los operadores al descubierto
Quienes estamos operando en esto: yo, en otras dimensiones la propia Luisa, el Santiago Díaz, la Sonia Vera, y el ex secretario del Consejo David Carrillo. Somos 5 personas que tenemos esta tarea”…
“El David Carrillo, que era el anterior secretario del TCE, ahora trabaja de asesor de la Viviana Veloz en la Asamblea. Entonces el David Carrillo tiene toda la información de adentro del Tribunal”.
Estos son los perfiles de los operadores:
En las conversaciones, se constata cómo estos cinco personajes pensaban que tenían la sartén por el mango y manejaban al TCE. Andrés Arauz se refería en estos términos a la actual presidenta Ivonne Coloma:
Coloma, una vez que ya se acentuó en el cargo, en la presidencia, designó como secretario del Tribunal a un compañero nuestro, también, muy cercano a nosotros y él es nuestro”…
«Entonces, él también nos está pasando la información de cómo están las cosas cocinándose ahí y, por eso, conocemos algunas decisiones también anticipadamente”.
De lo que se conoce este secretario leal al correísmo sería Milton Paredes.
Pero además hablaron del conjuez Richard González Dávila, a quien consideraban un aliado. Él, quien es parte del Colectivo Acción Jurídica Popular, fue defensor de Angélica Porras (durante el proceso de impugnación de la ex candidata a la Corte Constitucional).
También dijeron que con Guillermo Ortega (cercano a Arauz por haber trabajado en el BCE) y Yadira Saltos dijo que tendrían votos asegurados de Ortega y Joaquín Viteri a su favor.
Los cálculos no fueron los correctos, porque al final, la Liga Azul sí fue destituida y tras el allanamiento del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), y la incautación de dispositivos del Augusto Verduga, se puede conocer la dimensión de la estructura que se había armado.
La Fuente-Periodismo de Investigación buscó una postura de Joaquín Viteri sobre la percepción que tenían los correístas de tener su voto favorable. Viteri contestó escuetamente: “En la sentencia de la destitución de los integrantes de liga azul, vote a favor de su destitución”.
Jairo Lalaleo presenta denuncia en Fiscalía en contra de vocales del TCE
La revelación de los audios en los que se dibujan los planes de RC5 para dominar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya acarrea las primeras denuncias ciudadanas. Jairo Lalaleo, abogado que ha realizado varias denuncias en contra de miembros de RC5, que son autoridad en San Antonio de Pichincha, por supuestos casos de corrupción, presentó este 21 de abril una denuncia en contra de los vocales del TCE y otros nombrados en los audios.
Los denunciados son:
Los jueces
- Ivonne Coloma Peralta
- Joaquín Viteri Llanga
- Guillermo Ortega Caicedo
- Richard González Dávila
- David Carrillo Fierro (asesor de Viviana Veloz)
- Betsy Yadira Saltos Rivas (ex consejera del CPCCS)
Lalaleo indica justamente que en los audios se puede notar que los antes mencionados responderían al correísmo y a su líder prófugo, Rafael Correa.
Lalaleo también indica en su denuncia que él ha venido haciendo denuncias en contra de la actual administración del GAD de San Antonio, dirigido por Amparo Verónica Cevallos, militante de RC5. En este contexto, con el fin de silenciar sus denuncias ha sido acusado de violencia política por Cevallos ante el TCE. La causa fue conocida por el conjuez Richard González.
En este sentido, Lalaleo considera que no tiene las garantías para que se le juzgue con imparcialidad si se conoce que González es parte del Colectivo Acción Jurídica Popular. Pero además hace mención que el juez Joaquín Viteri también ha sido nombrado como parte de quienes podrían entregar votos a favor de causas de la RC.
Para Lalaleo lo que podría configurarse en este caso es un caso de tráfico de influencias, tipificado en el Art.285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Proponen investigación interna en el TCE
Adicionalmente, los estragos de los audios y chats también llegaron al pleno del TCE. En la mañana del 22 de abril, el juez Fernando Muñoz buscó que se abra una investigación interna, sobre lo indicado en los chats. Sin embargo, el resto de jueces no dio paso a este pedido.
Más bien hubo una respuesta seca por parte de Ivonne Coloma, presidenta del TCE y mencionada en los audios, como quien nombró a un secretario que filtraba información a los correístas.
Muñoz argumentó que frente a lo dicho en los audios el Tribunal no puede quedarse callado o impávido ante una situación que mina la credibilidad y confianza en el ente de justicia electoral.
Pero Coloma respondió que el Tribunal no puede realizar otro tipo de investigaciones que no sean por la entidad competente. Calificó a los chats como «elucubraciones», pero aplicó la estrategia de culpar a otros, diciéndole a Muñoz que él también está nombrado en los chats.
En todo caso, el juez Ángel Torres indicó que Fernando Muñoz podría entregar información para considerarla en el pleno del próximo martes.
La Liga Azul cumplía al pie de la letra, tareas dictadas por RC5
Alembert Vera, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga, que a más de haber sido elegidos irregularmente pues estuvieron cobijados por el correísmo (lo cual es ilegal), debían cumplir las disposiciones del correísmo para tomar las instituciones de control.
Lo que dicen en los audios resulta inverosímil. Ellos a cada paso incurrían en faltas legales que trataban de ocultar, justamente por saber que violaban la ley. Es importante no perder la memoria sobre los diversos objetivos que perseguían.
1.- El ataque constante a la fiscal General Diana Salazar
Para ello utilizaron al CPCCS a fin de escudriñar su proceso de selección. En este caso, las denunciantes fueron Priscila Schettinni (hoy electa asambleísta por la RC) y el colectivo Acción Jurídica al cual pertenecen el ex defensor del pueblo Freddy Carrión, Angélica Porras y el con juez del Tribunal Contencioso Electoral Richard González.
2.- El proceso de selección de Contralor, manipulado
En los chats se puede mirar la manipulación que se hizo de este concurso en el cual trataron de hacer ganar a Juan Falconí Puig, ex embajador del gobierno de Correa. Según el audio, manipularon el concurso. En ese tiempo también intentaron no continuar con el concurso por medio de una artimaña liderada por Alembert Vera cuando el secretario designado por el propio Vera pide la nulidad del proceso.
La misión del correísmo era tomarse la Contraloría, con un evidente interés de impunidad, pues es una de las organizaciones políticas con más prefecturas y alcaldías a nivel nacional.
3.- La toma del CNE
Entre los postulantes a consejeros del Consejo Nacional Electoral estuvieron Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga. Ellos fueron vocales suplentes electos al CPCCS. Este concurso se detuvo cuando se detectaron irregularidades. Por ejemplo durante la recalificación a Franco Loor le subieron 22 puntos y Párraga, 11 puntos. El concurso avanza a paso lento.Una alerta ya la dio Santiago Becdach hace varios meses.
4.- La Superintendencia de Bancos en la mira
Aunque la Corte Constitucional en sentencia determinó que el proceso en el cual fue electo Raúl Gonzalez sufrió anomalías, también indicó que no se podía observar designaciones posteriores.
Sin embargo desde el CPCCS, tan pronto el correísmo pudo tener nuevamente una mayoría, por la destitución de Juan Esteban Guarderas, Saltos, Bonifaz, Verduga y Franco Loor trataron de ubicar a Raúl González como superintendente de Bancos. Esto, a pesar de la designación previa de Roberto Romero.
Por su parte, la Asamblea Nacional presidida por Esther Cuesta no posicionaba a Roberto Romero por más de un mes. Hoy conocemos que todo ello era parte de la operación política de “AN” Andrés Arauz, secretario de la revolución Ciudadana.
Ellos buscaban siempre según los chats preciados, tomarse distintos cargos como la Dirección de lavados de activos, de trámites legales y otros de la Superintendencia de Bancos.
No hicieron bien el cálculo pues esto encendió todas las alertas de la opinión pública y las denuncias no se hicieron esperar.
El allanamiento, la estocada final
Por un lado Santiago Becdach pidió el seguimiento de la sentencia a la Corte Constitucional la misma que sigue sin respuesta, por su parte Roberto Romero puso una denuncia en fiscalía al igual que varios asambleístas de ADN.
Producto de esto, la Fiscalía allanó el CPCCS y retuvo dispositivos electrónicos de Augusto Verduga los cuales fueron explotados en pericia y de esta manera se generó el caso que ahora conocemos como “LIGADOS”.
Los chats y audios que hoy conocemos también demuestran la presión que ejerce Rafael Correa sobre las acciones de quienes son parte de su organización o de quienes operan estas situaciones al margen de la ley, lo cual preocupa al querer ser ellos una opción electoral para dirigir el país, no logran separar las necesidades del país de sus necesidades como organización política vinculada en caso de corrupción y sobre lo medular e importante la línea de impunidad que buscan crear en su lucha por el control institucional.
«Ají con mote» y “Mónica Ertl”, en las conversaciones que delatan a la Revolución Ciudadana
También llama la atención el manejo y reparto de cargos por parte de Verduga dentro del Cpccs y como los cargos son un botín político más que técnico cuando el país necesita mucho trabajo, lo importante es ubicar a los amigos y no a quien pueda trabajar por sus capacidades.
Ligados destapa esta línea conductual que fue alertada sin tanta evidencia por la opinión pública y quienes denunciaban las acciones y omisiones de la Liga Azul y el correísmo, hoy no hay duda respecto a esas denuncias que demuestran que todavía hay ciudadanos comprometidos con el país y su institucionalidad.
