Como reparación integral ante los actos de Furukawa, la Corte ordena a la empresa el pago de una reparación económica por daño inmaterial y material, así como disculpas públicas a los 342 víctimas de servidumbre de la gleba.
En su sentencia, la Corte Constitucional aceptó las acciones de protección presentadas por un grupo de trabajadores en contra de la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A. y de varias entidades públicas (Ministerios del Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno).
Una esclavitud de cinco décadas
Por más de cinco décadas, Furukawa mantuvo en sus haciendas, ubicadas en Santo Domingo, Esmeraldas y El Oro, una práctica análoga a la esclavitud conocida como servidumbre de la gleba.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la servidumbre de la gleba como “la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición”.
Furukawa se aprovechó de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de sus haciendas y cosechen abacá, una fibra textil. Dichos campamentos, según lo expone la sentencia y un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo en el 2019, no contaban con luz, agua potable, instalaciones sanitarias básicas ni acceso a servicios de educación y salud.
Adicionalmente, ambos informes señalan que las y los trabajadores no contaban con las herramientas ni equipos de seguridad necesarios para el manejo de la abacá. Una fibra que por sus características es propensa a generar cortes graves, malformaciones y/o amputaciones. Los informes evidenciaron estas afecciones.
Esta empresa utilizaba distintas figuras contractuales, en el marco de la servidumbre de la gleba, con el fin de dotar de una aparente legalidad a esta práctica. Desde 2011 hasta 2019, utilizó contratos de arrendamiento suscritos con personas en situación de extrema vulnerabilidad (en su mayoría analfabetos).
Reparación económica de $ 120.000 a cada afectado
Furukawa deberá pagar un monto base de USD 120.000 (USD 40.000 por daño inmaterial y USD 80.000 por daño material) a favor de cada una de las personas identificadas como víctimas en esta sentencia. A este monto base deben sumarse los montos adicionales de USD 5.000,00 en función de la condición específica de mujer, niño, niña o adolescente, adulto mayor y/o persona con amputaciones de miembros.
Por otro lado, la Corte también declaró que las entidades públicas accionadas, Ministerio del Trabajo, Salud, MIES, Educación y Gobierno, omitieron adoptar medidas de prevención y protección frente a la violación de la prohibición de la esclavitud por parte de Furukawa. Esto, a pesar de que tuvieron conocimiento desde el 2018.
Por ello, la Corte ordenó la creación de una política pública interinstitucional dirigida a atender y superar las causas estructurales que favorecieron la servidumbre de la gleba.
Además, dichas instituciones deben generar reformas legales dirigidas a evitar la impunidad corporativa y eliminar las prácticas análogas a la esclavitud y otras formas precarias de trabajo agrícola. Adicionalmente, el presidente de la República deberá dar disculpas públicas, y se declarará un día de conmemoración a las víctimas de Furukawa.
Furukawa: de Japón a Santo Domingo de los Tsáchilas
Furukawa lleva en el país más de 50 años. Desde su llegada se ha dedicado a la exportación de abacá, considerada ‘fibra del futuro’ para la FAO, organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Esta empresa de origen japonés, cuenta con 32 haciendas que ocupan una superficie de 2.300 hectáreas. En su mayoría ubicadas en la provincia de Santo Domingo.
Pese a los millones de dólares que ingresan por su exportación, la pobreza ha sido una constante para los abacaleros. Solo en 2018 exportó 7.233 toneladas, por un valor de 17,2 millones de dólares.
En una investigación realizada en 2019 por Plan V y La Barra Espaciadora, se conoció que dentro de estas haciendas vivían familias de trabajadores en condiciones precarias.
El reportaje evidenció a personas viviendo amontonadas en habitaciones de bloques y cemento, construcciones viejas y sin baños. El agua la obtenían de un pozo o estero contaminado por residuos de abacá. Además, no contaban con luz eléctrica.
También, se mostró que en las haciendas cerradas solo ingresaban los camiones de Furukawa. Esto impedía la libre movilidad de las personas. En caso de enfermedad, debían sacar a los pacientes en hamacas o en motos.
Dentro de los testimonios recogidos por Plan V y La Barra Espaciadora en seis campamentos, se evidenció que existen algunas personas que nunca fueron a una escuela y apenas pueden garabatear sus nombres sobre un papel.
Numerosos campesinos carecen de cédula de identidad, y algunos nacieron dentro de los campamentos. Para aumentar sus ingresos, tanto niños como adultos mayores también se dedican al trabajo del abacá.
Informe de la Defensoría del Pueblo
El informe realizado por la Defensoría del Pueblo resalta que “las condiciones de vida dentro de esas haciendas son de extrema pobreza e indignas». Esta situación fue provocada precisamente por las bajas remuneraciones sin contratos laborales, la falta de servicios básicos, y su analfabetismo. Todo ello profundizaba la dificultad histórica de estas personas de poder cambiar su condición.
Además, sostiene que esta relación está fijada mediante acuerdos basados en la costumbre: así ha sido, así han aprendido a vivir y trabajar y han naturalizado la forma.
Esta práctica sucede, según los testimonios, desde que inició la empresa. Existen personas adultas mayores que llegaron de niños con sus padres, otros que nacieron ahí, hace 3 o 4 décadas y que continúan aún ahí, sostiene el informe del 2019.
El Colectivo Furukawa Nunca Más, a través de su cuenta de X, calificó a la sentencia de la Corte Constitucional como histórica. Esto ya que el máximo organismo de justicia del país reconoce que la empresa Furukawa sometió a esclavitud a cientos de familias durante varios años.
Por su parte, este sábado 7 de diciembre, a través de un comunicado, la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador destaca que la sentencia emitida por la Corte es desproporcionada y pone en riesgo su sostenibilidad, afectando a los más de 300 trabajadores que dependen de su operación.
Furukawa cuestiona además que la Corte no haya considerado la realidad rural del país y que la decisión ignore las omisiones del Estado en cuanto a infraestructuras y servicios, como la lejanía de los centros educativos.
Adicionalmente, señala que el fallo extiende la obligación de reparación más allá de lo que corresponde, creando un precedente que, según la compañía, podría llevar al enriquecimiento indebido de los demandantes, además de obviar importantes circunstancias como la posesión ilegal de tierras por parte de los accionantes.
La compañía solicitará la aclaración de la sentencia para resolver los problemas señalados y revisar las reparaciones ordenadas, que considera imposibles de cumplir.
