La respuesta del Estado está marcada por contradicciones, falta de claridad y gestos simbólicos que poco aportan a resolver el enigma de su paradero.
Este caso, que ha conmocionado al país, revive la memoria de crímenes emblemáticos como los de los hermanos Restrepo (Gobierno de León Febres Cordero) y de David Romo (Gobierno de Rafael Correa), ejemplos de la impunidad que ha definido a las desapariciones en Ecuador.
Cronología tejida con versiones confusas
Desde el inicio de la investigación, el silencio y la mediocridad marcaron la respuesta del Gobierno. Las autoridades ofrecen explicaciones contradictorias que no solo generan más dudas, sino que alimentan la indignación pública.
Se dejaron pasar 14 días, desde la desaparición de los menores, y recién el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, hizo un pronunciamiento. Fue una corta rueda de prensa virtual, en la que señaló que los menores habían sido víctimas de “grupos delincuenciales”.
Sin embargo, esta afirmación careció de sustento probatorio, lo que dejó en evidencia, una estrategia oficialista para desviar la responsabilidad únicamente hacia el crimen organizado.
Por su parte el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que sugerirá que se declare a los menores como “héroes nacionales”. ¿El presidente sabe algo que nosotros no sabemos? Este gesto simbólico, aunque aparentemente bien intencionado, ha sido criticado como un intento de maquillar la ineficacia del Estado en esclarecer el caso y para proteger a los niños.
En un giro desconcertante, el ministro de Defensa afirmó que los menores fueron aprehendidos por militares bajo sospecha de intentar asaltar a una mujer, pero que, al no encontrarse pruebas en su contra, fueron liberados en Taura.
Esta versión plantea serias interrogantes: si había sospecha de un delito, ¿por qué no se notificó a la Policía? ¿Por qué los trasladaron a una zona distinta? ¿Por qué se los dejó sin ropa? Este relato carece de lógica y sugiere negligencia en el manejo del caso por parte de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación en la que se encuentran investigados 16 miembros de las Fuerzas Armadas, uno de ellos se habría acogido al silencio lo que preocupa aún más a las familias de los desaparecidos y al país entero.
La noche del 23 de diciembre, se ha anunciado un allanamiento por parte de la Fiscalía a la Base de Taura.
Macabro hallazgo en Taura
La víspera de Navidad se convierte en un episodio desgarrador para Guayaquil, tras el hallazgo de tres cuerpos incinerados cerca del fuerte militar de Taura.
Este lugar se ha convertido en el eje de un caso que sacude al país, pues fue allí donde Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina fueron vistos por última vez el 8 de diciembre, luego de ser interceptados por militares.
Durante la audiencia de habeas corpus que se realizó este 24 de diciembre, las familias de los menores relataron los angustiosos hechos, incluyendo una llamada en la que uno de los niños denunció haber sido torturado antes de ser abandonado en Taura.
Mientras tanto, la defensa de las Fuerzas Armadas asegura que los menores no ingresaron a la base militar y que fueron liberados previamente, una versión que contrasta con las evidencias y testimonios presentados.
Este caso pone de manifiesto un grave conflicto entre la versión oficial y las demandas de justicia de las familias.
La Fiscalía, que solicitó formular cargos contra 16 militares, señala indicios de desaparición forzada, pero la negación de responsabilidad por parte de las Fuerzas Armadas perpetúa un clima de impunidad y desconfianza.
El hallazgo de los cuerpos agrava la herida de una sociedad que, en medio del dolor, exige respuestas claras y justicia real. Sin embargo, las autoridades oficiales han dicho que no se puede adelantar nada sobre la identidad de estos cuerpos.
Politización y oportunismo
La desaparición de los menores ha sido también objeto de disputas políticas. Así hemos asistido a un uso indebido del dolor de las familias para fines partidistas.
El excanciller Ricardo Patiño, figura del correísmo, publicó un video en el que aparecía junto a los padres de los desaparecidos. El gesto, percibido como un intento de sacar rédito político, fue rechazado incluso dentro de su propio movimiento.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, calificó la acción como una “vergüenza”, aunque luego eliminó su comentario.
Por su parte, el candidato correísta a la Vicepresidencia, Diego Borja, acusó directamente al gobierno de Noboa de ser responsable de la desaparición, calificándola como un “crimen de Estado”.
A la par, el oficialismo ha intentado desvincularse del caso, alegando que no existe responsabilidad estatal, pero sin ofrecer avances significativos en la investigación.
Este cruce de acusaciones entre bandos políticos no solo distrae de la búsqueda de la verdad, sino que también profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones.
La instrumentalización de la tragedia es un acto que refleja la falta de empatía y compromiso real con las víctimas.
Parece que no entienden que lo más importante es saber qué pasó con los niños y que estos aparezcan sanos. Vivos se los llevaron y vivos deben regresarlos.
El peso del pasado: Casos que marcaron a Ecuador
El país ha sido escenario de desapariciones forzadas que siguen resonando en la memoria colectiva. Los casos de los hermanos Restrepo y David Romo son recordatorios de la ineficacia estatal y el profundo dolor que enfrentan las familias en su búsqueda de justicia.
Los hermanos Restrepo: La impunidad estructural
El 8 de enero de 1988, Andrés y Santiago Restrepo Arismendi, de 14 y 17 años, salieron de su casa en Quito y fueron interceptados por efectivos de la Policía Nacional. Desde ese momento, nunca más se supo de ellos. Testimonios posteriores confirmaron que fueron detenidos, brutalmente golpeados y asesinados en un operativo irregular.
El caso fue encubierto durante años, mediante informes falsos, amenazas y manipulación de pruebas. No fue sino gracias a la lucha incansable de su padre, Pedro Restrepo, y su madre, Luz Elena Arismendi, que el país comenzó a cuestionar la complicidad del Estado.
A pesar de múltiples esfuerzos, los restos de los hermanos nunca se encontraron.
En 2010, se condenó a algunos policías por su participación en los crímenes, pero los responsables intelectuales y la cadena de mando nunca fueron plenamente investigados.
El caso de los Restrepo marcó un antes y un después en la historia ecuatoriana, evidenciando la corrupción policial y la indiferencia del sistema judicial. Se convirtió en un símbolo de la lucha por los desaparecidos, pero también de la incapacidad del Estado para garantizar justicia.
Este 24 de diciembre, Pedro Restrepo, fallecío a sus 81 años, sin respuestas, sin encontrar a sus pequeños, sin justicia. Él que fue y será un referente de la lucha contra la impunidad ha partido sin lograr saber a ciencia cierta ¿dónde están sus niños?
David Romo: Una desaparición sin respuestas
Más de dos décadas después, el caso de David Romo, un joven universitario de 20 años, mostró que la práctica de las desapariciones forzadas seguía vigente en Ecuador.
El 16 de mayo de 2013, David desapareció en Quito tras abordar un bus en el sector de la Mitad del Mundo. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio, y el manejo del caso refleja las mismas fallas institucionales que se vieron en el caso Restrepo.
La investigación estuvo plagada de irregularidades desde el inicio. La Policía y la Fiscalía ofrecieron múltiples versiones que fueron contradictorias y deslegitimaron la investigación.
En 2017, se acusó a los dueños de una clínica de rehabilitación clandestina de haber asesinado a David. Sin embargo, no hubo pruebas sólidas, y el caso se cerró sin esclarecer qué pasó realmente.
La familia de David denunció que las autoridades fabricaron evidencias para desviar la atención y proteger a los verdaderos responsables.
La madre de David, Alexandra Córdova, se ha enfrentado a un sistema que no solo le falló a su hijo, sino que también ha intentado silenciarla.
Su lucha incansable ha visibilizado cómo las desapariciones no solo afectan a las víctimas directas, sino que también destruyen a sus familias, quienes quedan atrapadas en un limbo de dolor e incertidumbre.
El enigma de los niños de Las Malvinas
La desaparición de los cuatro niños en Guayaquil es un doloroso recordatorio de que Ecuador sigue fallando en garantizar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos. Las versiones contradictorias ofrecidas por las autoridades han generado más dudas que respuestas.
Las Fuerzas Armadas, que inicialmente detuvieron a los menores, no siguieron los procedimientos legales. En lugar de notificar a la Policía y presentar a los niños ante la Fiscalía, los militares optaron por liberarlos en una ubicación lejana, según su propia versión. Este hecho pone en tela de juicio su actuación y refuerza la percepción de negligencia e irresponsabilidad.
El anuncio de declararlos “héroes nacionales” no responde a la pregunta fundamental: ¿dónde están? Este gesto simbólico no solo no basta para aliviar la angustia de las familias ni para garantizar justicia sino que exhibe un interés populista y nada empatizo por parte del gobierno.
¿Qué dice esto sobre Ecuador hoy?
La desaparición de los cuatro niños en Las Malvinas, Guayaquil, revive estos fantasmas del pasado. La pregunta es: ¿Cuánto hemos avanzado realmente como sociedad? La respuesta es dolorosa: muy poco.
Ecuador sigue siendo un país donde las desapariciones forzadas no solo ocurren, sino que son normalizadas por la ineficiencia del sistema judicial y el abuso de poder de las instituciones estatales.
Intentar declarar a los niños desaparecidos como “héroes nacionales”, como ocurre con los de Guayaquil, es una estrategia perversa que busca desviar la atención del hecho más importante: ¿Dónde están? No necesitamos héroes simbólicos, necesitamos un sistema que garantice que estas tragedias no vuelvan a repetirse.
Un patrón de impunidad que persiste
El caso de los niños de Las Malvinas no es un incidente aislado. Según cifras de organismos de derechos humanos, desde 2014, más de 3,800 personas han sido reportadas como desaparecidas en Ecuador. Este dato alarmante refleja la incapacidad del Estado para prevenir estas tragedias y garantizar justicia.
El país no puede seguir permitiendo que las desapariciones forzadas se conviertan en estadísticas que pasan al olvido. Los responsables, tanto directos como indirectos, deben rendir cuentas.
Ecuador necesita un cambio profundo en la forma de abordar las desapariciones forzadas. Este no es un tema que debe dividir al país en bandos políticos; es una causa que exige unidad y compromiso.
El dolor de las familias de los niños de Las Malvinas no puede ser usado como una herramienta de disputa partidista. Tanto el Gobierno como la oposición tienen la obligación moral de garantizar que la búsqueda de los menores sea efectiva y que el caso se esclarezca con rigor.
El recuerdo de los hermanos Restrepo y David Romo debe servir como una advertencia. Cada desaparición deja una herida imborrable en la sociedad y en las familias. Declarar héroes a los desaparecidos sin haber respondido la pregunta esencial sobre su paradero no es justicia; es un intento vacío de encubrir el fracaso estatal.
Ecuador no puede seguir permitiendo que estas tragedias se repitan. Los niños de Las Malvinas deben aparecer con vida, y el país debe exigir verdad y justicia, porque solo entonces será posible cerrar este ciclo de impunidad y dolor.
Un llamado a la memoria y la justicia
Ecuador no puede seguir siendo el país de la impunidad. Los hermanos Restrepo, David Romo y ahora los niños de Malvinas representan una deuda histórica que el Estado tiene con sus ciudadanos. No es suficiente con recordar; se necesita acción.
- Es hora de romper con el espíritu de cuerpo que protege a los responsables.
- Es hora de construir un sistema judicial que sirva a las víctimas y no a los victimarios.
- Y, sobre todo, es hora de garantizar que estas tragedias no se sigan repitiendo.
La pregunta no puede seguir siendo ¿cuándo habrá justicia?, sino ¿qué estamos haciendo para que haya justicia ahora?.
