Con el llamado a juicio por el caso Metástasis, el público se enteró de que uno de los acusados no podría ser procesado porque era aspirante a asambleísta nacional en estas elecciones de 2025. Se trata de Armando Flor Izaguirre, quien ya se había inscrito como candidato por el partido Pueblo Igualdad Democracia (PID).
Este no es el único caso. Otros candidatos de las listas nacionales también tienen procesos judiciales activos y, por mandato del Código de la Democracia, pueden acogerse a la inmunidad temporal que les otorga la ley.
Entre ellos: Álex Bósquez Cáceres (PSP) y Sergio Peña Veloz (RC-RETO), según el archivo digital de la Función Judicial, con corte a diciembre de 2024.
De acuerdo con el artículo 108 de este Código, “las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar”.
Una vez que sean proclamados los resultados, dispone la norma, los procesos penales en su contra podrán reactivarse, pero los asambleístas gozarán de fuero de corte nacional.
Además de estos tres casos hay un cuarto activo abierto por calumnia. Otros 14 candidatos tienen investigaciones previas archivadas, otros dos con condenas ejecutoriadas y uno con sobreseimiento. En total, 21 candidatos a asambleístas nacionales, de un total de 180, es decir un once por ciento, han enfrentado denuncias e investigaciones penales, ya sea en el desempeño de sus actividades públicas o en el ámbito privado.
Estos fueron inscritos para alcanzar una curul por el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Amigo (lista 16), Centro Democrático (lista 1), PID (lista 4), Izquierda Democrática (ID, lista 12), el Partido Social Cristiano (PSC, lista 6), SUMA (lista 23), Unidad Popular (UP, lista 2), Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) y la alianza Revolución Ciudadana-RETO (RC-RETO, lista 5-33).
El próximo 9 de febrero se elegirán 15 diputados nacionales.
Estos son los casos penales destacados:
Llamado a juicio por el caso Metástasis
Una de las postulaciones más polémicas en estas elecciones es la de Armando Flor Izaguirre (PID, lista 4). El ahora candidato fue llamado a juicio en el caso Metástasis, como supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero. Izaguirre solicitó a la Corte Nacional ―acogiéndose al beneficio del Código de la Democracia― que se suspenda la etapa de juicio hasta que se realice la proclamación de resultados electorales.
Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, Flor Izaguirre habría perdido la confianza de los capos de la organización criminal porque supuestamente incluyó facturas fantasmas en las declaraciones tributarias de Norero.
El candidato fue contactado por Fundamedios para obtener su versión, pero a través de su abogado, Luigi García Cano, indicó que “no le interesa la entrevista”. García Cano, además, es compañero de lista de Izaguirre por el mismo PID, y fue asambleísta alterno del exlegislador Dalo Bucaram, entre 2017 y 2021, por el movimiento Fuerza Ecuador. El candidato presidencial del PID, el general de la policía en servicio pasivo Víctor Araus, a quien Estados Unidos le retiró la visa en 2021, cuestionó la postulación de Flor, pero esta ya estaba inscrita.
Llamado a juicio por asociación ilícita
Desde el 2022, Sergio Peña Veloz (RC-RETO, lista 5-33) está procesado —junto con varias personas— en un caso por supuesta asociación ilícita. Con base en seguimientos, vigilancias y escuchas, la Fiscalía determinó que Peña Veloz supuestamente formaba parte de un grupo que ofrecía altos cargos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) a cambio de dinero.
En principio, las autoridades judiciales consideraron que no había suficientes evidencias para llamarlo a juicio. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión y el recurso le fue concedido en 2023. Por ello, actualmente, existe contra Peña un llamamiento a juicio, del cual aún no se ha fijado fecha.
En el repositorio digital de la Función Judicial no hay evidencia de que Peña haya pedido la suspensión de su procesamiento, pero, al estar vigente su inscripción a una elección popular, puede acogerse a la inmunidad temporal que le ofrece el Código de la Democracia. Peña fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.
Sentenciado por asociación ilícita
En 2019, la Policía interceptó varias llamadas telefónicas y determinó que Juan Carlos Caicedo Salazar (Centro Democrático, lista 1) habría cobrado dinero a particulares, especialmente a personas de bajos recursos, a cambio de la promesa de conseguirles acceso a viviendas del Miduvi y de la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida.
Por este caso, de presunta asociación ilícita, los tribunales le impusieron una pena de cinco años de prisión y una multa de 12 salarios básicos unificados.
Caicedo apeló, pero sus intenciones fueron desechadas.
En 2024 planteó un recurso de casación, que tampoco fue aceptado en la Corte Nacional. Luego, interpuso una acción extraordinaria de protección, que aún deberá ser resuelta por la Corte Constitucional. Caicedo fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.
Sentenciado por abuso de confianza
Una sentencia por abuso de confianza se dictó en contra del candidato por Centro Democrático, Óscar Chuquimarca Chuquimarca, en 2017. Según el expediente judicial, hubo malos manejos de dinero en una construcción en Loja, por lo que Chuquimarca fue condenado a tres años de cárcel, una multa de 16 dólares y el pago de 20 mil dólares al perjudicado.
El caso, sin embargo, concluyó con la suspensión condicional de la pena. Eso significaba que, entre otras medidas, Chuquimarca tenía la obligación de permanecer en un domicilio determinado, presentarse periódicamente ante un juez y estaba impedido de salir del país. Esta última medida contenía una excepción, debido a que el implicado estaba cursando una maestría en Lima (Perú).
Chuquimarca fue consultado sobre este caso, pero no contestó a las preguntas enviadas por este equipo periodístico.
Sentenciada por estafa
La candidata del movimiento Amigo (lista 16) Gema Álava Álava fue sentenciada a tres años de prisión por estafa, en 2015. Según los documentos del caso, durante su tiempo de reclusión, cumplió más de las dos quintas partes de su condena y participó en talleres y actividades de rehabilitación, logrando una conducta óptima.
Por ello, se le otorgó el beneficio de prelibertad bajo régimen semiabierto en marzo de 2017, y se le aplicaron medidas cautelares como presentarse semanalmente ante el juez, no consumir sustancias psicotrópicas ni alcohol, y no salir de Manabí.
El 10 de mayo de 2018, se declaró la extinción de la pena, ya que la cumplió en su totalidad.
El caso está cerrado y archivado. Álava fue declarada inocente en otro proceso por presunto abuso de confianza. Este equipo periodístico intentó contactar a la candidata a través de sus coidearios, pero no fue posible.
Denunciado por calumnia
Raúl Chávez Nuñez del Arco (RC-RETO, lista 5-33) —exdirectivo de Barcelona, exconcejal y mano derecha del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez— tiene un caso por calumnia en el sistema de la Función Judicial.
Este expediente se abrió en 2024 y está pendiente de resolución, aunque a lo largo del año las autoridades han intentado notificar a Chávez sin suerte, pues según el expediente no se le ha podido entregar la citación.
Denunciado por simular ser juez
La postulación como candidato a la Asamblea Nacional por el PSP le permitió a Álex Bósquez Cáceres pedir la suspensión del juicio que se le sigue por presunta usurpación y simulación de funciones públicas.
Bósquez fue procesado debido a que supuestamente suscribió documentos como juez de Paz de la Corte Nacional de Justicia Indígena y Consejos de Gobiernos de los Pueblos y Nacionalidades.
La denuncia fue presentada por Francisco Jácome Marín, en su calidad de Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. El caso continúa activo.
Por otro lado, Bósquez obtuvo un sobreseimiento en otro proceso que se le seguía por este mismo delito, y en otro más por presunta concusión.
El candidato fue consultado sobre su participación en estas causas, pero no contestó las preguntas para este reportaje.
Tres investigaciones archivadas
Yaku Pérez Guartambel (Amigo, lista 16) registra tres investigaciones archivadas, en las que se lo ha indagado por los presuntos delitos de peculado y tráfico deinfluencias, de acuerdo con el archivo de la Función Judicial.
Los tres casos estuvieron relacionados con su actividad política. Mientras fue prefecto de Azuay, fue acusado por el arrendamiento de un inmueble y la contratación de personal.
También fue acusado de atentar contra las instalaciones de la Asamblea en el paro nacional de octubre de 2019, durante las manifestaciones contra la eliminación del subsidio de los combustibles.
No obstante, todas las investigaciones fueron archivadas por falta de pruebas.
Pérez dijo a esta alianza periodística que “las denuncias fueron archivadas por no tener ningún sustento jurídico. Tampoco hubo ningún daño económico… Antes fui procesado por defender el agua y la naturaleza, lo que para nosotros es una condecoración”.
En total, 14 de los 180 candidatos a asambleístas nacionales han registrado investigaciones archivadas en el sistema de la Función Judicial. También hay el caso de un postulante que fue sobreseído, Édison Alexis Cantuña Cañaveral, del partido Unidad Popular (UP, lista 2).
Debiendo al SRI
De los 180 candidatos a asambleístas nacionales, trece registran valores pendientes de pago con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Los valores más altos de deudas en firme corresponden a Dimitri Rojas Fedorow (ID), quien hasta mediados de enero registraba una obligación pendiente de 3.273 dólares y Luigi García Cano (PID), de 635 dólares. El resto son deudas menores.
En tanto que los valores más altos de facilidades de pago son los que deberán cancelar el exconcejal de Guayaquil Raúl Chávez Núñez del Arco (RC-RETO) con 27.179 dólares y el exlegislador Juan Fernando Flores Arroyo (CREO) con 1.077 dólares.
El Impuesto a la Renta no es de todos
Según la base de datos del SRI, 64 candidatos a asambleístas nacionales no han presentado todas sus declaraciones anuales de Impuesto a la Renta (IR), en el periodo analizado, entre 2017 y 2023. Esto significa que un poco más de un tercio de los aspirantes ha incumplido con este requerimiento tributario.
El SRI dispone que la declaración anual del IR es obligatoria para todos los contribuyentes, salvo para aquellos domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron menores que la base tributaria.
La candidata y madre del presidente
La lista de los candidatos con más declaraciones de impuesto a la renta pendientes está encabezada por Annabella Azín Arce, madre del presidente y candidato Daniel Noboa, y postulada para la Asamblea Nacional por ADN.
El archivo público muestra que todavía no ha presentado las declaraciones de renta correspondientes a los últimos siete años. Además, el nombre de Azín consta con obligaciones pendientes del Anexo patrimonial de 2018 y 2019.
Por otro lado, la base de datos revela que 20 aspirantes a asambleístas nacionales no constan en el sistema del SRI: “El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros”.
Un total de 76 candidatos cumplieron con esta obligación de reportar sus actividades productivas al SRI, ya sea con declararon en cero o con el pago de diferentes montos.
Un expresidente que no paga IR
El expresidente y asambleísta desde noviembre de 2023, Lucio Gutiérrez (PSP), tiene sus declaraciones de Renta en cero en los últimos tres años, entre 2021 y 2023. Y la de 2019 aún está pendiente de presentar.
Consultado sobre el tema, Gutiérrez aseguró que como empresario aporta al SRI con impuestos que paga su emprendimiento de té de guayusa embotellada.
El candidato recibe dos pensiones, una como coronel retirado del Ejército y otra como exmandatario, pero estas no son consideradas como renta para la declaración de IR.
Funcionarios públicos
El ejercicio del servicio público no es una novedad para 80 de los 180 candidatos a asambleístas nacionales (un 44 por ciento). Ellos ya han desempeñado funciones como asambleístas, profesores, mandos medios de organismos locales o en ministerios.
La información se desprende de las declaraciones patrimoniales juradas que todos los funcionarios públicos deben presentar al asumir y al finalizar un cargo en el Estado, así como durante su gestión. Estos datos constan en el archivo digital de acceso público de la Contraloría General del Estado.
El sistema arroja 17 nombres de quienes han ocupado más de 5 diferentes cargos públicos.
La candidata con más cargos registrados es Diana Jácome Silva (ADN), quien colaboró con los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Daniel Noboa, de quien fue asesora. Su rostro es conocido, pues fue reportera de los medios públicos.
Ella ha pasado, además, por la Corte Constitucional, el CPCCS, el Consejo de Regulación de la Comunicación, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Trabajo. En este último, tuvo varias funciones, entre ellas la de subsecretaria, en dos ocasiones.
Le sigue Eddy Rubio Iza (ID), quien ha pasado por diez puestos. Laboró en empresas públicas como las extintas Enfarma y Tame; también en el Ministerio de Defensa y el Servicio de Contratación Pública (Sercop), entre otras instituciones. En los últimos años estuvo vinculado a la Empresa Eléctrica Quito.
Jaime García Bonilla (ID) ha desempeñado varias funciones dentro de la Asamblea Nacional, ocupando en total ocho cargos. Ha sido servidor, analista, asesor y defensor público, en diferentes periodos.
Los “saltos” de patrimonio
En la Contraloría General del Estado están las declaraciones juradas de los funcionarios públicos con la información de su patrimonio, que es el resultado de la diferencia entre sus activos (lo que poseen en bienes, maquinaria o cuentas bancarias) y sus pasivos (deudas). En este caso, 80 de los candidatos han presentado este formulario en la última década.
De ellos, al menos 19 tuvieron patrimonios superiores a 100 mil dólares.
Los que suben…
La exasambleísta María Antonieta Guarderas Celi, ahora candidata por el PID, sextuplicó su patrimonio entre 2023 y 2024. Cuando dejó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en octubre de 2023 declaró un patrimonio de 642.100 dólares. Luego ganó una curul en la Asamblea Nacional y en su declaración periódica señaló poseer un patrimonio de 4,17 millones de dólares, especialmente por bienes inmuebles.
Asimismo, el patrimonio de la candidata Olguita Yance Coloma (PSP) pasó de 817 dólares a 160.030 entre febrero de 2019 y julio de 2021, cuando trabajó como brigadista y supervisora de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida.
No obstante, en diciembre de 2020 y enero de 2021 presentó dos declaraciones con un valor de cero dólares de patrimonio.
El profesor Edgardo Véliz Llaguno, que según la documentación que reposa en la Contraloría firmó un contrato “ocasional y medio tiempo” con la Universidad de Guayaquil, reportó 5.000 dólares en 2021. Tres años después, en 2024, su patrimonio declarado fue de 208.000, lo que equivale a un aumento del 4.060 por ciento.
Lucy Coronel Goyes (CREO) tenía un patrimonio de 4.000 dólares en 2018 que aumentó a 266.997 dólares en 2023. Su primer cargo registrado fue el de analista de relaciones internacionales del Ministerio de Salud. Luego pasó a ser asistente y asesora en la Asamblea Nacional, y analista en el Ministerio de Gobierno.
El patrimonio del exasambleísta y exjefe de Talento Humano de la Gobernación del Carchi, Juan Carlos Yar Araujo (Amigo), se triplicó entre 2016 y 2021, al pasar de 45.000 a 143.524 dólares, entre 2016 y 2021, cuando fue legislador.
Los sube y baja…
El exarquero Jacinto Espinoza Castillo (PSC), conocido como “El Chinto”, ha sido asambleísta, asesor del GAD de Pedro Moncayo y director en la Prefectura de Pichincha. Según sus declaraciones juradas, pasó de 930.010 dólares en 2019 a 1,11 millones en 2023. No obstante, sufrió una caída abrupta en 2022, cuando reportó un saldo negativo de 269.975 dólares.
El abogado Ricardo Xavier Vanegas Cortázar (Centro Democrático), quien se desempeñó como asambleísta y profesor en la Universidad de Guayaquil partió con un patrimonio de 3,21 millones de dólares en 2021, el cual se redujo a 1,34 millones en 2024, una disminución 58 por ciento.
Los candidatos reciclados
Un total de 18 aspirantes ya han sido asambleístas y buscan regresar al Legislativo, muchos de ellos cobijados por otra tienda política. No todos ganaron una curul en noviembre de 2023 después de la muerte cruzada.
Los partidos con más candidatos a la reelección en la lista nacional son el PSC (4) con Alfredo Serrano Valladares, Jacinto Espinoza Castillo, Pedro Zapata Rumipamba y Simón Remache Moreno; el PID (3) con Arturo Moreno Encalada (fundador del PID y primo del expresidente Lenín Moreno), María Antonieta Guarderas Celi y Luigi García Cano.
El mismo número tiene la alianza RC-RETO (3): Paola Cabezas Castillo, Franklin Samaniego Maigua y Liliana Durán Aguilar.
Les sigue SUMA con dos aspirantes: Guillermo Celi Santos (excandidato presidencial) y Geraldine Weber Moreno (exPSC).
Los seis restantes son: por Centro Democrático, Ricardo Vanegas Cortázar (exPK); por PSP, el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa; por ADN, Luis Esteban Torres Cobo (exPSC); por Amigo, Juan Carlos Yar Araujo; por el PSE, Xavier Santos Sabando (exID), y por CREO, Juan Fernando Flores Arroyo.
